Rodolfo Velázquez Concha

Expediente 180/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
180/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
15/02/2017

Partes del expediente

  • Rodolfo Velázquez Concha

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de treinta de enero de dos mil diecisiete, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por **********, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por **********, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil de Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital del Estado y otra autoridad, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese con el número 180/2017. Ahora bien, con relación al libelo constitucional, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora, conforme a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, aplicable a este tipo de resoluciones, se precisa que de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formuló la impetrante en su ocurso constitucional, a lo que se le atribuye eficacia probatoria en términos de lo establecido por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, emerge que la parte agraviada acude a esta instancia constitucional reclamando - en forma destacada - el proveído de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictado por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato en el toca civil 81/2017, por el cual declaró mal admitido el recurso de apelación interpuesto contra la orden decretada el dos de diciembre de dos mil dieciséis por el Juez Cuarto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, en el que le requirió al quejoso la exhibición de documentación original o copia certificada del proceso de reconocimiento de hijo y/o declaración judicial que en su caso hubieren realizado sus padres para adquirir el carácter de hijo adoptivo o legítimo, dentro de las medidas preparatorias a juicio número C-517/2016. Ahora, en el caso, el suscrito resolutor estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." La causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Bajo las anteriores consideraciones, se reitera que el impetrante acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado el proveído de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, emitido por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato en el toca civil número 81/2017, por el que declaró mal admitido el recurso de apelación interpuesto contra la orden decretada el dos de diciembre de dos mil dieciséis por el Juez Cuarto Civil de Partido en Celaya, Guanajuato, en el que requirieron diversa documentación al quejoso relacionada con su estado civil, dentro de las medidas preparatorias a juicio número C-517/2016. Atento a tal consideración, el suscrito considera que en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto que aquí se reclama, previo a esta instancia debió interponer el medio ordinario legal de defensa, al ser parte dentro de los medios preparatorios a juicio C-517/2016, dado que se insertó a la relación del acto prejudicial al oponerse a la ejecución de dicha medida mediante el recurso de apelación, que a la postre dio génesis al acto reclamado en esta instancia constitucional. En efecto, respecto del acto reclamado se tiene que la parte impetrante se encontraba obligada a agotar el recurso de revocación de conformidad con el artículo 232, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que estatuye: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. " En mérito de lo expuesto, de conformidad con el numeral 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, se estima que el medio de defensa ordinario e ideal para combatir el auto reclamado es el recurso de revocación. Pues de lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar los autos emitidos por el tribunal que los dictó, en el caso el titular de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Bajo ese contexto, es incuestionable que el quejoso, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar el recurso de revocación aludido para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad de razón jurídica, la tesis XII.2o.32 C (9a.), registro 160349, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página 4688, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de cuyo rubro y texto: "REVOCACIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA).La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 23/99-PS, de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, marzo de 2002, página 11, de rubro: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS).", estableció que contra un auto dictado por un tribunal de alzada que declara desierto el recurso de apelación hecho valer en contra de una sentencia de primera instancia, procede el recurso de reposición, para cuya tramitación se siguen las mismas reglas que para la revocación, conforme a las legislaciones procesales ahí examinadas. Las razones fundamentales que sustentan dicho criterio son aplicables respecto de un auto dictado por el tribunal de alzada que declara inadmisible un recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia definitiva de primer grado, porque este último tiene el mismo efecto procesal y la misma consecuencia jurídica que el acuerdo que declara desierto el recurso de apelación, tales como impedir la tramitación de dicho medio de impugnación y dejar firme la resolución impugnada, lo que lo torna en una determinación que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo y, por ende, en su contra procede el recurso de revocación previsto por el artículo 679 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, conforme al cual las resoluciones que no fueren apelables pueden ser revocadas por el propio Juez o tribunal que las dictó, máxime que del citado contexto normativo no se advierte la procedencia de otro medio de impugnación ni la irrecurribilidad de ese tipo de determinaciones; aunado a que como también lo consideró la Primera Sala del Máximo Tribunal, a través del medio ordinario de impugnación se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento o inadmisión de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal. De negar la procedencia del recurso de revocación, a pesar de que el artículo 679 prevé que las resoluciones del tribunal de alzada pueden ser revocadas, se vulneraría el principio de impugnación, consistente en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben poder impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos, lo que encuentra apoyo, además, en la jurisprudencia 1a./J. 101/2001, publicada en el mismo órgano de difusión y Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 138, de rubro: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO 'APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.').", ya que como se estableció en la ejecutoria que se comenta, si bien es cierto que en esta última la Primera Sala analizó el artículo 1334 del Código de Comercio, la postura tomada en el sentido de que en contra del auto dictado en primera instancia que no admite el recurso de apelación procede el de revocación, también lo es que ello hace posible deducir que implícitamente se determinó la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de dicha resolución, al existir un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada y, por tanto, por identidad de razón, también se concluye que contra el auto que tiene por no admitido el recurso de apelación en segunda instancia, procede el medio ordinario que establece el Código de Procedimientos Civiles para el Estado, esto es, el recurso de revocación a que alude el referido artículo 679, porque si bien es verdad que este numeral no establece expresamente la procedencia del recurso de revocación en contra de un auto del tribunal de segundo grado que desecha la apelación, también lo es que no existe disposición alguna que prevea que tal determinación sea irrecurrible, o bien, la procedencia de diverso recurso que excluya la revocación en el supuesto señalado; así, a través de este medio de impugnación, se insiste, puede lograrse que el tribunal ad quem corrija algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal." Sin que obste que dicha tesis se refiera a la legislación local de un estado distinto al de Guanajuato, puesto que el contenido del numeral del que interpreta es de contenido idéntico al artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad federativa aplicable al particular. También en sustento a lo que precede se invoca la tesis con número de registro 343,839, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CIV, materia Civil, página 211, que establece: "APELACION, RECURSO CONTRA LA RESOLUCION QUE LA DECLARA DESIERTA (LEGISLACION DE GUANAJUATO). La resolución que declara desierta la apelación, por falta de expresión de agravios, constituye una decisión sobre un punto del asunto que tiene el carácter de auto, de acuerdo con el artículo 225 del Código de Procedimientos Civiles, y por lo mismo, dicha resolución debe combatirse, antes de acudir al amparo, mediante el recurso de revocación que establece el artículo 232 del código citado." Así como la diversa tesis con número de registro 353,627, también de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIX, materia Civil, Quinta Época, página 3503, que dispone: "APELACION, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCION QUE TIENE POR DESIERTO EL RECURSO DE (LEGISLACION DE GUANAJUATO). La resolución que declara desierto el recurso de apelación, no es sentencia, porque no decide el fondo del asunto, sino que es auto(artículo 225 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato). Por tanto, si esa resolución tiene el carácter de auto, puede ser revocada por el tribunal que la dictó, como lo estatuye el artículo 232 del código citado; de manera que si se interpone el juicio de garantías contra la repetida resolución, sin hacerse valer previamente la revocación aludida, dicho juicio debe estimarse improcedente, dadas las terminantes prevenciones de la fracción XIII, del artículo 73, de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, y sobreseerse en el mismo, con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la ley últimamente citada." Además debe ponerse de relieve que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento, ya que como se desprende de sus propias manifestaciones se insertó a la relación procesal, dentro de las medidas preparatorias subyacentes. Por ello, se afirma que el impetrante previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -revocación-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." Por tanto, al actualizarse en el caso la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda planteada por Rodolfo Velázquez Concha. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal Finalmente, se tiene como autorizados en los términos amplios que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********y ***********, toda vez que acreditaron tener registradas respectivamente sus cédulas profesionales federales números 4506003 y 131104 ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y se le tiene señalando para recibir notificaciones personales la Dirección Electrónica del Sistema Informativo del Portal de Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario que señala como "abogadomaldonado82".

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