Rodolfo Macías Torres
Expediente 366/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rodolfo Macías Torres
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de siete de los actuales por el que se desechó la demanda promovida por *********, quien se ostenta autorizado en amplios términos de ***********, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
A) Recepción de demanda y desechamiento. Visto el escrito con firma electrónica del promovente *********, quien se ostenta autorizado en amplios términos de ***********, que envió a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, de conformidad con los artículos 107 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicio tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; a través del cual, interpone demanda de amparo contra actos del Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 17, 20, 21 y 73 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, bajo el registro número 366/2018-B. Debe de precisarse que, previamente a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El referido ordinal establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Luego, con lo expresado, cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia : DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes : DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Luego, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo del que se advierte que el promovente menciona como actos reclamados los siguientes: RECLAMO EN GENERAL DE TODAS LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: El que dentro de la carpeta de investigación, no me hayan nombrado asesor jurídico para que me asistiera y que hiciera valer mis derechos como víctima del delito, así mismo reclamo la NULA, actuación para ordenar, se me brindara una atención inmediata en materia de salud psicológica, asistencia social y la reparación integral, provisional y definitiva del delito del que es víctima el quejoso, de manera coordinada y/o independiente y/o autónoma toda vez que con ello me discriminan y me revictimizan. RECLAMO EN GENERAL DE TODAS LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: Que no me presten ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido, también reclamo, que NO TENGA ACCESO ÁGIL, EFICAZ Y TRANSPARENTE A LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL Y ESTATALES EN TÉRMINOS DE ESTA LEY, Y NO SE ME OTORGUE, LA AYUDA PROVISIONAL DE LOS RECURSOS DE AYUDA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA O DE LAS COMISIONES DE VÍCTIMAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS. RECLAMO DE LAS RESPONSABLES: EL QUE NO ME OTORGUEN Y QUE, POR ENDE, NO RECIBA UN TRATAMIENTO ESPECIALIZADO POR PARTE DE LAS RESPONSABLES, QUE ME PERMITA MI REHABILITACIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA CON LA FINALIDAD DE LOGRAR MI REINTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD; PRODUCTIVA EJERCIENDO UNA LABOR ACORDE A MIS CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS Y APTITUDES, RECLAMO DE LAS RESPONSABLES: El que NO me beneficien de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar mis derechos; el que NO realicen ningún acto tendiente a ayudar y apoyar al quejoso. RECLAMO DE LAS RESPONSABLES: EL QUE NO RECIBA por parte del estado, la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima; el que NO reciba información clara, oportuna, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley General de Víctimas. RECLAMO DE LAS RESPONSABLES: EL QUE NO ME ESTEN TRATANDO, CON HUMANIDAD Y RESPETO DE MI DIGNIDAD Y MIS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y, EN GENERAL, POR EL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas; el que NO este siendo reparado por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño y menoscabo que he sufrido en mis derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos, por los daños que esas violaciones me causaron, como se desprende de la averiguación previa radicada ante la responsable, tildada a supralíneas. RECLAMO DE LAS RESPONSABLES: El que, de manera conjunta, o separada y/o armónica, NO presten ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, TODA VEZ que esa falta de ayuda, asistencia y atención ESTA DANDO LUGAR a una nueva afectación Por lo anterior, debe resaltarse lo plasmado en el artículo 6º de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º, de la misma. La parte quejosa podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la Ley de Amparo lo permita. En ese sentido, debe indicarse que el promovente de amparo ********* carece de legitimación jurídica para promover el presente juicio constitucional, ya que en el caso, de conformidad con el artículo 6° de la ley de la materia, el juicio biinstancial únicamente puede promoverse por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y de lo narrado por el solicitante de amparo se advierte que el acto reclamado no tiene relación directa con aquella, ya que el mismo está dirigido a persona diversa, esto es, ********. Consecuentemente, si los actos reclamados antes referidos, afectan la esfera jurídica de *********, es evidente que en nada le causa agravio al promovente *************, aun y cuando refiera que acude en representación de aquel en términos del artículo 10 y 12 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior. Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior. Del contenido de los citados artículos, se desprende que la representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en la Ley de Amparo, esto es: - El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado; - Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor; o - Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre. Sin que en el caso concreto se desprenda que *********, acuda como apoderado o representante legal o defensor, máxime cuando el artículo 12 de la Ley de Amparo, en el que sustenta su personalidad el promovente, faculta al directo agraviado a designar personas autorizadas para la defensa de sus intereses, lo que entraña un mandato contenido en el propio libelo constitucional, empero dicha facultad es otorgada una vez que es promovido el mismo por quien reciente el agravio personal y directo, más no así, para que el autorizado en amplios términos del citado numeral, acuda a promover la instancia constitucional señalando ser autorizado de aquél, y sin que se encuentre plenamente acreditada dicha circunstancia. Eventualidad que no puede considerarse como una irregularidad de la demanda, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6 de la ley de la materia, como se dijo, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma del agraviado directo, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Por ende, la ausencia de expresar su voluntad para la promoción del juicio de amparo, por parte del quejoso directo, no obliga al órgano jurisdiccional a realizar acto procesal alguno tendente a darle curso legal, y sin que este juzgado, como lo solicita el promovente *************, se encuentre facultado para prevenir a la agraviado directo para que ratifique el escrito de demanda, ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, solo es dable para la satisfacción de los requisitos exigidos por el numeral 108 de la Ley de la materia, o falta de copias en términos del arábigo 110 del cuerpo de leyes invocado, no así por la ausencia de voluntad del directo quejoso en instar la vía de derechos fundamentales, que se evidenciaría a través de su reclamo personal y directo, mediante los signos de la voluntad pertinentes, al caso, su firme o ante la justificación de su imposibilidad para plasmarla, de quien, en términos de ley, firme a su ruego Por lo tanto, el afectado ************, es quién en su caso deberá hacer valer los medios de impugnación que estime convenientes; pues de la lectura integral de la demanda no se desprende que se encuentre imposibilitada para ello, o bien por conducto su representante legal, apoderado, su defensor, o su asesor jurídico, en el entendido de que si dicha persona que promueve el sumario constitucional no tiene el referido carácter de asesor jurídico plenamente acreditado ante la autoridad responsable, el órgano jurisdiccional de amparo le impondría una multa, como lo establece el artículo 14 de la Ley de Amparo. Luego, si bien ***********acude como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del directo ************, sin embargo aquél carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo, ya que en el caso, el acto reclamado, únicamente le ocasiona agravio directamente al justiciable de referencia, siendo que no se desprende de la demanda de amparo, que éste se encuentre imposibilitado para promover el mismo, y ***********, no aduce ser el asesor jurídico de aquél dentro de la carpeta de investigación de la cual hace derivar los actos reclamados, pues incluso señala como causa de su reclamo no se le haya nombrado asesor jurídico que lo asistiera e hiciera valer sus derechos como víctima del delito, ni acredita ser su apoderado o representante legal. Por tanto, debe ser **********quien promueva la instancia constitucional en contra de los acto que tilda de inconstitucionales; por lo que, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6° del mismo ordenamiento legal, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Ello se considera así, en atención a que el juicio constitucional se rige entre otros, por los principios de iniciativa o instancia de parte y agravio personal, en términos del citado ordinal 6° de la Ley de Amparo, siendo que el primero de los señalados, se refiere a que el juicio jamás pueda operar oficiosamente, esto es, para que nazca, el requisito indispensable es que lo promueva alguien; y en atención al segundo de los principios señaladas, ése alguien tiene que ser la persona a quien perjudique o le cause agravios, el acto o la ley que se reclama, entendiendo por agravio todo menoscabo, ofensa a la persona, física o moral, que puede ser o no patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente, en otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca la quejosa debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. De ahí la exigencia de que la particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no hacerlo, estampando su huella digital e incluso de ser necesario, por conducto de quien legalmente lo represente, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, lo que en el caso no acontece, ya que es una persona diversa, a la que promueve el juicio constitucional, sin que se encuentren en los casos de excepción que la misma ley reglamentaria establece en los artículos 14 y 15, que dicen: Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona De lo que se sigue que sólo en los siguientes casos de excepción, sí puede promoverse el juicio de amparo a nombre de la parte quejosa: a) Cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 10 del citado ordenamiento legal; b) Por los defensores cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, en términos del artículo 14 del citado ordenamiento legal; c) Por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de un procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo según el artículo 14 de la ley reglamentaria, en términos del artículo 15 del citado ordenamiento legal; y d) Por el legítimo representante cuando se trate de menores de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción, en términos del artículo 8 del citado ordenamiento legal. Luego, de la lectura integral de la demanda, se desprende que el promovente manifiesta hacerlo como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del directo quejoso ***********. De manera que si en el caso concreto el solicitante del amparo, reclama los señalados en párrafos precedentes; tal circunstancia, implica que no se le ocasiona un agravio personal y directo al ocursante, porque el acto de autoridad recae en la esfera jurídica de la directa quejosa. Máxime que en el caso que nos ocupa, no se está en presencia de un acto que implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, ni alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, por tanto, no se conculca en forma alguna, en perjuicio del amparista, el derecho contenida en el artículo 16 Constitucional. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6° de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto de los actos precisados en el presente acuerdo. B) Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio procesal para recibir notificaciones en la Dirección Electrónica dada de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el registrado bajo el número de usuario ***. C) Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Se faculta al actuario de la adscripción para que de ser necesario proceda a llevar las notificaciones del presente auto y de los subsecuentes en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la ley de la materia. D) Transparencia. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del citado Acuerdo General, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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