Rodolfo Y. García Aquiles

Expediente 912/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
912/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
01/02/2018

Partes del expediente

  • Rodolfo Y. García Aquiles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiese hecho; por tanto, con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en la que por una parte, se sobreseyó en el presente juicio y por la otra, se concedió la protección constitucional a **********, para el efecto de que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, cumpliera con lo siguiente: Declarara la invalidez jurídica de la fracción III del artículo 19 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, respecto del quejoso, de tal manera que la disposición impugnada no deberá aplicarse de nueva cuenta, mientras esté vigente; y, Procediera a la devolución de la cantidad de $840.00 (ochocientos cuarenta pesos 00/100 M. N.), que el quejoso enteró con motivo de la aplicación de la fracción III, del artículo 19 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato. b) En proveído de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se declaró la firmeza del fallo protector y se solicitó a las responsables cumplieran con él. c) En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, el Subprocurador Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, con residencia en Guanajuato, Capital, remitió a este órgano jurisdiccional el oficio PFE-SUBPFAR-DC-CA-0135/2018, con el que informó que no se le aplicará al quejoso la fracción III del artículo 19 de la Ley de Ingresos reclamada, mientras esté vigente, así como que había dejado a disposición del quejoso la cantidad de $840.00 (ochocientos cuarenta pesos 00/100 M. N.), correspondiente al reembolso realizado por concepto del pago de derechos por el servicio de certificación de copias; por tanto, se requirió al impetrante para que acudiera a recogerla e informara de su entrega a este Juzgado, apercibida de que de no hacerlo se entendería que ya la había recibido. d) En razón de lo anterior, mediante auto de veinticuatro de enero del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, entendiéndose que la parte quejosa recibió la cantidad antes mencionada, motivo por el cual se le dio vista para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la responsable. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que se efectuó lo siguiente: Se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso, la fracción III, del artículo 19 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete y se le reintegró la cantidad de $840.00 (ochocientos cuarenta pesos 00/100 M. N.), correspondiente al reembolso realizado por concepto del pago de derechos por el servicio de certificación de copias. En esas condiciones, el suscrito estima que a través del acto emitido por la responsable y citado en párrafos que anteceden, la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional y no se tramitó incidente de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa en proveído de dieciséis de enero del año en curso, para que acudiera ante el Subprocurador Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, con residencia en Guanajuato, Capital, a recoger la cantidad de $840.00 (ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), correspondientes al reembolso del pago realizado por concepto de pago de derechos por el pago de servicio de certificación de copias, sin que informara a este Juzgado haberlo hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido auto y se entiende que ya la recibió. En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  3. Principal

    Agréguese en autos el primero de los oficios de cuenta, que suscribe el Subprocurador Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, con residencia en Guanajuato, Capital; atento a su contenido, téngasele informando que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, desincorporó de su esfera jurídica la fracción III del artículo 19, de la Ley de Ingresos, de tal manera que no debe aplicársele de nueva cuenta mientras esté vigente y, dejó a su disposición la cantidad de $840.00 (ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), correspondiente al reembolso del pago realizado por concepto del pago de derechos por el servicios de certificación de copias. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles y 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio antes referido, para que dentro del término de tres días legalmente computado, acuda a recoger la aludida cantidad e informe de su entrega a este Juzgado, apercibida de que de no hacerlo se entenderá que ya la recibió. Por otra parte, glósese en autos el segundo de los oficios de cuenta, que suscribe la delegada del Congreso del Estado de Guanajuato; atento a su contenido, téngasele haciendo manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, que en su primer resolutivo sobreseyó en el presente juicio y, en su segundo resolutivo, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Rodolfo Y. García Aquiles; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Congreso Constitucional del Estado, al Gobernador Constitucional del Estado y a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, todos del Gobierno del Estado de Guanajuato, para que dentro del término de tres días legalmente computado, den cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remitan las constancias que así lo acrediten, apercibidos que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, ambos en relación con el propio 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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