Rodolfo Aram Hernández Álvarez
Expediente 62/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 3 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 62/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 03/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rodolfo Aram Hernández Álvarez
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de febrero de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo, que promueve Rodolfo Aram Hernández Álvarez, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en Veracruz, Veracruz, y otra autoridad; fórmese juicio de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 62/2021-II, que es el que le correspondió. DESECHAMIENTO Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa se duele de los siguientes actos reclamados: "(.) El incumplimiento por parte de la responsable ejecutora, tanto al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinte, por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mediante el cual se determina como medida preventiva "Evitar la asistencia a centros de trabajo a las personas que se encuentren dentro de un grupo vulnerable", como al acuerdo firmado por las máximas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Sindicato de dicha Institución, es decir, por el Director general del IMSS, Zoe Robledo, y el Secretario General del sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Aturo Olivares Cerda, estableciendo una serie de lineamientos como medidas preventivas y de responsabilidad, que comenzaron a operar a partir del 23 de marzo del 2020, con el fin de salvaguardar la salud y seguridad de sus trabajadores, al tiempo de dar continuidad a las actividades y mantener el funcionamiento del Seguro Social a consecuencia de la continencia por el COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud y la puesta en marcha de la Jornada Nacional de Sana Distancia por parte de la Secretaría de Salud, estableciendo que los trabajadores con mayor riesgo de complicaciones en caso de infección por COVID-19 podrán desempeñar sus funciones desde su domicilio, esto es personal de 65 años o más, mujeres embarazadas o en etapa de lactancia; aquellos con padecimientos crónico degenerativos; enfermedades cardiovasculares descompensadas, de tipo pulmonar, en riñón e hígado y diabetes mellitus descontrolada. Así como también los diversos acuerdos publicados en fecha 31 de marzo y 21 de abril del 2020 y subsecuentes publicados en el Diario Oficial de la Federación, mediante los cuales se amplía el periodo de contingencia, toda vez que la emergencia sanitaria continua. = No obstante lo anterior y que la emergencia sanitaria y el respectivo acuerdo tomados para mitigar los contagios en encuentra vigente, telefónicamente se me requería por instrucciones de Recursos Humanos del IMSS para que me presentara a laborar en mi centro de Trabajo, por lo que me vi obligado a acudir a solicitar, por conducto del delegado sindical una "LICENCIA SIN SUELDO POR UN PERIODO DE 37 DÍAS" (del 12 de Diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021), lo que implica un menoscabo a mis ingresos, toda vez que mi salario por tal motivo ha quedado suspendido durante ese periodo, sin que tuviera necesidad real de hacer uso de ese derecho, puesto que el sector vulnerable no puede ser obligado a retornar a áreas de trabajo mientras exista el riesgo de contraer enfermedad por COVID-19, pretender lo contrario sería atentar contra mi integridad, salud y vida, y el comunicado no se realizó por medios oficiales, pero sí mediante amenaza que me intimidó, solicitando el resarcimiento de mi derecho conforme a lo indicado en el recibo de nómina que me fue entregado el 25 de Enero de 2021, que anexo a la presente demanda adjunto. No omitiendo manifestar que posterior a ese periodo del referido permiso que me vi obligado a solicitar, con el consecuente menoscabo económico, ya que se me descontó el importe de Licencia por la cantidad de $19,593.22, iniciaron mis vacaciones programadas que concluyen el día 13 de febrero del 2021. = Siendo el caso que la responsable pretende desconocer tanto mi antigüedad real en el empleo como que el suscrito actualmente cuenta con 71 años de edad, por lo que por razón de mi edad pertenezco a la categoría de grupo vulnerable y que en mi calidad de adulto mayor requiero protección de mis derechos, así como la aplicación de las medidas de prevención derivadas de los acuerdos de veinticuatro de marzo de dos mil veinte y demás relacionados, a fin de proteger mi derecho de la salud y la vida. Aunado a que indebidamente IMSS ha omitido reconocer mi antigüedad como trabajador en el IMSS supera sobradamente los 41 años de servicio, causando con todo ello en mi perjuicio el consecuente daño patrimonial, privándome del pago del derecho reconocido y de los derechos derivados de ese reconocimiento conforme a la Ley Federal del Trabajo y a Contrato Colectivo de Trabajo aplicable, además de los perjuicios inminentes por la demora de integrar en la nómina de pago como es la debida antigüedad de empleo real del suscrito. Omisión que pone en riesgo mi salud y mi vida, con el consecuente perjuicio personal y directo (.)". En el caso sujeto a estudio, respecto de los actos reclamados, se estima la actualización de la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que señalan lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" De la interpretación de esas normas se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que realicen actos de autoridad en los términos previstos por el numeral citado y en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, entendido como en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en las leyes los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de ese tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, contempladas en las legislaciones respectivas, por lo que ambas están en el mismo nivel; así, existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución General de la República establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En atención a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la parte promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior, aun tratándose de un particular. Bajo ese marco referencial, es de concluirse que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad de la parte afectada. Lo anterior está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En la especie, se itera que los actos reclamados son: 1. La orden de reincorporarse a su centro de trabajo en su calidad de Médico Especialista denominado No Familiar (80), con carácter de Especialista en Nefrología, adscrito a la Unidad de Hemodiálisis del Centro Nacional Adolfo Ruiz Cortines del Instituto Mexicano del Seguro Social de Veracruz, Veracruz, a pesar de ser una persona vulnerable. De esa manera, para fijar con precisión si, en el caso, se está o no frente a la existencia de un acto de autoridad reclamable mediante el juicio de amparo, es indispensable analizar su naturaleza jurídica. Ahora, en la demanda de amparo, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que tiene el cargo de Médico Especialista denominado No Familiar (80), con carácter de Especialista en Nefrología adscrito al Centro Nacional Adolfo Ruiz Cortines del Instituto Mexicano del Seguro Social de Veracruz, Veracruz; que se encuentra considerado como vulnerable, y que las autoridades responsables pretenden que se reincorpore a trabajar. Para acreditar su relación laboral, la quejosa anexó a su demanda de amparo, la solicitud de licencia sin goce de sueldo expedida a su nombre por la delegación 2, Departamento Delegacional de personal y desarrollo del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual se le reconoce como Medico No Familiar adscrito al Hospital de Especialidades Número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Veracruz, Veracruz. De lo anterior, es preponderante señalar que el impetrante es trabajador del Hospital de Especialidades Número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Veracruz, Veracruz; de lo que se aprecia que la reincorporación a trabajar, lo hace depender de la relación trabajadora-patronal que guarda con el Hospital de Especialidades Número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Veracruz, Veracruz; y por tanto, no puede considerarse que se está frente a actos de autoridad, pues no se cumplen los requisitos que han sido delimitados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior se afirma así, toda vez que los actos atribuidos a las responsables, no se dieron en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación, en la medida en que el Hospital de Especialidades Número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Veracruz, Veracruz, se erige como patrón frente a su empleado -en este caso- Rodolfo Aram Hernández Álvarez, ello partiendo de lo manifestado bajo protesta de decir verdad, por el propio impetrante. De ahí que, a lo reclamado no le revista el carácter de actos de autoridad y, por ende, no sean susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, ya que éstos no derivan de una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, por lo que corresponde a los tribunales del trabajo competentes dirimir esas controversias. Sin que se soslaye que los lineamientos decretados por las autoridades competentes en materia de salud de nuestro país son de aplicación estricta; no obstante, no puede ignorarse que Rodolfo Aram Hernández Álvarez, pretende que le sean aplicadas dichas normas con motivo del vínculo laboral que guarda con el Hospital de Especialidades Número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Veracruz, Veracruz, y que a su vez, se rige por la normatividad laboral. Se sostiene lo anterior, porque, como se anotó, se considera como autoridad a las que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Hipótesis que no se actualiza en el caso, en razón que lo actuado por las autoridades responsables, frente a éste se ubican en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, en donde aquél actúa como particular, esto, en su calidad de patrón equiparado, no como autoridad investida de imperio frente a la solicitante del amparo. Ello, atendiendo a que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En virtud de lo expuesto, con base en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo reclamado no comparte la naturaleza jurídica de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que no se está en un plano de supra a subordinación sino de coordinación, dado que la reincorporación a su centro de trabajo se efectúa en su relación de patrón a trabajador y no en un plano de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, conflicto que debe dirimirse ante los tribunales ordinarios que conocen de conflictos laborales y no en la instancia constitucional, al ser ante la potestad común en donde Rodolfo Aram Hernández Álvarez, puede ocurrir en reclamo del examen de legalidad de lo reclamado y las consecuencias que hace valer, de acuerdo con las leyes laborales aplicables. Se estima aplicable por analogía la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, libro 29, abril de 2016, Tomo III, visible en la página 1956, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." En ese orden de ideas, si los actos reclamados no son considerados como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II de la Ley de Amparo y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada Ley, procede desechar de plano la demanda de mérito, por lo que respecta al acto reclamado, atribuible al Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en Veracruz, Veracruz. Ahora, en atención al acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, del análisis efectuado al libelo constitucional, se traduce en la omisión de dictar los acuerdos necesarios para lograr la ejecución del laudo emitido dentro del expediente laboral 414/2009. Así, se advierte que con respecto de dicho acto se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo: A fin de evidenciar lo anterior, es menester traer a su contenido: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Como se lee, la causa de improcedencia invocada está vinculada directamente con el hecho de que al momento de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el acto reclamado no existe jurídicamente. En efecto, con el fin de contextualizar lo anterior, es necesario resaltar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 339/2011, de la cual derivaron las jurisprudencias 2a./J.15/2011(10a.) y 2a./J.16/2011(10a.), determinó que de reclamarse en amparo indirecto las omisiones genéricas del presidente de un tribunal laboral de proveer lo conducente para lograr la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo es improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la diversa fracción IV del artículo 74, ambos de la Ley de Amparo abrogada (equivalentes a la fracción XXIII del artículo 61 y fracción IV del diverso 63 de la Ley de Amparo vigente), porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda de amparo y de realización incierta, en razón que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante. Para una mejor intelección de lo antes expuesto, se transcribe la parte medular de la ejecutoria de que se trata: ".Lo anterior es así, pues como se ha demostrado, si bien es cierto que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones es que no puede constreñirse al presidente de la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, ni aun con la salvedad que apuntó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el sentido de que la autoridad estaría exenta de cumplir la sentencia de amparo en esos términos, cuando exista causa imputable a las partes o a otras autoridades, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, debemos concluir que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del presidente de la Junta laboral correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73(8) de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74(9) del propio ordenamiento, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor, transcurridas las setenta y dos horas posteriores a la en que surta efectos la notificación del laudo. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de garantías y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse [.]" Para arribar a esa conclusión, la citada Sala del Máximo Tribunal del País, analizó los artículos 939, 940, 945, 946, 954, 955, 957 y 965 de la Ley Federal del Trabajo vigente en el dos mil once, los cuales disponen: "Artículo 939. Las disposiciones de este título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas". "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita". "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento". "Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo". "Artículo 954. El actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto del embargo, prefiriendo los que sean de más fácil realización. "Artículo 955. Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, el actuario se trasladará al local donde manifieste la parte que obtuvo que (sic) se encuentran y previa identificación de los bienes, practicará el embargo". "Artículo 957. Si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona, que bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo. El depositario debe informar al presidente ejecutor del lugar en que quedarán los bienes embargados bajo su custodia. La parte que obtuvo podrá solicitar el cambio de depositario". "Artículo 965. El actor puede pedir la ampliación del embargo: I. Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución, después de rendido el avalúo de los mismos; y II. Cuando se promueva una tercería. El presidente ejecutor podrá decretar la ampliación si a su juicio concurren las circunstancias a que se refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en conocimiento del demandado". De dichos preceptos legales, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la ejecución de los laudos, lato sensu (artículo 939), corresponde al presidente de la Junta, en dos momentos y modalidades diferentes. En primer término, el presidente, para el logro de tal fin y cumplimiento inmediato de la obligación que le impone la Ley Federal del Trabajo, debe dictar, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo, las medidas necesarias para que la ejecución de éste sea pronta y expedita, lo que debe hacer de manera oficiosa, dado que la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. Esa primera etapa oficiosa se agota -con independencia de que el presidente haya efectuado actuación alguna tendente al cumplimiento del laudo o no-, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 precitado; así se infiere de la interpretación concatenada del indicado numeral, con el contenido del diverso 950, pues éste dispone tajantemente que transcurrido el término señalado en el artículo 945 (setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo a cumplir), el presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento y embargo, lo que significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el Presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de éste, o bien simplemente una vez transcurrido ese término, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución. En ese contexto, propiamente dentro de la etapa de ejecución forzosa, se tiene que el artículo 954, al regular el embargo, dispone que el actuario debe tomar en consideración lo que le expongan las partes, para determinar qué bienes deben ser objeto de la traba. El artículo 955 también prevé la intervención de quien obtuvo el laudo a su favor para el logro de tal fin y el diverso 957 dispone que, si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe el ejecutante, quien también tiene la facultad de solicitar el cambio de depositario, así como pedir ampliación de embargo (artículo 965). Las reseñadas disposiciones nos llevan a concluir que para llevar a cabo la segunda etapa del procedimiento de ejecución de un laudo (lato sensu), sí es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Luego, si el acto reclamado por la promovente es la omisión por parte de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, de dictar los acuerdos necesarios para lograr la ejecución del laudo emitido en el expediente 414/2009 de su índice, tal como se desprende de su escrito de cuenta; es inconcuso que dicha abstención genérica es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda de amparo y de realización incierta, dado que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, en términos de los apuntados numerales. Aunado a que, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos, esto es, que ya se han llevado a cabo, en virtud de que ese medio de control de los actos de la autoridad no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su viabilidad respecto de actos futuros, vistos en función de su determinación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. Aunado a que no se trata de un acto inminente, es decir, de aquellos que aun cuando no se han materializado, se tiene la certeza de que se producirán, pues como se vio, la ley laboral aplicable en el procedimiento de ejecución del laudo del que deriva el acto reclamado exige la solicitud y comparecencia del ejecutante que obtuvo laudo favorable para lograr su cumplimiento. Consecuentemente, el elemento que permite diferenciar los actos futuros respecto de los inminentes es la certeza de su realización; lo que, aplicado al caso en estudio, permite sostener que, en el caso, la omisión genérica reclamada, es un acto futuro e incierto. Es aplicable a lo determinado, la tesis emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del país, visible en la foja 1032, Tomo XV, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS O PROBABLES. Contra ellos es improcedente conceder el amparo". De igual forma, cabe invocar la tesis aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1384, tomo XXXVI, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables". En consecuencia, en estricto cumplimiento a la ejecutoria 339/2011, antes referida, emitida por el Máximo Tribunal de Justicia del país, la cual es de carácter obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado citado consiste en la omisión por parte de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, de dictar los acuerdos necesarios para lograr la ejecución del laudo emitido en el expediente 414/2009 de su índice; resulta evidente que dicha abstención genérica es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda de amparo y de realización incierta, dado que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, en términos del artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo. Ello dado que, se insiste, el impetrante de amparo omitió señalar de la Junta responsable un acto en concreto como reclamado que le depare un agravio personal y directo. El anterior criterio se encuentra previsto en la jurisprudencia 2a./J.15/2011(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2771, correspondiente al mes de diciembre de 2011, Libro III, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". Así como en la diversa jurisprudencia 2a./J.16/2011(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2772, correspondiente al mes de diciembre de 2011, Libro III, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que indica: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". De igual forma, se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 1469, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda". En esa tesitura, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada en el presente proveído, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de protección a derechos fundamentales, respecto del acto reclamado por la parte promovente a la diversa autoridad Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, pues ni durante el trámite del presente asunto, ni con base en los informes de las autoridades responsables podría desvirtuarse la hipótesis de improcedencia en análisis por las razones apuntadas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte quejosa o a sus autorizados, se realizarán las notificaciones que tengan el carácter de personales, por lista, previo acuerdo que al efecto se emita, de conformidad con el precepto 27 fracción III inciso a) de la multicitada ley. Así también se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 segundo párrafo, de la Ley de Amparo a Ana Matilde Landa Santibañez, por tener registrada su cédula profesional que la acredita como licenciada en derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que se lleva en los Órganos del Poder Judicial de la Federación. Además, tomando en consideración la emergencia sanitaria que se vive en el país generada por la epidemia derivada por el virus COVID-19, a fin de resguardar la salud y evitar contagios por dicho virus, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, se le tiene proporcionando el correo electrónico matylanda@hotmail.com, así como el número de teléfono móvil 22 99 15 29 28, a fin de tener contacto de forma especial y expedita con la parte quejosa para entablar comunicaciones no procesales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que autorizan para tal fin, puedan hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información, debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias. EXHORTO A LAS PARTES Dado que el ingreso al recinto que ocupa este Juzgado de Distrito, se encuentra regulado por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se tomaron acciones específicas respecto al número de personas que pueden acceder al edificio, a efecto de evitar la propagación del virus Covid-19, se exhorta a las partes, para que: a) Con fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, a que, de estimarlo pertinente, se transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicio en Línea. b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales. LINEAMIENTOS PARA EFECTUAR LAS NOTIFICACIONES Se instruye a los actuarios que las notificaciones que hagan en el presente asunto, se ajusten a lo previsto en los artículos 21 y 23 del referido Acuerdo General 21/2020; en el entendido de que las notificaciones personales, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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