Rodolfo Mendoza Gasca
Expediente 741/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rodolfo Mendoza Gasca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda signada por ******************; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21 del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el numeral en cita, toda vez que obra un documento original que la parte quejosa allegó a su demanda de amparo, prevéngasele para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos; apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Lo anterior, en el entendido de que, para su devolución, deberá agendar una cita conforme al sistema informático QR, consultable en la página del Consejo de la Judicatura Federal, la cual deberá ser de lunes a viernes entre las 13:00 y 18:00 horas.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto del proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, que a la letra dice: Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda signada por ******************; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21 del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el numeral en cita, toda vez que obra un documento original que la parte quejosa allegó a su demanda de amparo, prevéngasele para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos; apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Lo anterior, en el entendido de que, para su devolución, deberá agendar una cita conforme al sistema informático QR, consultable en la página del Consejo de la Judicatura Federal, la cual deberá ser de lunes a viernes entre las 13:00 y 18:00 horas.
- Principal
Cumplimiento de prevención Por recibido el escrito signado por el quejoso ********************, por el cual cumple con la prevención formulada, lo que hace aclarando bajo protesta de decir verdad, diversas cuestiones relacionadas con los antecedentes del acto reclamado; de igual forma, allega copias suficientes del ocurso aclaratorio. Desechamiento. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia respecto de la negativa de la orden de traslado que solicitó. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En ese sentido, del análisis que se efectúa a la demanda y al escrito aclaratorio, es dable desechar de plano la demanda al actualizarse una causal de improcedencia. A fin de clarificar lo anterior, se enuncian los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad: El quejoso fue declarado coheredero en la sucesión intestamentaria a bienes de ********************, radicada bajo el número ******************** del índice del Juzgado de Partido Civil, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. El procedimiento se encuentra en su segunda sección (inventario y avalúo). El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se notificó al quejoso el auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, en el que se acordó la ampliación de inventario y avalúo que presentó la albacea, de nombre ********************. El quejoso interpuso incidente de oposición a dicho inventario, el cual fue admitido el doce de julio de dos mil veintiuno. El treinta de agosto del presente año se verificó la audiencia a que se refiere el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato. En ella, se admitieron sendas pruebas ofertadas por el aquí quejoso, a saber "testimonial en vía de informe a las personas morales no oficiales ********************y la institución de banca múltiple ********************". Ahí mismo, se hizo pronunciamiento sobre los puntos a desahogar. "Por error humano de puntos sobre los que efectivamente debían asentarse para cada informe solicitado" el quejoso solicitó al juzgador que se aclararan, además de "agregar los puntos o cuestionamientos sobre los que debe efectivamente versar cada una de las pruebas ofertadas y admitidas para cada una de las personas morales no oficiales." A dicha petición recayó el auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno en el que la autoridad responsable negó acordar de conformidad su petición. Inconforme con lo anterior, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación. A ello, recayó el auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno en el que la autoridad se negó a admitir dicho medio de impugnación. Éste es el acto reclamado. Ante el anterior contexto, se advierte que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con el artículo 107, pero en su fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu (no son actos de imposible reparación). En efecto, tanto de la demanda como del escrito aclaratorio se desprende que la resolución reclamada trae como consecuencia que se continúe con el trámite del incidente de objeción al inventario que promovió dentro del juicio natural, con el desahogo de las pruebas de informe en comento, en los términos primigeniamente precisados por el propio quejoso, esto es, sin la aclaración solicitada. En tal virtud, el acto reclamado no es uno cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos consagrados en la ley fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con ello únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales vinculados con la tramitación del incidente ordenado y que pueden restituirse si el peticionario del amparo obtiene una resolución favorable a sus intereses en ese procedimiento paraprocesal; lo cual implicaría que dicha violación no haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica; y, en caso contrario, podría hacerlo valer como una violación procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis 220175, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 216, tomo IX, marzo de 1992, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO ADMISORIO DE UN INCIDENTE, POR NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION." También orienta la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de dos mil uno Novena Época, materia civil, común, visible en la página mil seiscientos noventa y seis, que a la letra dice: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN EL INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. SON IMPUGNABLES, JUNTO CON LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, EN AMPARO INDIRECTO." Con lo anterior, se busca evitar la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios, de tal suerte que sólo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza, en espera de que esas presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente, en forma simultánea, contra la sentencia de fondo. Esta interpretación es acorde con el texto normativo vigente del citado artículo de la Ley de Amparo, pues, como se dijo, se pretende evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, lo cual no podría cumplimentarse si se estimara que el desechamiento de una probanza con consecuencias meramente adjetivas, pudiera ser combatida a través del juicio de amparo indirecto; por el contrario, la interposición de múltiples juicios de amparo contra actos intraprocesales, lejos de permitir salvaguardar ese derecho, podría traducirse también en una afrenta a la prontitud de la justicia, al retrasar el dictado del fallo definitivo en el juicio ordinario respectivo. Por tanto, en el particular al reclamarse un acto que no es de imposible reparación dentro del incidente tramitado en la segunda sección del sucesorio de origen, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Autorizados Por último, como lo solicita, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que de la certificación que antecede se advierte que cuenta con su cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En tanto que a ******************** se le tiene como autorizados en términos restringidos del citado numeral, toda vez que no se encuentra en dicho supuesto.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, que establece: "Cumplimiento de prevención Por recibido el escrito signado por el quejoso ********************, por el cual cumple con la prevención formulada, lo que hace aclarando bajo protesta de decir verdad, diversas cuestiones relacionadas con los antecedentes del acto reclamado; de igual forma, allega copias suficientes del ocurso aclaratorio. Desechamiento. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia respecto de la negativa de la orden de traslado que solicitó. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En ese sentido, del análisis que se efectúa a la demanda y al escrito aclaratorio, es dable desechar de plano la demanda al actualizarse una causal de improcedencia. A fin de clarificar lo anterior, se enuncian los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad: El quejoso fue declarado coheredero en la sucesión intestamentaria a bienes de ********************, radicada bajo el número ******************** del índice del Juzgado de Partido Civil, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. El procedimiento se encuentra en su segunda sección (inventario y avalúo). El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se notificó al quejoso el auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, en el que se acordó la ampliación de inventario y avalúo que presentó la albacea, de nombre ********************. El quejoso interpuso incidente de oposición a dicho inventario, el cual fue admitido el doce de julio de dos mil veintiuno. El treinta de agosto del presente año se verificó la audiencia a que se refiere el artículo 626 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato. En ella, se admitieron sendas pruebas ofertadas por el aquí quejoso, a saber "testimonial en vía de informe a las personas morales no oficiales ********************y la institución de banca múltiple ********************". Ahí mismo, se hizo pronunciamiento sobre los puntos a desahogar. "Por error humano de puntos sobre los que efectivamente debían asentarse para cada informe solicitado" el quejoso solicitó al juzgador que se aclararan, además de "agregar los puntos o cuestionamientos sobre los que debe efectivamente versar cada una de las pruebas ofertadas y admitidas para cada una de las personas morales no oficiales." A dicha petición recayó el auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno en el que la autoridad responsable negó acordar de conformidad su petición. Inconforme con lo anterior, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación. A ello, recayó el auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno en el que la autoridad se negó a admitir dicho medio de impugnación. Éste es el acto reclamado. Ante el anterior contexto, se advierte que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con el artículo 107, pero en su fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu (no son actos de imposible reparación). En efecto, tanto de la demanda como del escrito aclaratorio se desprende que la resolución reclamada trae como consecuencia que se continúe con el trámite del incidente de objeción al inventario que promovió dentro del juicio natural, con el desahogo de las pruebas de informe en comento, en los términos primigeniamente precisados por el propio quejoso, esto es, sin la aclaración solicitada. En tal virtud, el acto reclamado no es uno cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos consagrados en la ley fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con ello únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales vinculados con la tramitación del incidente ordenado y que pueden restituirse si el peticionario del amparo obtiene una resolución favorable a sus intereses en ese procedimiento paraprocesal; lo cual implicaría que dicha violación no haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica; y, en caso contrario, podría hacerlo valer como una violación procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis 220175, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 216, tomo IX, marzo de 1992, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO ADMISORIO DE UN INCIDENTE, POR NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION." También orienta la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de dos mil uno Novena Época, materia civil, común, visible en la página mil seiscientos noventa y seis, que a la letra dice: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN EL INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. SON IMPUGNABLES, JUNTO CON LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, EN AMPARO INDIRECTO." Con lo anterior, se busca evitar la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios, de tal suerte que sólo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza, en espera de que esas presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente, en forma simultánea, contra la sentencia de fondo. Esta interpretación es acorde con el texto normativo vigente del citado artículo de la Ley de Amparo, pues, como se dijo, se pretende evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, lo cual no podría cumplimentarse si se estimara que el desechamiento de una probanza con consecuencias meramente adjetivas, pudiera ser combatida a través del juicio de amparo indirecto; por el contrario, la interposición de múltiples juicios de amparo contra actos intraprocesales, lejos de permitir salvaguardar ese derecho, podría traducirse también en una afrenta a la prontitud de la justicia, al retrasar el dictado del fallo definitivo en el juicio ordinario respectivo. Por tanto, en el particular al reclamarse un acto que no es de imposible reparación dentro del incidente tramitado en la segunda sección del sucesorio de origen, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Autorizados Por último, como lo solicita, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que de la certificación que antecede se advierte que cuenta con su cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En tanto que a ******************** se le tiene como autorizados en términos restringidos del citado numeral, toda vez que no se encuentra en dicho supuesto."
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