Rodolfo Mendoza Gasca
Expediente 699/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Agente del Ministerio PùBlico de la FederaciòN de la AdscripciòN
- Rodolfo Mendoza Gasca
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio que suscribe la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la resolución pronunciada en el Conflicto Competencial 1/2021, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Es legalmente competente el Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad Capital, para conocer y resolver de la demanda de amparo promovida por *****, contra de los actos que reclama de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado". Sin que sea necesario ordenar el acuse de recibo correspondiente, pues la superioridad indica que no es necesario. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Valoración de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso j) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo en el que se estimó que este tribunal carece de competencia legal para conocer el asunto.
- Principal
Agréguese el oficio que suscribe la actuaria del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, por el cual informa que insiste en declinar competencia a este juzgado, del juicio de amparo 731/2020 de su índice, y remitió dichos autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, para la substanciación del conflicto de competencia planteado; de lo anterior, el suscrito queda enterado de su contenido para los efectos legales conducentes.
- Principal
Agréguese el oficio que firma electrónicamente el actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por el cual informa que se admitió a trámite el conflicto de competencia planteado por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, derivado del presente juicio de amparo, el cual se registró con el número 1/2021; de lo anterior, el suscrito queda enterado para los efectos legales conducentes.
- Principal
Visto el oficio y anexos del juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual declina la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por xxxxxxx, en contra de actos del magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por considerar que este juzgado es el idóneo para conocer y resolver al respecto, y, al efecto remite expediente de amparo 731/2020 que contiene la demanda original formulada por el citado quejoso, así como nueve copias de la demanda y dos anexos. Fórmese el cuaderno de amparo e intégrese el expediente electrónico con el registro número 699/2020-VI. Análisis y determinación de la competencia planteada. Ahora, del análisis integral de la demanda se advierte que el juzgado oficiante remitió el ocurso de amparo en estudio al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, y que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, al estimar que carece de competencia legal para conocer del mismo. Ello, pues aduce que la resolución reclamada de veinte de octubre de dos mil veinte, emitida dentro del toca civil 366/2020 del índice de la Segunda Sala Civil Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, no constituye un acto meramente declarativo, pues el sentido de la resolución que se combate, implica que el juicio sucesorio intestamentario C-143/2017, continúe ante el juez primigenio y que se haga efectiva la condena al pago de costas decretada contra la parte quejosa, por lo que el acto reclamado tiene o tendrá ejecución en Santa Cruz de Juventino Rosas, que corresponde a esta jurisdicción federal. A efecto de verificar si la competencia del asunto se surte para este juzgado, primeramente, se hace necesario establecer los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. En los autos del juicio ordinario civil C-143/2017 del índice del juzgado de partido de ramo de lo civil de la ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas, en resolución de doce de julio de dos mil diecisiete, se declararon como únicos herederos del de cujus a xxxxxxx. 2. El diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, se declaró como albacea a Noemí Mendoza Gasca. 3. Por acuerdo de trece de junio de dos mil diecinueve, se declaró la apertura de la segunda sección, llamada de inventario y avalúo. 4. En fecha dieciséis de junio de dos mil veinte la parte quejosa presentó un incidente de nulidad de actuaciones, aduciendo que no había sido llamado en su calidad de coheredero, para hacer valer sus derechos hereditarios. 5. En fecha veintidós de junio del año dos mil veinte, se admitió la incidencia planteada, y por resolución de catorce de julio del año en curso, se declaró improcedente la misma, al estimar que la parte quejosa no había acreditado los extremos de sus pretensiones incidentales. 6. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa (parte actora en el juicio de origen), interpuso recurso de apelación, del cual conoció el magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato, que en lo radicó con el número de toca civil C-366/2020. 7. El veinte de octubre de dos mil veinte, el magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato, emitió sentencia, en el sentido de confirmar el fallo apelado. Lo que para el juez declinante es suficiente para considerar que es en esta jurisdicción, donde se habrá de ejecutar el acto reclamado; por tanto, que se surte la competencia en favor de este órgano de control constitucional. Sin embargo, respetuosamente, se disiente del criterio asumido por el órgano jurisdiccional declinante por lo siguiente: Del análisis integral del expediente 731/2020, remitido por la declinante, se estima que este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, carece de competencia legal para conocer y resolver el asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, esto tomando en consideración que la resolución reclamada de veinte de octubre de dos mil veinte, emitida en el toca civil C-366/2020 del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, por la que se confirmó la diversa de catorce de julio de dos mil veinte, en la cual se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, interpuesto por el quejoso, por sí sola no tiene principio de ejecución, pues la autoridad ya no tendrá que realizar acto alguno a fin que de que se cumpla con esa imposición. Y en esa medida no es aplicable la regla de competencia aducida por el juez declinante sino la prevista en la última parte del numeral 37 de la Ley de Amparo, esto es, que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Al efecto, resulta pertinente mencionar que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, y se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, establece que en el caso de que el acto reclamado tenga ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) En el último párrafo del precepto en comento se establece la tercera regla, consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se considera que la resolución reclamada de veinte de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca civil C-366/2020, no cuenta con principio de ejecución, porque es evidente que, en sí mismo considerado, el acto reclamado "sentencia de segundo grado que confirma la interlocutoria que declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones" no trasciende a la esfera material, al mundo fáctico; su impacto es meramente declarativo, pues tiende únicamente a determinar que fue correcta la determinación del inferior de que es improcedente la pretensión de la parte quejosa propuesta en la vía incidental. En efecto, la desestimación de los agravios expuestos en el recurso de apelación, para confirmar la resolución recurrida, se estima, no puede reputarse como un acto de ejecución material, pues sus efectos no modifican estados de cosas en el mundo físico, sino solo en el ámbito de lo formal, pues simplemente declara que no son suficientes los agravios formulados para revocar o modificar la resolución de primer grado. Por lo mismo, la resolución reclamada que confirmó la resolución incidental que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones tampoco se ejecuta ni requiere de ejecución; sus efectos son estrictamente formales, pues se limitan a dar por buena la determinación del inferior, sin que se traduzca en un mandato para este en el sentido de realizar una conducta determinada. No pasa inadvertido para el suscrito, la consideración del juez declinante en el sentido de que la resolución reclamada implica que el procedimiento natural continuará por sus etapas, así como que se haga efectiva la condena al pago de costas decretada contra la parte quejosa. Sin embargo, de considerar que es un acto de ejecución material la obligación del juez de continuar con el juicio en la fase en que se encuentra una vez conocida la resolución del tribunal de alzada, significaría que necesariamente cualquier acto judicial con efectos meramente formales fuera tenido como de ejecución material por el solo hecho de haber sido emitido por un tribunal superior al confirmar la determinación del inferior. Esta forma de entender las cosas implicaría que la regla contenida en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, derivado de resoluciones de segunda instancia, nunca pudiera actualizarse. Máxime que no se está frente a un mandato concreto del tribunal de alzada hacia el juez de primera instancia, esto es, que le ordene la realización de conductas específicamente señaladas; en cambio, en el caso a examen el acto reclamado se trata de una resolución de alzada que no ordena la realización de conductas, que no revoca la del inferior, y que se limita a confirmar el sentido de la interlocutoria recurrida. Dadas estas premisas, al no tener ejecución material la resolución reclamada, resulta inconcuso que la competencia por cuestión de territorio se actualiza en favor del Juzgado de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, esto es, en favor del Juzgado declinante, atentos a lo dispuesto por la parte final del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo". Así como, por la razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 119/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 50, tomo XXIX, febrero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA QUE DESECHA UNA EXCEPCIÓN PROCESAL DILATORIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO. Las excepciones procesales dilatorias tienen como finalidad excluir relativa o provisionalmente la acción del demandante, pues a través de ellas se denuncia el incumplimiento o la falta de presupuestos procesales (como la competencia del juzgador, la vía seguida para tramitar la demanda o la personería de los litigantes). Así, la desestimación de una excepción de ese talante, por considerarla improcedente, no puede reputarse como un acto de ejecución material sino como uno meramente declarativo, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al limitarse a confirmar la determinación del inferior, en el sentido de que no hay obstáculo que impida la prosecución natural del proceso judicial. En ese sentido y atento al artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material, se concluye que la competencia para conocer del amparo promovido contra la resolución de segundo grado que confirma la interlocutoria que desecha una excepción procesal dilatoria, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad emisora del acto reclamado, pues al no ordenar la realización de alguna conducta, no se ejecuta ni requiere de ejecución material." Y, la jurisprudencia VII.2o.T. J/63 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: Federación; Tomo: Libro 6, Mayo de 2014 Tomo I; Tesis: 1a./J. 17/2014 (10a.); Página: 500. "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda o que desechen el incidente de nulidad de actuaciones o las pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente (como la omisión de llevar a cabo notificaciones y emplazamientos o la resolución desestimatoria recaída al recurso de revisión), por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda". Además, atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado una demanda de garantías ante la autoridad de amparo con competencia en determinada jurisdicción, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal resulta ser el de más fácil acceso material para ese justiciable, respecto de cualquier otro juzgador de amparo, dado que el promovente optó por acudir ante un tribunal constitucional de esa localidad y no a uno distinto. Finalmente, cabe señalar que no pasa inadvertido que el juez declinante citó como apoyo a su determinación, la jurisprudencia 2a./J. 37/2005 de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO 2 Registro digital: 2021783; Aislada; Materias(s): Común; Décima Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Tomo: Libro 76, Marzo de 2020 Tomo II; Tesis: VII.2o.T. J/63 K (10a.); Página: 700. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL". Sin embargo, el suscrito respetuosamente considera que la misma no es aplicable al caso en particular, pues en la resolución reclamada no se ordenó reponer el procedimiento del juicio natural, sino, confirmar la resolución incidental que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones. De ahí que, se reitera la resolución combatida en esta vía constitucional, carece de ejecución, dado que únicamente tiene efectos meramente declarativos. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se estima que el juez de Distrito declinante es el competente para conocer de la demanda de amparo promovida por xxxxxx; por lo que no se acepta la competencia declinada y, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena comunicar esta determinación al juez Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Mediante oficio remítanse los autos del expediente de amparo 731/2020, junto con las copias de la demanda y anexos que remitió, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, solicitando el acuse de recibo en el que se informe sobre la determinación tomada al respecto. Domicilio y autorizados. Asimismo, se tienen como autorizados únicamente en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, en razón de que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que tales autorizados cunte con facultad legal para ejercer la profesión de abogados, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Toda vez que la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, resultando innecesario requerir a la solicitante del amparo que proporcione un domicilio en esta localidad, atendiendo al sentido de la determinación asumida en este proveído. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Rodolfo Lara Vera368/2022
- Rodolfo Lara Vera821/2021
- Rodolfo Macías Muñoz1138/2019
- Rodolfo Macías Torres366/2018
- Rodolfo Martínez Gallardo654/2015
- Rodolfo Mendoza Gasca741/2021
- Rodolfo Nava Chávez541/2022
- Rodolfo Ortiz Arredondo877/2019
- Rodolfo Ortiz Arredondo192/2020
- Rodolfo Pérez Lara1037/2014
- Rodolfo Ramírez Martínez472/2023
- Rodolfo Ramiro Ruiz Arriaga228/2016