Rodolfo Zavala Gallaga
Expediente 406/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 406/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rodolfo Zavala Gallaga
Actuaciones
- Principal
Irapuato, Guanajuato, treinta de junio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DESECHADA. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que en acuerdo de veintinueve de abril de este año, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. - VALORACIÓN: No es de relevancia documental. - DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. ?Documentos: La parte quejosa allegó documentos de los catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido y 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Como se precisó en la certificación de cuenta, los documentos exhibidos por la parte promovente en el presente juicio no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. En el entendido que, de no hacerlo, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público 09:30 a las 15:30 horas, de lunes a viernes, a efecto de que lo tome en consideración al momento de agendar su cita, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos1. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Notifíquese.
- Principal
...Notifíquese personalmente al quejoso...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA *** EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS, EL CUAL DICE: Irapuato, Guanajuato, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días otorgado a la parte quejosa en acuerdo de ocho de marzo de este año, sin que realizara manifestación alguna. En esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y al efecto se proveerá únicamente por lo que hace al acto que hace consistir en: La integración de una carpeta de investigación en contra del quejoso, por parte de la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral para las Mujeres con residencia en esta ciudad, sin que el quejoso y sus testigos hayan sido citados a entrevista. ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". 1 Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente. En ese sentido, este Juzgado Federal advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones III y IV, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: . b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Conforme a la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, como actos de imposible reparación deben entenderse aquéllos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente, el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderse por actos de imposible reparación; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no que únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo. Además, estableció que dichos actos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa interpretación a la Ley de Amparo vigente, determinó que la jurisprudencia P.J.4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", resulta inaplicable, dada la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por "imposible reparación". Sobre esa base, se evidencia que existen actos que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, con independencia de la etapa en que se emitan, por lo que el amparo indirecto en su contra de modo inmediato es improcedente. Ahora bien, en el caso concreto, el acto reclamado consiste en la integración de una carpeta de investigación en contra del quejoso, por parte de la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral para las Mujeres con residencia en esta ciudad, sin que el quejoso y sus testigos hayan sido citados a entrevista, se considera que no tiene sobre el gobernado, sus bienes o derechos, una ejecución que afecte derechos sustantivos, porque aun cuando el Ministerio Público, al integrar una carpeta de investigación emita diversas actuaciones y ordene la práctica de las diligencias tendentes a la investigación de los hechos, las que considere necesarias para su integración en la que se ve involucrado el quejoso, lo cierto es que tales actos no causan daño o perjuicio al gobernado contra el cual se siga la investigación correspondiente, a menos que en la indagatoria se ordene que se le prive de la libertad, de sus posesiones o derechos. Circunstancia que podría acontecer cuando se dicte alguna medida de protección o providencia precautoria, o bien, cuando ya tenga el gobernado la calidad de inculpado, en el momento en que se determina la judicialización de la carpeta de investigación y se ejercita acción penal, entre otros, pues será el Ministerio Público o el Juez del proceso, de acuerdo a sus atribuciones, a quienes corresponderá resolver sobre dichas actuaciones, lo cual, en su caso, sería lo que causaría una afectación a la esfera jurídica del quejoso. Ahora, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la carpeta de investigación correspondiente; por tanto, se considera que los actos en estudio no tienen sobre las personas, sus bienes o derechos, una ejecución que afecte derechos sustantivos, para el efecto de hacer procedente el presente juicio de amparo indirecto. Sobre esa base, en el supuesto de que se le considere inculpado, al encontrarse la carpeta de investigación en estado de integración, en principio, no se tiene certeza de que el agente del ministerio público correspondiente determinará ejercitar acción penal en su contra, o bien, que dicte el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal; y, aún en la hipótesis de que determinara ejercer acción penal, como se dijo, sería el Juez de proceso a quien le compete resolver sobre el pedimento del representante social, cuya decisión, en todo caso, sería la que podría causar una afectación a la esfera jurídica del quejoso. En razón de lo expuesto, resulta improcedente el juicio de amparo en que se controviertan actos relacionados con la integración de la carpeta de investigación, así como la investigación de hechos delictuosos, como en el caso acontece, toda vez que los actos en estudio no son de aquellos que tengan sobre las cosas o personas una ejecución de imposible reparación al no afectar derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano es parte; aunado a que, la sociedad está interesada en que se desahoguen las diligencias de una carpeta de investigación y que sean las encaminadas a su correcta integración, por ser disposiciones de orden público e interés social. Ello es así, pues se considera que dichos actos sólo pueden afectar derechos adjetivos o procesales en la integración de una indagatoria y las actuaciones que el fiscal consideró necesarias a la investigación de los hechos, de los cuales se duele la parte quejosa. Sin embargo, los actos reclamados que se analizan no trascienden a la esfera jurídica del quejoso, pues aun cuando tenga el carácter de inculpado, existe la posibilidad de que pueda obtener resolución favorable como lo es el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de la agraviada, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracciones III y IV, párrafo primero, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto en estudio; por tanto, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, de conformidad con el diverso numeral 113 de la legislación de la materia.
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