Rodolfo Zavala Gallaga

Expediente 662/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
662/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Rodolfo Zavala Gallaga
  • RODOLFO ZAVALA GALLAGA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, siete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto de trece de junio de dos mil veintidós, por el que se desechó la presente demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte promovente no exhibió documentos. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12 y 15, interpretados a contrario sentido, y 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de este expediente y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  2. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***, EL PROVEÍDO DICTADO EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días otorgado al peticionario del amparo, mediante auto de diez de mayo de dos mil veintidós, sin que desahogara la prevención ahí contenida; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en el auto de referencia y se provee lo conducente sobre la demanda de amparo, únicamente por lo que respecta a ****, por propio derecho. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que en esencia el quejoso reclama los siguientes actos: a) La resolución emitida por la Juez de Oralidad Penal de la Región 1 de Irapuato, dentro de los autos de la causa penal **** de su índice, en la que ordenó la restitución de la menor de iniciales **** en favor de su progenitora ****. b) La integración de una carpeta de investigación en contra del quejoso, por parte de la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral para las Mujeres con residencia en esta ciudad, sin que éste y sus testigos hayan sido citados a entrevista. ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". 1 Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente respecto de los actos reclamados antes precisados. En ese sentido, a efecto de mejor comprensión de las causales de improcedencia actualizadas, conviene revisarlas por separado, comenzando por el acto identificado antes con el inciso b).  Integración de una carpeta de investigación en contra del quejoso, por parte de la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral para las Mujeres con residencia en esta ciudad, sin que éste y sus testigos hayan sido citados a entrevista. Respecto de este acto se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XI y XIV, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;. XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por razón de prevalencia entre las causas de improcedencia que se relacionaron, en primer lugar, se analiza lo tocante con la extemporaneidad de la acción intentada. Así, del artículo transcrito se advierte que el juicio de amparo debe considerarse improcedente si se advierte que el acto reclamado fue consentido de manera tácita por el quejoso; esto es, se entenderá consentido tácitamente un acto cuando no se impugne dentro del plazo de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, por lo que el juicio de amparo promovido en su contra será improcedente. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del último de los preceptos legales invocados se desprende que la Ley de Amparo vigente establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite a la parte quejosa promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de éstos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, de forma genérica establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. De modo que, la esencia del referido numeral 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado, puesto que es suficiente que se advierta en autos la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ésta constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado, en lo que aquí interesa, la integración de una carpeta de investigación en su contra, por parte de la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral para las Mujeres con residencia en esta ciudad, a la que -dice- no fue citado ni él ni sus testigos. Frente a esto, de la certificación de cuenta se obtiene que en este juzgado se encuentran radicados los juicios de amparo **** y ****, promovidos por el mismo quejoso, en contra del mismo acto señalado en el párrafo anterior, esto es, la integración de la citada carpeta de investigación 47020/2021, origen de la causa penal **** que reclamó en idénticos términos que describe ahora en la demanda que se provee; juicios de amparo que se tienen a la vista y que constituyen un hecho notorio para este órgano federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. De los citados expedientes, se tiene que el quejoso promovió diversas demandas de amparo reclamado el acto ya referido, respecto de la misma autoridad señalada como responsable, acto del que también se duele en el escrito de demanda que se analiza, atribuido a la propia autoridad -Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral para las Mujeres con residencia en esta ciudad- de lo que se sigue que el quejoso tuvo conocimiento del acto, por lo menos, desde la presentación de la primera demanda de amparo, es decir, el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno; data que revela que sabía de la existencia de esa indagatoria en su contra que reclamaba en los mismos términos que lo hace ahora, lo cual se desprende de la propia narrativa de los antecedentes que en dicha demanda realizó. Por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para realizar el cómputo del término de los quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente, mismo que comenzó a correr a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto impugnado, esto es, del veintinueve de octubre al veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, sin contar por ser inhábiles los días treinta y treinta y uno de octubre, así como uno, dos, seis, siete, trece, catorce, diecinueve, veinte y veintiuno de noviembre, todos de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Así, es evidente que los actos reclamados fueron consentidos, toda vez que a la fecha de la presentación de la presente demanda, que fue el tres de mayo de dos mil veintidós, había transcurrido en exceso el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que el quejoso promoviera oportunamente el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 232213, visible en la página 71, primera parte de los Tomos 193- 198, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto enseguida transcrito: (.) En las relatadas condiciones, se tiene plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Asimismo, del análisis del escrito de demanda, en relación con el acto reclamado en el inciso b), la acción constitucional deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la diversa causa prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Para estar en condiciones de exponer la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, conviene recordar que el acto respecto del cual se realiza el estudio se trata de: La integración de una carpeta de investigación en contra del quejoso, por parte de la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral para las Mujeres con residencia en esta ciudad, sin que éste y sus testigos hayan sido citados a entrevista. Por su parte, de la certificación de cuenta se aprecia que, una vez verificado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, se obtuvo que ****, por propio derecho, promovió diverso juicio de amparo radicado en este mismo órgano de control constitucional con el número ****, el cual se tiene a la vista, por constituir un hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2°, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Juicio en el cual el quejoso solicitó la protección constitucional en contra del mismo acto reclamado, atribuido a la autoridad ministerial; es decir, la integración de una carpeta de investigación en contra del quejoso, por parte de la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral para las Mujeres con residencia en esta ciudad, sin que éste y sus testigos hayan sido citados a entrevista; respecto de lo cual se resolvió que la acción intentada resultaba notoria y manifiestamente improcedente, al tratarse de actos que no resultan de imposible reparación, por las consideraciones que en dicho proveído se expusieron. En ese orden, del análisis de la demanda que originó el juicio de amparo **** y de la que dio inicio al presente asunto, se aprecia que, en lo conducente, las autoridades responsables y los actos reclamados son esencialmente iguales. Así, resulta evidente que en relación con el acto que se estudia, ya se realizó un pronunciamiento, el cual si bien no se emitió en una ejecutoria, lo cierto es que ello obedece a que, conforme lo estipula el artículo 113 de la ley de la materia, en primer orden se analizó la procedencia del juicio, escrutinio que no fue superado en tal demanda, por lo que se emitió la decisión correspondiente sobre la improcedencia de la acción constitucional, la que incluso ha quedado firme, pues el desechamiento de la anterior demanda no fue atacado por el quejoso y ha causado estado. Considerar la admisión de esta nueva demanda de amparo sobre el mismo planteamiento, sería tanto permitir que el gobernado pueda recurrir a la vía constitucional para impugnar el mismo acto tantas veces como quiera. Por tanto, como el acto que ahora se reclama fue materia del diverso juicio de amparo promovido con anterioridad al presente asunto resuelto en definitiva en el sentido de que el juicio es improcedente; se actualiza la causa de improcedencia invocada. La resolución emitida por la Juez de Oralidad Penal de la Región 1 de Irapuato, dentro de los autos de la causa penal **** de su índice, en la que ordenó la restitución de la menor de iniciales ****. en favor de su progenitora ****. Por otra parte, del análisis del escrito de demanda, en relación con el acto reclamado en el inciso a), la constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Ahora bien, para que se actualice la causal de improcedencia aludida - litispendencia- es necesaria la existencia de juicios de amparo promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades, por el propio acto reclamado y que uno de ellos se encuentre en trámite. Del expediente en que se actúa, así como del diverso ****, del índice de este mismo juzgado y que se tiene a la vista, se advierte como parte quejosa a ****, quien señaló como autoridades responsables y actos reclamados, en lo conducente, lo siguiente: **** Como ordenadora: El Juez de Oralidad penal de la región 1 de Irapuato, Guanajuato. Como Ordenadora: Juzgado Único de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con base en la Ciudad de Irapuato, Guanajuato. Como ordenadora: Agente del Ministerio Publico de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, en Irapuato Guanajuato. Como Ejecutora: La Fiscal ****, Agente Del Ministerio Publico, Adscrita Al Centro De Justicia Para La Mujer, de Irapuato, Guanajuato. Como ejecutora: Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Juzgado de Oralidad penal de la región 1 de Irapuato. Y como actos reclamados: La resolución emitida por la Juez de Oralidad Penal de la Región 1 de Irapuato, dentro de los autos de la causa penal **** de su índice, en la que ordenó la restitución de la menor de iniciales **** en favor de su progenitora ****. La resolución emitida el trece de mayo de dos mil veintidós, por la Jueza Único de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con base en la ciudad de Irapuato, dentro de los autos de la causa penal ****de su índice, en la que ordenó al quejoso restituir a la menor de iniciales ****. en favor de su progenitora ****, apercibido que de no hacerlo se le impondría una multa consistente en setenta y cinco unidades de medida y actualización diaria. De la confronta anterior, se pone de manifiesto que en ambos casos el quejoso reclama el mismo acto derivado de la misma causa penal y respecto de la misma autoridad jurisdiccional. Tanto en uno como en otro, el quejoso reclama un acto que deriva de la casusa penal ****, del índice Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad de Irapuato, consistente en la determinación del amparo debía restituir a su menor hija de iniciales ****, a su progenitora ****. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que una de las finalidades de la causal de improcedencia por litispendencia es impedir que los jueces de distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico; el aquí promovente conserva la oportunidad de defenderse del acto de autoridad que hizo valer, en el juicio de amparo que ya se encuentra en trámite, que como ya se mencionó, se trata del mismo acto derivado de la misma causa penal radicada por la misma autoridad ordenadora. Y sin que para estimar lo contrario influya que en la demanda que se atiende ahora, señalara también una autoridad ejecutora, toda vez que será en aquel juicio ya en trámite al que deberá, en su caso, llamar a esa autoridad, máxime que no le atribuye un acto autónomo. Tampoco es obstáculo para lo anterior, el hecho de que la demanda que dio origen al juicio ****, se presentara con posterioridad a la que aquí se analiza, pues lo cierto es que al radicar el presente juicio, se previno al quejoso con motivo de la personalidad que pretendió ejercer en representación de un menor de edad, y aun cuando se encontraba trascurriendo el plazo para que diera cumplimiento, presentó nuevo escrito de demanda que dio origen a aquel juicio que actualmente está en trámite precisamente para, en su momento, resolver lo que proceda sobre el acto que consiste en la orden de entregar a su menor hija a su progenitora, dentro de la causa penal en cita. En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la legislación de la materia, procede desechar la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Finalmente, como se detalló en este acuerdo, se advierte que el quejoso ****, ha promovido diversas demandas de amparo sustancialmente idénticas a las promovidas con anterioridad y en todos los casos manifestando bajo protesta de decir verdad hechos y abstenciones que supuestamente le constan respecto de los actos que reclama, pero omitiendo mencionar la multicidad de demandas de amparo que ha promovido y respecto de las cuales incluso ha sido omiso en cumplir con los requerimientos que se le han formulado. Faltando así a la probidad con que debe conducirse al solicitar la protección constitucional, con la intención de que ese desconocimiento opere en su beneficio, tanto así que cada vez que una de sus demandas no ha prosperado, intenta una nueva. En ese orden de ideas, se apercibe al quejoso para que en lo subsecuente se conduzca con apego a la verdad y evite ese tipo de prácticas que, al menos de una primera vista, se advierte pretenden confundir y omitir datos a órgano jurisdiccional en beneficio propio y en detrimento de la correcta impartición de justicia. En caso de que por algún motivo decida presentar una diversa demanda de amparo idéntica o relacionada, se le conmina a que manifieste los antecedentes que puedan influir en la decisión del órgano jurisdiccional, pues además dicha situación está directamente relacionada con el estudio de las causas de improcedencia que pudieran suscitarse y cuyo estudio es de orden público, por lo que, de no hacerlo, se aplicará una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente2 , con apoyo en el artículo 236, en relación con el 249, ambos de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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