Rodrigo Bravo Molina

Expediente 457/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
457/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
05/06/2018

Partes del expediente

  • Rodrigo Bravo Molina

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 457/2018-V del índice de este Juzgado promovido por **********. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente expediente en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ********** contra actos de **********; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 457/2018-V. Pues bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: La intromisión e instalación de tubería de gas natural en una fracción del predio rustico denominado **********, perteneciente al municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato, que arguye le pertenece. En ese sentido, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que: 1. Los actos que reclama el quejoso tienen ejecución en San Diego de la Unión, Guanajuato, urbe que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Se afirma lo anterior, ya que el quejoso manifestó en su demanda que ". la obra se encuentra en este momento dentro del terreno de mi propiedad.", razón por la cual se estima que los actos reclamados se estén ejecutando en el predio rustico denominado **********, perteneciente al municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato, que arguye el quejoso le pertenece. Por ello, se estima que los actos reclamados tienen ejecución fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. 2. Conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Juzgados de Distrito que se ubican en la ciudad de Guanajuato, ejercen jurisdicción territorial, entre otros, en el municipio de San Diego de la Unión. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir el escrito original de demanda, así como sus copias respectivas, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, para lo que a bien tenga ordenar. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no la competencia planteada. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Sin que en el caso sea necesario pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados, toda vez que no se actualiza ninguno de los supuestos que prevé el numeral 48 de la ley de la materia. Tomando en consideración que el promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. De igual forma, se le tiene autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Raúl de Santiago Naranjo y a Sergio Gaspar Quintanilla, al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a las diversas personas que menciona por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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