Rocio Morales Lemus

Expediente 688/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 25 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
688/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
28/07/2021

Partes del expediente

  • Rocio Morales Lemus

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Visto para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este Juzgado en el juicio de amparo 688/2020-IV, promovido por Rocío Morales Lemus, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, Veracruz y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, Rocío Morales Lemus, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, los que hizo consistir en: La interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil 55/2020-V del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante la cual, la autoridad responsable declara procedente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado natural, aquí tercero interesado, y reduce la pensión alimenticia fijada provisionalmente en favor de Rocío Morales Lemus, hoy quejosa, del cuarenta por ciento al cinco por ciento de la percepciones que obtiene el demandado como jubilado de Petróleos Mexicanos. SEGUNDO. Una vez tramitado el juicio de amparo, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional, y el treinta y uno de mayo del año en curso, este Juzgado dictó sentencia, en la que se concedió a la referida quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto aquí reclamado atribuido a la autoridad responsable (fojas 105 a 118). TERCERO. En mérito de lo anterior, por proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, para que diera cumplimiento a la sentencia amparadora en sus términos (fojas 135 y 136). CUARTO. Una vez recabado el informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora, con las constancias anexas en copias certificadas, las cuales tienen plena eficacia convictiva, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones; se dio vista a las partes, la cual no fue desahogada las partes, no obstante, se está en condiciones de pronunciarse al respecto, habida cuenta que conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo, no es posible que se archive ningún expediente sino hasta que esté cabalmente cumplida la sentencia que concede el amparo. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En la ejecutoria dictada por este Juzgado se concedió el amparo solicitado, para el efecto de que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz: "...a) Deje insubsistente la determinación reclamada de veintiséis de noviembre de dos mil veinte; y, b) En su lugar, dicte una nueva en la que examine los elementos de prueba que existen hasta esa etapa procesal y determine con libertad de jurisdicción la cuantía de la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la actora, excluyendo para tal efecto, el argumento relativo a que la actora no tiene el carácter de cónyuge del demandado, puesto que es una cuestión que atañe al fondo del asunto que debe analizarse en la sentencia definitiva." Por su parte, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, por oficio 4765, de dos de julio de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa propia fecha, de la que se advierte que dejó insubsistente la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte emitida en el juicio ordinario civil 55/2020-V de su índice (a), asimismo, el juez responsable emitió una nueva resolución, excluyendo para tal efecto, el argumento relativo a que la actora no tiene el carácter de cónyuge del demandado, pues esa circunstancia es una cuestión que atañe al fondo del asunto que debe analizarse en la sentencia definitiva; y valorando los medios de convicción que obraban en el sumario hasta el momento en que se interpuso la reclamación y tomando en consideración que el deudor alimentario no justificó que la cantidad que le quedaba fuera insuficiente para solventar sus gastos personales, máxime que contaba con un porcentaje superior al asignado a la actora, aunado a que acreedora se trataba de una persona de la tercera edad, que al haber referido dedicarse a las labores del hogar y al cuidado de los hijos contaba con la presunción de necesitarlos, que a diferencia del demandado no contaba con ingresos propios, resolvió improcedente el recurso de reclamación interpuesto, por lo que confirmó el monto de la pensión alimentaria fijada en el proveído emitido el diecisiete de enero de dos mil veinte en el referido juicio (2). En consecuencia, este Juzgado estima que se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo en sus términos, pues tal como se reseñó, la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución reclamada, y posteriormente, emitió otra en la que determinó improcedente el recurso de reclamación, excluyendo para tal efecto, el argumento relativo a que la actora no tiene el carácter de cónyuge del demandado, pues esa circunstancia es una cuestión de fondo que debe analizarse en la sentencia definitiva. Por lo antes expuesto y con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo 688/2020-IV promovido por Rocío Morales Lemus, se encuentra cumplida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 7 relativo al 7.1 Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo concerniente al Punto 1, derivado del 7.1.1 En los Juzgados de Distrito del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DEPURABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 18 antes invocado, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse el original de este expediente, conservándose la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin a este asunto, así como el presente proveído donde se está acordando su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. Con fundamento en el artículo 18 del citado Acuerdo General, requiérase al tercero interesado para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DÍAS HÁBILES, contado a partir del siguiente a que surta efectos el presente acuerdo a fin de recuperar los documentos que exhibió en copia certificada, así como diversas fotografías, apercibido que de no hacerlo en el plazo establecido serán destruidas. Finalmente, atendiendo a que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, remitió como justificación de sus actos, copias certificadas del expediente 55/2020 de su índice, en un tomo, las cuales se conservaron de manera separada al presente expediente en un tomo de pruebas; en consecuencia, al resultar innecesario seguir conservando las mismas, remítanse al referido Juzgado, solicitándole el correspondiente acuse de recibo.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este Juzgado en el juicio de amparo 688/2020-IV, promovido por Rocío Morales Lemus, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, Veracruz y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, Rocío Morales Lemus, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, los que hizo consistir en: La interlocutoria de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil 55/2020-V del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante la cual, la autoridad responsable declara procedente el recurso de reclamación interpuesto por el demandado natural, aquí tercero interesado, y reduce la pensión alimenticia fijada provisionalmente en favor de Rocío Morales Lemus, hoy quejosa, del cuarenta por ciento al cinco por ciento de la percepciones que obtiene el demandado como jubilado de Petróleos Mexicanos. SEGUNDO. Una vez tramitado el juicio de amparo, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional, y el treinta y uno de mayo del año en curso, este Juzgado dictó sentencia, en la que se concedió a la referida quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto aquí reclamado atribuido a la autoridad responsable (fojas 105 a 118). TERCERO. En mérito de lo anterior, por proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, para que diera cumplimiento a la sentencia amparadora en sus términos (fojas 135 y 136). CUARTO. Una vez recabado el informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora, con las constancias anexas en copias certificadas, las cuales tienen plena eficacia convictiva, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones; se dio vista a las partes, la cual no fue desahogada las partes, no obstante, se está en condiciones de pronunciarse al respecto, habida cuenta que conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo, no es posible que se archive ningún expediente sino hasta que esté cabalmente cumplida la sentencia que concede el amparo. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En la ejecutoria dictada por este Juzgado se concedió el amparo solicitado, para el efecto de que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz: "...a) Deje insubsistente la determinación reclamada de veintiséis de noviembre de dos mil veinte; y, b) En su lugar, dicte una nueva en la que examine los elementos de prueba que existen hasta esa etapa procesal y determine con libertad de jurisdicción la cuantía de la pensión alimenticia provisional decretada a favor de la actora, excluyendo para tal efecto, el argumento relativo a que la actora no tiene el carácter de cónyuge del demandado, puesto que es una cuestión que atañe al fondo del asunto que debe analizarse en la sentencia definitiva." Por su parte, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, por oficio 4765, de dos de julio de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa propia fecha, de la que se advierte que dejó insubsistente la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte emitida en el juicio ordinario civil 55/2020-V de su índice (a), asimismo, el juez responsable emitió una nueva resolución, excluyendo para tal efecto, el argumento relativo a que la actora no tiene el carácter de cónyuge del demandado, pues esa circunstancia es una cuestión que atañe al fondo del asunto que debe analizarse en la sentencia definitiva; y valorando los medios de convicción que obraban en el sumario hasta el momento en que se interpuso la reclamación y tomando en consideración que el deudor alimentario no justificó que la cantidad que le quedaba fuera insuficiente para solventar sus gastos personales, máxime que contaba con un porcentaje superior al asignado a la actora, aunado a que acreedora se trataba de una persona de la tercera edad, que al haber referido dedicarse a las labores del hogar y al cuidado de los hijos contaba con la presunción de necesitarlos, que a diferencia del demandado no contaba con ingresos propios, resolvió improcedente el recurso de reclamación interpuesto, por lo que confirmó el monto de la pensión alimentaria fijada en el proveído emitido el diecisiete de enero de dos mil veinte en el referido juicio (2). En consecuencia, este Juzgado estima que se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo en sus términos, pues tal como se reseñó, la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución reclamada, y posteriormente, emitió otra en la que determinó improcedente el recurso de reclamación, excluyendo para tal efecto, el argumento relativo a que la actora no tiene el carácter de cónyuge del demandado, pues esa circunstancia es una cuestión de fondo que debe analizarse en la sentencia definitiva. Por lo antes expuesto y con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo 688/2020-IV promovido por Rocío Morales Lemus, se encuentra cumplida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 7 relativo al 7.1 Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo concerniente al Punto 1, derivado del 7.1.1 En los Juzgados de Distrito del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DEPURABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 18 antes invocado, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse el original de este expediente, conservándose la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin a este asunto, así como el presente proveído donde se está acordando su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. Con fundamento en el artículo 18 del citado Acuerdo General, requiérase al tercero interesado para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DÍAS HÁBILES, contado a partir del siguiente a que surta efectos el presente acuerdo a fin de recuperar los documentos que exhibió en copia certificada, así como diversas fotografías, apercibido que de no hacerlo en el plazo establecido serán destruidas. Finalmente, atendiendo a que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, remitió como justificación de sus actos, copias certificadas del expediente 55/2020 de su índice, en un tomo, las cuales se conservaron de manera separada al presente expediente en un tomo de pruebas; en consecuencia, al resultar innecesario seguir conservando las mismas, remítanse al referido Juzgado, solicitándole el correspondiente acuse de recibo.

  3. Incidental

    SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE ASUNTO, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, archívese el presente incidente como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente incidente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 7, relativo al 7.1. Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original del incidente de suspensión debe considerarse DEPURABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a) de dicho acuerdo, pues se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva; por tanto, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 18 antes invocado, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse el original de este expediente, conservándose las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o violación en su caso, y los demás documentos que se consideren necesarios, así como el presente proveído donde se está acordando su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin embargo, toda vez que el presente incidente de suspensión, se formó por duplicado y separado en términos de lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.1 Expedientes que el órgano jurisdiccional debe destruir una vez que cuente con más de seis meses de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, punto 2, inciso a) del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; debe considerarse DESTRUIBLE y una vez que transcurran seis meses a esta fecha de archivo como asunto concluido en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse el duplicado de expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, ocho de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio número 4765, signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, a través del cual en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio, remite copia certificada de la resolución de dos de julio de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio ordinario civil 55/2020-V de su índice, mediante la cual dejó insubsistente la resolución de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, y emitió otra en la que declaró improcedente la reclamación planteada por Alfonso Domínguez Quibrera y confirmó el monto de la pensión alimenticia fijada en el auto de diecisiete de enero de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, por el plazo de TRES DÍAS contado a partir del siguiente a su notificación, con el oficio de cuenta y anexo para que manifiesten lo que a su interés convenga. Con el apercibimiento que de no desahogar dicha vista, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad..

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