Rodolfo Zavala Gonzalez
Expediente 800/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 800/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rodolfo Zavala Gonzalez
- RODOLFO ZAVALA GONZALEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
...Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas en cumplimiento al fallo protector por la autoridad responsable, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si el fallo protector se encuentra o no cumplido. El cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de no se les aplique, en el presente ni en el futuro, los artículos 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, y 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato, en el apartado donde se establece que el matrimonio sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer y que el mismo tiene como finalidad la perpetuación de la especie; así como para que la Oficial del Registro Civil 01 de Valle de Santiago, Guanajuato, realizara lo siguiente: "1) Deje insubsistente el acto de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, consistente en el oficio ******************** de quince de septiembre de dos mil veintiuno; 2) Emita un nuevo oficio, en el que se abstenga de aplicar los preceptos combatidos en la parte donde se establece que el matrimonio sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer, institución que tiene como finalidad la perpetuación de la especie; y, de satisfacer los requisitos legales, conteste de manera favorable la petición de los quejosos consistente en que se unan en matrimonio con las formalidades que la ley establece" Mediante proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Luego, por misiva registrada con el progresivo 5558/2022 la Oficial del Registro Civil 01 de Valle de Santiago, Guanajuato, por oficio sin número de diez de marzo de dos mil veintidós, remitió el diverso comunicado con el número ********************dirigido a los aquí quejosos, documentos de los que se advierte lo siguiente: Dejó insubsistente el oficio ******************** Hizo del conocimiento de los quejosos que podían realizar los trámites necesarios para la celebración de su matrimonio solicitado en esa oficialía, cumpliendo con los requisitos de ley establecidos en el artículo 104 del Código Civil y 73 del Reglamento del Registro Civil vigentes para el Estado de Guanajuato, los que se anexaron a la solicitud correspondiente, con la finalidad de programar el día y la hora para dicho acto solemne en la fecha que lo crean conveniente, atendiendo a la disponibilidad en la agenda. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional determina que la autoridad responsable Oficial del Registro Civil 01 de Valle de Santiago, Guanajuato, atendió el núcleo esencial del fallo protector, pues dejó sin efecto el oficio ******************** de quince de septiembre de dos mil veintiuno y emitió un nuevo oficio, el número ******************** en el que se señaló que las personas quejosas podían realizar los trámites necesarios para la celebración de su matrimonio con la finalidad de señalar fecha y hora, cumpliendo los demás requisitos exigidos por la Ley. Con lo cual se ajustó a los lineamientos marcados en el fallo protector, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos. Por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, está debidamente cumplida. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. ES DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. La parte quejosa exhibió documentos de los que no son catalogados como originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado del sello pertinente en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) Como se precisó en la certificación de cuenta, los documentos exhibidos en el presente juicio no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. En el entendido que, para la obtención del trámite, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer la gestión correspondiente; lo cual deberá realizar a través del sistema "Agenda OJ" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos, así como que el sistema sólo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este juzgado les remite, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...
- Principal
...Ténganse por recibidos los oficios signados por las siguientes autoridades: La Oficial del Registro Civil 01, de Valle de Santiago, Guanajuato; y, El Director General de Registro Civil de Guanajuato, en su carácter de superior jerárquico de la primera autoridad. Mediante los cuales, informan sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo diversas documentales para acreditar su dicho. En tales condiciones, considerando los efectos para los que se concedió el fallo protector, se ordena dar vista a la parte quejosa, con copia autorizada de los ocursos de cuenta y anexos; para que dentro del término de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, legalmente computado, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto del cumplimiento que informan las referidas autoridades; con el apercibimiento que, en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las responsables...
- Principal
Irapuato, Guanajuato, catorce de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia definitiva en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió a los quejosos *** y ***, para el efecto de que no se les aplique, en el presente ni en el futuro, los artículos 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato y 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato, en el apartado donde se establece que el matrimonio sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer y que el mismo tiene como finalidad la perpetuación de la especie; así como para que la Oficial del Registro Civil 01 de Valle de Santiago, Guanajuato, realice lo siguiente:: 1. Deje insubsistente el acto de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, consistente en el oficio ***, de quince de septiembre de dos mil veintiuno; 2. Emita un nuevo oficio, en el que se abstenga de aplicar los preceptos combatidos en la parte donde se establece que el matrimonio sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer, institución que tiene como finalidad la perpetuación de la especie; y, de satisfacer los requisitos legales, conteste de manera favorable la petición de los quejosos consistente en que se unan en matrimonio con las formalidades que la ley establece. En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Oficial del Registro Civil 01 de Valle de Santiago, Guanajuato, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, se requiere al Director General del Registro Civil del Estado de Guanajuato, residente en la capital, en su carácter de superior jerárquico del Oficial aludido, a fin de que lo conmine a cumplir el fallo protector en el plazo indicado. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir en los términos antes indicados, se les impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito en Materia Administrativa en turno, con residencia en la capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
...TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al Congreso y al Gobernador, ambos del Estado de Guanajuato consistentes, en el ámbito de sus atribuciones en la expedición y promulgación, de los artículos 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato; y, 72 del Reglamento del Registro Civil para el Estado de Guanajuato; toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, aunado al hecho de que las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, conforme al artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite su numeral 2º, por lo que no es necesario probar su existencia, pues basta que estén publicados en el medio de difusión oficial local o federal al que correspondan, para que la autoridad judicial esté obligada a analizarlos, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. Sirven de fundamento las jurisprudencias 2a./J. 65/2000 y 2a./J. 169/2004, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." y, "LEYES Y DECRETOS EXPEDIDOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. PARA SU DEBIDA APLICACIÓN Y OBSERVANCIA SÓLO ES NECESARIA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL." De igual forma es cierto el acto que se reclama a la Oficial del Registro Civil 01 de Valle de Santiago, Guanajuato, consistente en la emisión del oficio ***********, de quince de septiembre de dos mil veintiuno, por así haberlo manifestado al rendir su informe con justificación, lo que se corrobora con la exhibición de tal documento por parte de dicha autoridad, el cual goza de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se tiene que las autoridades responsables Congreso del Estado de Guanajuato y Oficial del Registro Civil número 01 de Valle de Santiago, Guanajuato, sostienen que se actualiza la actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al considerar que el artículo 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, no se actualizó en perjuicio de los quejosos. A fin de estar en aptitud de estudiar la causa de improcedencia invocada por las responsables, es pertinente destacar que del contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo , se advierte que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo; una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo) . Ahora, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo , dispone que el amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. En la especie, la parte quejosa tilda de inconstitucional el 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, con motivo de su primer acto de aplicación que se hace consistir en el oficio ***********, de quince de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por la Oficial del Registro Civil 01 de Valle de Santiago, Guanajuato, a través del cual se negó la petición de los quejosos para contraer nupcias. El artículo precisado, se encuentra inmerso en el Título Quinto, denominado "Del Matrimonio", Capítulo I, del código sustantivo en mención, el cual es del tenor literal siguiente: "Art. 144. Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta." Cabe destacar que dicho arábigo no se reclama de forma aislada sino en relación con el diverso 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato que dispone lo siguiente: "Artículo 72. El matrimonio es una Institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer voluntariamente deciden compartir un estado de vida para la ayuda mutua y la fundación de una familia." Sobre esa base, contrario a lo que sostienen las autoridades responsables, en el caso sí existe un acto concreto de aplicación del artículo 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, pues con base en éste y en el diverso numeral 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato, se negó a los quejosos la posibilidad de contraer matrimonio; negativa que se encuentra inmersa en el oficio ***********, de quince de septiembre de dos mil veintiuno, emitido por la Oficial del Registro Civil 01 de Valle de Santiago, Guanajuato, acto y normas que, desde luego, generan un perjuicio a su esfera jurídica, en razón de que no obstante que su situación jurídica es análoga a la de las parejas heterosexuales, se les excluye de la posibilidad de contraer nupcias con base en una norma de observancia general. De ahí que, resulta infundada la causa de improcedencia invocada por las responsables. QUINTO. Estudio de fondo. Al no existir causa diversa de improcedencia propuesta por las partes y no advertirse alguna que deba estudiarse de oficio, enseguida se procede al análisis de los conceptos de violación que formulan los quejosos, mismos que se encuentran dentro de su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran . En ese sentido, se tiene que los quejosos argumentan, medularmente, que los artículos 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato y 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato, vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación contenidos en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al excluirlos de la institución matrimonial y derecho de formar una familia. El referido motivo de disenso resulta esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y la protección constitucional, puesto que sobre el tópico que plantean, existe jurisprudencia vinculante para este juzgado y para la autoridad responsable, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, tal y como se expone a continuación. En principio, es necesario tener presente el contenido de los artículos que se tildan de inconstitucionales, los cuales son los siguientes: "Código Civil para el Estado de Guanajuato Artículo 144. Cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta." "Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato Artículo 72. El matrimonio es una Institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer voluntariamente deciden compartir un estado de vida para la ayuda mutua y la fundación de una familia." De los anteriores preceptos, se advierte que se define al matrimonio como la unión voluntaria de un hombre y una mujer, para compartir un estado de vida para la ayuda mutua y la fundación de una familia, teniendo como finalidad la perpetuación de la especie. Al respecto, conviene precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado específicamente sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, respecto de las legislaciones de Oaxaca, Sinaloa, Baja California y Colima; pero en virtud de tal análisis consideró que son inconstitucionales las leyes de cualquier Entidad Federativa que definan al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer o aquellas que consideren que la finalidad de la citada institución es la procreación. El anterior criterio quedó plasmado en las siguientes jurisprudencias: "MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente". "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de "separados pero iguales". La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad". "LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN QUE OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL. Si bien los Congresos estatales poseen libertad de configuración para regular el estado civil de las personas, dicha facultad se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y el reconocimiento de derechos humanos desde la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México. El principio de igualdad y no discriminación aplica de manera transversal a los demás derechos humanos, y cualquier distinción, restricción, exclusión o preferencia en el ejercicio de dicho derecho que, además, se encuentre basada en alguna de las categorías prohibidas, constituye una violación del derecho citado. La discriminación puede operar de manera legal o de hecho, por objeto o resultado (directa o indirecta), o a través de la omisión de adoptar medidas temporales diferenciadas para responder o evitar perpetuar situaciones de discriminación estructural. Además, la discriminación puede tener un efecto único en el tiempo o puede operar también de manera continuada. La mera vigencia de una ley puede discriminar directamente a una persona o grupo de personas, o bien, puede discriminar indirectamente debido a un impacto diferenciado". En dichas ejecutorias de las que derivan aquellas, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, determinó que las leyes de cualquier Entidad Federativa que definan al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer o aquellas que consideren que la finalidad de dicha institución es la procreación, son inconstitucionales, sustentando lo anterior, en los siguientes argumentos: 1) Que en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, el Tribunal Pleno de la citada Suprema Corte sostuvo, a partir de una interpretación evolutiva del artículo 4º constitucional, que este precepto no alude a un "modelo de familia ideal" que tenga como presupuesto al matrimonio heterosexual y cuya finalidad sea la procreación, aclarando que la protección de la familia que ordena la Constitución no se refiere exclusivamente a la familia nuclear que tradicionalmente ha sido vinculada al matrimonio: padre, madre e hijos biológicos. 2) En dicho precedente, el Pleno afirmó que la Constitución tutela a la familia entendida como realidad social. Lo que significa que esa protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad: familias nucleares, compuestas por padres e hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan a través del matrimonio o uniones de hecho; familias monoparental, compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas, que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; y desde luego también familias homoparentales, conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos. 3) Que los artículos de los Códigos Civiles Locales, que dispongan que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y que su finalidad es la procreación, resultan inconstitucionales, al ser discriminatorios por no permitir el acceso a la institución matrimonial de forma igualitaria a las parejas heterosexuales y a las homosexuales. 4) Que el Tribunal Pleno de ese Alto Tribunal de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad número 2/2010, sostuvo que esa desvinculación entre matrimonio y procreación quedaba de manifiesto con una gran variedad de situaciones, por lo que concluyó que en la actualidad la institución matrimonial se sostiene primordialmente "en los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromiso mutuos de quienes desean tener una vida en común". 5) Por otro lado, la medida examinada es subinclusiva porque excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales, que están situadas en condiciones similares a las parejas que sí están comprendidas en la definición. La distinción es discriminatoria, porque la orientación sexual no constituye un aspecto relevante, para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. 6) Que dichas normas son claramente discriminatorias, porque las relaciones que entablan las parejas homosexuales pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales; de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión de la institución del matrimonio, máxime que la distinción no está directamente conectada con la finalidad imperiosa que puede tener el matrimonio, desde el punto de vista constitucional. 7) Que el derecho a contraer nupcias no sólo conlleva el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes otorgan a la institución. 8) Que acceder al matrimonio comporta en realidad un derecho a otros derechos, pues los que otorga el matrimonio civil aumentan considerablemente la calidad de vida de las personas, debido a que en el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio, entre éstos destacan los siguientes: a) beneficios fiscales; b) beneficios de solidaridad; c) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; d) beneficios de propiedad; e) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y, f) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. 9) Que la exclusión de las parejas homosexuales del régimen matrimonial se traduce en una doble discriminación: no sólo se priva a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos del matrimonio, sino también se les excluye de los beneficios materiales. 10) Que son inconstitucionales los artículos que permiten que sólo contraigan matrimonio las parejas heterosexuales que tienen la finalidad de procrear, por contener una distinción que excluye injustificadamente a las parejas homosexuales del acceso al mismo. Lo expuesto, pone en evidencia que en las jurisprudencias 1a./J. 43/2015 (10a.), 1a./J. 45/2015 (10a.) y 1a./J. 46/2015 (10a.), se resolvió el planteamiento materia del presente juicio, ya que en éstas se definió que son inconstitucionales las normas locales que definan el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, así como aquellas que especifican que la finalidad de dicha unión es la procreación. Luego, dichos criterios son aplicables al caso concreto, en tanto que el artículo 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato define al matrimonio como la unión voluntaria de un hombre y una mujer; por su parte, el diverso 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, establece que la finalidad de dicha institución es la perpetuación de la especie. En consecuencia, los argumentos planteados por los quejosos son suficientes para conceder el amparo y protección que solicitan, ya que existen criterios de observancia obligatoria para este juzgado, que resuelven el tema de fondo propuesto en el motivo de disenso, situación que provoca que el estudio de dicha inconformidad resulte innecesario, ya que tal criterio al resultar obligatorio en su observancia y aplicación para este juzgado, lo constriñe a resolver en el mismo sentido fijado en tales jurisprudencias; máxime que con la aplicación de las mismas se da respuesta en forma integral al tema planteado en el presente controvertido constitucional. En estas condiciones, se declara la inconstitucionalidad de los artículos 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato y 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato, procediendo, como se expuso, a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. En el entendido que, el acto de aplicación de los preceptos legales referidos, ya no tiene sustento, conforme al artículo 78 de la Ley de Amparo, el cual dispone que si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. SEXTO. Efectos del amparo (vicios de fondo). En consecuencia, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos *********** y ***********, para el efecto de que no se les aplique, en el presente ni en el futuro, los artículos 144 del Código Civil para el Estado de Guanajuato y 72 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato, en el apartado donde se establece que el matrimonio sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer y que el mismo tiene como finalidad la perpetuación de la especie; así como para que la Oficial del Registro Civil 01 de Valle de Santiago, Guanajuato, realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente el acto de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, consistente en el oficio ***********, de quince de septiembre de dos mil veintiuno; 2) Emita un nuevo oficio, en el que se abstenga de aplicar los preceptos combatidos en la parte donde se establece que el matrimonio sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer, institución que tiene como finalidad la perpetuación de la especie; y, de satisfacer los requisitos legales, conteste de manera favorable la petición de los quejosos consistente en que se unan en matrimonio con las formalidades que la ley establece. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 74, 77, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÙNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ***********, para los efectos previstos en el considerando sexto.
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