Rocio Ramirez Cortes

Expediente 810/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
810/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Rocio Ramirez Cortes

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte Asesor Jurídico, el auto de ocho de julio del dos mil veintidós, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, ocho de julio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por el asesor jurídico *** en representación de la quejosa *** mediante el cual desahoga la prevención realizada en auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós; el que se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda. En su atención, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinarse el escrito de demanda y encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo conducente es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, conforme al cual no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Lo anterior, sin soslayar que el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de un acto de autoridad que se estima violenta derechos humanos, en los términos que la Constitución y la Ley reglamentaria dispone, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1º fracción I, 5º fracción I, párrafo primero, 77 y 107 fracción I de la Ley de Amparo. En ese sentido, la existencia y aplicación de causas de admisibilidad dicho medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Por tanto, al margen que en el presente asunto se impugnen actos relacionados con la situación que la parte quejosa guarda en el centro de reclusión en el que se encuentran, relacionados con aspectos inherentes a su salud, ello no impide que se analice la existencia de una causa de improcedencia en el juicio de amparo, en la medida que como se dijo la aplicación de causas de admisibilidad de un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de acceso efectivo a un recurso. En ese sentido, debe decirse que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, ya que en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, al adolecer de definitividad, por las razones que se vierten a continuación. Este principio descansa en la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, la parte quejosa debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107 fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que la parte quejosa estima que afecta su esfera jurídica. Asimismo, se ha sostenido que para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Al respecto, del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117 fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad (incluidas las sentenciadas o no) pueden reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por las personas internas ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. No es óbice a lo anterior que el reclamo de la parte quejosa se refiera a omisiones de las autoridades responsables en brindarle atención médica, ni que los actos en su caso pudieran requerir atención urgente, puesto que la legislación aludida también regula la atención de ese tipo de casos apremiantes, por lo cual no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo; pues, como ya se vio, la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que, en actos urgentes, el Juez de ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere hasta en tanto se resuelva en definitiva Sobre el tema particular existe jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cobra exacta aplicación al caso concreto. Cierto, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, la referida Sala consideró lo siguiente: Conforme al artículo primero transitorio del decreto publicado el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, y sus artículos 1 y 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los actos suscitados en relación con cuestiones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sean procesadas o sentenciadas, se rigen por las disposiciones de la aludida ley a partir de su entrada en vigor (día siguiente de su publicación). Una condición de internamiento es cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, instrumentos de trabajo, artículos para el deporte y la recreación, lo cual se desprende de los artículos 3, 9, 10 y 30 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el título cuarto denominado "Del procedimiento de ejecución", en la parte correspondiente a su capítulo III, relativo al "Procedimiento Administrativo", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, el derecho de reclamar, entre otras, omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, esto es, cualquier omisión que impida que la persona interna tenga una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Ese mecanismo debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social. El mismo faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente. Las peticiones administrativas pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros. Ésta tiene por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no, una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas y, en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación. Asimismo, tal mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada. No obstante, el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición por caso urgente, así como la posibilidad de que el acto sea suspendido, mediante acciones positivas necesarias, a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. Cuando las peticiones recaigan sobre casos urgentes, siendo éstas, entre otras, omisiones relativas a condiciones de internamiento que por su carácter deban ser atendidas de inmediato, la petición se hará directamente ante el Juez para plantearle su petición, quien tratándose de actos de carácter positivo, suspenderá el hecho o acto, así como sus efectos; tratándose de actos omisivos, determinará las acciones a realizar por parte de la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición, el Juez reparará la afectación. Si el juez determina que la petición no es de carácter urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción para su tramitación. Con motivo de ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó, que cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, sí debe agotar el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual inicia con una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Lo anterior, porque éste constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales los internos, pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio; que el acto de ser urgente sea suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que el mismo cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea impugnada a través de los recursos correspondientes, en caso de que considere que vulnera sus derechos; de ahí que se estime que el mismo debe ser agotado previamente a acudir al juicio de amparo indirecto. En tales supuestos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que se que se trata de actos reclamados a autoridades distintas a los tribunales judiciales, y el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, la persona privada de su libertad puede reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que estima vulneran sus derechos -sean actos de carácter positivo u omisivos-, el cual, además, prevé la posibilidad real de que el acto sea suspendido con la finalidad de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir, con todo lo cual se cumple conlo exigido por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Concluyó señalando lo siguiente: "144. Con el presente criterio, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca darle funcionalidad y coherencia a las reformas constitucionales de los artículos 18, 21, y 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, que en su conjunto, como ya se examinó, implementaron un modelo penitenciario de reinserción social, la judicialización del régimen de penas, control judicial de las cuestiones inherentes a las condiciones de internamiento, así como la creación de un juez cuya función primordial sería, entre otras, la de proteger y velar por los derechos humanos de quienes en su condición de interno acuden ante su potestad. 145. Asimismo, con la presente resolución cobra sentido uno de los objetivos por los cuales fue expedida la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos y procedimientos eficientes, rápidos y sencillos que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad a través de los Jueces penales correspondientes." De dicha ejecutoria emanó la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2018548, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, página 230, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Criterio jurisprudencial de observancia obligatoria que cobra exacta aplicación al caso concreto, ya que el acto reclamado por la parte quejosa, inherente a la omisión de brindar atención médica, encuadra en lo relacionado a las condiciones de internamiento, entendidas, según se estableció en la ejecutoria que dio lugar a dicho criterio, como cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de la libertad dentro del centro de reinserción social, en contra de las cuales procede el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, bien sea a través de una petición de carácter no urgente ante la autoridad penitenciaria, o de naturaleza urgente ante la autoridad judicial, con la posibilidad, en el último supuesto, de suspender los actos reclamados con los efectos ya descritos. En esa tesitura, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. En tal virtud, dado que la quejosa se encuentra interna en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis "CPS 16 Femenil Morelos", y promueve la acción constitucional sin que advierta que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control vía judicial para reclamar en esta instancia la falta de debida atención médica especializada por parte de las autoridades penitenciarias adscritas al Centro donde se encuentra recluida, ello con motivo de los malestares que la aquejan. Por lo expuesto, dicha omisión de brindarle atención médica requiere ser planteada ante el Juez de Ejecución respectivo, quien ante casos urgentes, suspenderá de oficio y de inmediato el acto, de ser positivo, o bien, si es omisivo ordenará a las autoridades penitenciarias desplegar las acciones correspondientes, quien es autoridad competente para conocer de las problemáticas que atañen a las condiciones de internamiento en los centros de reclusión, es decir, con los problemas que en su trato cotidiano reciben los internos; entre los que se encuentran el trato digno de parte del personal penitenciario; la asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, por lo que al no encontrarse impedida para formular controversia ante el Juez de Ejecución, es razón suficiente para considerar que se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo. Entonces, dado que el citado acto reclamado en esta instancia constitucional necesariamente tiene que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, es decir, con los problemas que en su trato cotidiano reciben los internos, entre los que se encuentran el trato digno de parte del personal penitenciario; la asistencia médica especializada, preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud; alimentación; estancia; información de sus derechos y deberes; suministro de agua; artículos de aseo; régimen de visitas; atención de quejas por escrito; la garantía de su integridad moral, física, sexual y psicológica; su participación en su plan de actividades; y en general, todas las previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados y leyes aplicables, con excepción de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; deberán ser sometidos, en primer orden, a las autoridades penitenciarias, y en seguida, ante el Juez de Ejecución, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada, ya que, como se evidenció, su impugnación en sede constitucional sin agotar el procedimiento indicado, trae como consecuencia que adolezcan de definitividad, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia explicada. Sin que se inadvierta la Tesis 1a./J.55/2019 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, agosto de 2019, tomo II, Décima Época, página 1272, con número de registro 2020430; cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO", pues no se soslaya que la quejosa reclame en esencia la omisión de atención médica siguiente: ".presento problemas de salud, un tanto graves ya que desde ase (Sic.) un mes aproximadamente padezco dolor en ambos ojos, ardor, comezón, Fuerte Irritación y empiezo a ver nublado...." De la transcripción que antecede puesto que, si bien se podría considerar un acto que compromete los derechos humanos a la salud, los cuales el Estado Mexicano está obligado a proteger y garantizar de manera oportuna, eficaz y con calidad; la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé mecanismos ágiles y eficaces para salvaguardar dichos derechos, por tanto, el justiciable debe acudir a ellos, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no se estima excepcionado. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 1a./J.55/2019 (10ª.), expuso que no toda omisión por parte de las autoridades penitenciarias de proporcionar atención médica, necesariamente colocan a la quejosa en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, por lo que la procedencia de la suspensión de oficio y de plano, deberá otorgarse de acuerdo con las circunstancias que imperen en cada asunto en concreto, por lo que corresponderá al Juez de amparo su concesión, a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, para determinar si la falta de atención médica que se reclama, encuentra relación con alguna lesión o padecimiento que cause al quejoso una aflicción física y/o mental que afecte gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento. En ese sentido, se debe decir que de lo narrado en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad por la quejosa, no se advierte que los actos que se reclaman comprometan gravemente la vida, salud, o dignidad de la quejosa pues al respecto la quejosa no refiere circunstancia alguna en concreto; pues como antecedentes del acto reclamado solo expuso lo siguiente: "Hechos: Relatar Los Problemas de Salud Muy Extendida y Explicarlos.", y el simple señalamiento de violación a derechos, no justifican la procedencia del juicio de amparo. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. Notificaciones. Se instruye al Actuario judicial para que en los casos no previstos en las fracciones I, II y IV del artículo 26 de la Ley de Amparo, practique las notificaciones a las partes por medio de lista, al actualizarle el supuesto previsto en la diversa fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada; por ende, los acuerdos de menor trascendencia incluyendo el diferimiento de la audiencia constitucional, deben notificarse por lista, y solo mediante oficio los acuerdos que se ajusten a los parámetros previstos en la fracción I del numeral 26 de la Ley de Amparo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en los artículos 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar donde se encuentra recluida y al asesor jurídico***. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente correspondan el oficio y anexo de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe relativo a la suspensión de plano, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En lo concerniente a la manifestación relativa a que la información remitida en las constancias de cuenta tienen el carácter de confidencial atendiendo a los datos personales que obran en el juicio de donde emana el acto reclamado en la presente vía; se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Por otra parte agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio electrónico remitido por la Delegación Morelos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, por medio del cual designa al licenciado Osvaldo Rodríguez Contreras, defensor público federal adscrito a esa delegación, como asesor de la quejosa; asimismo, informa que el veintiocho de junio pasado se le notificó a dicho profesionista el acuerdo inicial de este asunto, lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Medios no procesales. Acorde a lo dispuesto en el citado Acuerdo General 21/2020, se toma conocimiento de los medios no procesales de comunicación proporcionados por la parte quejosa. Se instruye al Actuario adscrito para que en caso de considerarlo necesario, establezca contacto con dicha parte procesal mediante los medios electrónicos proporcionados, para lo cual deberá asentar la razón respectiva para los efectos legales a que haya lugar, en la inteligencia que, acorde a lo previsto en la Ley de Amparo, éstos no constituyen medios formales de notificación. Notifíquese y personalmente a la quejosa privada de su libertad. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria María Elena González Blas, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio proveniente del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual realiza diversas manifestaciones y solicita se devuelvan los autos originales del expediente ***********de su índice, por los motivos expuestos. En su atención, dígasele que este órgano jurisdiccional no cuenta con el expediente aludido, pues si bien por oficio 6726 el Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Estado de Morelos comunicó a esta juzgadora que no aceptaba la competencia declinada a su favor (folio 20701), lo cierto es que no acompañó algíun anexo al oficio referido, lo que se corrobora con el sello de recibo plasmado, que se observa a continuación: Además, se hace de su conocimiento que por auto de doce de enero de dos mil veintidós, donde se le tuvo rindiendo su respectivo informe justificado, únicamente acompañó al mismo copia certificada de diversas constancias deducidas del referido expediente ***** de su índice, ordenándose formar el anexo I. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, quien autoriza y da fe.

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