Rocío Hernández Aveytia
Expediente 606/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 606/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Rocío Hernández Aveytia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintiocho de febrero del año en curso, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, quien resuelve califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo 606/2018-VI, promovido por *******, contra actos de la Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el tres de octubre de dos mil dieciocho, turnado a este juzgado el mismo día, ******* promovió demanda de amparo contra el Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, a quien reclama lo siguiente: IV.- ACTO RECLMADO: La negativa de concederme el beneficio de la libertad anticipada contemplada en la ley de ejecución de penas y medidas judiciales para el estado de Chihuahua, y/o la ley nacional de ejecución penal, según sea más favorable. SEGUNDO. Derechos que la quejosa estima vulnerados. La quejosa señala como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 1º 14, y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. En auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho (foja 5), se admitió a trámite la demanda, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a los terceros interesados y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que en este asunto se reclama un acto que se emitió dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias del juicio, se desprende que la quejosa reclama del Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, lo siguiente: La resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en la carpeta de ejecución *******, derivada de la causa penal *******, y su acumulada *******, derivada de la causa penal *******, en la cual se le negó el beneficio de la libertad anticipada, consistente en la remisión parcial de la pena. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en su informe justificado (foja 22), manifestó que es cierto el acto reclamado; adjuntando para tal efecto, copia certificada de la carpeta de ejecución 81/2017, derivada de la causa penal 2187/2018, y su acumulada 821/2017, derivada de la causa penal 2311/2015.(fojas 23-211). Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno conforme a los artículos 197, 202, primer párrafo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por el Juez responsable, en ejercicio de sus funciones, quien está dotado de fe pública. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de la resolución reclamada. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, como se estableció en el considerando segundo, la quejosa reclama la resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en la carpeta de ejecución *******, derivada de la causa penal *******, y su acumulada *******, derivada de la causa penal *******, en la cual se le negó el beneficio de libertad anticipada, consistente en la remisión parcial de la pena. Pues bien, respecto de tal determinación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Precepto conforme al cual, cuando se reclamen actos provenientes de autoridades jurisdiccionales, respecto de los cuales la ley ordinaria prevea algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, el quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, debe promover tales medios de defensa, lo que se conoce como el principio de definitividad. Se afirma lo anterior, pues el artículo 14 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, establece lo siguiente: Artículo 14. Recursos. Las resoluciones emitidas por los jueces de ejecución de penas, serán recurribles mediante el recurso de apelación, en los términos del Código de Procedimientos Penales. En relación con la norma anterior, los artículos 399, párrafos primero, segundo y tercer, fracción II, 414, fracción X y 418, último párrafo, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, disponen: Artículo 399. Reglas generales. Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el proceso penal sólo se admitirán los siguientes recursos, según corresponda: (.) I. Apelación; Artículo 414. Resoluciones apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones dictadas por el Juez de Garantía: (.) X. Las que en ejecución de sentencia resuelvan sobre beneficios de libertad anticipada; y (.) Artículo 418. Celebración de la audiencia. (.) Concluido el debate, el Tribunal pronunciará resolución de inmediato o, si no fuere posible, dentro de un plazo de tres días siguientes a la celebración de la audiencia, en fecha y hora que dará a conocer a los intervinientes en la misma. El Tribunal podrá revocar, modificar o confirmar la resolución recurrida. Pues bien, de tales normas se desprende que en contra de la resolución reclamada, específicamente de la negativa de otorgarle a la quejosa el beneficio de libertad anticipada, consistente en la remisión parcial de la pena, el artículo 14 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua y 418, último párrafo, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, es procedente el recurso de apelación, el cual tiene como objeto, en ambos casos, precisamente revocar, modificar o confirmar dicha determinación; por lo tanto, es inconcuso que la quejosa debió agotar dicho recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo. Lo anterior, sin soslayar que Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 131, también contempla el recurso de apelación, el cual permite la defensa de los encausados y la posibilidad de que la Alzada revoque o modifique las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales. Por su contenido, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 32/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164627, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 162, que dice: BENEFICIOS DE LIBERTAD ANTICIPADA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR MEDIO DE LA CUAL DECIDE SOBRE SU CONCESIÓN. Si bien es cierto que la referida Dirección (actualmente Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal) es la encargada de vigilar y dar seguimiento al procedimiento mediante el cual determina si procede la concesión de los beneficios de libertad anticipada (tratamiento preliberacional, libertad preparatoria y remisión parcial de la pena), también lo es que la determinación que emite no es definitiva y no causa perjuicio al quejoso, pues el artículo 54 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, establece que dicha resolución se someterá a consideración de la autoridad ejecutora, la cual es, según la fracción III del artículo 2o. de dicho ordenamiento, el jefe de Gobierno actuando por conducto de la Secretaría y de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal. En ese orden de ideas, si el acto reclamado en el juicio de amparo lo constituye la resolución emitida por la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, por medio de la cual decide sobre si concede o no alguno de los beneficios de la libertad anticipada y no la resolución que en su caso emita la autoridad ejecutora, a la cual está supeditada aquélla, dicha determinación no puede considerarse susceptible de afectar al quejoso por no constituir un acto definitivo y, por tanto, el juicio de garantías en su contra es improcedente con fundamento en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en él conforme a la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento. Criterio que si bien se refiere a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, resulta aplicable al caso, pues, al igual que en la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, se prevé un medio legal de defensa -apelación- por virtud del cual, puede ser revocada, modificada o confirmada la resolución que decide sobre el beneficio de libertad anticipada. De igual forma, ilustra lo anterior, por las razones que la informan, la tesis I.6o.P.112 P (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2017068, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, página 3084, que dice: LIBERTAD ANTICIPADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA DE PLANO LA SOLICITUD DE DICHO BENEFICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN I, DE LA PROPIA LEY, AL NO ACTUALIZARSE ALGUNA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando en el juicio de amparo indirecto se señala como acto reclamado el acuerdo por el que un Juez de Ejecución de Sanciones Penales desechó de plano la solicitud de libertad anticipada, planteada por un sentenciado, en términos del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por no agotar el principio de definitividad, esa actuación es legal, porque de conformidad con el artículo 132, fracción I, de la ley citada, debe agotarse el recurso de apelación, en razón de que se trata de un acto de carácter intraprocesal y no queda comprendido en alguna de las hipótesis de excepción de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en especial la señalada en la parte final del su inciso b) -que se refiere a que el acto afecte la libertad personal del quejoso- pues, en el caso, el solicitante del beneficio preliberacional no se encuentra privado de su libertad personal con motivo del acuerdo que constituye el acto reclamado, sino porque está cumpliendo la pena impuesta en la sentencia condenatoria que se le dictó en el proceso penal; por tanto, debe agotar dicho recurso ordinario antes de promover el juicio de amparo indirecto, al no actualizarse alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad. Por tanto, como se precisó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que no se agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sin que a la quejosa pueda serle aplicado alguno de los casos de excepción a que la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia se refiere, pues no se está frente a actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y la quejosa no es tercera extraña al procedimiento. De igual forma, tampoco se actualiza la causa de excepción señalada en el inciso b) de la fracción en comento, porque en el caso, no se está afectando la libertad de la quejosa, ya que el motivo por el que se encuentra privada de la libertad no fue la resolución combatida, sino que está cumpliendo una pena de cuatro años ocho meses de prisión, impuesta en las sentencias condenatorias dictadas en las causas penales ******* y *******, por el delito de ROBO AGRAVADO. Tan es así, que la quejosa debió agotar el recurso de apelación en contra del acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, ya que en el propio acto reclamado la autoridad responsable le hizo saber la posibilidad de inconformarse a través de dicho medio de impugnación, al tenor que sigue: .Queda notificadas formalmente las partes en esta audiencia, de conformidad con el artículo 49 del código de procedimientos penales en vigor y se les hace saber que si no son conformes con dicha resolución, puede ser recurrida de conformidad con el artículo 14 de la ley de la materia. Por tanto, al no haber impugnado la resolución reclamada, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, carece de definitividad. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2017117, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, que dice: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Así como la jurisprudencia 447, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consultable en el Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394403, Tomo VI, Parte SCJN, página 297, que dice: RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la sesión de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, al resolver el toca en revisión penal *******, derivado del juicio de amparo *******, del índice de este juzgado. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *******, en relación con el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTES TERCEROS INTERESADAS LA SENTENCIA DE FECHA VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo 606/2018-VI, promovido por *******, contra actos de la Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el tres de octubre de dos mil dieciocho, turnado a este juzgado el mismo día, ******* promovió demanda de amparo contra el Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, a quien reclama lo siguiente: IV.- ACTO RECLMADO: La negativa de concederme el beneficio de la libertad anticipada contemplada en la ley de ejecución de penas y medidas judiciales para el estado de Chihuahua, y/o la ley nacional de ejecución penal, según sea más favorable. SEGUNDO. Derechos que la quejosa estima vulnerados. La quejosa señala como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 1º 14, y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. En auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho (foja 5), se admitió a trámite la demanda, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a los terceros interesados y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que en este asunto se reclama un acto que se emitió dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias del juicio, se desprende que la quejosa reclama del Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, lo siguiente: La resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en la carpeta de ejecución *******, derivada de la causa penal *******, y su acumulada *******, derivada de la causa penal *******, en la cual se le negó el beneficio de la libertad anticipada, consistente en la remisión parcial de la pena. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en su informe justificado (foja 22), manifestó que es cierto el acto reclamado; adjuntando para tal efecto, copia certificada de la carpeta de ejecución 81/2017, derivada de la causa penal 2187/2018, y su acumulada 821/2017, derivada de la causa penal 2311/2015.(fojas 23-211). Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno conforme a los artículos 197, 202, primer párrafo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por el Juez responsable, en ejercicio de sus funciones, quien está dotado de fe pública. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de la resolución reclamada. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, como se estableció en el considerando segundo, la quejosa reclama la resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en la carpeta de ejecución *******, derivada de la causa penal *******, y su acumulada *******, derivada de la causa penal *******, en la cual se le negó el beneficio de libertad anticipada, consistente en la remisión parcial de la pena. Pues bien, respecto de tal determinación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Precepto conforme al cual, cuando se reclamen actos provenientes de autoridades jurisdiccionales, respecto de los cuales la ley ordinaria prevea algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, el quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, debe promover tales medios de defensa, lo que se conoce como el principio de definitividad. Se afirma lo anterior, pues el artículo 14 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, establece lo siguiente: Artículo 14. Recursos. Las resoluciones emitidas por los jueces de ejecución de penas, serán recurribles mediante el recurso de apelación, en los términos del Código de Procedimientos Penales. En relación con la norma anterior, los artículos 399, párrafos primero, segundo y tercer, fracción II, 414, fracción X y 418, último párrafo, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aplicable al caso, disponen: Artículo 399. Reglas generales. Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el proceso penal sólo se admitirán los siguientes recursos, según corresponda: (.) I. Apelación; Artículo 414. Resoluciones apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones dictadas por el Juez de Garantía: (.) X. Las que en ejecución de sentencia resuelvan sobre beneficios de libertad anticipada; y (.) Artículo 418. Celebración de la audiencia. (.) Concluido el debate, el Tribunal pronunciará resolución de inmediato o, si no fuere posible, dentro de un plazo de tres días siguientes a la celebración de la audiencia, en fecha y hora que dará a conocer a los intervinientes en la misma. El Tribunal podrá revocar, modificar o confirmar la resolución recurrida. Pues bien, de tales normas se desprende que en contra de la resolución reclamada, específicamente de la negativa de otorgarle a la quejosa el beneficio de libertad anticipada, consistente en la remisión parcial de la pena, el artículo 14 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua y 418, último párrafo, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, es procedente el recurso de apelación, el cual tiene como objeto, en ambos casos, precisamente revocar, modificar o confirmar dicha determinación; por lo tanto, es inconcuso que la quejosa debió agotar dicho recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo. Lo anterior, sin soslayar que Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 131, también contempla el recurso de apelación, el cual permite la defensa de los encausados y la posibilidad de que la Alzada revoque o modifique las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales. Por su contenido, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 32/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164627, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 162, que dice: BENEFICIOS DE LIBERTAD ANTICIPADA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DE LA SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, POR MEDIO DE LA CUAL DECIDE SOBRE SU CONCESIÓN. Si bien es cierto que la referida Dirección (actualmente Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal) es la encargada de vigilar y dar seguimiento al procedimiento mediante el cual determina si procede la concesión de los beneficios de libertad anticipada (tratamiento preliberacional, libertad preparatoria y remisión parcial de la pena), también lo es que la determinación que emite no es definitiva y no causa perjuicio al quejoso, pues el artículo 54 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, establece que dicha resolución se someterá a consideración de la autoridad ejecutora, la cual es, según la fracción III del artículo 2o. de dicho ordenamiento, el jefe de Gobierno actuando por conducto de la Secretaría y de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal. En ese orden de ideas, si el acto reclamado en el juicio de amparo lo constituye la resolución emitida por la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, por medio de la cual decide sobre si concede o no alguno de los beneficios de la libertad anticipada y no la resolución que en su caso emita la autoridad ejecutora, a la cual está supeditada aquélla, dicha determinación no puede considerarse susceptible de afectar al quejoso por no constituir un acto definitivo y, por tanto, el juicio de garantías en su contra es improcedente con fundamento en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en él conforme a la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento. Criterio que si bien se refiere a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, resulta aplicable al caso, pues, al igual que en la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, se prevé un medio legal de defensa -apelación- por virtud del cual, puede ser revocada, modificada o confirmada la resolución que decide sobre el beneficio de libertad anticipada. De igual forma, ilustra lo anterior, por las razones que la informan, la tesis I.6o.P.112 P (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2017068, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, página 3084, que dice: LIBERTAD ANTICIPADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA DE PLANO LA SOLICITUD DE DICHO BENEFICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN I, DE LA PROPIA LEY, AL NO ACTUALIZARSE ALGUNA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando en el juicio de amparo indirecto se señala como acto reclamado el acuerdo por el que un Juez de Ejecución de Sanciones Penales desechó de plano la solicitud de libertad anticipada, planteada por un sentenciado, en términos del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por no agotar el principio de definitividad, esa actuación es legal, porque de conformidad con el artículo 132, fracción I, de la ley citada, debe agotarse el recurso de apelación, en razón de que se trata de un acto de carácter intraprocesal y no queda comprendido en alguna de las hipótesis de excepción de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en especial la señalada en la parte final del su inciso b) -que se refiere a que el acto afecte la libertad personal del quejoso- pues, en el caso, el solicitante del beneficio preliberacional no se encuentra privado de su libertad personal con motivo del acuerdo que constituye el acto reclamado, sino porque está cumpliendo la pena impuesta en la sentencia condenatoria que se le dictó en el proceso penal; por tanto, debe agotar dicho recurso ordinario antes de promover el juicio de amparo indirecto, al no actualizarse alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad. Por tanto, como se precisó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que no se agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sin que a la quejosa pueda serle aplicado alguno de los casos de excepción a que la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia se refiere, pues no se está frente a actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y la quejosa no es tercera extraña al procedimiento. De igual forma, tampoco se actualiza la causa de excepción señalada en el inciso b) de la fracción en comento, porque en el caso, no se está afectando la libertad de la quejosa, ya que el motivo por el que se encuentra privada de la libertad no fue la resolución combatida, sino que está cumpliendo una pena de cuatro años ocho meses de prisión, impuesta en las sentencias condenatorias dictadas en las causas penales ******* y *******, por el delito de ROBO AGRAVADO. Tan es así, que la quejosa debió agotar el recurso de apelación en contra del acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, ya que en el propio acto reclamado la autoridad responsable le hizo saber la posibilidad de inconformarse a través de dicho medio de impugnación, al tenor que sigue: .Queda notificadas formalmente las partes en esta audiencia, de conformidad con el artículo 49 del código de procedimientos penales en vigor y se les hace saber que si no son conformes con dicha resolución, puede ser recurrida de conformidad con el artículo 14 de la ley de la materia. Por tanto, al no haber impugnado la resolución reclamada, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, carece de definitividad. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2017117, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, que dice: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Así como la jurisprudencia 447, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consultable en el Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394403, Tomo VI, Parte SCJN, página 297, que dice: RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la sesión de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, al resolver el toca en revisión penal *******, derivado del juicio de amparo *******, del índice de este juzgado. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *******, en relación con el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo vigente, al Ministerio Público que intervino en el procedimiento de ejecución *******, derivada de la causa penal *******, y su acumulada *******, derivada de la causa penal *******, instruidas en contra de *******, del cual deriva el acto reclamado en esta instancia, le reviste el carácter de tercero interesado, por tanto, emplácesele al presente juicio. Por otro lado, atento a lo acordado en el párrafo que antecede, y toda vez que el día de hoy se encuentra señalado para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente, se difiere la referida audiencia, y se fijan las nueve horas con diez minutos del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, con la finalidad de que la parte tercero interesada se imponga del contenido del informe recibido y esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estime pertinentes para desvirtuarlo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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