Rocío Hernández Aveytia

Expediente 729/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
729/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
02/08/2016

Partes del expediente

  • Rocío Hernández Aveytia
  • Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Garantía del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de agosto de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de treinta de diciembre de dos mil quince terminada de engrosar el catorce de julio de dos mil dieciséis, en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, promovido por *******. Por lo que, con fundamento en los artículos 2, 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, la que suscribe califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ******* Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil dieciséis y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el, licenciado *******, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 729/2015-I-2, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. En la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el veintitrés de octubre de dos mil quince, se recibió la demanda que dio origen al juicio, misma que fue turnada a este Juzgado de Distrito el veintiséis siguiente. En el escrito inicial la quejosa *** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Garantía del distrito judicial Bravos y Directora del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil número Dos, ambos con morada en esta ciudad, a quienes reclamó el auto de vinculación a proceso de uno de octubre de dos mil quince, emitido en la causa penal 2187/2015, por su probable participación en hechos que encuadran en el delito de robo calificado, así como la ejecución de tal determinación. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 107 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veintisiete de octubre de dos mil quince, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la responsable, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a juicio a las víctimas y al fiscal que actuó en el expediente de origen y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia penal en el que se reclama una resolución de órgano jurisdiccional que tiene ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama: a) Del Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, el auto de vinculación a proceso de uno de octubre de dos mil quince, emitido en la causa penal 2187/2015, por su probable participación de hechos que encuadran en el delito de robo calificado en perjuicio de *** y ****. b) De la Directora del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil número Dos, con morada en esta ciudad, la ejecución que pretende dar a tal determinación consistente en la continuación del proceso penal, la identificación criminal y reclusión en ese centro femenil. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Directora del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Número Dos, en Juárez, Chihuahua aceptó que la solicitante del amparo se encuentra interna en ese centro de reclusión, a disposición del Juez de Garantía porque se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, respecto de los restantes actos de ejecución imputados fue omisa en pronunciarse sobre su certeza o inexistencia. Con independencia de lo señalado por la autoridad responsable, los actos de ejecución que se le imputan deben tenerse como inexistentes, pues el auto de vinculación a proceso es un acto judicial que no es susceptible de ejecutarse materialmente, sino que únicamente tiene por objeto formalizar la investigación que se sigue en contra del inculpado por la comisión de un ilícito determinado. En efecto, en el sistema acusatorio adversarial, el auto de vinculación es, en estricto sentido, la decisión judicial de continuar con la indagatoria en su parte formalizada cuyos únicos efectos son el pleno acceso del imputado a la investigación y la fijación de un periodo para el cierre de la misma. En mérito de lo expuesto, es válido concluir que no existe una ejecución que deba materializar la directora de un Centro de Reinserción Social, por lo que, no puede tener la calidad de autoridad ejecutora responsable. Más, si se tiene en consideración que la privación de la libertad de que es objeto la parte agraviada no deriva del auto de vinculación, sino de la medida precautoria ordenada en su contra, la cual no fue señalada como acto reclamado en este juicio. Dada la inexistencia de los actos de aplicación reclamados a la Directora del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Número Dos en Juárez, Chihuahua, procede sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, que dispone: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Apoya lo dicho, por identidad en las razones que la sustentan, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2253, Tomo XXXIII, febrero de dos mil once, con número de registro 162926, cuyo contenido literal reza: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU NATURALEZA Y EFECTOS SON DISTINTOS AL DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El auto de formal prisión en los procedimientos tradicionales y el auto de vinculación a proceso en el procedimiento penal adversarial son de naturaleza y efectos distintos, pues el primero no tiene sentido y sustento bajo el nuevo sistema de enjuiciamiento oral, de corte garantista, en el que los imputados deberán ser considerados inocentes, hasta que se dicte sentencia firme en su contra, además, cuenta con nuevas reglas procesales, ya que para dictar un auto de vinculación a proceso únicamente se requiere que los datos (no pruebas formalizadas) que fueron recabados en la carpeta de investigación establezcan el delito que se atribuye al imputado, el lugar, tiempo y las circunstancias de ejecución, y que exista la probabilidad de que él lo cometió o participó en su comisión; incluso se sustituyó la determinación de resolver sobre la libertad del imputado, pues eso, en su caso, será motivo de una medida cautelar, la que de manera independiente deberá solicitar la autoridad investigadora de los delitos; además, el Juez sólo puede decretar la prisión preventiva a petición del Ministerio Público cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado está siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso; y el Juez sólo podrá decretar la prisión preventiva de oficio, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como en delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, y que pongan en riesgo el libre desarrollo de la personalidad y la salud. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, indicó que es cierto que en audiencia de uno de octubre de dos mil quince decretó auto de vinculación a proceso en la causa penal 2187/2015, al considerar a la quejosa partícipe en la comisión del injusto de robo calificado, cometido en agravio de *** y ***. Para corroborar lo anterior, se exhibieron los discos versátiles que contienen video grabadas las audiencias en las que se nombró defensor, se efectuó el control de detención, se formuló imputación, se fijó fecha y hora para audiencia, se realizó el control de medidas cautelares, así como, la audiencia de vinculación a proceso (foja 48); además, la documental consistente en copia certificada del auto de vinculación a proceso que se reclama (fojas 38 a 47), probanzas a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De manera que, se tiene como cierto el acto de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de garantías no alegan alguna causa de improcedencia ni el que suscribe advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados son infundados, por razón de método, su análisis se realizará en orden diverso al expresado en la demanda. La quejosa aduce que el acto reclamado le causa agravio y le deja en total estado de indefensión debido a que del material que existe en la carpeta de investigación no se advierte que su participación haya sido plenamente relevante, pues los testimonios en ese aspecto los considera contradictorios. En efecto, estima que el ofendido al rendir declaración indicó que llamó a la policía vía telefónica, mientras que los aprehensores narraron que mientras recorrían la colonia en que ocurrieron los hechos fueron interceptados por el pasivo, pero sí son coincidentes en indicar que fue su coinculpado el autor del apoderamiento de cosa ajena. Asegura que el sujeto masculino ofendido no la señaló como la autora de los hechos, que sólo la víctima mujer mencionó que al momento en que fueron asaltados, la aquí quejosa se encontraba en el automóvil del lado del copiloto; dicho que le resulta aislado porque el pasivo masculino sólo hizo señalamiento directo a su coinculpado como el autor de los hechos, considera que la imputación únicamente al activo se ve corroborada con el acta levantada por los elementos aprehensores. En cuanto a la calificativa prevista en la fracción II del artículo 212 del Código Penal del Estado de Chihuahua, estima que no se acredita porque ella no participó en la comisión del injusto, señala que sólo lo hizo el activo a quien le encontraron la cartera objeto del robo. La quejosa argumenta que tampoco existe algún dato del que pueda desprenderse que sabía que el activo cometería el hecho que la ley castiga como delito de robo. En ese mismo sentido la accionante del amparo considera que se vulneraron en su perjuicio los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo, en la medida que no se le consideró como inocente, sino que se le vinculó a proceso sin estimar que no había datos que evidenciaran su participación, lo que deja dudas sobre su participación. Finalmente, la promovente indica que el auto de vinculación a proceso que se dictó en su contra no está fundado ni motivado y ello le depara perjuicio. Tales motivos de disenso son infundados tal como se evidenciará más adelante. El análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama será a la luz del artículo 19 constitucional, mismo que en su parte conducente dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. [.] La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la detención con un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, para el mismo efecto precisa: 280. Requisitos para vincular a proceso al imputado. El Juez, a petición del Ministerio Público, decretará la vinculación del imputado a proceso siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar. III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular imputación. En dicho auto deberá establecerse el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución de tales hechos. De este dispositivo se advierte, además de los anteriores requisitos, los siguientes: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya tomado declaración preparatoria o se encuentre asentado el deseo del imputado de negarse a declarar; c) De la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y finalmente, d) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.) que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, febrero de dos mil doce, visible en la página 1940, Materia Penal, con registro 160331, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos distintos a los consagrados en el magno 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil uno, Materia Constitucional, que se consulta en la página 1228, con registro 162421, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El veintiséis de septiembre de dos mil quince, con fundamento en los artículos 274, 275 y 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua la agente Ministerio Público formuló imputación en contra de la parte accionante del amparo y otro. En la audiencia de veintiséis de septiembre de dos mil quince, la aquí quejosa Rocío Hernández Aveytia manifestó su voluntad de no rendir declaración preparatoria respecto de los hechos que se le imputaron. La representante social formuló imputación por el hecho que consideró constitutivo del delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 208 fracción I, 211 fracción VI y 212 fracción II todos del Código Penal de Chihuahua, en agravio de *** y ***. Los artículos que prevén tal injusto, son los siguientes: 208. A quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente, se le impondrá: I. Cuando el valor de lo robado no exceda de quinientas veces el salario, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de treinta a cien veces el salario. [.] 211. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicará prisión de uno a tres años, cuando el robo: [.] VI. Se cometa con la intervención de dos o más personas. [.] 212. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicarán de dos a diez años de prisión, cuando el robo: [.] II. Se cometa por medio de la violencia a las personas, sea física o moral, utilizándose arma de fuego u otro objeto de apariencia similar que produzca en la víctima coacción en su ánimo, o bien, empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante. [.] Posteriormente, en la audiencia de vinculación a proceso, al resolver la situación jurídica de los imputados, el juez de la causa indicó los hechos que constituyen el delito de robo calificado por el que se imputó a la aquí accionante del amparo, al indicar que la conducta del activo debe ser: 1) apoderarse de un bien mueble susceptible de ser trasladado de algún lugar a otro sin alterar y sin perder su esencia (adquiera la posesión material y objetiva de una cosa); 2) se trate de mueble ajeno al sujeto activo (bien que no esté facultado para usar, disfrutar o disponer); 3) apoderamiento se realice con el ánimo de dominio (voluntad de someter la cosa a su propio poder de disposición), sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo (el activo no le ligue ningún vínculo de propiedad o de cualquier otra índole con la cosa que legitime su apoderamiento). Enseguida, el resolutor indicó que el hecho delictuoso se agrava cuando se comete con la intervención de dos o más personas o cuando se comete con violencia a las personas física o moral utilizándose un arma de fuego u otro objeto de apariencia similar que produzca en la victima coacción, o bien, empleándose un arma blanca o un instrumento punzo cortante o punzo penetrante, según se dispone en la fracción VI del numeral 211 y en la fracción II del diverso del artículo 212 del Código Penal del Estado de Chihuahua. El juez de control enunció y analizó diversos datos de prueba que la fiscalía aportó para la acreditación del hecho típico, entre los que destacó los siguientes: 1. Denuncia efectuada el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, por la victima *** quien expresó que en esa data aproximadamente a las tres y media de la mañana se encontraba en el exterior de su domicilio (****, en esta ciudad), acompañado de su esposa *** cuando un sujeto se bajó de un automóvil café, se dirigió a ellos, le apuntó con un arma de fuego color negra, le robo su cartera con ochocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional, su celular Microsoft, Windows, color verde (con un valor un mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional) y a su esposa le quitó una cadena de plata y su teléfono celular. Hecho ello, el activo corrió al carro donde lo esperaban tres personas (una mujer quien manejaba y dos sujetos más en la parte trasera del mismo vehículo), el imputado se subió al auto y se dieron a la fuga. El pasivo del hecho ilícito llamó a la policía de un teléfono público que está en la calle, pasados cinco minutos llego la policía, el ofendido les comentó cómo iba vestido el sujeto (camiseta negra y pantalón oscuro), las características del automotor (chico, color café o dorado). Con esa información los agentes se retiraron y como a los quince minutos volvieron con dos detenidos un hombre y una mujer, a quienes al tenerlos a la vista reconoció como el hombre que le había robado a punta de pistola y a la mujer que esperaba al ladrón en el automóvil del lado del piloto y se percató que los detuvieron en el vehículo que señaló. Los agentes le dijeron que recuperaron una cartera con doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional y una identificación a su nombre, empero, faltó que encontraran su tarjeta, teléfono y la cadena de su esposa. El pasivo, para corroborar la existencia previa del teléfono Microsoft, modelo Lumia, exhibió un recibo con membrete de Axel Comunicaciones a nombre del propio pasivo ****, de tres de agosto de dos mil quince. Como otro antecedente se narró el acta de denuncia de veinticinco de septiembre del año en curso, realizada por la victima ****, quien un agente del Ministerio Público refirió que el día anterior, aproximadamente a las tres y media de la mañana, su pareja *** y ella, decidieron a salir comprar leche y al salir se quedaron a platicar enfrente de su domicilio cuando vio que se acercó un carro con varias personas, descendió un sujeto (vestido con camisa negra) se dirigió hacia ella le arrancó una cadena de plata (con valor mil ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional), le pidió su celular mientras les apuntaba con una pistola chica color negro; amenaza ante la cual la paciente del hecho le entregó su celular marca Samsung Galaxy s4 (con valor de dos mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional). Después se dirigió a su esposo le ordenó le entregara su celular marca Microsoft, color verde, su cartera negra con amarilla, en la que traía una identificación y ochocientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional en efectico, el sujeto se retiró, corrió hasta el carro café que estaba en la esquina y del cual había descendido, en ese automotor lo esperaba una mujer del lado del piloto, atrás iban otras personas, se subió al carro y se dieron a la fuga. Después del evento delictivo su esposo habló por teléfono a la policía y los agentes llegaron rápido, les dieron la descripción del sujeto y del vehículo, como a los quince minutos regresaron los elementos aprehensores con las personas detenidas (un hombre y una mujer) a quienes identificaron como el hombre que les había robado al apuntarles con una pistola y a la mujer como quien lo esperaba en el carro color arena o café para conducir y huir. Los agentes le dijeron que habían encontrado sólo la cartera de su esposo con su credencial y doscientos cincuenta pesos, se llevaron a las personas detenidas y el automóvil en el que andaban. El juez de control estimó que las aseveraciones de los denunciantes eran creíbles porque se emitieron ante la autoridad encargada y facultada para la investigación, porque las vertieron personas que presenciaron de forma directa del hecho, al ser quienes resintieron los amagos del activo con una pistola para desapoderarlos de diversos objetos y porque su dicho se sustentó en diversos antecedentes de investigación. Efectivamente a los reseñados antecedentes el juzgador sumó el acta de aviso de hechos probablemente delictuosos de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, signada por los agentes de la Policía Estatal Única de nombres ****, quienes refieren que al realizar un recorrido de prevención y vigilancia abordo de la unidad quinientos veinticuatro y llegar al cruce de las calles Cártamo y Urbano Puertas fueron interceptados por ***, quien les informó de los hechos acontecidos (robo). Consecuentemente, fueron en su búsqueda y calles adelante -en el cruce avenida de las **** Y *** del fraccionamiento ***, de esta ciudad- detuvieron el vehículo marca Toyota, color café, línea Corola, le pidieron al conductor se detuviera, así sucedió y bajó un hombre que vestía tenis blancos, pantalón de mezclilla color azul y playera negra, quien dijo llamarse ***; también, descendió una mujer con tenis color gris, pantalón de mezclilla azul y playera tipo polo del mismo color, quien mencionó llamarse ***. Ambas personas fueron señaladas el pasivo ****, el primero como la persona que lo asaltó y la segunda como quien condujo el auto en el que huyeron, ante tal imputación los agentes iniciaron una revisión y encontraron que el imputado **** en la bolsa trasera del lazo izquierdo de su pantalón tenía una cartera color negro, con una identificación a nombre del pasivo ****, así como la cantidad de doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional. Luego, al revisar a la quejosa *** en una bolsa de mano, de color café que llevaba le encontraron varios celulares: uno color gris, de la marca LG; uno blanco, marca Smart Piu; otro color negro, marca Sony; otro color negro, marca Alcatel y al preguntarle por qué llevaba consigo esos celulares manifestó no saber de quién eran propiedad. También estimó la entrevista de ***** en la que hizo mención a lo anteriormente narrado, también el juez de control tomó en cuenta el acta de aseguramiento de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, que elaboró el agente ***, quien aseguró una cartera negra con amarillo, con la credencial a nombre del pasivo **** y la cantidad de doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional, con la respectiva acta de cadena y eslabones de custodia de esa misma data. También, el agente ****, elaboró el acta de aseguramiento de un vehículo Toyota, Corola, color café (el cual se aseguró a *****, en la avenida de las *** y *****, en esta ciudad), la acompañó de acta de cadena y eslabones y custodia evidencia. A las referidas actas el natural les reconoció valor de indicio por haberlas signado servidores públicos que actuaron en ejercicio y con motivo de las atribuciones que se les confieren en el numeral 114 del Código de Adjetivo en la Materia. Por ello eficaces para evidenciar los actos de apoderamiento ilícito denunciados por las victimas de referencia. El juez de garantía sumó a los antecedentes de prueba anteriores un dictamen en materia de avalúos realizado el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, por ***, perito adscrita a la Fiscalía General del Estado quien dictaminó que el teléfono Microsoft, línea Lumia, tiene un valor comercial actualizado de dos mil pesos 00/100 moneda nacional, mientras que el celular Samsung Galaxy S4, tiene costo en el mercado de tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional. La especialista de igual forma elaboró una serie fotográfica de seis tomas respecto a la evidencia consistente en la cartera negra, credencial de elector a nombre de la víctima y doscientos cincuenta pesos. Así a la opinión de la experta el juez de control le reconoció eficacia probatoria por provenir de perito oficial adscrito de la Fiscalía General Zona Norte, de manera imparcial, debidamente documentada en términos del artículo 352 del cogido adjetivo en la materia. Luego, en cuanto a las agravantes previstas en las fracciones VI del numeral 211 y II del artículo 212, consideró que con el dicho de las víctimas *** y ****, quedó acreditado que los hechos constitutivos del delito de robo se realizaron con la utilización de un arma de fuego para coaccionar la voluntad y lograr el apoderamiento de bienes ajenos y con la participación de dos personas. Enseguida, el juez del proceso se encargó de atender el argumento de la defensa en el sentido de que aun cuando se imputa el hecho en calidad de coautores en términos de la fracción III del artículo 21 del Código Penal del Estado de Chihuahua, no quedó acreditada la participación de su representada ***, toda vez estimó que la aquí quejosa no desplegó conducta alguna, es decir, no hubo un concierto previo o un codominio funcional del hecho para acreditar precisamente dicha hipótesis. Además, el defensor consideró que existían inconsistencias entre el acta de aviso signada por **** como agentes de la Policía Estatal Única, y el dicho de la víctima. Al respecto, el juzgador desestimó sus alegaciones al indicar que aunque existan inconsistencias, son intrascendentes porque de la lectura del acta de aviso no se advierte lo que aseguran en el sentido que el imputado haya bajado del lado del piloto, solo que descendió del vehículo. De igual forma, estimó que las víctimas fueron coincidentes en referir que el señor *** fue la persona que descendió del automotor y con el uso de un arma de fuego color negra los desapoderó de objetos que le eran ajenos. En cuanto a la no participación de **** la defensa refirió que del automóvil se bajó sólo un hombre y fue quien se apodero de las pertenencias, empero, el juez desvirtuó su aseveración al indicar que ello es contrario a la versión de las víctimas. Después, en cuanto a ese mismo tópico de la coautoría la defensa señaló que no existió reparto de funciones o un codominio funcional del hecho relevante para acreditar que **** tuvo conocimiento previo que el imputado *** poseía un arma de fuego y que descendería del automotor para desapoderar a las víctimas de los objetos ya mencionados; considera que si sólo fue una persona quien se apoderó de bienes ajenos, la aquí quejosa no desplegó actuar relevante para la consumación del injusto. El defensor estima que de la entrevista veinticinco de septiembre de dos mil quince, que se efectuó a los imputados puede inferirse su versión defensiva pues coincideron en manifestar que estaban bebiendo cervezas, salieron a comprar más, el activo José Manuel Zepeda Flores se bajó del auto en que viajaban a orinar, se dirigió a la vuelta de la calle, para posteriormente regresar subir al carro y conducirlo, más adelante los detuvo la policía, los agentes se percataron de su estado de ebriedad y un sujeto se acercó e indicó que el referido *** los había asaltado. El juez atendió las manifestaciones hechas por la defensa, para lo cual indicó que si bien existen discrepancias entre el acta de aviso y el acta de denuncia, ello es lógico al tener en consideración que el pasivo del evento delictuoso fue sometido de modo violento con un arma, por lo que, no es grave que después de los hechos fuese omiso en la expresión de algunos detalles. Además, el juzgador indicó que la diferencia en su narración de los hechos fueron sobre cuestiones accesorias pues quedó claro que el agente delictivo descendió del vehículo, con un arma de fuego coaccionó el ánimo de las víctimas para desapoderarlos de objetos ajenos y sin consentimiento. Incluso, el natural indicó que aun cuando existan discrepancias, en el acta de hechos probablemente delictuosos **** manifestó que el vehículo que abordó el sujeto que los robó era conducido por una mujer y *** ante agente del Ministerio Público indicó que al activo en el vehículo color café esperaba una mujer que iba del lado del piloto. También consideró el a quo que la quejosa y coinculpado fueron detenidos en flagrancia momentos después en posesión de la cartera que sustrajeron a la víctima. Igualmente para el natural fue irrelevante que al momento de la detención no se encontrara el arma de fuero con la que refirieron los pasivos fueron amagados porque al huir del lugar y transcurrir unos minutos hasta su captura tuvieron oportunidad de huir del lugar y deshacerse del arma de fuego. Aunado a lo anterior, el juez de control estimó que ese tiempo entre los hechos y el momento de la detención fue suficiente para que la aquí quejosa dejase de conducir la unidad y lo hiciera el otro actor del delito, empero, consideró que lo realmente relevante para la participación de la activo fue que a ella se le detuvo en el vehículo automotor con el sujeto que llevaba la cartera robada dentro de su radio de acción y que existen dos imputaciones directas sobre *** como la persona que manejaba el vehículo en que fueron detenidos y del que descendió y huyó el activo, además de que los pasivos al tener a la vista a los imputados los reconocieron como las personas que actuaron para desapoderarlos de objetos de su propiedad. Así, con los datos de prueba que se expusieron en audiencia de vinculación, el judex tuvo por acreditado que al margen de duda en términos de los artículos 20, 330 y 333 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el día veinticuatro de septiembre de dos mil quince, aproximadamente a las tres horas con cincuenta y cinco minutos los imputados viajaban en el vehículo de la marca Toyota, modelo Corola, de color café, serie 1XBA02E5VZ520515, en el exterior del domicilio ubicado en la calle *** 6529 de la colonia ***, el sujeto activo se acercó a las víctimas *** y ****, se apoderó de diversos objetos y huyó del lugar en el referido automotor que conducía ***. Luego, para la actualización de las agravantes previstas en el artículo 211 fracción VI y 212 Fracción II del Código Penal del Estado de Chihuahua el juez consideró que son dos los imputados que viajaban con otras dos personas y que la utilización del arma de fuego, se justifica con el dicho de las víctimas quienes fueron coincidentes en indicar que el activo los amenazó con un arma de fuego para desapoderarlos de sus pertenencias. Así, hasta ese momento y con el estándar probatorio establecido en el artículo 19 constitucional el juzgador consideró que existen datos suficientes para tener por demostrado el hecho constitutivo del delito de robo calificado. En cuanto a la probabilidad de que los imputados cometieron o participaron en el hecho típico el juez de control estimó relevantes las imputaciones que de forma directa le formuló *** y *** quienes refirieron que **** descendió del automotor para robarlos y posteriormente huyó en el mismo auto que conducía ***. En términos de los artículos 18 fracción I y 21 fracción III del Código Penal del Estado de Chihuahua, el juez precisó que los activos actuaron dolosamente en calidad de coautores, al asegurar que existió para la realización del evento un codominio funcional del hecho, pues la función específica de la aquí quejosa **** fue maniobrar el vehículo automotor, esperar a que el imputado *** descendiera del automotor con un arma de fuego, que utilizó para desapoderar de los bienes muebles que reclaman en propiedad las víctimas y una vez logrado, regresar al automotor donde *** era la piloto, para huir ambos del lugar, acompañados de otras dos personas. En otras palabras, el juez estima que hubo un reparto de funciones para lograr exitosamente el cometido que habían planeado con anterioridad, sin que hasta ese momento se encontrara demostrada más allá de toda duda razonable causa excluyente de incriminación ni de extinción de la acción penal que hacer valer en su favor, razón por la cual los vinculó a proceso. Ahora contra el auto de vinculación que se reclama el quejoso hizo valer distintos conceptos de violación, los cuales se proceden a analizar. La accionante del amparo aduce que el auto de vinculación que combate no se encuentra debidamente fundado y motivado. No asiste la razón a la accionante del amparo. Del reseñado acto reclamado este juzgador advierte que el natural señaló las razones por las que consideró que la conducta atribuida a la enjuiciado se subsume en las hipótesis normativas previstas por el dispositivo 208 fracción I, 211 fracción VI y 212 fracción II todos del Código Penal de Chihuahua. Asimismo, estableció puntualmente cuales son los hechos que se imputan y que estos se consideran como delitos de robo calificado, con pena privativa de libertad. Tal circunstancia, es en específico acorde con la jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/2 (10a), expuesta por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de dos mil trece, Materia Penal, que se puede consultar en la página 757, con registro 2004857, de rubro y texto siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. Además, la autoridad responsable estimó que en la comisión de los hechos se acreditaron las agravantes que se contienen en el numeral 211, fracción VI y 212 fracción II del mismo ordenamiento penal, ello al considerar que fue más de una persona quien participó en los hechos y que el autor material utilizó un arma de fuego para apoderarse sin consentimiento de los bienes que no le pertenecían. Ello, en específico es acorde con la jurisprudencia 13/2003, expuesta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de dos mil tres, Materia Penal, que se puede consultar en la página 9, con registro 184531, de rubro y texto siguiente: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN ÉL DEBEN INCLUIRSE LAS MODALIDADES O CALIFICATIVAS DEL DELITO, SIN PERJUICIO DE QUE TAMBIÉN SE EXAMINEN EN LA SENTENCIA QUE AL EFECTO SE DICTE. El primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, establece que: "Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado.". Ahora bien, del análisis de tal precepto constitucional se concluye que para que el inculpado tenga certeza jurídica del proceso que se le habrá de seguir, la autoridad judicial, al dictar un auto de formal prisión, no debe limitar su actividad al estudio de los aspectos relacionados con el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, sino que debe analizar las modalidades o circunstancias modificativas o calificativas, con independencia de que estas últimas deban ser objeto de prueba durante el proceso criminal correspondiente, en cuya sentencia se defina, en su caso, el grado de responsabilidad del procesado, en virtud de que es justamente en dicho proceso donde se brinda al inculpado el legítimo derecho de defensa, es decir, de ofrecer las pruebas y formular las manifestaciones que estime pertinentes. Lo anterior no es obstáculo para que el Juez de la causa, al dictar su sentencia, efectúe el análisis del grado o calificativas del delito e, incluso, por virtud de ello, la misma pueda diferir del que fue materia en el proceso, al encontrar material probatorio que lo lleve a esa conclusión. Aunado a lo anterior, en el auto de vinculación a proceso se precisó que la hipótesis de participación que se actualizaba respecto de la aquí quejosa es la prevista en el numeral 21 fracción III de la legislación sustantiva de la entidad; también se plasmaron los razonamientos que permiten determinar cuál fue la intervención concreta del accionante en la comisión de los hechos que le imputa el representante social, al ser labor de los juzgadores de control determinar sobre la autoría o participación del infractor, con el objeto de que el inculpado conozca a ciencia cierta cuál es la forma de ejecución de la conducta que se le imputa. Por tanto, resulta evidente que la autoridad responsable sí se condujo con estricto apego a la garantía de fundamentación y motivación tutelada por el artículo 16 de la Constitución Federal, que en su parte conducente establece lo siguiente: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] Este mandato constitucional debe entenderse en el sentido de que en toda resolución, la autoridad judicial debe señalar de manera precisa el o los preceptos legales aplicables al caso concreto y expresar claramente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en cuenta para emitir su determinación. A su vez, debe realizar una operación de subsunción que permita determinar que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas previstas en la ley. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 204, consultable en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 166, con registro 917738, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Por lo expuesto, es válido concluir que en la resolución que se combate sí se cumplió con la fundamentación y motivación aludida, en los aspectos señalados por la accionante del amparo. La quejosa aduce que el acto reclamado le causa agravio y le deja en total estado de indefensión debido a que del material que existe en la carpeta de investigación no se advierte que su participación haya sido penalmente relevante, pues los testimonios en ese aspecto los considera contradictorios. En efecto, estima que el ofendido al rendir declaración indicó que llamó a la policía vía telefónica, en tanto que los aprehensores narraron que mientras recorrían la colonia en que ocurrieron los hechos fueron interceptados por el pasivo, pero sí son coincidentes en indicar que fue su coinculpado el autor del apoderamiento de cosa ajena. Asegura que el sujeto masculino ofendido no la señaló como la autora de los hechos, que sólo la víctima mujer mencionó que al momento en que fueron asaltados, la aquí quejosa se encontraba en el automóvil del lado del copiloto; dicho que le resulta aislado porque el pasivo masculino sólo hizo señalamiento directo a su coinculpado como el autor de los hechos, considera que la imputación únicamente al activo se ve corroborada con el acta levantada por los elementos aprehensores. No asiste la razón a la accionante del amparo, pues como bien lo dijo el juez responsable, su participación en los hechos que encuadran en el delito de robo calificado consistió en esperar a que el imputado ***descendiera del automotor con un arma de fuego, desapoderara de los bienes muebles que reclaman en propiedad las víctimas y una vez logrado, regresar al automotor donde la propia *** era la piloto, para huir ambos del lugar, acompañados de otras dos personas. El juez fue preciso en indicar que su conducta encuadra en la hipótesis de participación que se contiene en el artículo 21 fracción III del Código Penal del Estado de Chihuahua, al existir codominio funcional del hecho, es decir, hubo un reparto de funciones para lograr exitosamente el hecho que la ley sanciona como delito de robo. Ahora, si bien existe discrepancia entre lo narrado por los aprehensores y las víctimas del delito, lo cierto es que tanto **** y **** hicieron señalamiento expreso de la quejosa como la persona que acompañaba y esperaba al activo mientras se suscitaron los hechos para después huir del lugar. En efecto, de la denuncia formulada ante el agente del Ministerio Público Investigador el día veinticuatro de septiembre de dos mil quince la victima *** fue claro y contundente en mencionar: [.] una vez que le robo las cosas corrió al carro donde lo esperaba iban tres personas, donde iba manejando una mujer, y atrás de ella iban dos personas en el mismo vehículo, el sujeto se subió a su carro y se dieron a la fuga [.] dos detenidos un hombre y una mujer, cuando se los ponen a la vista reconoce al hombre como a quien había robado con el arma de fuego, y a la mujer como la que lo esperaba en el carro del lado del piloto [.]. Por su parte, el veinticinco de septiembre siguiente, *** denunció los hechos ante un agente del Ministerio Público, para lo cual indicó: [.] el sujeto se retiró, corrió hasta el carro café que estaba en la esquina, siendo el mismo del había descendió donde lo esperaba una mujer del lado del piloto, iban atrás otras personas, se subió al carro y se dan a la fuga [.] regresaron los policías con las personas detenidas un hombre y una mujer , identificándolos a quienes como que momentos antes el hombre les había robado las cosas apuntándoles con una pistola y la mujer lo esperaba en el carro y manejaba el carro color arena o café [.]. De las declaraciones de las víctimas se puede deducir la imputación directa que hacen contra la aquí quejosa pues fueron claros en indicar cuál fue la participación de la agente del delito, de manera que, la discrepancia en la narración de los hechos se considera que son cuestiones accidentales y sus diferencias no alteran la sustancia de los hechos, pues es la acción narrada la que en su caso es constitutiva de delito y si se permite inferir su participación en los hechos, de manera probable, es suficiente hasta la etapa procesal para el dictado del auto de vinculación. Sirve de apoyo al anterior argumento, la jurisprudencia VI. 1o. J/41 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, que es del tenor siguiente: TESTIGOS, SU DICHO TIENE VALOR SI SOLO DIFIEREN EN CUESTIONES ACCIDENTALES. Si los testigos que deponen sobre actos que presenciaron, difieren en cuestiones accidentales pero sus divergencias no alteran la sustancia de los hechos, su testimonio adquiere valor probatorio pleno, más aún si están adminiculados con otros elementos de prueba. Además tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/336, que publicó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 83, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, visible en la página 68, de rubro y texto siguiente: TESTIGOS, CONTRADICCIONES CIRCUNSTANCIALES DE LOS. No carece de fuerza probatoria la imputación que haga un testigo en el sentido de que el inculpado participó en los hechos delictuosos si estuvo en el lugar de los acontecimientos y aseguró haber conocido al hoy quejoso en ese momento, por lo cual la valoración que hizo la autoridad responsable de tal probanza es correcta sin que sea obstáculo que el testigo hubiera incurrido en contradicciones circunstanciales, pero que no modifican el hecho delictuoso. Además, como se indicó en líneas precedentes, el juez de origen estableció de manera clara y precisa cuál fue la mecánica de los hechos; es decir, cómo es que se suscitó el evento delictivo; lo que le permite a la accionante conocer cuál fue la intervención concreta que se le atribuye en la perpetración del hecho que la ley prevé como ilícito de robo. Para que se actualice la hipótesis normativa de coparticipación dolosa prevista en la fracción III del artículo 21 del Código Penal del Estado de Chihuahua, se requiere que los sujetos activos realicen una conducta eficiente para producir el resultado, aun cuando la aportación de un sujeto al hecho delictivo no pueda formalmente ser considerada como una parte de la acción que la ley castiga como delito. En la especie, como lo indicó el juzgador de garantía el actuar de la aquí quejosa resultó adecuado y esencial al hecho, lo que evidencia que existió entre los agentes un reparto del dominio del hecho en la etapa de su realización, pues incluso, aunque entre los sujetos activos no hubiese existido un acuerdo previo, expreso y específico para cometer el hecho ilícito ello resulta irrelevante porque basta el acuerdo tácito de los agentes para realizar, como el caso actos sucesivos, aprovechando la situación que se presentó. Por lo que, se tiene por cumplida la exigencia establecida en el artículo 19 constitucional, para la emisión de un auto de la naturaleza del reclamado; exigencia que permite comprender la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, lo cual posibilita al incoado conocer con amplitud los motivos por los que se le vincula a la continuación de un proceso penal, estando así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la tesis XI.2o.44 P, que publicó el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de dos mil dos, Materia Penal, que se consulta en la página 1380, con registro 186125, del tenor siguiente: ROBO EN GRADO DE PARTICIPACIÓN. PARA SU CONFIGURACIÓN NO ES NECESARIO QUE EL ACTIVO SE APODERE PERSONALMENTE DEL BIEN AJENO SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN LEGALMENTE PUEDA DISPONER DEL MISMO, PUES BASTA CON QUE AYUDE, COLABORE Y FAVOREZCA LA INFRACCIÓN DAÑOSA O CONDUCTA TÍPICA Y ANTIJURÍDICA DEL SUJETO ACTIVO PRINCIPAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Cuando el activo interviene en el acuerdo y preparación de la conducta ilícita de robo se actualiza la hipótesis a que se contrae el artículo 17, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán, pues para que se tipifique dicha conducta no es necesario que la persona forzosamente se apodere personalmente del bien ajeno sin el consentimiento de quien legalmente pueda disponer del mismo, sino que basta que la conducta del agente esté vinculada con la concepción, preparación o ejecución del ilícito, o bien, que constituya auxilio o cooperación de cualquier especie de concierto previo o durante la misma ejecución del hecho, en términos de la fracción IV del propio ordenamiento citado, esto es, para que surja la participación es necesario que se aporte la cooperación en el hecho ajeno y en el interno o anímico, debe concurrir la conciencia y voluntad del propósito de ayudar, colaborar y favorecer la infracción dañosa o conducta típica y antijurídica del sujeto activo principal. Luego, por cuanto hace a las calificativas la quejosa señala que no se acredita porque ella no participó en la comisión del injusto, refiere que sólo lo hizo el activo *****s a quien le encontraron la cartera objeto del robo y una credencial a nombre de la víctima ***, y argumenta que tampoco sabía que el activo cometel hecho que la ley castiga como delito de robo. Es infundado el concepto de violación de la solicitante del amparo. Se afirma lo anterior, porque la agravante relativa a que el hecho se cometa por dos o más personas a que se refiere la fracción VI del artículo 211 del Código Penal del Estado de Chihuahua, estriba en reprimir la tipicidad desplegada por los activos cuando con el propósito de cometer el ilícito intervengan dos o más; por tanto, para la configuración de esta calificativa debe demostrarse como en la especie que la presencia de los activos y las acciones desplegadas fueron determinantes en la comisión del injusto. Como lo estableció el juez de la causa los hechos se suscitaron no solo con la simple presencia de dos o más personas en el acto de apoderamiento, sino que las acciones desplegadas por los imputados -incluyendo a la aquí quejosa- incidieron en el apoderamiento de los bienes ajenos, dado que al conducir el automotor en el que llegaron a la escena del crimen y huyeron del lugar contribuyó a la realización del evento delictivo. De tal suerte que, contrario a lo que alega, como se asentó en el auto de vinculación con su actuar en el desarrollo del hecho delictivo quedó demostrada la calificativa prevista en la fracción VI del artículo 211 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Como otro motivo de inconformidad, la accionante del amparo considera que se vulneraron en su perjuicio los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo, en la medida que no se le consideró como inocente, sino que se le vinculó a proceso sin estimar que no había datos que evidenciaran su participación, lo que deja dudas sobre su participación. Al respecto, debe decirse que corresponde a la quejosa la carga de la prueba para acreditar su versión defensiva, toda vez que de los antecedentes de prueba reseñados y analizados por el juez de control se desprenden datos que hacen probable la participación de la aquí quejosa en la comisión del delito que se le imputa, por tanto, se desvirtuó la presunción de inocencia que se deducía en su favor, quien ahora rechaza las imputaciones y niega haber participado en el hecho que la ley tipifica como delito, por tanto, necesariamente debe probar los hechos en que descansa su postura defensiva, sin que baste su declaración en el sentido de que no sabía que el otro imputado ejecutaría acciones para apoderarse de bienes ajenos sin consentimiento, no corroborada con elementos de convicción eficaces. Apoya la anterior consideración, en lo que interesa, la Jurisprudencia V.4º.J/3, del Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 1105, del Tomo XXII, Julio de 2005, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 177945, que a la letra dice: INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL. Si del conjunto de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción de inocencia que en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación armónica de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el encausado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su participación culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola negativa, no corroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir como válida y por sí misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado, sería destruir todo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su eficacia y alcance demostrativo. En efecto, si con los datos de prueba que se presentaron ante el juez de control en la audiencia de vinculación, se demostraron los hechos delictuosos que se le imputan a la parte accionante del amparo, así como su participación probable en la comisión de estos; el auto de vinculación a proceso reclamado cumple con los requisitos exigidos por el artículo 19 constitucional y 280 del ordenamiento procesal penal de esta Entidad Federativa, con lo cual no se transgrede algún Tratado Internacional en el cual el Estado Mexicano sea parte, que proteja los derechos a la integridad de la persona, a la libertad personal y los derechos humanos. Tiene aplicación en lo que interesa, la Jurisprudencia II.2º.P. J/20, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1512, del Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 175111, que a la letra dice: DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran. Luego, igualmente infundada resulta la alegación de la quejosa en el sentido que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio el principio de in dubio pro reo que ordena en los procesos penales que toda duda debe resolverse a favor del procesado. Lo anterior, debido a que es obvio que la referida responsable no estaba obligada a observarlo en el auto de vinculación a proceso, debido a que tal máxima jurídica sólo la vincula, en su caso, en el dictado de la sentencia definitiva, como se puede advertir del propio texto de la tesis 1a. LXXIV/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXII, agosto de dos mil cinco, página 300, con registro 177538, que es la siguiente: PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ESTÁ PREVISTO IMPLÍCITAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que de los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, párrafo primero; 21, párrafo primero, y 102, apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deriva el principio de presunción de inocencia, y de esta inferencia, relacionada con los artículos 17, segundo párrafo, y 23 del citado ordenamiento, se concluye la existencia del principio in dubio pro reo, el cual goza de jerarquía constitucional. En ese tenor, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia, cuando se imputa al justiciable la comisión de un delito, éste no tiene la carga probatoria respecto de su inocencia, pues es el Estado quien debe probar los elementos constitutivos del delito y la responsabilidad del imputado. Ahora bien, el artículo 17, segundo párrafo, constitucional previene que la justicia que imparte el Estado debe ser completa, entendiéndose por tal la obligación de los tribunales de resolver todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su parte, el referido artículo 23, in fine, proscribe la absolución de la instancia, es decir, absolver temporalmente al reo en una causa criminal cuando los elementos probatorios aportados por la parte acusadora durante el juicio no resultan suficientes para acreditar su culpabilidad; por lo que la absolución debe ser permanente y no provisoria, además de que el propio artículo 23 previene que no es lícito juzgar dos veces a alguien por el mismo delito (principio de non bis in idem). En este orden, si en un juicio penal el Estado no logra demostrar la responsabilidad criminal, el juzgador está obligado a dictar una sentencia en la que se ocupe de todas las cuestiones planteadas (artículo 17, segundo párrafo), y como ante la insuficiencia probatoria le está vedado postergar la resolución definitiva absolviendo de la instancia -esto es, suspendiendo el juicio hasta un mejor momento-, necesariamente tendrá que absolver al procesado, para que una vez precluidos los términos legales de impugnación o agotados los recursos procedentes, tal decisión adquiera la calidad de cosa juzgada (artículo 23). Con base en lo antes expuesto, se obtiene que el auto de vinculación a proceso que se reclama satisface las exigencias contempladas en el artículo 19 Constitucional, por lo que su dictado no resulta violatorio de derechos humanos. Máxime que para motivar un auto de vinculación, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del reo, sino únicamente que los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión Sobre el particular, sirve de apoyo por identidad de razón, la jurisprudencia VI.1o. J/49, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 76, Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 222763, que expresa: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado. En ese orden de ideas, al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de violación estudiados y no advertirse queja deficiente que suplir, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 729/2015-I-2, respecto de los actos de ejecución endilgados a la Directora del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil número Dos, con morada en esta ciudad, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *** respecto del auto de vinculación a proceso dictado en su contra el uno de octubre de dos mil quince, en la causa penal 2187/2015, que reclama del Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, domiciliado en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a los terceros interesados, así como, mediante oficio a la autoridad responsable y al fiscal que realizó la imputación en la causa penal de origen. Así lo resolvió y firma ***, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, el día de hoy catorce de julio de dos mil dieciséis, fecha en que se terminó el engrose de este fallo y lo permitieron las labores del juzgado, asistido de *** secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO, Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS, LA SENTENCIA DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, CUYOS PUNTOS RESOLUTIVOS DICEN: SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 729/2015-I-2, respecto de los actos de ejecución endilgados a la Directora del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil número Dos, con morada en esta ciudad, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *** respecto del auto de vinculación a proceso dictado en su contra el uno de octubre de dos mil quince, en la causa penal 2187/2015, que reclama del Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, domiciliado en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a los terceros interesados, así como, mediante oficio a la autoridad responsable y al fiscal que realizó la imputación en la causa penal de origen. Así lo resolvió y firma ***, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, el día de hoy catorce de julio de dos mil dieciséis, fecha en que se terminó el engrose de este fallo y lo permitieron las labores del juzgado, asistido de *** secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de noviembre de dos mil quince. Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, en virtud de que no se saldan los extremos del arábigo 117 de la citada legislación, conforme al cual, el informe justificado y las constancias en las que se apoye, deben ser rendidos por lo menos con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, con el objeto de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses. Esto es así, puesto que, como se advierte de proveído de trece de noviembre de dos mil quince, con fundamento en el referido numeral, se ordenó dar vista a las partes con el informe que remitió el Juez de Garantía del distrito judicial Bravos, con relación al término concedido en el citado auto, hoy es el cuarto día de los ocho concedidos para los efectos referidos en las líneas que anteceden. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.21/2008, sustentada por el Máximo Tribunal del País, visible en la página 151, tomo XXVII, marzo de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la aludida audiencia, y se fijan las nueve horas con diez minutos del treinta de diciembre de dos mil quince. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.

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