Rodrigo Chico Mendoza
Expediente 1023/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1023/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rodrigo Chico Mendoza
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja, contra el auto dictado el treinta de octubre de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por la quejosa *************, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a devolver documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por **********, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 1023/2017. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 107, fracción IV de la Ley de amparo. En efecto, la omisión que reclama, no encuadra en ninguno de los supuestos que establece el artículo 107, de la Ley de Amparo, al no ser un acto de imposible reparación que haga procedente la tramitación del juicio de amparo indirecto. De los antecedentes narrados en el escrito inicial, se desprende que: El quejoso es actor en el juicio laboral ***** radicado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Celaya, Guanajuato. En el período de ejecución, el promovente, mediante escrito de catorce de septiembre pasado, solicitó a la autoridad responsable, requiriera a la parte demandada, para que entregara el bien embargado que posee en calidad de depositario, con motivo del cambio acordado en autos y en caso de no cumplir, lo apercibiera con una medida de apremio, que establece el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo. Por auto de veintiséis de septiembre pasado, la autoridad responsable requirió nuevamente al demandado la entrega del mueble, embargado, sin que se haya pronunciado con relación a la medida de apremio que solicitó se le aplicara. Contra dicha determinación, interpuso recurso de revisión, el que por auto de seis de octubre del año en curso, se desechó, bajo el argumento de que las medidas de apremio que solicita, no son aplicables, en tanto que eventualmente podría estarse frente al ilícito de depositaria infiel y se dejaron a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía correspondiente. Éste es el acto reclamado. Ahora bien, tratándose de actos de ejecución de sentencia de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo bi-instancial, sólo puede promoverse en contra de la última resolución que se dicte en esa etapa, lo que implica que no debe entorpecerse la ejecución de una sentencia; en el entendido de que en esta etapa del procedimiento no existen actos cuya ejecución sea de imposible reparación. Se debe entender por "última resolución" que se dicta en un procedimiento de ejecución de sentencia, aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, es decir, es aquélla resolución culminatoria del período de ejecución. Es de apoyo a lo anterior, el criterio establecido en la tesis P/J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, del Tomo XIII. Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Lo que precede, pone de manifiesto que la resolución dictada el seis de octubre pasado, por el que desechó el recurso de revisión interpuesto, contra el auto de veintinueve de septiembre, fue emitido después de concluido el juicio, específicamente en la etapa de ejecución de sentencia, y éste no constituye la última resolución dictada en la fase de ejecución, lo que puede ser analizado en el amparo que se interponga en contra de la última resolución. De modo que se trata de una resolución intermedia dictada en la fase de ejecución de sentencia, respecto la cual se torna improcedente el juicio constitucional intentado. Ahora bien, la excepción a la regla dentro del procedimiento de ejecución de sentencia para la procedencia del amparo bi-instancial, se refiere únicamente a los actos dentro de ese procedimiento que no tienen que ver con la ejecución directa de la sentencia, es decir, que son ajenos a la cosa juzgada y no pretenden impedir su cumplimiento. De ahí, que si el acto que en esta instancia se reclama es directamente vinculado con la ejecución del lauto emitido, no es dable aplicar dicha regla de excepción que define la procedencia de la acción constitucional intentada, pues como se dijo, no se está en presencia de un acto que goza de autonomía propia, pues se encuentra vinculado de forma directa e inmediata con la ejecución del laudo. Sirve como criterio orientador, la tesis P./J. 108/2010, emitida por el Pleno del Alto Tribunal, visible en la página 6, tomo XXXIII, enero de dos mil once, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En esa medida, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, del artículo 107, de dicho Ordenamiento Legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA que dio origen a este juicio, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, presentada por *********. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle *****esta ciudad; asimismo, se le tiene autorizando en los términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a ************, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que le autorizado cuente con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral.
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