Rodrigo Alfonso Aquino Hernández

Expediente 955/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
955/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
04/07/2023

Partes del expediente

  • Rodrigo Alfonso Aquino Hernández
  • Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca
  • Huitzo En la Historia A.C.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio descrito en la cuenta, mediante el cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, remite el testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 336/2022, devuelve las constancias originales del expediente relativo al juicio de amparo indirecto 955/2021; acúsese recibo y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío del correspondiente medio de impugnación. Ahora bien, de la ejecutoria remitida se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, confirmó la sentencia recurrida, que sobreseyó el amparo. Lo anterior hágase del conocimiento de la parte quejosa. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio señalado en la nota de cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, transcribe el acuerdo dictado el pasado quince de julio del año en curso, en el amparo en revisión 336/2022, del que se desprende que dicho organo colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la parte quejosa contra la sentencia dictada en el juicio de amparo del cual deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta se advierte que ****, autorizado de los quejosos, interpone recurso de revisión y expresa agravios contra la sentencia dictada en este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes las copias del escrito de agravios y dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original del escrito de agravios y el cuaderno principal al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, para la substanciación de ese mecanismo de impugnación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las copias certificadas de las constancias necesarias. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con veinte minutos del veinte de junio de dos mil veintidós, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con el secretario de acuerdos Gamaliel Sánchez Cruz, procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. El secretario de acuerdos hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 955/2021, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) auto admisorio dictado el diecinueve de abril de dos mil veintidós, (iii) informes justificados rendidos por las responsables. El Juez de Distrito acuerda: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar; se ordena pasar a la siguiente etapa. Etapa probatoria. La secretaria da cuenta con las documentales que la parte quejosa acompañó a su escrito inicial de demanda; así como las que anexaron las responsables como apoyo a su informe justificado. El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas antes relacionadas. Con la precisión que tales medios de convicción, se desahogan de la siguiente manera: Todas y cada una de las documentales allegadas por las partes que intervienen en el juicio constitucional, por su propia y especial naturaleza. Por otro lado, toda vez que no existe diverso medio de prueba que desahogar, se cierra el periodo de pruebas. Etapa de alegatos. En esta etapa se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. Consecuentemente, como no existen diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 295/2022, promovido por ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****y ****, en contra de la omisión de convocar a una reunión de cabildo municipal de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca (ordinaria o extraordinaria) en la que propongan acciones políticas para la protección del medio ambiente y respecto del saqueo de recursos naturales y culturales. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en verificar, de no actualizarse algún motivo de improcedencia, si la autoridad responsable violentó, o no, las garantías contenidas en los artículos 1º, 4º, 8º, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES La parte quejosa refiere que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pablo, Huitzo, Etla, Oaxaca, y otras autoridades, han vulnerado sus garantías constitucionales consagradas en los artículos 1º, 4º, 8º, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de ser omisas en convocar una reunión de cabildo en la que se propongan llevar a cabo acciones para la protección del medio ambiente y respecto al saqueo de los recursos naturales y culturales de la región, por parte del representante de bienes comunales, lo que transciende en la esfera de sus derechos fundamentales. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ****, ****, ****, ****, ****, Hernán de Jesús Estrada Velásquez, ****, ****, ****, Alejandra Marlen Jiménez Sosa, ****, Mario Mejía Velásquez y Alberto Reyes Rivas, quienes se ostentan como integrantes de la asociación civil denominada "HUITZO EN LA HISTORIA, A.C.", promovieron el presente juicio de amparo mediante escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. Señalaron como autoridad responsable al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pablo, Huitzo, Etla, Oaxaca, y otras autoridades, y como actos reclamados, los que se detallarán más adelante. La parte quejosa precisó que se vulneraron sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 1º, 4º, 8º, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado en esa propia fecha, a la que le asignó el número 955/2021 y mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se estimó desechar la acción constitucional intentada. No conformes con esa determinación, los promoventes interpusieron el recurso de queja 363/2021 ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, órgano superior quien, mediante ejecutoria de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, declaró fundado el aludido medio ordinario de defensa. El diez de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito, así como el presente expediente, asimismo, a fin de delimitar la identidad de la parte quejosa, se requirió a los promoventes para que aclararán si eran los quejosos por propio derecho o en representación de la asociación civil denominada "HUITZO EN LA HISTORIA, A.C.", quién instaba la acción constitucional. El ocho de abril de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo por lo que respecta a Hernán de Jesús Estrada Velásquez, Mario Mejía Velásquez y Alberto Reyes Rivas, al no haber comparecido a ratificar su escrito presentado el dieciocho del año en curso. El diecinueve de abril de dos mil veintidós que los quejoso atendieron cabalmente el requerimiento efectuado y se admitió la demanda únicamente por ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****y ****, únicamente por su propio derecho, momento en que se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista a la representación y se señaló la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido presuntamente por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que produce efectos dentro de la demarcación territorial del Estado Oaxaca, donde este Juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el presente asunto, la lectura de la demanda de amparo, permite establecer como actos reclamados a la autoridad responsable, los siguientes: Del Ayuntamiento Constitucional y del Presidente Municipal, ambos de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca. La omisión de convocar a una reunión de cabildo municipal de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca (ordinaria o extraordinaria) en la que propongan acciones políticas para la protección del medio ambiente y respecto del saqueo de recursos naturales y culturales. De la Sindica Procuradora Hacendaria, Regidor de Seguridad Pública y Vialidad, Regidor de Desarrollo Urbano, y Directora de Ecología y Salud, todos del Municipio de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca, en sus respectivas competencias. Regular las acciones del Representante de bienes comunales de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca, para que no se extralimite en sus funciones. Omisión de crear la partida presupuestal y de aplicar las leyes respecto de temas ambientales y culturales de su competencia. Ordenar al representante de bienes comunales se abstenga de practicas nocivas que extralimitan sus funciones. La falta de denuncias formales ante las autoridades competentes en contra del Representante de Bienes comunales de esa población. La omisión de prevenir el delito o en su caso aprehender en flagrancias a los probables responsables de los delitos ambientales comunes o federales para ponerlos a disposición de la autoridad competente. En este punto es necesario precisar que del escrito inicial de demanda se advierte que en la parte inconforme manifestó en el apartado destinado a los antecedentes que existe omisión por parte del presidente Municipal y Síndica Municipal de detener los trabajos que afectan un momento histórico conforme a las recomendaciones emitidas por el INAH, así como el seguimiento al escrito por el cual se denunció la destrucción ambiental por la construcción de un inmueble; esas actuaciones no se tendrá como acto destacado, dado que no puede desvincularse del reclamo principal; aspecto que es coincidente con los argumentos que formuló la quejosa en sus conceptos de violación, de los cuales se desprende que su principal motivo de reproche lo constituye la actitud de las responsable de es aplicar las leyes en temas ambientales, las cuales en su caso, se ser procedente el análisis constitucional, se estudiarán como conceptos de violación. En ese contexto, en observancia de los principios de congruencia y de exhaustividad que rigen a todo juzgamiento, la litis se atenderá como quedó fijada en los párrafos precedentes. Las consideraciones expuestas tienen respaldo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal del País, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Esto con base a lo sustentado en la jurisprudencia I.3o.A.J/26, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo VII, Enero de 1991, página 69, que es del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN". INEXISTENCIA DE UNOS ACTOS RECLAMADOS Las autoridades responsables, Regidor de Seguridad Pública y Vialidad, Síndica Municipal, el Regidor de Desarrollo Urbano y Director de Ecología y Salud Municipal, Director de Salud, Regidor de Ecología y el Director de Obras y Desarrollo Urbano, todos del Municipio de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca, rindieron su informe justificado negando el acto reclamado, consistente en la omisión de regular las acciones del Representante de bienes comunales de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca, para que no se extralimite en sus funciones; omisión de crear la partida presupuestal y de aplicar las leyes respecto de temas ambientales y culturales de su competencia; ordenar al representante de bienes comunales se abstenga de prácticas nocivas que extralimitan sus funciones; la falta de denuncias formales ante las autoridades competentes en contra del Representante de Bienes comunales de esa población; y, la omisión de prevenir el delito o en su caso aprehender en flagrancias a los probables responsables de los delitos ambientales comunes o federales para ponerlos a disposición de la autoridad competente, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa. En ese contexto, si la inconforme no desvirtuó la negativa que la referida autoridad sostuvo ni demostró con alguna prueba la intervención de esos entes públicos en los actos que les reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las referidas entidades públicas. VI. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades responsables Ayuntamiento Constitucional y del Presidente Municipal, ambos de San Pablo Huitzo, Etla, Oaxaca, negaron la existencia de los actos que se les reclaman; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada de la lectura integral del informe en cuestión, del que se desprende que realizaron manifestaciones que evidenciaron la existencia del mismo. 18. Al respecto, es conveniente citar el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa y uno, el cual es del tenor siguiente "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que se corrobora del contenido de los artículos 43, fracción XV y 68, fracción IV XIV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, de los que se desprende que dentro de las funciones del Ayuntamiento Constitucional y del Presidente Municipal, respectivamente, están las de formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo, así como la de convocar las sesiones del cabildo. En consecuencia, se tiene acreditada la existencia de los actos que aquí se le reclaman. VII. PROCEDENCIA Ahora, sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1°.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Bien, respecto de los acto de omisión que la parte quejosa atribuye a las autoridades responsables, a consideración de quien aquí resuelve, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que, a la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, la parte quejosa no acreditó el interés legítimo para acudir a sede constitucional y controvertir dicho acto. En efecto, el interés jurídico y legítimo necesario para ejercer la acción constitucional tienen su origen con el principio de instancia agraviada que rige en el juicio de amparo, y el cual se encuentra consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Ley Suprema, que dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Como puede advertirse, la norma constitucional establece que para la procedencia del juicio de amparo -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien o quienes comparezcan a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (i) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en su esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (ii) en caso de que no se cuente con tal interés, ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Acorde con lo anterior, en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 5, fracción I, párrafo primero, 6º, prevén: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los dispositivos reproducidos, se advierte que el juicio de amparo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, ya sea en forma directa (interés jurídico) o frente a una situación especial en el orden jurídico (interés legítimo). De igual forma, establecen que el juicio únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor, cuando el acto reclamado produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en cualquiera de las vertientes jurídica o legítima. Por otra parte, cuando el acto reclamado no cause agravio al quejoso, es decir, no lesione el interés jurídico o legítimo, tendrá como consecuencia que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo será improcedente: "Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación. posterior al inicio de su vigencia". Conforme a lo expuesto, la procedencia del amparo contra actos no jurisdiccionales está supeditada a que el acto reclamado afecte la esfera jurídica del quejoso, en cualquiera de las siguientes vertientes: La primera, cuando exista alguna afectación al interés jurídico. Supone que el acto reclamado cause un agravio personal, directo y real a algún derecho subjetivo del particular, es decir, un derecho derivado de una norma objetiva que se individualice en el gobernado y le otorgue una facultad y el cual se ve afectado por el acto de autoridad. En ese orden, se afirma que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: (i) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y del cual invariablemente deberá ser titular la persona; y, (ii) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente, pues no basta contar el derecho subjetivo, sino que se requiere que el acto de autoridad cause una afectación directa y real. Al respecto se cita la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro, visible a página 25, Volumen 37, Primera Parte, Materia Común, Registro: 233516, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "INTERES JURIDICO. INTERES SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un 'poder de exigencia imperativa'; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que consagran una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es contravenido por algún sujeto, porque su situación particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones, ninguno de los particulares que obtenga de aquél un beneficio o derive una protección que pueda hacer valer tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la situación legal o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de que se trate. Por tanto, si cualquiera autoridad del Estado determina el nacimiento de una situación concreta, que sea contraria a la primera, desempeñando un acto opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fin a dicha contrariedad o discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el acto que las haya originado, pues el particular sólo puede obtener su revocación o invalidación cuando la ley o el reglamento de que se trate le concedan 'el poder de exigencia' correspondiente." Y la segunda vertiente, es la afectación al interés legítimo, el cual, en una primera aproximación ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Ahora, en cuanto su alcance y contenido para la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, sustentadas entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció una serie de directrices para analizar los juicios de amparo en los que el promovente alegue una afectación en su interés legítimo. Así, en primer lugar, el Máximo Tribunal del País dejó claro que el interés legítimo es distinto al interés jurídico que tradicionalmente se exigió para la procedencia del juicio de amparo. Su inclusión como una posibilidad para acudir al juicio constitucional deriva de la reforma al juicio de amparo, publicada en Diario Oficial de la Federación, el seis de junio de dos mil once, en relación a la reforma de derechos humanos publicada el diez de junio de mil once, la cual creó un nuevo paradigma constitucional. En ese contexto, el análisis del interés para comparecer al juicio de amparo, en su acepción jurídica, se refiere a un vínculo entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección, en virtud del cual, se solicita a la autoridad competente que ejerza sus facultades de conocimiento y resolución en torno a dicha acción. Dicho interés puede ser clasificado de diversas formas, ello en base a la acción jurídica a la cual se encuentre referido. Algunos de los criterios más empleados son los siguientes: a) Atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama. A partir de tal criterio, el interés puede clasificarse de la siguiente manera: i. Individual. ii. Colectivo o difuso. b) Atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona. En torno a dicho criterio, existen los siguientes tipos de interés: i. Simple. ii. legítimo, y iii. jurídico. En relación a los tipos de interés atendiendo al número de personas afectadas por el acto que se reclama, atiende al número de personas que son titulares de la esfera jurídica afectada, el cual puede ser individual, es decir, solo corresponde a un individuo -con independencia del nivel de afectación-; mientras que los llamados intereses difusos y colectivos, son aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a ciertos grupos sociales, es decir, la afectación es indivisible, con independencia de que también pueda ser ejercido en forma individual. Por otra parte, en relación al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona, se habla de interés simple, legítimo y jurídico. Así las cosas, el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"; en cambio que el interés jurídico, como se expuso, es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer, o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. En otras palabras, el interés simple, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Es por ello que tal interés constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. Ahora, en relación con el interés legítimo, se suele indicar que se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. El interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, en cualquier vertiente, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Cabe aclarar que tal parámetro de razonabilidad, no se refiere a los estándares argumentativos empleados por la Suprema Corte para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así, mediante este interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, lo cierto es que no requiere provenir de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. En cualquier caso, el órgano de control constitucional al apreciar el interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el procedimiento correspondiente, no depende de una manifestación del interesado, es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado, sino que, al igual que sucede con el interés jurídico, es necesario que la parte quejosa demuestre que el acto de autoridad afecta su esfera jurídica, pues de lo contrario se estará ante la presencia de un mero interés simple que no hace procedente el juicio constitucional. En otras palabras, el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que el mismo no deba acreditarse, aunque por otra parte, no existe ningún impedimento para que la autoridad, por medio de inferencias lógicas, arribe a la conclusión de que sí se ha actualizado el mismo, es decir, el interés legítimo requiere que sea demostrado en forma eficaz, mediante medios de pruebas idóneos para ello, y no sólo sostenerse en aseveraciones hipotéticas carentes de base jurídica. En esa línea, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las notas distintivas del interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo son las siguientes: Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 60, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Registro 2007921, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." De lo expuesto se advierte que el interés legítimo no puede integrarse por un interés genérico de la sociedad, ya que se trataría de un interés simple, pues se buscaría la generalización de una acción difusa, es decir, el juicio no tendría relación directa con el amparista. Luego, el interés legítimo requiere que el amparista reciba una afectación en su esfera jurídica entendida en un sentido amplio. Por lo anterior, el perjuicio no depende de la sola manifestación del interesado, ya que el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico no significa que éste no deba acreditarse. Así, la sola afirmación de la quejosa, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. En suma, para que la parte quejosa cuente con interés para efectos del juicio de amparo (legítimo o jurídico), se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídica o legítimamente tutelados, de manera concreta, cierta y razonable. A partir de tales premisas, se colige que la parte quejosa no acreditó contar con interés legítimo para acudir el presente juicio de amparo. Lo anterior se estima así, ya que a pesar de que existe una disposición que obliga a las responsables para convocar a sesión de cabildo y formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo, en la presente instancia constitucional no acreditó, bajo un estándar de razonabilidad, que exista en la población sin autorización alguna, expedición de constancias, venta de parcelas comunales cobro de apeo y deslinde, permiso de corte de árboles, cacería, aperturas de caminos clandestinos, entre otros, por parte del representante de bienes comunales y que sufren un agravio cualificado por el hecho de que no se haya convocado a una reunión de cabildo en la que se propusieran acciones políticas, programas de vigilancia ambiental, planes de desarrollo, para la protección del medio ambiente o respecto del saqueo de los recursos naturales y culturales. Así, debe tomarse en cuenta que la parte quejosa únicamente menciona genéricamente que la demanda la promueve a fin de que se salvaguarde el derecho humano a un ambiente sano libre de corrupción. Sin embargo, no aportó elemento objetivo idóneo que demuestre el origen y circunstancias de esa pretensión de reparación de daño, pues no aportó medios de prueba en ese sentido, y únicamente se limitó a exhibir copia certificada del instrumento número treinta y dos mil ochenta y ocho, volumen número trescientos noventa y dos de la fe del notario Público número ciento cinco del Estado de Oaxaca, que establece la constitución de asociación civil "Huitzo en la Historia" así como la constancia de registro expedida por el Registrador de la Villa de Etla, Oaxaca, de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, arsenal probatorio con el que no acredita la información que señalada, ni la afectación que se requiere para acudir a esta instancia Constitucional. En consecuencia, este juzgado considera que la parte quejosa carece de interés legítimo, para reclamar las omisiones ya citadas. Es así, porque si bien es verdad que la reforma del artículo 107 constitucional de junio de dos mil once, abrió la posibilidad de acudir a la instancia constitucional la figura del interés legítimo, no se trata de una apertura absoluta, pues debe acreditarse algo más que un interés simple, entendido éste como el de cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, sino más bien, uno que jurídicamente resulta relevante, que se traduzca en un beneficio directo para el quejoso. Lo anterior, porque quien impugna un acto en virtud de un interés legítimo no ha de limitarse a pretender la anulación del acto de autoridad, ya que primero debe lograr el reconocimiento de una situación jurídica concreta que le resulta benéfica, y que con el acto de autoridad esta se ve lesionada, por lo que es indispensable que la afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa quede demostrada, ya que, de lo contrario, como en el caso concreto, la acción intentada resultará improcedente. Consideraciones que tienen sustento en la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Agosto de 2016, Tomo 1, página: 822, registro: 2012364, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Bajo ese panorama, si el interés legítimo requiere que sea demostrado en forma eficaz, mediante medios de prueba idóneos para ello y no sólo sostenerse en aseveraciones hipotéticas carentes de base jurídica, por lo que, ante la ineficacia de las pruebas para acreditar la afectación al medio ambiente causado por el acto reclamado, y el perjuicio jurídicamente relevante que éste le causa, se concluye que no se acreditó el interés legítimo de la parte quejosa. En esa tesitura, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; razón por la que, debe sobreseerse respecto de los actos reclamados, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que la presente determinación deje en estado de indefensión a la parte quejosa, puesto que, conforme a manifestado por las autoridades responsables, quienes se encuentran dentro de período de seis meses para definir el plan municipal, así como los programas anuales de obras y servicios públicos, por lo cual, están en aptitud de ocurrir ante ellas para exponer las consideraciones que les sean pertinentes, sobre todo si trata de personas diferentes por tratarse de una administración entrante, es decir no se trata de las misma que en los antecedentes de su demanda refirieron que existía "sospecha de complicidad" de las acciones que denuncian. Aunado a que tiene a su alcance la vía penal para VIII. DECISIÓN Atento a las consideraciones esgrimidas en el capítulo que antecede, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. En razón de lo anterior, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en relación con dichos actos reclamados, tal como lo establece la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, registro 394465, página 335, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, **** y ****, por propio derecho, respecto de los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, por los argumentos vertidos en el apartado VII de este fallo. Notifíquese.

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