Rodolfo Mortera Contreras

Expediente 786/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
786/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Rodolfo Mortera Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente hubiera recurrido el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, a través del cual desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, en cumplimiento al artículo 14, fracción III del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción II del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 20 antes invocado, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DIAS, contado a partir del siguiente a que surta efectos el presente acuerdo a fin de recuperar los documentos que exhibió en el presente juicio; apercibida que de no hacerlo en el plazo establecido serán destruidos

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE DICE: Agréguese a los autos la razón de veintiocho de agosto del presente año, elaborada por el actuario judicial adscrito, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente al quejoso Rodolfo Mortera Contreras, la resolución de veinticuatro de agosto el año en curso, dictado en el presente juicio de amparo, por las razones expuestas en la misma; en consecuencia, procédase a realizar dicha notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto subsane dicha omisión.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente y por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR PROVEIDO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO QUE CURSA, LA RESOLUCION QUE DICE: Agréguese a los autos la demanda de amparo promovida por.... se ordena formar el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 786/2023-VI, que es el que le correspondió, y en atención a su contenido, se provee: Ahora bien, tomando en consideración que del escrito aclaratorio, se advierte que los actos reclamados en este juicio de amparo son los siguientes En tales condiciones, este órgano jurisdiccional estima procedente la separación de autos, con fundamento en los artículos 71, 72, 73 y 75, interpretados a contrario sentido del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º de esta última, y además, en la jurisprudencia P/J.77/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone lo siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.- La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado el procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando en lo pertinente, los preceptos legales de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62, de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esa etapa podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá." Ahora, los anteriores actos son de carácter autónomo e independientes entre sí, por lo cual, de esultar ciertos los actos reclamados emanarían de procedimientos administrativos previstos en diferentes legislaciones; todo lo cual, va en contra de la técnica que rige al juicio de amparo al no poderse analizar actos autónomos e independientes en un mismo juicio de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional de oficio determina la escisión de la demanda a fin de que con copia certificada del escrito de demanda constitucional, así como del presente proveído y los anexos originales que tienen relación con el acto reclamado escindido, se provea por separado lo conducente respecto al segundo acto reclamado que consiste en: la suspensión del Servicio de Agua en la vivienda ubicada en Callejón 18 de Junio, de la Ciudad de Ángel R. Cabada, atribuido al Encargado y Representante legal de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), con residencia en Ángel R. Cabada, Veracruz. En mérito de lo antes expuesto, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, las constancias ordenadas en el presente proveído relativas al segundo de los actos reclamados consistente en: la suspensión del Servicio de Agua en la vivienda ubicada en Callejón 18 de Junio, de la Ciudad de Ángel R. Cabada, Veracruz. Lo anterior, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil veintidós, para lo cual deberá realizar el movimiento de captura correspondiente, a fin de equilibrar las cargas de trabajo entre los diversos Juzgados de Distrito con sede en esta Ciudad; y con la finalidad de que se trámite por separado la citada demanda. En tales condiciones, en el presente juicio proveaserespecto del primer acto reclamado relativo al corte de suministro de energía eléctrica en la vivienda ubicada en Callejón 18 de Junio, de la Ciudad de Ángel R. Cabada, Veracruz. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional, la que se analizará a continuación. El precepto aludido es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Para ello, conviene precisar que la parte quejosa señaló como acto reclamado, el siguiente: ".La suspensión del Servicio de Energía Eléctrica en la vivienda ubicada en Callejón 18 de Junio, de la Ciudad de Ángel R. Cabada, Veracruz." Así, del análisis efectuado al libelo constitucional que se provee, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Por su parte, la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la citada legislación, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. A su vez, el artículo 5°, fracción II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, establece que para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En tanto que la fracción I, del numeral 1° de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso concreto, como se dijo, el quejoso reclama el corte del servicio de energía eléctrica, realizado en el domicilio ubicado en Callejón 18 de Junio, Planta Alta, en Ángel R. Cabada, Veracruz, respecto del número de servicio 863040201155, por parte de personal de Comisión Federal de Electricidad. De ahí que, en la especie, se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.37.43 Sergio Manuel Betancourt Silva ??????????????? de Amparo, relativa a que las autoridades responsables no tienen tal carácter para efectos del juicio de amparo. Se sostiene lo anterior, puesto que las responsables al proceder al corte del suministro de energía eléctrica, actúan en un plano de coordinación con el impetrante, en su calidad de suministradora del servicio de energía eléctrica, al tenor del contrato de adhesión que tiene celebrado con el usuario, el cual no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa, de ahí que tal acto forma parte de esa relación comercial, por lo que la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Para demostrar lo anterior, es preciso puntualizar los conceptos de "autoridad responsable", "acto de autoridad" y la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. Para una mejor comprensión de lo anterior, debe partirse, además, del concepto de autoridad para los efectos del amparo que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXVII/97, consultable en la página 118, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUÉLLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.37.43 Sergio Manuel Betancourt Silva AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.37.43 Sergio Manuel Betancourt Silva ??????????????? En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos, en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, también se debe tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación surgen entre desiguales y son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, reguladas por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello la Constitución Federal de Electricidad establece una serie de derechos fundamentales 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.37.43 Sergio Manuel Betancourt Silva como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. En el particular, cabe afirmar que la relación jurídica entablada con motivo del acto reclamado, consistente en el corte del servicio de energía eléctrica, realizado en el domicilio ubicado en Callejón 18 de Junio, Planta Alta, en Ángel R. Cabada, Veracruz, respecto del número de servicio 863040201155, por parte de personal de Comisión Federal de Electricidad, desde el punto de vista de los tipos de relación, se ubica dentro de las denominadas de coordinación que, como se ha visto, excluye la idea del "acto de autoridad" que es la que impera en las relaciones de supra a subordinación. Pues incluso el impetrante señala que es titular del contrato con Comisión Federal de Electricidad respecto del servicio de suministro de energía eléctrica, lo que se corrobora con las constancias que anexa, donde aparece el número de servicio 86304020115. En esas condiciones, toda vez que esas cuestiones tendientes al suministro de energía eléctrica son de naturaleza comercial ya que están directamente relacionadas con el contrato de prestación de servicio de suministro de energía eléctrica celebrado entre la propia parte quejosa y Comisión Federal de Electricidad, por ello, las controversias suscitadas ente las partes deben ventilarse en la vida ordinaria mercantil, ya que son de naturaleza materialmente mercantil, y no en una instancia extraordinaria de amparo. En este sentido, queda de manifiesto el vínculo contractual que existe entre el solicitante de amparo y las que señala como responsables; en consecuencia, la controversia que plantea el promovente, en todo caso, se debe ventilar en 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.37.43 Sergio Manuel Betancourt Silva ??????????????? la vía mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los Tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses de particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquellas los jueces y Tribunales del orden común. Es aplicable a lo expuesto, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 30/2018, consultable en la página 532, Libro 53, abril de 2018, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo". De igual manera, cobra especial relevancia la jurisprudencia 156/2017, sustentada por la Segunda Sala de 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.37.43 Sergio Manuel Betancourt Silva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 336, del Libro 50, enero de 2018, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil". En consecuencia, es indudable y manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia antes analizada, dado que el acto reclamado no es susceptible de ser impugnado en la vía Constitucional del amparo indirecto, al no emanar de autoridades con carácter de responsables para efectos del juicio de amparo; es decir, no se trata de actos que hubieran sido emitidos en ejercicio de su imperio o sus atribuciones de mando, que por ley le resultare ineludible su aplicación; ni mucho menos se trata de un acto que implique que en ejercicio de las facultades, de forma unilateral, hubiere creado, modificado o extinguido situación jurídica alguna que afecte la esfera legal del solicitante de amparo; sino que se trata de actos relacionados con los derechos y obligaciones derivados del contrato de suministro de energía eléctrica que proporciona Comisión Federal de Electricidad, por lo que se trata de cuestiones formal y materialmente mercantiles, ya que la entidad señalada como responsable actuó en carácter de proveedor de un servicio y 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.37.43 Sergio Manuel Betancourt Silva ??????????????? no como ente gubernamental y se insiste, en todo caso, tales cuestiones deben ser atendidas y resueltas por la autoridad judicial que corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2/2019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1008, tomo I, Libro 63, febrero 2019, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional". Con base en lo expuesto, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1° y 5°, fracción II, 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.37.43 Sergio Manuel Betancourt Silva interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Al quedar debidamente acreditada la aludida causa de improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es dable desechar la demanda de amparo promovida por Rodolfo Mortera Contreras, por su manifiesta e indudable improcedencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

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