Rodolfo Muñoz Ortirz
Expediente 229/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 13/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rodolfo Muñoz Ortirz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurara el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de veintidós de octubre del año en curso, en relación a los oficios remitidos por el licenciado Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de delegado de las autoridades responsables y por la licenciada Angelina Valenzuela Benítes, Síndica Procuradora del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, ambos con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, así como por la documentales exhibidas por la autoridad mencionada en primer término, no obstante que tal determinación se le notificó al quejoso mediante vía electrónica el veintiocho de octubre del año en curso; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que en el presente juicio de amparo por sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se concedió al quejoso Rodolfo Muñoz Ortiz, el amparo y protección de la Justicia Federal para efecto de que: "Las autoridades responsables Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, además del Presidente, Síndico Procurador, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del referido Ayuntamiento, con domicilio en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, una vez que se les notifique la ejecutoria que se dicte en este asunto, dentro del término legal de cinco días, provean lo conducente a fin de que la autoridad que corresponda acuerde de manera inmediata lo conducente respecto a la solicitud planteada por el ahora quejoso y que se relaciona con este juicio de amparo; asimismo, se le notifique en los términos de la ley que regula el acto reclamado, el acuerdo que se dicte al respecto. Ahora bien, las autoridades responsables por conducto de su delegado, el veintitrés de febrero de dos mil veintiunos, remitieron copia certificada del oficio número 638/11/2020, de veinte de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual el Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Ahome, Sinaloa, dio respuesta a la solicitud hecha por el aquí quejoso, quien quedó notificado del mismo. Razón por la cual, en auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista con las documentales antes descritas remitidas por el delegado de las autoridades responsables Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, además del Presidente, Síndico Procurador, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del referido Ayuntamiento, con domicilio en esta ciudad, al autorizado legal del quejoso, quien quedó notificado el día cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Ahora, tomando en cuenta que se concedió al quejoso Rodolfo Muñoz Ortiz, el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos de que una vez que causare ejecutoria la resolución emitida, las autoridades responsables Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, además del Presidente, Síndico Procurador, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del referido Ayuntamiento, con domicilio en esta ciudad, dentro del término legal de cinco días, proveyeran lo conducente a fin de que la autoridad que correspondiera acordare de manera inmediata lo conducente respecto a la solicitud planteada por el quejoso y que se relaciona con este juicio de amparo; asimismo, se le notificara en los términos de la ley que regula el acto reclamado, el acuerdo que se dictara al respecto; por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, esta juzgado por auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, concluyó que, se había restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, toda vez que la autoridad responsable emitió respuesta a la petición reclamada del quejoso en escrito de veinte de noviembre de dos mil veinte, por lo que se declaró que el fallo protector había quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido las autoridades responsables en exceso o defecto. Empero, en contra de la anterior determinación de doce de marzo del año en curso, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad; por tanto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, en resolución de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, al resolver la inconformidad número 8/2021, declaró fundado el recurso, ya que se encontraba parcialmente cumplido el fallo protector, y ordenó a este juzgado que a su vez requiriera a la autoridad responsable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa o aquél que resultara competente, para que diera respuesta al quejoso sobre si procede o no el otorgamiento de la jubilación en el grado inmediato superior, al que desempeñaba al momento de la solicitud de jubilación. En consecuencia, en auto de trece de octubre se dio cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, y al efecto, se requirió a las responsables por el cumplimento total a la ejecutoria de amparo. Atento lo anterior, por oficios sin número recibidos en este Juzgado de Distrito el diecinueve y veintiuno, ambos del mes de octubre del año en curso, remitidos por el licenciado Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de delegado de las autoridades responsables y por la licenciada Angelina Valenzuela Benítes, Síndica Procuradora del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, ambos con sede en esta ciudad, mediante los cuales informaros que a través del oficio número 88/2021, de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, el Secretario del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, le informa al Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Ahorne, Sinaloa, que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con esa misma fecha-veintisiete de abril del año en curso-, misma que quedó asentada en el acta número 92, derivado del Segundo Punto del Orden del Día, el H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, actuando en pleno aprobó por unanimidad de votos (nueve votos a favor), el Dictamen emitido por la H. Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, mediante el cual se determinó que era procedente la otorgación del grado inmediato superior al quejoso, y se resolvió como procedente otorgar el beneficio de Pensión Por Retiro y/o Jubilación Por Años de Servicios, mismo documento que le fue notificado al quejoso por conducto de su autorizado legal, asimismo la autoridad mencionada en primer término exhibió la documental con la que acreditó su cumplimiento. Por tanto, mediante auto de veintidós de octubre del año en curso, se dio vista al quejoso con los oficios y documentales allegadas por las responsables para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, el amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo se hizo para el efecto de que las autoridades responsables, le dieran respuesta fundada, motivada y completa al quejoso, sobre la petición que presentó por escrito el tres de abril de dos mil veinte, así como para que se diera respuesta al quejoso sobre si procede o no el otorgamiento de la jubilación en el grado inmediato superior, al que desempeñaba al momento de la solicitud de jubilación; lo cual ya aconteció; por ende, es claro que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido las autoridades responsables en exceso o defectos.
- Principal
Vistos los oficios de cuenta, signados por el Licenciado Víctor Inés Báez Gill, en su carácter de delegado de las autoridades responsables y la Licenciada Angelina Valenzuela Benites, Sindica Procuradora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, mediante los cuales informan el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo y anexan las constancias respectivas; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso con los oficios de cuenta para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 229/2020-4B, y remite copia certificada de la resolución emitida en la inconformidad 8/2021, en la cual se resuelve: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de inconformidad interpuesto por el licenciado Jesús Eliud Moreno Valenzuela, en su carácter de autorizado legal del quejoso Rodolfo Muñoz Ortiz, contra el auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, dictado por el juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, en los autos del juicio de amparo indirecto número 229/2020. ..."; intégrese el cuaderno de antecedentes relativo, previo desglose de las copias fotostáticas para evitar duplicidad de constancias, y agréguese el oficio con anexos de cuenta para que surta sus efectos legales conducentes y para conocimiento de las partes. Como lo solicita el Tribunal de Alzada, con transcripción de este proveído, acúsese recibo mediante oficio vía interconexión IOJ del SISE. En acatamiento a la resolución emitida por el tribunal de alzada, con apoyo en el artículo 192 de la Ley, se requiere a las autoridades responsables Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, además del Presidente, Síndico Procurador, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del referido Ayuntamiento, con domicilio en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les comunique el presente acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo, en los términos de la resolución de alzada es decir para que a la brevedad posible acrediten con las constancias certificadas respectivas que se otorgó respuesta por escrito fundado y motivado su proceder con relación a que el Ayuntamiento de Ahome o aquél órgano que resulte competente, dé respuesta sobre si procede o no el otorgamiento de la jubilación del quejoso en el grado inmediato superior, al que desempeñaba al momento de la solicitud de jubilación. Para lo cual se le apercibe que, en caso de omitir dar cumplimiento, realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, se harán acreedores a una multa a cada uno por CIEN VALORES diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, que se les impondrá en esa medida, tomando en consideración que han sido contumaces en dar cumplimiento a la sentencia de amparo, lo cual genera retraso en la restitución de los derechos sustanciales del quejoso y los perjuicios que ello conlleva, de ahí que se justifique fijar el monto ligeramente arriba de la mínima; igualmente, en su oportunidad se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, el cual podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, se invoca al respecto la Jurisprudencia 54/2014, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Ahora bien, es importante destacar, que en el caso se trata de ejecutar una sentencia de amparo dictada por un órgano de control constitucional, la que indudablemente debe cumplirse. En razón de lo anterior, se le informa a las autoridades responsables, que el artículo 192, de la Ley de Amparo, que se refiere a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías no prevén ninguna excepción; por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables y aún las no señaladas como autoridades responsables, pero que están vinculadas con su cumplimiento, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios o situaciones diversas; que estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas. En otras palabras, la verdad legal establecida en los fallos de amparo, ineludiblemente impone que no puede alterarse en forma alguna porque tiene el carácter de incontrovertible, ni limitarse en sus efectos por otras cuestiones ajenas; por tanto, su cumplimiento debe ser acatado sin excusa alguna; es decir, la ejecución de una sentencia de amparo no puede retardarse, entorpecerse, aplazarse o suspenderse, bajo ningún concepto, y por ello, no sólo las autoridades que aparecen como responsables en los juicios de garantías están obligadas a cumplir con lo resuelto en el amparo. Es indudable que el proceder de las citadas autoridades responsables, va en contra de lo ordenado por el artículo 17 Constitucional, que establece que la justicia debe ser pronta, completa e imparcial; además, la sentencia ejecutoria de amparo, fue dictada por una autoridad facultada constitucionalmente para ello, y como consecuencia, su acatamiento debe ser obligatorio e inmediato, en la especie, lo más grave y que denota un claro desacato a la sentencia ejecutoria dictada en este juicio.
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