Rodolfo Rivera Torres

Expediente 218/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
218/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Rodolfo Rivera Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial "A" de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, mediante el cual remite la constancia actuarial en cumplimiento a lo solicitado en el exhorto 7414/2023. Ahora bien, del oficio de cuenta, así como de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que deja de seguir surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo; se desprende que el quejoso reclama: Del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad: la omisión de vigilar la cumplimentación del exhorto girado a efecto de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral *************** de su estadística. Del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México: la omisión de ordenar al actuario correspondiente realizar la diligencia encomendada en el exhorto en cuestión. Del actuario adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México: la falta de llevar a cabo la diligencia emplazamiento solicitada. Por tanto, de acuerdo con las constancias que remitieron los presidentes de las juntas responsables, se desprende que: Mediante proveídos de dos de junio y veintinueve de agosto, ambos de dos mil veintitrés, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, giró los exhortos correspondientes para solicitar el desahogo de la notificación ordenada. El veinte de abril y veinte de junio hogaño, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, comisionó a la actuaria adscrita a ese tribunal para realizar la notificación encomendada. La actuaria adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo anterior, levantó las constancias actuariales de veinticinco de abril y diecisiete de agosto del año en curso. Por tanto, es evidente que las omisiones que tilda de inconstitucionales cesaron sus efectos, ya que es imposible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que se carece del objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que las autoridades responsables realizaron los acto idóneos para el desahogo de la diligencia solicitada, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con los exhortos girados, su recepción y desahogo cesó las omisiones que reclamó, dado que desaparecieron los efectos de la falta de atención a la diligencia de emplazamiento. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora señalada en esta data para la celebración de la citada audiencia. Sin que sea obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, mediante el cual informa que aplazó el desahogo de la audiencia de conciliación demanda y excepciones debido a la falta de emplazamiento de la moral demandada en el ******************; al respecto, se acuerda: Con fundamento en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial "A" de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días, informe el cumplimiento de la diligencia encomendada en el exhorto ordenado el veintinueve da agosto hogaño, en el juicio laboral ***************** de la estadística de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, o bien, manifieste el impedimento que tenga para ello. Por otra parte, tomando en consideración que por segunda ocasión la actuaria ***************, ha levantado constancia actuarial por correcciones en la denominación del domicilio en el que se le solicitó emplazara a la moral demandada, lo que coacciona la dilación innecesaria del juicio de amparo en que se actúa y del procedimiento laboral de origen. Por tanto, solicítese atentamente al Presidente de la Junta Especial "A" de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, de vista con lo anterior a la Contraloría correspondiente a efecto de que en ejercicio de sus atribuciones tenga a bien determinar lo conducente y verifique el cumplimiento del emplazamiento a juicio de *********** así como que la fedataria mencionada plasme la denominación correcta y completa del domicilio indicado.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se desprende que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra programada para esta data; sin embargo, se carece de aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que no obra constancia de que el Presidente de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, haya remitido las constancias que le fueron solicitadas en proveído de once de agosto del año en curso, ni obra constancia donde se le solicitó; en tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para hoy y se fijan a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el Presidente de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, ha omitido cumplir con el requerimiento efectuado el dieciséis de junio hogaño; al respecto, se provee: Requiérase de nueva cuenta al Presidente de la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de veinticuatro horas remitan las constancias de las que se advierta que ordenó la diligencia encomendada en el exhorto que se les giró para tal efecto, así como las constancias relativas a su cumplimiento. El requerimiento anterior, conlleva el apercibimiento que de incumplir con lo requerido, en la forma y plazo establecido se impondrá a la autoridad requerida una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma ley.

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