Rocío Solache Ramírez

Expediente 329/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
329/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
23/05/2017

Partes del expediente

  • Rocío Solache Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 329/2017-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUÍDA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario MANUEL ALEXANDER VÁZQUEZ FALCÓN, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 329/2017-III V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 329/2017-III, promovido por Rocío Solache Ramírez, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada el mismo día a este Juzgado Federal, Rocío Solache Ramírez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridades responsables y ordenadoras a las siguientes: i. Directora General del Centro Federal #16 CPS Morelos. ii. Titular del Área Técnica del Centro Federal #16 CPS Morelos. iii. Titular del Área Médica del Centro Federal #16 CPS Morelos. iv. Encargada del Área de Nutriología del Centro Federal #16 CPS. IV. ACTO RECLAMADO: A las autoridades señaladas como responsables ordenadoras y ejecutoras reclamamos: ATENCIÓN MÉDICA GENERAL ATENCIÓN DE NUTRIOLOGÍA Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTO." SEGUNDO. Por auto de esa misma fecha, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos ordenó registrar la demanda de amparo con el número de expediente 329/2017-III, la admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio la intervención legal correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Seguido el trámite del asunto, el diecinueve de abril pasado, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual, se llevó en términos del acta que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde residen las autoridades a quienes se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme lo establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio de amparo consiste en la omisión de proporcionar a la parte quejosa atención médica general y en nutriología, así como el suministro de medicamentos. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado, pues demás de que así lo manifestaron las autoridades responsables en sus informes justificados, ello se desprende de las constancias que remitieron adjuntas al mismo, sin que la quejosa demostrara lo contrario. Documentos que ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues al ser expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se reputan como públicos. Para demostrar la inexistencia de las omisiones reclamadas, debemos partir de que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, se incorporó el derecho humano a la protección de la salud en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el cual, en lo que interesa, a la fecha establece lo siguiente: "Artículo 4º.- (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. (.)" Posteriormente, en otras reformas constitucionales, se precisó el alcance del derecho a la salud a determinados grupos vulnerables, en lo que aquí concierne, en el precepto constitucional 18, se hizo referencia a la organización del sistema penitenciario con respecto del aludido derecho tratándose del sentenciado. Siendo esto último el tema que aquí nos interesa, ya que es mandato constitucional que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, haciendo especial mención a la salud, como medio para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Atento a lo anterior, la protección a la salud es una obligación por parte del Estado respecto de las personas recluidas que debe atenderse no en sentido abstracto, sino individualmente y que se cumple contando con sistemas de salud a disposición de los internos y que se individualiza siempre que exista una necesidad y, ante ella, una solicitud por parte del sentenciado. En efecto, en atención a esa esfera individual para que el Estado brinde la protección a la salud y el gobernado la obtenga, se requiere de presupuestos lógicos indispensables, a saber: necesidad y solicitud. Ello es así, porque sobre el derecho a la protección de la salud, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la protección en comento se trata de un derecho fundamental reconocido por la Carta Magna, el cual, en lo individual, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general, integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad física-psicológica. Lo anterior está contenido en la tesis 1a. CCLXVII/2016 (10a.), con registro 2013137, publicada el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que legítimamente puede perseguir el Estado, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras". Nótese que en relación a la protección a la salud, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la conceptualizó como la obtención de un determinado bienestar, lo cual, al tratarse de obtener algo, por definición, requiere de presupuestos lógicos que tengan por objeto la búsqueda de ese satisfactor, como puede ser una petición, lo que invariablemente está íntimamente ligado a la necesidad que de ello se tenga. Y esto también es entendido así por instrumentos internacionales, en específico, el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que en su punto 24, en relación al tema de protección a la salud, alude al parámetro de necesidad, en tanto que establece que el médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario. Incluso, particularmente en este tipo de asuntos -donde la protección de la salud es solicitada por mujeres-, debe tenerse en cuenta que en los centros de reclusión para mujeres debe brindarse la atención médica y los servicios ginecológicos necesarios y, en su caso, la atención especializada durante el embarazo y posterior a éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y en el Acuerdo por el que se incorpora al Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS Femenil Morelos. Con base en lo anterior, la protección a la salud como disponibilidad de los servicios médicos debe tener un sustento racional, pues atendiendo a la abstracción del significado de esos conceptos por los que se patentiza el derecho a la salud, se requiere acotar los supuestos en los cuales debe responder la autoridad a fin de garantizarlos en cada caso en concreto. En este sentido, cuando se sostenga que existe una omisión por parte del Estado -autoridades penitenciarias- de proporcionar protección de la salud, este tipo de omisión no debe entenderse en términos materiales, esto es, sólo desde la perspectiva de que la autoridad no haga algo en abstracto, sino que la existencia debe ser jurídica, en la medida en que la obligación de actuar garantizando disponibilidad y acceso de atención médica surge por parte de la autoridad cuando existe una petición fundada en la necesidad para que, ante ello, la autoridad esté enterada de tal requisición. Y es que si bien las autoridades están obligadas a garantizar el derecho a la salud, de ninguna parte de su interpretación puede derivarse válidamente que no medie petición o necesidad del servicio, pues aun cuando exista la omisión en abstracto no se acreditaría la falta de observar una obligación jurídica de actuar si no existió la necesidad del servicio y que sobre esa base se solicite. En suma, para tener por existente la omisión de brindar protección a la salud deben existir elementos probatorios que conduzcan a la convicción de que la autoridad estuvo en aptitud de percatarse de la necesidad de algún interno de recibir atención médica para el restablecimiento de su estado de salud y ésta no actuó en el sentido de garantizar su atención médica, o por otra parte que existió petición expresa del interno y ésta no fue atendida. Lo que no ocurre en este asunto, puesto que no se advierte en autos la existencia de una solicitud de atención médica, cuyo fundamento sea la necesidad que de ello tenga la quejosa, y se le haya ignorado, así como tampoco se advierte que en alguna de las consultas que se le han realizado haya manifestado algún padecimiento ajeno a los ahí tratados y que no se le haya atendido; en todo caso, pareciera ser que la autoridad responsable se percató de esa necesidad hasta la promoción de la demanda de amparo, donde la quejosa señaló requerir atención médica general y en nutriología, así como el suministro de medicamentos. Y se dice que fue hasta la promoción de la demanda de amparo que la autoridad responsable se percató de que la quejosa hizo valer la necesidad del servicio médico, porque en su informe justificado, dicha autoridad adujo que a la impetrante de amparo sí se le ha brindado atención médica de manera periódica y continua y, por ende, negó la omisión que se le reclama, lo que demostró remitiendo el expediente clínico de la paciente, aquí peticionaria de amparo. En efecto, del informe justificado que rindieron las autoridades responsables y anexos que le acompañaron se desprende que desde antes de la presentación de la demanda de amparo y también con posterioridad a la quejosa se le ha brindado atención médica en diversas ocasiones y en la que se le ha proporcionado el tratamiento requerido para los padecimientos que ha presentado en cada ocasión, esto es, gastritis crónica, lumbalgia mecánica y síndrome de colon irritable; sin que se advierta que al momento de las valoraciones que hasta el momento de la presentación de su escrito de demanda le han sido realizadas, la impetrante de amparo haya manifestado sintomatología diversa a la que ahí se le atendió. Lo anterior, se ilustra mejor en la tabla que se presenta a continuación: Fecha de valoración médica Padecimiento diagnosticado Tratamiento otorgado 07/09/2016 -Síndrome de colon irritable -dieta sin irritantes ni grasas. 04/03/2017 *En esta misma fecha, se le proveyó a la quejosa de los medicamentos Sucralfato tabletas, así como aluminio y magnesio, según se desprende del control de medicamentos en estancia por PPL de esta fecha. -Gastritis crónica -Lumbalgia mecánica -continuar con dietas establecidas y agregar dieta sin lácteos, embutidos, pescado ni mariscos y que no contengan conservadores. -Sucralfato tabletas 1gr cada 12 horas por 28 días. -Aluminio y magnesio suspensión, tomar 10ml cada 8 horas por 15 días. -Uso de faja lumbosacra con las características permitidas por el centro federal. Véase, pues, que de todo lo expuesto, contrario a lo que sostiene la quejosa, la autoridad responsable no ha sido omisa en brindarle la atención clínica necesaria para valorar sus padecimientos y los tratamientos médicos necesarios para tratarlos, sino que, por el contrario, le ha garantizado el acceso a los servicios de salud necesarios para atenderlos así como para mejorar su calidad de vida, otorgándole incluso los medicamentos idóneos para ello; máxime que no existe prueba en autos que contradiga lo idóneo de las valoraciones médicas realizadas, la calidad del personal médico que lo realizó, ni lo adecuado de los tratamientos que les fueron proporcionados. En consecuencia, ante la inexistencia de la omisión reclamada, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo. SEGUNDO. Dese cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiséis de abril de dos mil diecisiete, ante el Secretario Enrique Encarnación Martínez Sinco, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual devuelve el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1539/2016-III, y testimonio de la ejecutoria emitida en los autos del incidente en revisión 1271/2016, concluyendo con los puntos resolutivos que son del tenor siguiente: "PRIMERO.- Se CONFIRMA la resolución interlocutoria recurrida. SEGUNDO.- Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por Joaquín Guadalupe Labra Villegas, Epifanía Flores Guzmán, Feliciano Labra Bustos y Aurora Arrieta Jiménez, dadas las razones expuestas en la última consideración de esta ejecutoria." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo de los autos del cuaderno original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1539/2016-III, y testimonio de la ejecutoria emitida en los autos del incidente en revisión 1271/2016. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y glósese a los autos el cuaderno relativo al antecedente. NOTIFÍQUESE...

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el escrito de alegatos que formula la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al juzgado, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora bien, como lo solicita la parte promovente, una vez que sea emitida sentencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 3°, párrafo segundo de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en términos del artículo 2°, de la Ley de la Materia, expídase a su costa las copias que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos; en el entendido de que el horario para que se traslade personal de este Juzgado con la parte solicitante al negocio donde realizan el fotocopiado, es de nueve a diez horas treinta minutos de lunes a viernes; en atención a que es reducida la plantilla del personal que labora este tribunal federal, y a la carga excesiva de trabajo existente, además, de que incumplir con lo anterior, afectaría el normal desarrollo de las audiencias, diligencias y trámite de los procesos que se llevan a cabo de forma cotidiana habida cuenta que se han considerado dejar de celebrar otras diligencias de suyo trascendentes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del titular en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación así determinada por oficio CCJ/ST/0506/2017 signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, ante el Secretario Enrique Encarnación Martínez Sinco, que autoriza y da fe.Oki.

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