Rodolfo Razo García

Expediente 254/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
254/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Rodolfo Razo García

Actuaciones

  1. Principal

    Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados, no fue recurrida dentro del término legal de diez días que dispone el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b), del citado acuerdo general, el presente expediente, así como el original del incidente de suspensión son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de este auto- puesto que se dictó sentencia en la que se negó la protección constitucional y se concedió la suspensión provisional y definitiva, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación, así como de este proveído que ordena el archivo del presente asunto como concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos y constancias. Toda vez que resulta innecesaria la retención del disco compacto en formato DVD que allegó la responsable ordenadora como apoyo a su informe justificado, se ordena su devolución.

  2. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, cuyo resolutivo es: "ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a xxxxxxxxx, en contra del acto reclamado a la jueza de control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato y al jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones adscrito a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, ambos con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo; por las razones que se explican en el último considerando de este fallo."

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 254/2020- II; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de julio de dos mil veinte, ante el secretario de la guardia de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, Rodolfo Razo García solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de la orden de aprehensión y su ejecución que reclamó de las siguientes autoridades: "A) Tiene el carácter de ordenadora los C. Juzgados de Oralidad Penal en la Tercera Región con sede en la Ciudad de Celaya, Guanajuato, quien tiene su domicilio. B) Tiene el carácter de ordenadora el C. Jefe de Grupo de Mandamientos Judiciales de la Unidad Especializada de la Mujer, quien tiene su domicilio. C) Tiene el carácter de ejecutora el C. Jefe de Grupo de la Agencia de Investigación Criminal de Mandamientos Judiciales, quien tiene su domicilio". En ese ocurso el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato; el que por auto de trece de julio de dos mil veinte, admitió la demanda; formó el expediente y lo registró bajo el número 254/2020-II; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien sí formuló pedimento. Por auto de quince de julio de dos mil veinte se dio vista al quejoso con la imposibilidad de emplazar a las autoridades que denominó como "Jefe de Grupo de Mandamientos Judiciales de la Unidad Especializada de la Mujer"; y, "Jefe de Grupo de la Agencia de Investigación Criminal de Mandamientos Judiciales". En acuerdo de veintitrés de julio siguiente, se le tuvo por desahogada la citada vista, en la que señaló que la denominación correcta es jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones adscrita a la Unidad de Atención Integral a la Mujeres, a quien se requirió su informe justificado, el cual se tuvo por rendido en proveído de treinta de julio de dos mil veinte. Mediante proveído de veintitrés de julio siguiente, se le tuvo señalando que la denominación correcta es jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones adscrita a la Unidad de Atención Integral a la Mujeres. Mediante proveído de veinticuatro de julio de dos mil veinte, se tuvo al juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región con sede en esta ciudad, ofreciendo como prueba un disco versátil digital (D.V.D). Asimismo, se reconoció el carácter de tercera interesada a Claudia Mónica Villanueva Cerritos, en su calidad de ofendida en la causa penal 1P0619-1911, así como al fiscal que intervino en dicho procedimiento penal, ordenándose el emplazamiento a juicio de los citados terceros interesados, por conducto de la autoridad responsable. Por auto de treinta y uno de julio de dos mil veinte, se tuvo por legalmente emplazadas al presente juicio de amparo a los terceros interesados Claudia Mónica Villanueva Cerritos y a la agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado. Finalmente, el tres de septiembre de dos mil veinte se llevó a cabo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse una orden privativa de la libertad personal que tiene efectos de ejecución en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. a) La orden de aprehensión de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Acto reclamado a la siguiente autoridad: 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región, con sede en Celaya, Guanajuato -denominación correcta a la señalada por el quejoso como Juzgados de Oralidad Penal en la Tercera Región con sede en la Ciudad de Celaya, Guanajuato- (ordenadora). b) Su ejecución. Acto atribuido a la autoridad responsable: 2. Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones adscrito a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, con sede en Celaya. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman al juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región con sede en Celaya, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 21 y 22 de autos). Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se robustece con la constancia que acompañó la jueza responsable a su informe justificado, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia donde se dictó el auto reclamado y 2 Quinta Época, número de registro 1002815, del Apéndice de 2011, tomo II. Procesal constitucional 1. Común primera parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, página 830. los archivos digitales con los que cuenta la causa penal; a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la ley y por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), consideradas como una prueba documental pública lato sensu. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas 3 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703. sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, el jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones adscrito a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, con sede en Celaya, negó el acto que se le atribuye; sin embargo, debe tenérsele por cierto, pues aquella a quien se le atribuye haberlo ordenado lo aceptó como tal, además de que la ejecutora, en razón de sus funciones, tiene la obligación de cumplir con el mandato que se le encomiende en cualquier momento. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a foja 56, tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, de enero a junio de 1989, Octava Época, que reza: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." CUARTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son infundados. En el presente asunto opera la suplencia de la queja a favor de la parte quejosa, con base en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del imputado en la causa penal 1P0619-1911 del índice del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos de la peticionaria de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación emitida por el juez responsable se encuentra ajustada a Derecho, como más adelante se expondrá. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo4 , la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho 4 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: . En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. (.)".humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano de la peticionaria de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician al quejoso, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al 9 caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos del quejoso, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formuló. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.)5 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Así como la tesis 8o.1P(10a.)6 , emitida por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 5 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014703. 6 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014738. Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ATENTO AL ARTÍCULO 79, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2016, ES INNECESARIO EXPRESAR EN LA SENTENCIA EL ESTUDIO OFICIOSO DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO, LA RESPONSABILIDAD PENAL, LA NO EXISTENCIA DE EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD O LA GRADUACIÓN DE LA PENA, SI ELLO NO REPORTA NINGÚN BENEFICIO AL QUEJOSO. El precepto mencionado establece que la suplencia de la queja deficiente se expresará en las sentencias cuando el estudio oficioso respectivo derive de un beneficio. Ahora bien, la interpretación de la porción normativa en cuestión denota la intención del legislador de detener la añeja práctica que realizaban los tribunales de amparo, los cuales se sustituían a las facultades de las autoridades judiciales ordinarias, analizando directamente cuestiones relativas a la acreditación de los elementos del cuerpo del delito, la responsabilidad penal, la no existencia de excluyentes de responsabilidad o la graduación de las penas, aun cuando ello no implicara algún beneficio para el quejoso. Entonces, si a pesar del estudio oficioso que involucra la suplencia de la queja, éste no se traducirá en ningún beneficio a favor del quejoso, no existe obligación del tribunal de amparo de expresar textualmente ese análisis en la sentencia respectiva." Previo analizar los conceptos de violación que esgrime el quejoso, es conveniente establecerse que el sistema de justicia penal de tipo acusatorio, adversarial y oral, tiene como características las siguientes: 1. Los juicios se tramitan de manera oral; 2. Es adversarial; 3. Las partes convergen en un nivel de igualdad procesal; y, 4. Se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las características de acusatoriedad y oralidad; para asegurar una trilogía procesal en la que el ministerio público sea la parte acusadora, el imputado esté en posibilidades de. 11 defenderse y, al final, sea un juez quien determine lo conducente; así como para fomentar la transparencia, garantizando al mismo tiempo una relación directa entre el juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos. Conviene precisar que los requisitos que nuestra Carta Magna establece como necesarios para que se pueda librar una orden de aprehensión, se encuentran contenidos en el artículo 16 de ese máximo ordenamiento, que señala: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (...) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)" Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 141 y 142 establecen lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." De los citados numerales transcritos, se obtiene que para librar una orden de aprehensión se deben colmar los siguientes requisitos esenciales: I. Que sea emitida por escrito, por una autoridad judicial competente. II. Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. III. Que sea sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. IV. Que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el inculpado lo cometió o participó en la comisión de ese hecho. V. Se acredite la necesidad de cautela. En el caso, los precitados requisitos se encuentran satisfechos, tal y como lo determinó el juez responsable en la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, por su participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito de violencia intrafamiliar, previsto por el artículo 221, en relación con los diversos 9, 13 y 20 primer párrafo, primer supuesto, todos del Código Penal vigente en el estado, en agravio de Claudia Mónica Villanueva Cerritos; en atención a los datos de prueba señalados por la representante social en la señalada audiencia. En efecto, a fin de demostrar que en la especie se encuentran colmados los referidos requisitos; se establece que del estudio realizado a la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión, verificada el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, la cual, se contiene en el disco versátil digital remitido por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: El primer requisito, se satisface, en virtud de que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por autoridad competente como lo es el juez de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región, con sede en Celaya, Guanajuato, dado que se reúnen las cuestiones de competencia como son de grado, territorio y materia de conformidad con lo establecido en los artículos 1º, 20, fracción I, 133, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, 1º, 2, 3 y 6 del Código Penal del Estado de Guanajuato, pues los hechos sometidos a su conocimiento, acontecieron en esta ciudad, lugar donde ejerce jurisdicción. En ese orden, se satisface el segundo de los requisitos necesarios, para que se gire una orden de aprehensión, como lo es, la querella de un hecho que la ley señala como delito presentada por Claudia Mónica Villanueva Cerritos, el dos de mayo de dos mil diecinueve ante la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de esta ciudad, por el ilícito de violencia familiar, en su agravio. En ese orden, en lo relativo al tercer requisito, tal como lo apreció la autoridad responsable también se encuentra satisfecho, pues el delito de violencia familiar, el cual está contemplado en una ley local como lo es el Código Penal del estado de Guanajuato, en el artículo 221, en relación con el 9, 13 y 20 primer párrafo, primer supuesto, vigente en la época de los hechos, contempla una pena de prisión que va de uno a seis años. Por lo que hace al cuarto requisito también se encuentra satisfecho, pues en la indagatoria obran datos que, por ahora, acreditan la existencia de un hecho que la ley señala como delito; así como la probable intervención de Rodolfo Razo García en su comisión. En efecto, el último de los requisitos se surte, pues la autoridad judicial procedió a escuchar la petición del Ministerio Público sobre la procedencia de la orden de aprehensión, donde se le informaron los datos de prueba existentes en la causa penal 1P0619-1911, relativa a los hechos denunciados por Claudia Mónica Villanueva Cerritos. Resulta oportuno destacar que para librar una orden de aprehensión, únicamente se requiere de datos (no pruebas formalizadas) que establezcan el delito que se le atribuye al imputado, lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución, y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De esta manera, para el correcto dictado de una orden de captura, es menester que obren en la audiencia datos de prueba que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista probabilidad en su participación. En el entendido de que al tratarse de datos de prueba, disminuye la exigencia del estándar probatorio que realice la responsable sobre éstos, pues la valoración que haga dicha autoridad, se satisface con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados, observando las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, en la valoración de aquellos elementos que han servido de basamento, y que llevan a establecer si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después, la probable comisión o participación en tal evento. Ahora, atendiendo a la importancia que reviste el derecho fundamental de libertad, que se ve afectado con el acto de molestia, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional, el deber de circunscribirse a la apreciación llevada al cabo por el juzgador y resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto; sin que ello implique que el tribunal sustituya al juez natural en la apreciación de los datos de prueba, pues se limita a analizar la legalidad del examen efectuado por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. Según el criterio adoptado por la juez responsable en la orden de aprehensión se estableció que con los datos de prueba que expuso la fiscal investigadora en la audiencia privada se acreditó la existencia de un hecho que la ley señala como delito, consistente en el de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato, vigente al momento del hecho; para precisar el contenido de ese artículo se procede a su trascripción: "Artículo 221.- A quien ejerza violencia física o moral contra una persona con la que tenga relación de parentesco, matrimonio, concubinato o análoga; contra los hijos del cónyuge o pareja, pupilos, o incapaces que se hallen sujetos a la tutela o custodia, de uno u otro, se le impondrá de uno a seis años de prisión. Igual pena se aplicará cuando la violencia se ejerza contra quien haya mantenido una relación de las señaladas en el párrafo anterior o no teniendo ninguna de las calidades anteriores cohabite en el mismo domicilio del activo. En estos casos el Ministerio Público o la autoridad judicial dictarán las medidas que consideren pertinentes para salvaguardar la integridad física o psíquica de la víctima". Conforme a la descripción legal, en lo que aquí interesa, el hecho que se tipifica como delito de referencia se actualiza por la conducta del activo consistente ejercer violencia física y psicológica en contra de la pasivo. Ahora bien, de la reproducción del disco óptico debidamente certificado que contiene copia del registro de video y audio de la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, celebrada dentro de la causa penal 1P0619-1911, instruida a Rodolfo Razo García. 17 derivado de su probable participación en la comisión de la conducta tipificada como delito de violencia familiar en agravio de Claudia Mónica Villanueva Cerritos, se obtiene que la juez responsable determinó que ese hecho que la ley señala como delito, se encuentra acreditado en el asunto sometido a su consideración, conforme a los datos de prueba recabados por la agente del Ministerio Público, los cuales fueron debidamente justipreciados por dicha juzgadora conforme a la sana crítica y a los principios de la lógica y a las máximas de la experiencia. En la inteligencia que los datos de prueba valorados fueron los siguientes: 1. Querella de hechos presentada el dos de mayo de dos mil diecinueve por Claudia Mónica Villanueva Cerritos; en la que sustancialmente refirió que desde hace aproximadamente once años, vive en unión libre con Rodolfo Razo García, de dicha unión procrearon una niña, que en ese momento cuenta con seis años de edad, que establecieron su domicilio conyugal en calle Obrero Mundial número 304 de esta ciudad; que durante el transcurso de su relación Rodolfo ha sido agresivo con ella, ya que la insulta constantemente, que es una "puta", que anda con varios hombres; que fue el primero de mayo de dos mil diecinueve, que acudió con su menor hija y Rodolfo Razo García a una fiesta, que en dicha fiesta este último empezó a tomar y con motivo de ello a alterarse, que aproximadamente como a las once horas de la noche decidieron regresar a su domicilio, para lo cual tomaron un taxi, que cuando llegaron a su domicilio, Claudia Mónica empezó a preparar la cena, que en ese momento se percató que Rodolfo seguía molesto, que le llegó un mensaje de texto en su teléfono celular, y que esto molestó a Rodolfo, y comenzó a jaloneara y se la llevó al cuarto para comenzar a golpearla en su brazo derecho, que incluso la señora Claudia se vio su brazo como suelto, que su menor hija se encontraba en dicho lugar y le decía a Rodolfo "no papito no le pegues", que este, al ver la situación acudió a la cocina y tomo un cuchillo de aproximadamente de quince centímetros con mango de madera y le decía que no iba a ir a la cárcel por eso, que le acercaba el cuchillo a la cabeza y a su cara , que incluso le cortó alguna parte de su cabeza y que en ese momento le salió sangre, que le dijo que la iba a matar a ella y a su niña, que posteriormente Rodolfo se retiró de la ofendida y hacía como que se iba a cortar, diciendo que también se mataría, que en ese momento la querellante logró quitarle el cuchillo a Rodolfo y salió del domicilio junto con su menor hija y solicitó ayuda a los vecinos, los que le hablaron a una ambulancia y trasladaron a Claudia a recibir atención médica, por lo cual decide denunciar tales hechos. 2. Informe médico número SPMCUM-636/2019, suscrito por la perito médico legista Martina Vázquez Sandoval. 3. Acta de nacimiento número 5002 a nombre de Rodolfo Razo García, quien cuenta con fecha de nacimiento de ocho de julio de mil novecientos ochenta y cinco. 4. Acta de nacimiento número 1001 a nombre de Claudia Mónica Villanueva Cerritos, quien cuenta con fecha de nacimiento de ocho de agosto de mil novecientos ochenta y nueve. 5. Entrevista de José Francisco Villanueva Cerritos, hermano de la ofendida. 6. Entrevista de la menor de iniciales M.N.R.V., con asistencia de la psicóloga asistente xxxxxxx y con su madre Claudia Mónica Villanueva Cerritos. 7. Informe del elemento de investigación Francisco Arreguín Tinajero, con número de oficio 1817/PM/2019, quien refiere los datos de identificación de Rodolfo Razo García, quien cuenta con treinta y cuatro años de edad y fecha de nacimiento ocho de julio de mil novecientos ochenta y cinco. 8. Informe psicológico número 8372/2019, suscrito por la licenciada en psicología Dulce María Gómez Paredes. Ante tales datos de prueba la jueza responsable estimó acreditados los elementos del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato, vigente al momento del hecho. En primer término estableció que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe justificación y necesidad de cautela, para hacer comparecer al imputado -aquí quejoso- a través de una orden de aprehensión, para que le sea formulada imputación; esto con base, entre otras consideraciones, a que de la narración de hechos expuesto por la agente del ministerio público, que ha señalado que el delito por el cual se peticiona la orden de captura es el de violencia familiar, el cual en términos del artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato, trae aparejada sanción corporal. A continuación la juez natural estimó que los requisitos establecidos en los artículos 16 constitucional, 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales se encontraban satisfechos, pues existe querella presentada por Claudia Mónica Villanueva Cerritos, y la agente del Ministerio Público señaló que de acuerdo con el cuadro probatorio que recabó en la carpeta de investigación, se demuestra que el imputado cometió el hecho que la ley señala como violencia familiar. Para ello, la juez responsable precisó que de la apreciación de los datos de prueba, se advierte de forma clara, precisa y congruente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con la cual se encontraban evidenciados los siguientes hechos: Que las partes en conflicto, Rodolfo Razo García y la señora Claudia Mónica Villanueva Cerritos, establecieron una relación de concubinato por más de once años, y tuvieron descendencia, una niña que a la fecha es menor de edad, establecen su domicilio conyugal en el número 304 de la calle Obrero Mundial de la colonia Insurgentes de este municipio de Celaya, Guanajuato; la mujer ha sido víctima de una violencia reiterada, continuamente se le está diciendo que es una "puta", que es una loca, continuamente es golpeada; que da cuenta de un evento ocurrido el uno de mayo de dos mil diecinueve, cuando las partes ahora en conflicto acuden con su menor hija a una fiesta, en la cual Rodolfo estuvo ingiriendo alcohol, que esto lo torna aún más violento, que al punto de las once horas de la noche se retiran y se dirigen a su domicilio, la señora se dedica a hacer la cena y nota molesto a Rodolfo, ella recibe un mensaje en su teléfono de una amiga; él se molesta por esto, la jala, la ingresa a uno de los cuartos la golpea con su mano, la tira al suelo donde es pateada, le lesiona el brazo derecho, este evento es presenciado por la niña, tan es así que le decía "no papito no le pegues"; Rodolfo acude al área de la cocina donde toma un cuchillo de aproximadamente de quince centímetros de longitud con mango de madera y le dice a la mujer que él no va a ir a la cárcel, se lo acerca a la cabeza, a su cara, incluso le hace un corte y ella sangra, le dice que mejor la va a matar a ella, a la niña y que de igual manera él se va a quitar la vida, ella logra quitarle el cuchillo, solicita ayuda y es así como recibe atención médica. En ese sentido la juez de la causa, correctamente afirmó que derivado de la exposición de la fiscal, se advierte que entre Claudia Mónica y Rodolfo se estableció la institución. 21 del concubinato en sus dos supuestos, acerca de la temporalidad, ya que han vivido en una relación libre por mas de once años y además tuvieron descendencia, esas circunstancias que se contienen en el artículo 2873 de la codificación civil vigente en el estado, por lo que se acredita que son concubinos, exigencia de uno de los requisitos de este delito. Que la calidad de sujeto activo yace precisamente en Rodolfo Razo García, ante el señalamiento claro, contundente y directo que le dirige precisamente su pareja sentimental Claudia Mónica Villanueva Cerritos, quien acude ante el Ministerio Público a rendir su querella, en la que expone lo que ha venido sufriendo por parte de su pareja y hace énfasis a ese evento acontecido el uno de mayo de dos mil diecinueve, en los mismos términos del cuadro fáctico ya señalado. Apreciación que este juzgador estima adecuada, toda vez que, como lo sostuvo la a quo, la conducta desplegada por el sujeto activo que recae en xxxxxx, de quien se acreditó es concubino de la ofendida, fue quien ejerció violencia tanto física como moral en contra de su concubina. Lo que tiene sustento en un testigo circunstancial hermano de la ofendida, José Francisco Villanueva Cerritos, quien da cuenta de esa relación sentimental de Rodolfo con su hermana, de que tienen una niña, de lo violento que él se torna, y hace énfasis a ese evento acontecido el uno de mayo de dos mil diecinueve, ya que acuden a una fiesta, donde también estuvieron su hermana y Rodolfo, junto con su hija; que Rodolfo estuvo tomando, que lo notó alterado, que al punto de las once de la noche se retiran en un taxi; que al día siguiente, dos de mayo del citado año, recibe una llamada de su hermana donde le dice que esta en el hospital porque Rodolfo la había golpeado, que él acude a ese lugar, y efectivamente la ve lesionada, le cuenta que xxxodolfo sacó un cuchillo, que se lo dirigía a su cara a su cabeza y que le produjo un corte en la cabeza, y le dice al ministerio público que siente temor por lo que Rodolfo le pueda hacer a su hermana. Que también se tiene la noticia que da, la hija de las partes en conflicto, una menor de edad, quien se traduce en presencial de ese evento, acontecido el uno de mayo de dos mil diecinueve, ya que de lo que el Ministerio Público logra obtener de la niña, es que ella da cuenta de que antes vivía con sus padres pero que su papá es muy malo porque le pegó a su mamá, que ella vio, como tenía un cuchillo, con el cual ocasionó que su mamá sangrara de la cabeza, que incluso ella le dijo a su papá que no le hiciera nada a su mamá. De igual forma, la responsable establece que la calidad de sujeto pasivo, yace en la persona de Claudia Mónica Villanueva Cerritos, ya que ha sido la persona que ha sido violentada de manera continua por parte de su pareja sentimental Rodolfo Razo García, y para ello se tiene su propia declaración, el dicho de un testigo circunstancial que resulta ser su hermano José Francisco y de su menor hija en los términos ya referidos. Señala que la realización de una conducta, que de una manera reiterada Rodolfo Razo García ha hecho víctima a su pareja sentimental Claudia Mónica Villanueva Cerritos, de violencia tanto física como moral, haciendo énfasis en ese evento acontecido por la noche del uno de mayo de dos mil diecinueve, en cuanto a que arremete en contra de ella de manera física y la lesiona. Que ese evento, trajo un resultado material, esto es, las lesiones que reportó en su cuerpo Claudia Mónica Villanueva Cerritos, y que se contienen en el oficio SPMCUM-636/2019, que emite la médico legista Martina Vázquez Sandoval, quien a la revisión que hace a la corporeidad de la ofendida establece que presenta lesiones en la región pariental derecha, en asigomática derecha, en el parpado inferior derecho, así como una fractura en el tercio distal del humero, que le dificulta su movilidad; lesiones que clasificó como aquellas que no ponen en peligro la vida, y tardan en sanar hasta quince días. Que también se ha producido un resultado, consistente en un daño en la psique de la ofendida, en su salud emocional, en su salud mental y de ello, se cuenta con el oficio número 8372/2019, que emite la licenciada en psicología Dulce María Gómez Paredes, quien derivado del estudio, utilizando todas aquellas circunstancias que su ciencia le exige, establece que la ofendida, sí presenta afectación emocional que coincide con el que reportan las víctimas de violencia familiar, entre otras, que la ofendida siente miedo, rechazo, enojo, debe de ser tratada a través de veinticuatro sesiones, para sanar ese daño que se ha producido en su salud emocional. Que esa conducta vulnera el bien jurídico tutelado, el orden familiar, el cual se ve vulnerado ante la agresión que hacen los miembros de una familia, que rompe esa armonía que debe de existir, y también se vulnera la salud tanto física como emocional de la ofendida. Que también obran como datos de prueba, las actas de nacimiento 5002, a nombre del inculpado, en la que tiene como fecha de nacimiento de ocho de julio de mil novecientos ochenta y cinco; así como la 1001, que acredita el nacimiento de la ofendida en ocho de agosto de mil novecientos ochenta y nueve. Que asimismo, se tiene el oficio que emite un agente de investigación criminal acerca de la identificación del imputado, del que se obtiene que cuenta con treinta y cuatro años de edad, que su domicilio es Ma. Dolores Mercado Cuatro, de la colonia Insurgentes y agrega formato de descripción del sitio del evento materia de investigación, calle obrero Mundial número 304 de la colonia Insurgentes de esta ciudad. De lo hasta aquí expuesto se advierte que fue correcto el proceder de la juez responsable, en determinar que con los datos de pruebas existentes, el supuesto del hecho que la ley señala como delito violencia familiar se encuentra debidamente acreditado. Por cuanto hace a que existan datos que hagan probable que los inculpados cometieron el hecho o participaron en su comisión, tal y como lo refirió la responsable, de los mismos datos de prueba recabados por la fiscalía se pone de manifiesto la conducta desplegada por Rodolfo Razo García, ha violentado la armonía familiar y a la salud física y psicológica de la ofendida, ya que ha ejercido en forma reiterada actos de violencia física y moral en su contra - sujeto pasivo- con quien tiene una relación de concubinato, destacando un evento acontecido por la noche del uno de mayo de dos mil diecinueve, donde el sujeto activo arremete en contra de la pasivo de manera física y la lesiona en varias partes de su cuerpo, entre ellas, la de su brazo derecho. De igual manera, en términos del artículo 13 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, se demostró que la conducta fue dolosa. Asimismo, la juez responsable válidamente, también estimó actualizada la hipótesis del artículo 20, párrafo primero, primer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato autor material directo; dado que el activo al ser mayor de edad sabía y conocía que la conducta que realizó es antijurídica, pues no obstante que tenía conocimiento de ello, decidió llevarla a cabo. De igual forma, la juez responsable señala que no se escuchó por parte del Ministerio Público que obrara en favor del inculpado alguna causa extintiva de la acción penal o alguna excluyente del delito a las que hacen referencia los artículos 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 33 del Código Penal vigente en el Estado de Guanajuato. Por lo que en tales condiciones, merced a los datos de prueba que fueron puestos a consideración de la juez responsable, ésta acertadamente, concluyó que era de librarse la orden de aprehensión solicitada contra Rodolfo Razo García, por el delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 221, en relación con los diversos 9, 13 y 20, párrafo primero, primer supuesto, todos del Código Penal en el Estado de Guanajuato, vigente al momento del hecho, en agravio de Claudia Mónica Villanueva Cerritos. En ese sentido, con los datos de prueba que la autoridad responsable ponderó al momento de decretar la orden de aprehensión, se apoyó en una sana crítica y en los principios de la lógica y las máximas de la experiencia, pues se advierte que una vez que escuchó a la agente del Ministerio Público en la audiencia de solicitud de orden de aprehensión procedió a emitir su determinación, precisando con puntualidad los datos de prueba que le fueron útiles para tener por demostrado el hecho que la ley señala como delito, precisando las cuestiones que acreditaban los datos de prueba que citó en relación con tal antijurídico, tal como quedó precisado en los párrafos que anteceden. De ahí que, como se adelantó, los conceptos de violación que expuso el quejoso son infundados, dado que solo se concreta a señalar que se vulneró el artículo 14 constitucional, pues se le pretende privar de su libertad sin que se respete su derecho de audiencia previa, es decir, la impetrante refiere que se pretende ejecutar una orden de aprehensión sin respetar la garantía de audiencia previa. El planteamiento en análisis es infundado, pues contrario a lo que aduce el peticionario de la tutela federal, la orden de aprehensión no se rige por la garantía de audiencia previa que prevé el artículo 14 constitucional. Ello es así, pues el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que las solicitudes, entre otras, de órdenes de aprehensión, se dictarán cuando existe necesidad justificada de cautela por haber evidencia de la posibilidad de que se evada a la acción de la justicia, por tanto, no transgrede el principio citado, pues acorde con el marco legal aludido, es innecesario, que en esos casos, exista audiencia previa. Máxime, que la orden de aprehensión se rige por el artículo 16 Constitucional, y no por el diverso 14 de la Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.6o.P.86 P (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia7 ". Por otra parte, la quejosa aduce también que la orden de aprehensión infringe el artículo 16 constitucional, ya que carece de fundamentación y motivación. Los planteamientos son infundados. En efecto, pues contrario a la aducido por la parte quejosa la orden de aprehensión reclamada, cumplió con el requisito de legalidad, pues fue debidamente fundada y motivada, ya que se expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso y también se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para su emisión; existiendo además, adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso se configuró la hipótesis normativa. De esta manera, se insiste, es correcta la emisión de la orden de aprehensión que por esta vía se combate, pues se advierten los fundamentos legales aplicables y las razones particulares por las que se estimó que existía adecuación entre los hechos y las normas aplicables, en lo relativo a la comprobación del hecho considerado como 7 Época: Décima Época; Registro: 2015204; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III Materia(s): Penal; Tesis: I.6o.P.86 P (10a.); Página: 1943delito, y en lo referente a la probable participación de la hoy quejosa; pues como ha quedado evidenciado, para arribar a esa conclusión, se citaron los dispositivos legales de carácter adjetivo y sustantivo en los que fundamentó el análisis de los datos de prueba, para posteriormente emitir los juicios valorativos correspondientes, cuyo apego a la legalidad ha quedado verificado en este juicio de amparo, con lo que satisfizo las exigencias del artículo 16 constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1/J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de los siguientes términos: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Por último, este juzgado advierte que no se plantearon conceptos de violación contra las consideraciones atinentes a la probable participación del aquí quejoso en el hecho que la ley señala como delito que se le imputa, por lo que resulta innecesario hacer pronunciamiento, además de que este órgano jurisdiccional considera que los argumentos expuestos por el juez responsable en la resolución reclamada no vulneran los derechos fundamentales de la solicitante del amparo. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita, en contra de la resolución reclamada. Negativa que se hace extensiva al jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones adscrito a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, con sede en esta ciudad, al no impugnarse por vicios propios, de acuerdo con la jurisprudencia 91, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es como sigue: 8 Quinta Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, página 68 "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a xxxxxxxxx, en contra del acto reclamado a la jueza de control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato y al jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones adscrito a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, ambos con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo; por las razones que se explican en el último considerando de este fallo

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