Rodolfo Andres Lara Lezama
Expediente 1070/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1070/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rodolfo Andres Lara Lezama
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1070/2019-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el diez de diciembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único punto resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Finalmente, toda vez que la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I y II; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en caso de que la autoridad responsable, se encuentre gozando del periodo vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanude labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos; los autos para resolver el juicio de amparo 1070/2019-I, promovido por RODOLFO ANDRÉS LARA LEZAMA, por propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con sede en Cuernavaca, turnada y recibida ese día en este órgano jurisdiccional, RODOLFO ANDRÉS LARA LEZAMA, por propio derecho, solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Segundo. Tramite. Previo desahogo de prevención, por acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve (fojas 40 a 43), se admitió a trámite la demanda de amparo, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Seguida la secuela procesal, previo diferimiento realizado en acuerdo de uno de octubre del año en curso (foja 66), se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. Segundo. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La resolución de veinticinco de junio de dos mil diecinueve dictada por la Sala responsable en el toca civil 157/19-19, en la que al resolver el recurso de queja hecho valer por el quejoso (parte demandada en el juicio de origen), contra el auto de cinco de abril de dos mil diecinueve, dictado por el Juez natural en el juicio ordinario civil 462/2018, declaró improcedente la queja interpuesta y confirmó el acuerdo impugnado; asimismo, la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos impuso una multa al quejoso y a su abogado patrono. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 51). Además, que la autoridad responsable exhibió copia certificada del toca civil 157/19-19, así como del expediente 462/2018-1 del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos (anexo I y II), en los que se aprecia la existencia del acto reclamado; constancias que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuarto. Estudio de fondo del asunto. Al no advertirse que se actualice causal de improcedencia del juicio, se analizará la constitucionalidad de los actos reclamados. Son inoperantes los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, cuyo estudio se aborda conforme a estricto derecho, dado que no procede la suplencia de la queja al derivar el acto reclamado de un asunto en materia civil, sin que se ubique en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Previamente a realizar el pronunciamiento sobre los conceptos de violación, debe señalarse como antecedentes que se desprenden de las constancias del juicio de origen, lo siguiente: 1. El quejoso RODOLFO ANDRÉS LARA LEZAMA fue demandado en la vía ordinaria civil, el cual se radicó bajo el expediente número 462/2018, en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos. 2. Mediante escrito de uno de abril de dos mil diecinueve (fojas 109 a 116 del anexo II), el demandado RODOLFO ANDRÉS LARA LEZAMA realizó diversas manifestaciones respecto al juicio de origen. 4. En ese sentido, en auto de cinco de abril de dos mil diecinueve, el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, acordó lo solicitado en atención a que se estuviera a lo ordenado en auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, y apercibió al quejoso que en caso de insistir se le impondría una medida de apremio. 5. Inconforme con dicha determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de queja contra el referido auto (fojas 122 a 144 del anexo II), tocando conocer de éste a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, quien lo radicó con el número de toca civil 157/19-19. 6. Substanciado el medio de impugnación hecho valer, el veinticinco de junio de dos mil diecinueve (fojas 57 a 62 del anexo I) la Sala responsable resolvió improcedente el recurso de queja intentado por RODOLFO ANDRÉS LARA LEZAMA contra el citado proveído de cinco de abril de dos mil diecinueve, por las consideraciones ahí expuestas; asimismo, impuso una multa al quejoso y a su abogado patrono. Esta última constituye la resolución que por esta vía constitucional se combate. De lo expuesto, se obtiene que el quejoso reclama la resolución de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil 157/19-19, que declaró improcedente el recurso de queja interpuesto contra el auto de cinco de abril de dos mil diecinueve, toda vez que el auto motivo de la misma no se relaciona con ninguno de los supuestos que refiere el artículo 553 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que dispone las hipótesis de los autos o resoluciones respecto de los cuales resulta procedente el recurso de queja; de ahí que al no haber encuadrado el acuerdo recurrido en ninguna de ellas de manera acertada la responsable determinó su improcedencia. En efecto, en el proveído de cinco de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio natural por el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, reiteró su postura estipulada en acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve (fojas 100 y 101 del anexo II), en el sentido de que no era procedente regularizar el procedimiento en los términos solicitados, toda vez que no advirtió ninguna irregularidad que se deba subsanar y que en relación a la molestia expresada por el quejoso relativa a que a la parte actora se le corrió traslado con los escritos de contestación y reconvención, toda vez que ésta al dar contestación a la demanda, en el mismo ocurso reconvino y no obstante que en el juicio de origen solo se admitió primero la contestación y no así la reconvención ya que lo previno, y finalmente impuso un apercibimiento al quejoso por faltarle al respeto; dicha actuación no se estimó necesaria su regularización por lo que le reiteró que debía estar en lo acordado en el mismo sentido previamente. Establecido lo anterior, los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa resultan inoperantes. Esto es así, en la medida que tras examinar el contenido de la resolución combatida se advierte que la Sala responsable resolvió improcedente el recurso de queja intentado contra el auto de cinco de abril de dos mil diecinueve dictado en el juicio de origen; bajo el argumento que el auto recurrido no se relaciona con ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 553 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. Sin embargo, los conceptos de violación relativos a la regularización del procedimiento, no se contraponen con las razones que sustentan el criterio adoptado por la responsable en la resolución que ahora se reclama, pues como se indicó en éstos se reitera el planteamiento que califica de irregular la actuación del juez de primer grado al correr traslado al actor con el escrito de contestación de demanda que a su vez contenía la reconvención pese a que ésta no había sido admitida, dejando de combatir lo resuelto por la Sala en torno a la improcedencia del recurso de queja, en el sentido que el acuerdo recurrido no encuadraba en ninguno de los supuestos legales del artículo 553 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, sin exponer argumento alguno para refutar dicho aserto y mucho menos exponer en qué hipótesis legal encuadraba para su procedencia. Lo anterior, sin soslayar que el referido acto reclamado no constituye una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, si no en su caso, se trataría de una violación procesal que puede ser combatida mediante el juicio de amparo directo, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos. Así es, el acto que se reclama de la Sala señalada como responsable no priva a la parte quejosa, en el caso particular, en su carácter de parte en el juicio de origen, del derecho de defensa que en todo procedimiento tienen consagrado las partes, ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que el auto de mérito únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales. Se afirma lo anterior, porque la ejecución de imposible reparación de un acto jurisdiccional, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da cuando por sí o a través de sus consecuencias, se afectan derechos sustantivos pero en modo alguno los adjetivos o procesales, cuyos efectos y consecuencias pueden desaparecer, sin dejar huella, si el afectado obtiene sentencia favorable; por lo que si el acto que se reclama, esencialmente, es la irregularidad que debe subsanarse en el juicio de origen, es evidente que no existe una afectación a sus derechos sustantivos, porque no afecta, se reitera, algún derecho de carácter sustantivo de la parte inconforme, pues simplemente se limita a declarar aspectos de carácter adjetivo o procesal; lo que hace indudable que el acto reclamado no causa un perjuicio de carácter irreparable en la persona de la parte quejosa. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia IV.3o.A.J/4, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página 1138, número de registro 178786 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA.". Asimismo resulta aplicable la jurisprudencia V.2o.J/1, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, Abril 1995, página 70, número de registro 205278, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.". Y la tesis XVII.1o.C.T.28 K (10 a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, página 2117, número de registro 2009040 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE LA QUEJOSA OMITE PRECISAR Y CONCRETAR LAS REGLAS, NORMAS O PRINCIPIOS LÓGICOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJÓ DE OBSERVAR EN LA SENTENCIA RECLAMADA.". Asimismo, por lo que refiere a su último concepto de violación relativo al apercibimiento en el juicio de origen y a la multa impuesta por la autoridad responsable de manera solidaria al quejoso y su abogado patrono, consistente en diez unidades de medida y actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 214 fracción II, en relación con el 73 fracción II, ambos de la Ley Adjetiva Civil, de igual forma resulta inoperante al no controvertir el quejoso los argumentos que sustentan la determinación reclamada en esta instancia constitucional, por lo que es evidente que el suscrito está impedido para examinar la legalidad de la misma; de ahí que al margen de lo correcto o incorrecto de las razones aducidas por la responsable; éstas deban seguir rigiendo el acto reclamado. Considerar lo contrario implicaría resolver a partir de razonamientos no esbozados, lo que se traduciría en suplir la queja deficiente en un asunto en el que dicha figura jurídica se encuentra vedada. Máxime que el único argumento que expone el quejoso a guisa de concepto de violación parte de una premisa equivocada, al estimar que primeramente el apercibimiento decretado en el auto impugnado y las multas establecidas por la autoridad responsable por utilizar los calificativos de inepto y negligente, los cuales a su juicio son los mismos calificativos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación utiliza en sus sentencias cuando inhabilita a un Juez o Magistrado, lo que a su consideración constituye un hecho notorio; es inexacto, si se toma en consideración en primer término, que lo que determinó la Sala responsable, fue que respecto al apercibimiento impuesto en el juicio de origen procedía contra este último, la audiencia contra la corrección disciplinaria; consideración que no es redargüida en esta vía y por ende debe seguir rigiendo sus efectos. Además, que dichos términos empleados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en efecto los utiliza como menciona en el caso de inhabilitar Jueces y Magistrados, pero ello en procedimientos administrativos, mas no de índole jurisdiccional como el que fue materia del recurso ordinario cuya resolución se analiza; de ahí que resulten inoperantes sus conceptos de violación. En este orden de ideas al ser inoperantes por insuficientes y por partir de una premisa fáctica errónea, los conceptos de violación analizados, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada en contra de la resolución de veinticinco de junio de dos mil diecinueve (fojas 57 a 62 del anexo I) emitida por la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época Volumen 59, Quinta Parte, página 15, número de registro 243902 de rubro: "CONCEPTO DE VIOLACIÓN INOPERANTE. NEGATIVA DEL AMPARO Y NO SOBRESEIMIENTO". Por lo anteriormente expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A RODOLFO ANDRÉS LARA LEZAMA, respecto de la resolución de veinticinco de junio de dos mil diecinueve (fojas 57 a 62 del anexo I), emitida por la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil 157/19-19 por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe, hasta hoy diez de diciembre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron. FCG Se hace constar que esta foja es parte última de la resolución dictada el diez de diciembre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 1070/2019-I.Conste.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que aún no obra el exhorto 313/2019-I ordenado por acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, a fin de emplazar a la parte tercero interesada JULIETA MAGDALENA RIVERA SUASTE y HÉCTOR MANUEL OLGUÍN ROMERO, no obstante que dicha parte se apersonó al presente juicio tal y como se desprende el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve; sin embargo, dicha comunicación oficial es necesaria para verificar si se encuentra transcurriendo o no el término de ocho días de diferencia entre la fecha del emplazamiento y el día de hoy, fecha señalada para la celebración de la audiencia, para el efecto de que se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes, para desvirtuarlo como lo refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, para dar tiempo a la llegada de la comunicación oficial antes referida, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito de los terceros interesados JULIETA MAGDALENA RIVERA SUASTE y HÉCTOR MANUEL OLGUÍN ROMERO, mediante el cual se apersonan a juicio, realiza diversas manifestaciones, ofrecen pruebas, designan autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se les tiene por apersonados al juicio de amparo en que se actúa y se tiene por reconocida su personalidad de parte tercero interesada en el presente asunto. Como lo solicita, se ordena practicarle las notificaciones por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal, lo anterior con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, Apoya lo anterior, por analogía, la tesis XXII.1o.22 K, de la materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Página 1067, que es de la literalidad siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Asimismo, se tiene como autorizados para los efectos precisados a las personas propuestas y por hechas las manifestaciones que vierte la parte promovente, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, en relación con las pruebas que ofrecen, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
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