Rodolfo Beltran Estrada
Expediente 2303/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2303/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 12/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rodolfo Beltran Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de febrero de dos mil dieciséis. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 2303/2015-IV-B, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto del veinte de enero de dos mil dieciséis, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Finalmente, lo anterior hágase del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al incidente de inejecución de sentencia 408/2015, vía MINTERSCJN, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de enero de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por José Fernando Aguilar Palma y María Concepción Cárdenas Fuan en su carácter de Presidente Municipal y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, personalidad que acredita con copia de la constancia de mayoría expedida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del diez de junio de dos mil quince y copia certificada del nombramiento de uno de enero de dos mil dieciséis, por el cual, señalan domicilio para oír y recibir notificaciones, y designan Delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, asimismo, hace del conocimiento los nombres de los Integrantes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, solicitando una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por las razones que exponen; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda Atento a lo anterior, se tiene como domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones el ubicado en Plaza diez de abril sin número, colonia Centro de Emiliano Zapata, Morelos, y por Delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas propuestas para ello. Asimismo, se hace del conocimiento a las autoridades que por sentencia dictada el dos de junio de dos mil quince, por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, determinó conceder el amparo y protección a AMPARO ESCALANTE LAGO, para los efectos siguientes: "182. Finalmente, en virtud de la inconstitucionalidad de los artículos 59 a 64 y 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como de los diversos 94 bis a 94 bis-12 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del referido Estado, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, para los efectos siguientes: Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, hasta en tanto no sean reformados, los artículos 59 a 64 y 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como los diversos 94 bis a 94 bis-12 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del referido Estado y, en su lugar, se cobre a la parte quejosa la tarifa mínima de un día de salario mínimo general vigente en el Estado, con motivo de la inscripción de la compraventa contenida en la escritura pública número 188,390 pasada ante la fe del Notario Público número Dos de la Primera Demarcación del Estado de Morelos, y otro día más por la inscripción del diverso contrato de crédito con garantía hipotecaria del veintiocho de marzo de dos mil siete. Como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de los mencionados preceptos y, en razón de la inconstitucionalidad que le asiste a los cobros consignados en los recibos de pago números 0705461, 0705451 y 0705450 expedidos por la Subsecretaría de Ingresos de la entonces Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Morelos, y en el diverso R 022391 expedido por el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, se ordena reintegrar a la parte quejosa el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones $28,495.02 (veintiocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 02/100 moneda nacional) -derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad, así como impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles e impuestos adicionales-, descontando el monto de un día de salario mínimo general vigente en el Estado, con motivo de la inscripción de la compraventa contenida en la escritura pública número 188,390 pasada ante la fe del Notario Público número Dos de la Primera Demarcación del Estado de Morelos, y otro día más por la inscripción del diverso contrato de crédito con garantía hipotecaria del veintiocho de marzo de dos mil siete En el entendido que se deberá restituir a la parte quejosa el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones $28,495.02 (veintiocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 02/100 moneda nacional), previos descuentos precisados en el párrafo que antecede, debidamente actualizado, pero sin que ello obligue al pago de intereses, toda vez que el pago de aquéllos tiene como finalidad sancionar a la autoridad por el incumplimiento oportuno del deber de una devolución, es decir, tienen una naturaleza indemnizatoria, tal como lo dispone el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Morelos." Por auto de dos de julio de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia de dos de junio de dos mil quince, dictada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en el que se precisó lo siguiente: "Atento a lo anterior, el Juez de Distrito al resolver el presente asunto, precisó que las autoridades deberán restituir a la parte quejosa el pago que realizó por los cobros consignados en los recibos de pago números 0705461, 0705451 y 0705450 expedidos por la Subsecretaría de Ingresos de la entonces Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Morelos, y en el diverso R 022391 expedido por el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, se ordena reintegrar a la parte quejosa el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones $28,495.02 (veintiocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 02/100 moneda nacional) -derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad, así como impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles e impuestos adicionales-. *Recibo R022391 $16,650.00 *(Recibo expedido por el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos). Por lo tanto, la autoridad responsable Tesorera del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, deberá de reintegrar a la quejosa la cantidad de $16,650.00 (dieciséis mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) debidamente actualizada, por concepto de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales." Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de amparo, se procede a realizar la actualización de la cantidad pagada por la parte quejosa por concepto de cobro del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, dicha actualización se realizara de acuerdo a la fecha del pago (quince de mayo de dos mil siete) y a la fecha del presente requerimiento (veinte de enero de dos mil dieciséis), de conformidad con el artículo 31, párrafo primero, del Código Fiscal del Estado de Morelos, realizando las operaciones siguientes para determinar la cantidad total debidamente actualizada: MES ANTERIOR DE ACUERDO A FECHA DE PAGO (15 DE MAYO DE 2007) ENTRE MES MAS RECIENTE (TOMANDO EN CUENTA LA PRESENTE FECHA) IGUAL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 122.171 / 118.532 = 1.030700570310127 CANTIDAD COBRADA POR FACTOR DE ACTUALIZACIÓN IGUAL CANTIDAD TOTAL ACTUALIZADA $16,650.00 X 1.030700570310127 = $17,161.16 Ahora bien, por su naturaleza, la sanción prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relativa a la separación inmediata del servidor público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal Federal, siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones oficiales incurrió en desacato, ya que no pueden desvincularse del individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental, máxime que una de ellas es de carácter penal. Atento a lo anterior, se concluye que al funcionario que en virtud de un cambio de titular asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 29/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, Marzo de 2007, página 80, que dice: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE NECESARIO UN NUEVO REQUERIMIENTO. La materia de un incidente de inejecución de sentencia la constituye el análisis y determinación del incumplimiento a una ejecutoria de amparo y de la contumacia de las autoridades responsables para ello, a fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la separación inmediata del servidor público del cargo y su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente, para que sea procesado por el delito de abuso de autoridad establecido en el artículo 215 del Código Penal Federal. Ahora bien, por su naturaleza, las referidas sanciones siguen a la persona que en ejercicio de sus funciones oficiales incurrió en desacato, toda vez que no pueden desvincularse del individuo que tiene encomendada la responsabilidad gubernamental, máxime que una de ellas es de carácter penal. Además, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda pronunciarse respecto de la procedencia de su aplicación, previamente deberá agotarse el procedimiento establecido en el Capítulo XII de la Ley de Amparo, el cual salvaguarda la garantía de audiencia, tanto de las autoridades responsables como de sus superiores jerárquicos, pues merced a los requerimientos que se les hagan estarán informadas de la ejecutoria que están obligadas a cumplir, lo cual les permitirá acatarla y evitar que se les apliquen las sanciones correspondientes. En congruencia con lo anterior, se concluye que al funcionario que en virtud de un cambio de titular asuma el cargo de la autoridad responsable en el juicio, cuando no haya tenido presencia en el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, deberá requerírsele del cumplimiento respectivo una vez asumida su función o encargo. En esas condiciones se estima necesario establecer a María Concepción Cárdenas Fuan quien funge como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, que en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, se determinó conceder el amparo para el efecto de que devuelva la cantidad que pagó por concepto del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y sus adicionales, a razón de la cantidad debidamente actualizada por el total de $17,161.16 (diecisiete mil ciento sesenta y un pesos 16/100 moneda nacional). Consecuentemente, es procedente requerir ahora a María Concepción Cárdenas Fuan quien funge actualmente como Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos y su superior jerárquico José Fernando Aguilar Palma quien funge actualmente como Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos precisando lo siguiente: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10ª.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. II. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (MARÍA CONCEPCIÓN CÁRDENAS FUAN), para que dentro del término de veinte días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, esto es reintegre a la parte quejosa la cantidad de $17,161.16 (diecisiete mil ciento sesenta y un pesos 16/100 moneda nacional), por concepto de cobro del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, debiendo remitir copia certificada para acreditar lo anterior. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo la autoridad deberá realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tiene acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. III. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (JOSÉ FERNANDO AGUILAR PALMA), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de enero de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por el PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual, remite copia certificada de las constancias de notificación realizadas a las partes del auto de quince de diciembre del dos mil quince, dictado dentro del expediente laboral; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno, toda vez que por auto de doce de enero del año en curso, se requirió a la Junta responsable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.ERI*
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