Rocío Ramírez Navarro
Expediente 834/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Rocío Ramírez Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de febrero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez que se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, de conformidad con lo establecido en el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de enero de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 834/2022-I, promovido por *******, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El siete de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se presentó la demanda promovida por *******, apoderada legal de *******, la cual se recibió en este juzgado, por razón de turno, el mismo día. En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a quien reclamó: IV. ACTO RECLAMADO.- la resolución con número de toca *******, publicada en listas de fecha 17 de Agosto del año 2022, misma que surte efectos el día 18 de Agosto del año 2022, expedida por la magistrada de la sala familiar regional del distrito judicial bravos. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derecho vulnerado el contenido en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Previa aclaración, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual se registró con el consecutivo 834/2022-I-2 y se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento a los terceros interesados, y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Cuarto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar a la totalidad de las partes en este juicio, el oficio SEAD/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. De tal determinación, tuvieron conocimiento de la siguiente forma: la parte quejosa, el agente del Ministerio Público de la adscripción, la asesora del menor y el tercero interesado, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, así como la autoridad responsable Magistrada de la Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos el veintitrés del citado mes y año, sin que hayan efectuado manifestación alguna al respecto. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto que tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó en esencia de la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos, la resolución emitida en el toca *******, el dieciséis de agosto del año en curso. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados, los señalados en los párrafos precedentes, que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. ********************sto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con registro digital 192097, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, manifestó que son ciertos los actos atribuidos por la parte quejosa, ya que el dieciséis de agosto de dos milveintidós, se dictó sentencia en el toca número *******, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución interlocutoria de treinta y uno de mayo del año en curso, en el juicio de divorcio por mutuo consentimiento *******, del índice de asuntos del Juzgado Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, por lo que se tiene por acreditada la existencia de los actos atribuidos a las responsables. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. La tasación asignada a las documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, en la que se dispone: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Cuarto. Actualización de causas de improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, al no existir causa de improcedencia que hayan hecho valer las partes, o alguna cuya actualización se advierta de oficio, se procede enseguida a analizar la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Precisión respecto de menor de edad. En principio, es menester precisar que el presente asunto será analizado bajo la óptica de la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, atento a lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2022087, que a la letra dice: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas. Asimismo, ha de puntualizarse que en términos de lo previsto en el -Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes-, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se omitirá el nombre del menor de edad cuyos intereses involucra el acto reclamado, asentando sólo sus iniciales y en caso de que se requiera alguna transcripción, se sustituirá su nombre con tres asteriscos, siendo que en ambos casos, sólo quedará visible el nombre de sus progenitores. Es aplicable la tesis 1a. CCLXIII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Décima Época, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, visible en la página 162, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES VINCULANTE Y POR TANTO NO TIENE VALOR NORMATIVO PARA FUNDAR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL, PERO CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA PARA QUIENES EJERCEN DICHA FUNCIÓN. DICHA FUNCIÓN. Diversos organismos internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, han emitido diversas directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños, dirigidas especialmente a casos en los que los niños han sido víctimas o testigos de delitos, las cuales tienen por objeto reducir o evitar, en la medida de lo posible, la victimización secundaria. Algunas de esas recomendaciones han sido acogidas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes, señalando al respecto que sobre las pruebas periciales existen algunas directrices relacionadas con su registro, repetición y valoración que deben considerarse. Así, aunque ese protocolo no es vinculante y por tanto no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, sí constituye una herramienta para los juzgadores, pues a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, que se refieren a niñas, niños y adolescentes, establece prácticas para el acceso a la justicia, fundadas en el respeto a los derechos de ese grupo vulnerable, lo cual es trascendente, pues no se puede negar que la forma de realizar las entrevistas al menor puede ser crucial para obtener una respuesta que sea más apegada a la realidad; que deben evitarse las preguntas cerradas y repetirse las preguntas lo menos posible, para impedir que se vicien las respuestas. Asimismo, en los casos en los que haya indicios de maltrato infantil, violencia familiar, incluso abuso sexual o conflictos emocionales derivados de divorcios conflictivos, los lineamientos citados persiguen una doble finalidad: a) obtener un testimonio de calidad y conocer con un mayor grado de certeza lo que piensa o siente el menor; y, b) evitar, en la medida de lo posible, revictimizarlo. Sexto. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los contenidos en su escrito inicial, mismos que se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo; y con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, del rubro siguiente: -CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- Séptimo. Análisis previo al estudio de fondo. Previo al estudio de los conceptos de violación se procederá a hacer una narrativa de los antecedentes que dieron origen al acto que ahora se reclama: 1. El veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, ******* (tercero interesado) y la quejosa *******, celebraron un convenio de divorcio, pensión alimenticia y liquidación de la sociedad conyugal, el cual quedó registrado bajo el número de expediente *******, del índice del Juzgado Primero Familiar por audiencias del Distrito Judicial Bravos. 2. Se inició un incidente de pensiones vencidas y no pagadas en contra del aquí tercero *******, el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se acordó su admisión en la vía de apremio, recibiéndose la contestación del mismo el trece de septiembre del mismo año. 3. El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se condenó a la parte demandada incidentista al pago de $******* (*******). 4. Después el demandado incidentista el seis de junio de dos mil veintidós, apeló dicha resolución ante la Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos, quedando radicada bajo el número de toca *******, cuyo resultado fue una resolución modificatoria el dieciséis de agosto del año en curso. Dicha determinación es la que da origen al presente juicio de amparo. Octavo. Determinación emitida por la Sala Familiar en resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Para mejor comprensión del asunto, conviene transcribir la parte relativa en que la Sala responsable analiza el caso planteado y emite su determinación, al respecto sostuvo lo siguiente: - -.- 3. PLANTEAMIENTO DEL CASO. Convenio de divorcio. Las partes involucradas celebraron convenio de divorcio, mismo que en cuanto a la pensión alimenticia a favor de sus hijos, quedó en los siguientes términos: -SEGUNDA.- Continúa manifestando el señor -*******-, que se obliga a proporcionar una pensión alimenticia en favor de sus tres menores hijos de iniciales -*******,******* y *******, correspondiente a $******* (******* ), en forma mensual, el primer fin de semana de cada mes, debiendo incrementar dicha cantidad conforme incremente el salario mínimo general vigente para esta zona económica, cantidad que se entregará a la madre de dichos menores a contra entrega del recibo correspondiente. Dicha cláusula fue aclarada por los signantes en cuanto a la forma de entrega de la pensión pactada, en el sentido de que sería entregada el primer sábado de cada mes de manera personal. Convenio aprobado en sentencia definitiva de fecha once de diciembre de dos mil dieciocho. Incidente. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, -*******- compareció a reclamar de su ex cónyuge, el pago de las pensiones alimenticias que dice adeudaba a sus hijos desde el mes de enero de dos mil diecinueve, con su respectiva actualización. Presentó una planilla en la que planteó que la pensión de $******* (*******) mensuales inicialmente pactada, había aumentado a $******* (*******), en razón de que el salario mínimo en la frontera para el año dos mil diecinueve había aumentado en un cien por ciento. Para dos mil veinte, dice que aumentó a $******* (*******) mensuales. Y para dos mil veintiuno a $******* (*******) por mes. Dando un total de $******* (*******) del ciento de enero de dos mil diecinueve al primero de mayo de dos mil veintiuno. Contestación del incidente. Por su parte -*******- se opuso al reclamo exigido por su contraparte, señalando que celebró convenio verbal con -*******- en el sentido de que esos $******* *******) se dividirían de la siguiente manera: Pagaría mensualmente $******* (*******) con vales de despensa mediante una tarjeta ******* (tarjeta de la empresa donde trabaja que fue expedida a favor y que tiene en posesión su contraria); la cantidad de $******* (*******) por el descuento que se le realiza del crédito ******* (mismo que la promovente se obligó a pagar en un cien por ciento). El resto de la pensión lo depositaría en efectivo. Indicó que a inicios de febrero de dos mil diecinueve, la actora incidentista le solicitó un adelanto de la pensión, por lo que, el quince de febrero del mismo año, le depositó la cantidad de $******* (*******) y quedaron de acuerdo que con ese monto quedaba cubierto el año completo por concepto de pensión alimenticia. Pero dice que, a pesar de haberse pagado el año completo, le siguió pagando los vales mes con mes así como continuó dando soporte económico con el descuento del *******, el cual se le realizada (sic) de manera directa en su salario. En dos ml veinte, pagó $******* (*******) y en lo que va del año dos mil veintiuno, ha entregado por concepto de pensión alimenticia el monto de $******* (*******) entre vales de despensa y el pago del crédito infonavit. Que sus hijos no habitan la casa adquirida con el citado crédito, en razón de que se fueron a vivir a Querétaro, ello en contra de la voluntad del progenitor y de lo convenido en el divorcio. Además, dice que la cantidad calculada por la actora incidentista es arbitraria, pues el salario mínimo no se incrementó en un cien por ciento, lo cual es desproporcionado con su capacidad económica, puesto que ahora tiene una nueva acreedora alimentista que es su esposa, con quien contrajo matrimonio el dieciséis de octubre de dos mil veinte. Consideraciones sustentadas en la interlocutoria. En la resolución impugnada se consideró que quedó acreditada la obligación alimenticia a cargo del demandado incidentista, conforme a lo pactado en el convenio de divorcio elevado a categoría de cosa juzgada, donde se comprometió a incrementar la cantidad precisada por dicho concepto, conforme al aumento del salario mínimo general vigente para esta zona económica. Que en el año dos mil diecinueve, según publicación de Salarios Mínimos en el Diario Oficial de la Federación, el salario mínimo se incrementó en un 100% (cien por ciento), por lo que, aplicado a la cantidad pactada, arroja la suma de $******* (*******); en el año dos mil veinte el salario mínimo ascendió a 5% (cinco por ciento) que representa $******* que aplicados a la anterior cantidad da un monto de $******* (*******) y en el dos mil veintiuno incrementó un 15% (quince por ciento) que arroja un total de aumento a $******* (*******). Estableció que la carga de la prueba en la incidencia que nos ocupa corre a cargo del demandado incidentista, quien tiene que acreditar que sí cumplió con su obligación alimenticia. Respecto a la excepción de pago opuesta, señaló que el demandado sólo comprobó diversos pagos a favor de sus acreedores alimentistas, mediante las transferencias consignadas en las documentales que exhibió, dando un total de $******* (*******). Que lo anterior quedó demostrado pese a que en el convenio en cuestión se pactó que el pago se haría en efectivo y de manera personal, ya que la actora incidentista cambió de residencia -según el dicho de su apoderada legal- de ahí que fuera imposible el cumplimiento en los términos establecidos. Por otro lado, no se otorgó valor convictivo a las diversas documentales aportadas, por considerar que el obligado no probó el supuesto acuerdo verbal al que llegó con la incidentista, en el sentido de que la cantidad pactada se pagaría en vales de despensa, con la retención que se le hace a él por concepto de crédito de infonavit y con el depósito de una cantidad en efectivo, pues al no exhibir documento que confirmara la modificación del convenio principal, dichos pagos no forman parte de la obligación adquirida dentro de citado acuerdo de voluntades. Condenando al demandado incidentista al pago de $******* (*******) que es lo que queda al restarle el monto de $******* (*******) que es la cantidad que el demandado justificó haber pagado a favor de sus hijos. Agravios. Primero. El apelante se duele de la decisión de haberle condenado al pago de tal cantidad, pues sostiene que siempre cumplió con su obligación alimenticia para con sus hijos. Principalmente se inconforma con el cálculo que se hizo de los incrementos de la pensión alimenticia, alegando que en el año dos mil diecinueve, el salario mínimo no aumentó un cien por ciento, ya que en la tablilla de salarios mínimos generales, según la Comisión de Salarios Mínimos, se decretó el incrementó -en dicho año- en un 5% (cinco por ciento) y no en un 100% (cien por ciento), debiendo ser la cantidad de $******* (*******) y no el doble; que en dos mil veinte ascendió a $******* (*******) y en dos mil veintiuno a $******* (*******), lo que calculado en el tiempo que se le reclama arroja un importe de $******* (*******), lo que calculado en el tiempo que se le reclama arroja un importe de $******* (*******) y no los $******* (*******) que reclamo la actora incidentista y que se consideró correcto en la resolución impugnada. Segundo. Señala que probó con fotografías la entrega de efectivo que realizó a la actora, que también se le hicieron transferencias y que esta dispone de los vales de despensa en la ciudad de Querétaro; que todo se demuestra con el anexo que presentó el siete de diciembre de dos mil veintiuno, como prueba superviniente, mismo que no fue considerado en la resolución recurrida. Expone que con sus recibos de nómina justificó el descuento que se le hace por el crédito hipotecario del *******, con lo que proporciona vida digna a sus hijos, ya que en el convenio él cedió sus derechos sobre la vivienda a favor de la actora incidentista, quien quedó como única propietaria, sin embargo, dice que no la habitan, pues cambiaron su residencia a la ciudad de Querétaro. Refiere que acreditó haber entregado por concepto de pensión alimenticia a favor de sus hijos la cantidad de $******* (*******), pero que no fueron consideradas las documentales que exhibió, por lo que se le condenó a su pago. Tercero. Agrega que no se tomó en cuenta que ahora tiene dependiente económica, ni las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor alimentista, toda vez que en la resolución impugnada se le obliga a proporcionar alimentos por $******* (*******) mensuales, siendo sus ingresos netos la cantidad de $******* (*******), por lo que estaría pagando el 71% (setenta y un porciento) de su sueldo, después de las deducciones legales, siendo un alto porcentaje. 4. ESTUDIO DEL CASO CONCRETO. Interés superior de la infancia. En primer término, debe deducirse que toda vez que las cuestiones debatidas afectan principalmente los derechos de *******, ******* y *******, hijos de los contendientes, el presente asunto se analizará con perspectiva de infancia, privilegiando el interés superior de niñas, niños y adolescentes; en virtud de la obligación constitucional y convencional que todo tribunal tiene de que las determinaciones que se emitan en relación a los derechos de la niñez, como lo es el derecho a los alimentos, sean revisadas sobre la base de brindar la protección idónea de velar por su interés superior en cualquier instancia, por así desprenderse de los artículos 4 constitucional y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con los numerales 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 24 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, las determinaciones que se emitan en los órganos jurisdiccionales deben ir más allá de lo pedido por aquella parte que promueve en legítima representación de menores y, en su caso, suplir la deficiencia de sus planteamientos, pues el mandato constitucional tiene por objeto que la autoridad vale por el aseguramiento del pago de la pensión alimenticia a que los niños tienen derecho, lo que obliga al juzgador a tomar en cuenta dos aspectos fundamentales: el derecho de acceso a la impartición de justicia y el interés superior del menor. Sustenta lo anterior, la tesis jurisprudencial 7/2016 (10 a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, página 10, número de registro digital 2012********************2, de rubro y contenido: -INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento.- Suplencia de la queja. Asimismo, toda vez que se ventilan cuestiones inherentes a alimentos, procede la suplencia de la deficiencia de la queja en favor de todas las partes involucradas, inclusive el deudor alimentario. Sustenta lo anterior, la tesis jurisprudencial 1ª./J. 24/2020 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 78, septiembre de 2020, Tomo I, página 316, número de registro, digital 2022087, de rubro y contenido: -SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas.- Estudio de fondo. El motivo de disenso expuesto por el recurrente en el primer agravio, se basa principalmente en que fue incorrecto el cálculo del aumento de la pensión alimenticia inicialmente pactada, pues dice que el salario mínimo no aumentó en un cien por ciento -como lo planteó la actora incidentista-, sino solo en un cinco por ciento. Para dar respuesta a este argumento debe resaltarse, primeramente, que como ya se expuso, las partes celebraron convenio judicial que fue aprobado en sentencia ejecutoria dictada el once de diciembre de dos mil dieciocho, en el que -en lo que interesa- el demandado incidentista se obligó a otorgar por concepto de pensión alimenticia a favor de sus hijos *******, ******* y *******, la cantidad de $******* (*******) mensuales, conviniendo que dicha cantidad se incrementaría conforme incremente el salario mínimo general vigente para esta zona económica. Entonces, es necesario establecer cuál es el salario mínimo general vigente que debe tomarse como base para los incrementos en la pensión alimenticia, es decir, el establecido para la franja fronteriza o para el resto del país. Al respecto, debe resaltarse como antecedente, que el salario mínimo se encuentra regulado en la Ley Federal del Trabajo como la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo, misma que deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de las y los hijos. (Artículo 90) Así mismo, dispone la citada ley que éstos podrán ser generales por una o varias áreas geográficas de aplicación. (Artículo 91) Siendo la Comisión Nacional de Salarios Mínimos la responsable de su fijación y de determinar la división y de determinar la división de la República en áreas geográficas en las que deba regir un mismo salario mínimo general. (Artículos 94 y 96) Sobre estas áreas geográficas se hace alusión en el convenio que nos ocupa, al referirse a la -zona económica- vigente, las cuales han sufrido diversas modificaciones a lo largo de los años. Así, para antes del primero de octubre de dos mil quince, el municipio de Juárez, Chihuahua, se encontraba dentro del área geográfica identificada como -A-, después de esa fecha, se determinó la creación de un área geográfica única para toda la República, la cual tuvo vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, ya que el primero de enero de dos mil diecinueve, se instauró una -Zona Libre de la Frontera Norte- y un -área de Salarios Mínimos Generales-, quedando nuestro municipio dentro de la primera. Expuesto el antecedente del concepto de -zona económica- que se estableció en el convenio que se analiza y a fin de resolver el cuestionamiento primeramente planteado, consistente en determinar cuál salario mínimo general vigente se debe tomar como base para el incremento en la pensión alimenticia, es necesario atender al origen del denominado salario mínimo para la -Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN)-. Esta zona entró en vigor el uno de enero de dos mil diecinueve, en 43 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (entre ellos esta ciudad), y a propuesta de la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) al Consejo de Representantes, se creó la ZLFN y se determinó el salario mínimo que le sería aplicable a ese año (2019), así como una serie de estímulos fiscales para dicha zona (fuente:https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650989/5_Criterios_de_inclusi_n_STPS_20190307-salarios.pdf). Entre las consideraciones detrás de la creación de la Región Fronteriza Norte incluidas en el Derecho destacan: -Que en 2016, México estuvo clasificado en el segundo lugar a nivel mundial como -zona de conflicto mortal- (International Institute for Strategic Studies, 2017) después de Siria, en particular, la zona norte del país, ya que ha sido fuertemente afectada por los elevados niveles de violencia y actividad del crimen organizado y por una pérdida de dinamismo en la actividad económica, en virtud de que hay una relación entre la violencia y la baja actividad en ambas direcciones, por lo que en los municipios fronterizos se ha generado un círculo vicioso entre estos factores, lo que justifica el apoyo gubernamental en distintos frentes; Que en los últimos años, los municipios más cercanos a Estados Unidos, en especial aquellos con puentes fronterizos, han presentado altos y crecientes índices de homicidios, lo cual se corrobora con la información de dichos sucesos entre los municipios de la frontera norte y el resto del país ha venido creciendo en los últimos años. Mientras que, en 2015, en los municipios de la frontera norte la tasa promedio de homicidios era de 26.2 por cada 100 mil habitantes, en el resto del país la cifra era de 17.85 y para 2017, estas cifras fueron 50.4 por cada 100 mil habitantes para frontera y 26.3 para el resto del país; Que en la actividad económica de la franja fronteriza norte ha experimentado choques negativos, especialmente relacionados con la entrada de China como un competidos comercial relevante en la industria manufacturera. (.) La alta concentración de la industria manufacturera en la zona fronteriza ha hecho que ésta se vea afectada por la combinación de baja generación de empleo e incrementos en la violencia. En los municipios colindantes con la frontera norte, la tasa de empleo registrado por los censos económicos bajó aproximadamente en 2 puntos porcentuales entre 2010 y 2015; Que, así como la disminución de oportunidades laborales facilita el desarrollo del crimen, la violencia afecta la producción de las empresas, el empleo y el ingreso económico en las familias (Calderón et al, 2015). Durante 2010 y 2015, de acuerdo a cifras de los censos económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el producto interno bruto per cápita de municipios fronterizos disminuyó drásticamente y particularmente en los municipio de General Plutarco Elías Calles (45.6%) y de Sáric (45.6%), ambos del estado de Sonora; el municipio de Mexicali (8%), estado de Baja California, y el municipio de Reynosa (36.7%), estado de Tamaulipas, lo cual es consistente con los hallazgos de la literatura sobre la relación entre violencia y actividad económica, lo cual es particularmente relevante para una región que constantemente recibe flujos migratorios que tienden a establecerse en el lugar por periodos prolongados de tiempo, generando choques exógenos al mercado laboral de la región.- De lo anterior, se advierte que la creación de la Zona Libre de la Frontera Norte se debe a cuestiones económicas completamente ajenas a la materia de alimentos, por lo que, su aumento no puede servir como parámetro para la actualización de la pensión alimenticia. Ello, independientemente de que en el convenio que obra en autos el deudor alimentario estuviere conforme con que aumentara en la misma proporción que el salario mínimo en esta zona, lo anterior en términos de lo que establecen los numerales 1691 b y 1691 c del Código Civil del Estado, ya que en aquél momento no era previsible la creación una zona geográfica específica con la intención de reactivar la economía en los municipios que hacen frontera con Estados Unidos de América y que atiende a fines muy específicos. De ahí que constituya una excepción que hace que resulte aplicable como parámetro, en lo que respecta a alimentos, el salario mínimo general aplica en el resto del país, cuyo aumento no atiende a programas de desarrollo económico en razón de las particularidades del municipio, aunado a que el aumento en el salario mínimo se vio reflejado en esa proporción en las percepciones de todos los trabajadores, sino sólo en aquellos que ganan un salario mínimo. Lo que es acorde con lo dispuesto en el artículo 21 del ordenamiento sustantivo civil, que establece: -Cuando las leyes se aluda el salario mínimo y su uso o referencia resulte aplicable, se tendrá como tal el salario mínimo diario general vigente en la Capital del Estado, salvo disposición en contrario.- El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza-. Al respecto, tenemos que en la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de fecha diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, misma que fijó los salarios mínimos general y profesionales que estarían vigentes a partir del primero de enero de dos mil diecinueve, se introdujo una innovación en el procedimiento de fijación de los salarios mínimos, el llamado Monto Independiente de Recuperación (MIR) -que es la causa del aumento tan significativo en el salario- mismo que se describió de la siguiente manera: Es una cantidad absoluta en pesos. 2. Su objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general. 3. No debe ser utilizado como referente para fijar incrementos en los demás salarios vigentes en el mercando (sic) laboral (salarios contractuales, federales y de la jurisdicción local; salarios diferentes a los mínimos y a los contractuales,; salarios para servidores públicos federal, estatales, municipales y demás salarios del sector informal). 4. El MIR podrá ser aplicado tanto en un procedimiento de Revisión salarial como de fijación salarial prevista en el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo. Se precisó que el propósito del MIR es hacer posible que se recupere el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados que perciben un salario mínimo general. Definiéndose como asalariado a quien tiene una relación subordinada de trabajo, que labora para un patrón por una jornada completa de trabajo. (fuente: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547224&fecha=26/12/2018) De lo anterior se puede concluir dos cuestiones: El monto del salario mínimo general establecido para esta frontera no puede servir de parámetro para la actualización de la pensión alimenticia, es decir, como base para decretar aumentos anuales. El salario mínimo general se aplica únicamente para las personas asalariadas, es decir, para aquellos que tienen un patrón y laboran la jornada completa y perciben un salario mínimo general. De lo expuesto, se concluye que resultó incorrecto que en la interlocutoria impugnada, se considerara como base para el cálculo de los incrementos a la pensión alimenticia originalmente pactada, los aumentos al salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte, pues como se vio, tal índice no es aplicable a la materia de alimentos ni se vio reflejado en los ingresos de todos los trabajadores, sino únicamente en el de los asalariados, es decir, aquéllos trabajadores que ganan un salario mínimo y, en el particular, el demandado incidentista no se sitúa en dicho supuesto, según se colige de los recibos de nómina que exhibió a los autos. Por ello, debió considerarse para el cómputo referido, el incremento del salario mínimo vigente en la zona geográfica conocida como -Resto del país-. En este orden argumentativo, se tiene que anualmente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, incrementa el porcentaje al salario mínimo general vigente para toda la República Mexicana dividiendo el territorio mexicano en dos áreas la General y la Zona Libre de la Frontera Norte; para lo cual se transcribe la siguiente tabla que refleja el incremento en el año dos mil diecinueve: Pesos diarios Porcentaje Pesos diarios Área Geográfica Monto Vigente 2018 Monto Independiente de Recuperación (MIR) Aumento por fijación (%) Monto vigente a partir del 1º de enero de 2019 Resto del país $******* ******* 5% $******* Zona Libre de la Frontera Norte $******* ******* 5% $******* De ahí se tiene que, si bien es cierto en el año dos mil diecinueve el salario mínimo general ascendía a la cantidad de $******* (*******), esto es porque el salario mínimo general del dos mil dieciocho cuya cuantía era de $******* (*******) se le añadió el Monto Independiente de Recuperación por la suma de $******* (*******); luego, a la cantidad correspondiente se le aplicó el incremento porcentual del 5% (cinco por ciento) dando como resultado que el salario mínimo incrementó en esta zona fronteriza a $******* *******). Asimismo, en el año dos mil veinte, el incremento fue de la siguiente manera: Pesos diarios Porcentaje Pesos diarios Área Geográfica Monto Vigente 2019 Monto Independiente de Recuperación (MIR) Aumento por fijación (%) Monto vigente 2020 Incremento anual Resto del país $******* ******* 5.0% $******* 20% Zona Libre de la Frontera Norte $******* 0.00 5.0% $******* 5% En el año dos mil veintiuno, el aumento fue el siguiente: Pesos diarios Porcentaje Pesos diarios Área Geográfica Monto Vigente 2020 Monto Independiente de Recuperación (MIR) Aumento por fijación (%) Monto vigente 2021 Incremento anual Resto del país $******* $******* 6.0% $******* 15% Zona Libre de la Frontera Norte $******* $******* 6.0% $******* 15% Y en el año dos mil veintidós se dio de la siguiente forma: Pesos diarios Porcentaje Pesos diarios Área Geográfica Monto Vigente 2021 Monto Independiente de Recuperación (MIR) Aumento por fijación (%) Monto vigente 2022 Incremento anual Resto del país $******* $******* 9.0% $******* 22% Zona Libre de la Frontera Norte $******* $******* 9.0% $******* 22% (FUENTE: https://www.gob.mx/conasami/documentos/tabla-de-salarios-minimos-generales-y-profesionales-por-areas-geograficas?idiom=es) Por lo que, los incrementos de la pensión alimenticia pactada en el convenio multicitado, se dieron de la siguiente manera: PENSIÓN ALIMENTICIA 2018 AUMEN TO -RESTO DEL PAÍS- PENSIÓN ALIMENTI CIA 2019 AUMENTO -RESTO DEL PAÍS- PENSIÓN ALIMENTI CIA 2020 AUMENTO -RESTO DEL PAÍS- PENSIÓN ALIMENTI CIA 2021 $******* 5% $******* 5% $******* 6% $******* PENSIÓN ALIMENTICIA 2021 AUMENTO -RESTO DEL PAÍS- PENSIÓN ALIMENTICIA 2019 $******* 9% $******* En ese contexto, en el año dos mil diecinueve el monto anual de pensión alimenticia ascendió a $******* (*******). En el año dos mil veinte la cantidad anual debió ser de $******* (*******). En dos mil veintiuno es por la cantidad de $******* (*******). Dando un total por esos tres años y cinco meses, la cantidad de $******* (*******) y no la cantidad establecida en la interlocutoria recurrida; de ahí que resulte fundado el motivo de disenso expuesto por el apelante en ese sentido. Por otro lado, en el segundo agravio, el recurrente se duele que no se haya tomado en cuenta el pago que ha realizado al crédito hipotecario que pesa sobre el inmueble que formó parte del convenio de divorcio, ni las disposiciones de vales de despensa que realizó la actora incidentista. Sustenta tales argumentaciones en un convenio verbal que dice celebró con su contraria, mediante el cual se acordó que el monto de la pensión alimenticia lo pagaría de tres maneras: Mil pesos mediante el pago que realiza mensualmente del inmueble ubicado en -*******, de esta ciudad-, del cual el demandado incidentista cedió sus derechos a favor de su ex cónyuge, quien en la cláusula tercera del convenio de divorcio se obligó a cubrir la totalidad del adeudo a la acreedora hipotecaria. $******* *******) mediante los vales de despensa que obtiene por su trabajo, el cual pondría a disposición de la madre de sus hijos mediante una tarjeta bancaria denominada -*******-, y ********************l resto mediante depósito bancario, en razón de que sus hijos y la actora incidentista, se fueron a vivir a la ciudad de Querétaro, por lo que sería materialmente imposible realizar el pago de la pensión en los términos pactados, es decir, personalmente. Sobre este convenio, en la interlocutoria apelada se dijo que el demandado incidentista no acreditó la modificación del convenio principal en los términos que expuso, pues no exhibió documento alguno que así lo justificara. Sin embargo, de las documentales exhibidas por el demandado incidentista, se puede inferir la veracidad de sus afirmaciones. Sin embargo, de las documentales exhibidas por el demandado incidentista, se puede inferir la veracidad de sus afirmaciones. En efecto, mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veintiuno en el buzón del Tribunal Superior de Justicia del estado con sede en esta ciudad, el demandado incidentista exhibió recibos de nómina expedidos a su nombre correspondientes a los meses de octubre y noviembre de dos mil veintiuno; también exhibió historial de movimientos de tarjeta denominada -*******- expedida a su nombre (del cual se advierten compras realizadas en la tienda ******* ubicada en la ciudad de Querétaro) y algunas transacciones hechas a favor de la actora incidentista. Documentos sobre los cuales en la audiencia incidental la A quo señaló que no fueron exhibidos en el escrito de contestación del incidentes, por ello dio vista a la contraria por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniera; sin embargo, la actora incidentista fue omisa en desahogarla y al no haber sido objetados, se les otorgó valor probatorio pleno en la resolución impugnada; no obstante, el valor otorgado no tuvo impacto en el ánimo de la resolutora para tener por acreditada la excepción de pago. Razonamiento descartado, ya que en el contexto planteado, resulta creíble que se haya pactado el convenio verbal aludido por el deudor alimentista, ya que éste tiene su domicilio en esta ciudad, tal y como se advierte de la constancia actuarial en la que se le notificó de la incidencia que nos ocupa. Por su parte, la actora incidentista tiene su domicilio en la ciudad de Querétaro, pues así lo expresó su autorizado en términos amplios en la audiencia incidental y así lo manifestó la accionante ante el Notario Público número Diecisiete en ejercicio para la Demarcación Notarial de Querétaro, ante quien otorgó poder general para pleitos y cobranzas. De ahí que sea verosímil que la señora -*******- es quien realiza compras con la tarjeta -*******- -que está a nombre del deudor alimentista- en ******* de la ciudad de Querétaro, puesto que esa es la ubicación que reportan los movimientos que aparecen en el historial exhibidos por el demandado y ella vive en esa localidad. Así mismo, en la cláusula tercera del Convenio de Divorcio aprobado en sentencia definitiva, se pactó lo siguiente: -TERCERA.- Manifiestan las partes que adquirieron un bien inmueble ubicado en -******* de esta ciudad-, a través de un crédito ante el *******, mismo que sirviera de domicilio conyugal, por lo que ambas partes son conformes en que dicho crédito sea liquidado en forma total por la señora -*******-, por lo que desde este momento el señor -*******-, cede los derechos que le pudieran corresponder respecto de dicho bien inmueble en favor de la señora antes indicada, para que quede como única propietaria de dicho bien inmueble-. De su contenido se advierte que fue la accionante incidental quien voluntariamente contrajo la obligación de liquidar el crédito hipotecario que pesa sobre el citado inmueble, mismo que fue adquirido por ambas partes, razón por la cual a los dos se les debe retener de su salario la mensualidad pactada. Esto se advierte del estado de cuenta histórico expedido por el ******* a nombre de -*******-, del cual se colige que fue un crédito conyugal el que les fue otorgado, lo que implica que ambos cónyuges se constituyeron como deudores hipotecarios y al dos se les retiene una cantidad de su salario como pago parcial del total del crédito otorgado. En ese sentido, si en el convenio de divorcio la ahora actora incidentista se obligó a pagar el crédito hasta su total liquidación, ello implica que pretendió sustituir al diverso deudor en el pago exclusivo del crédito y para que esa sustitución se diera, es necesario que el acreedor la consienta expresa o tácitamente, según establece el numeral 1934 del Código Civil. Sin embargo, tal consentimiento no fue otorgado por el Instituto acreedor por lo tanto, la sustitución que pretendió realizarse en el convenio de mérito no surtió efectos ante el tercero acreedor y en consecuencia, sólo surte efectos entre los pactantes. De ahí que la aportación total de las parcialidades debería cubrir la actora incidentista, en razón de que así se obligó con su contraparte, sin embargo, el demandado ha continuado con el pago de dicho adeudo, tal y como lo manifestó y acreditó el demandado incidentista con los recibos de nómina que exhibió durante la incidencia, de los cuales se advierte que en el apartado de deducciones se le descuenta el concepto -Préstamo infonavit FD-. Cuestión que resulta lógica porque en el acuerdo de voluntades cuya ejecución hoy se solicita, no intervino el ******* quien es un tercero ajeno a él, y por ello no existió una variación en los términos del contrato de otorgamiento de crédito, de manera que el acreedor hipotecario continuó haciendo las retenciones en la forma en que se venía realizando desde la celebración del contrato. No obstante, los involucrados si tenían conocimiento de lo por ellos pactado, de ahí que cobre credibilidad lo afirmando por el demandado incidentista en el sentido de que ambos acordaron que la cantidad que a él se le seguía reteniendo por el *******, se le tomaría a cuenta como pago de una parte de la cantidad fijada como pensión alimenticia en el convenio multicitado, toda vez que esto también le resultaba beneficioso a la actora incidentista, ya que la obligación de pago corría a su cargo y no del demandado. De éstas inferencias es viable establecer la veracidad de lo afirmado por el apelante, ya que para acreditar la celebración de un acuerdo de voluntades no es indispensable la presentación de un documento signado por los contratantes, pues en la materia que nos ocupa, las modificaciones a los términos pactados en el convenio de divorcio, regularmente se dan de manera informal, de ahí que la labor del juzgador deba volverse más analítica para que, del cúmulo de pruebas, se pueda desentrañar la veracidad de los hechos expuestos. En ese contexto, ante lo fundado del segundo motivo de disenso, se tiene por acreditada la modificación de la forma de entrega del numerario de pensión alimenticia, luego, al no existir reenvío de esta instancia, resulta necesario analizar, si el demandado acreditó haber pagado dichos conceptos (vales y crédito hipotecario) y el monto a que ascienden, quedando excluido de tal análisis las transacciones que en la resolución impugnada fueron valoradas de manera favorable al apelante por la cantidad de $******* (*******). Así pues, el demandado anexó un Estado de Cuenta Histórico expedido a su nombre por el *******, del cual se advierte que la mensualidad que le es retenida cuando tiene una relación laboral (que es el supuesto en el que se encuentra) es de $******* *******), siendo este un dato cierto sobre el monto que se le ha descontado como pago del crédito otorgado durante el lapso que le es reclamado, es decir, de enero de dos mil diecinueve a la (sic) mayo de dos mil veintidós. Siendo importante precisar que al tratarse de la materia de alimentos y estar involucrados los derechos de *******, ******* y *******, deberá de cuantificarse también las mensualidades que se hayan seguido generando hasta la emisión de la interlocutoria recurrida, ya que el cumplimiento de la obligación alimentaria es de tracto sucesivo, puesto que la necesidad de recibirlos surge de momento a momento, de manera que no puede limitarse su reclamo al contenido literal del escrito incidental, y su condena puede ampliarse al lapso efectivamente transcurrido durante la tramitación de la incidencia e incluso, las que se sigan generando hasta que se dé cumplimiento total a la obligación. Por lo tanto, de enero de dos mil diecinueve a mayo de dos mil veintidós, transcurrieron cuarenta y un meses que multiplicados por $******* *******), da un total de $******* (*******). También exhibió un estado de cuenta de la tarjeta número -*******- a nombre de -*******-, cuenta -*******- relativa a la tarjeta *******, en el que se detallan movimientos hechos con dicha tarjeta en las tiendas *******en la ciudad de Querétaro, que ascienden a la cantidad de $******* (*******). Estas cantidades deberán de ser sumadas a la que ya se le tuvo por acreditada en la interlocutoria recurrida, dando un total de $******* (*******). Por último, en cuanto al tercer agravio consistente en que no se tomó en cuenta al principio de proporcionalidad que rige la materia de alimentos debe decirse que tal principio debe atenderse siempre que vaya a fijarse una pensión alimenticia ya sea provisional o definitiva; sin embargo, en el caso que nos ocupa, el monto de la pensión ya fue fijado por el acuerdo voluntario de las partes, sobre un monto específico de los ingresos del deudor alimentario, de manera que ya no se está en el supuesto de fijar la pensión alimenticia y, por lo tanto, no es factible atender a tal criterio en la etapa de ejecución de sentencia, ya que en ésta solo se analiza el cumplimiento o no de lo resuelto en la sentencia definitiva; en caso de promoverse la modificación de los términos de convenio analizado, será ahí donde se atiende el principio aludido. Como resultado de lo anterior, lo procedente es modificar la interlocutoria recurrida a fin de condenar al demandado incidentista únicamente al pago de la cantidad de $******* (*******), por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas correspondientes al período que comprende desde el mes de enero del dos mil diecinueve hasta el mes de mayo del año dos mil veintidós, pues acreditó haber cubierto el monto de $*******(*******), de la cantidad generada durante dicho lapso que fue de $******* (*******). 5. SENTIDO DEL FALLO Por las consideraciones que preceden, se estima pertinente resolver la presente Alzada, mediante la modificación de la resolución recurrida, a fin de condenar al demandado incidentista al pago de la cantidad de $******* (*******), por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas correspondientes al período que comprende desde el mes de enero del dos mil diecinueve hasta el mes de mayo del año dos mil veintidós; túrnense los autos a la Central de Actuarios y Ministros Ejecutores para que por su conducto se requiera al demandado del pago de la citada cantidad, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a embargar bienes de su propiedad bastantes para cubrir la cantidad señalada en términos que señala los artículos 396, 397, 398, y 399 del Código de Procedimientos Familiares. 6. COSTAS No se hace especial condenación en costas al no actualizarse los supuestos establecidos en el artículo 130 del Código de Procedimientos Familiares. 7. RESOLUTIVOS PRIMERO: Se modifica la resolución recurrida para los efectos precisados en el apartado denominado -Sentido del Fallo-. SEGUNDO: No se hace condenación en costas. -.- Noveno.- Análisis de los conceptos de violación. Son infundados los motivos de disenso. La quejosa refiere que la Magistrada responsable, vulneró los principios de debido proceso, proporcionalidad, fundamentación y motivación, pues modificó la interlocutoria recurrida por el aquí tercero interesado, respecto al monto a pagar respecto a la pensión alimenticia, sin que esté debidamente fundando y motivando dicha determinación, condenándolo al pago de la cantidad de $******* (*******), por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas correspondientes al período que comprende desde el mes de enero de dos mil diecinueve hasta el mes de mayo de dos mil veintidós, y no la cantidad de $******* (*******), que se había determinado en el incidente planteado por la quejosa, y del cual deriva el acto que aquí se reclama. En efecto, no asiste razón a la parte quejosa, en cuanto a lo que hace valer en los apartados primero y segundo, aún suplidos en su deficiencia, en términos del numeral 79, fracción II, de la Ley de la Materia. Al respecto, resulta pertinente precisar que debe de entenderse por alimentos, su naturaleza jurídica, los elementos que abarca, características y demás aspectos relacionados a fin de poder dar respuesta a lo esgrimido por la quejosa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato. En ese contexto, los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. Este derecho proviene de la ley y no de causas contractuales, por tanto, quien ejerce ese derecho para reclamarlos judicialmente, únicamente debe acreditar que es el titular del derecho para que su acción alimenticia prospere. Lo anterior, con base en que el legislador ordinario reconoce que la obligación legal de proporcionar los alimentos reposa en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comunión de intereses, pues su causa obedece a que las personas pertenecientes de un mismo grupo se deben recíproca asistencia. Esto es así, dado que la obligación alimenticia proviene o tiene su origen en un deber ético, el cual con posterioridad fue acogido por el derecho y se eleva a la categoría de una obligación jurídica provista de sanción, la cual como ya quedó anotado, tiene como propósito fundamental proporcionar al familiar caído en desgracia lo suficiente y necesario para su manutención o subsistencia; debiendo entenderse este deber en su connotación más amplia, esto es, el de asegurar al deudor alimentista los medios de vida suficientes cuando éste carezca de la forma de obtenerlos y se encuentre en la imposibilidad real de procurárselos. De ahí que el Supremo Tribunal, en reiteradas ocasiones, haya considerado a los alimentos como de interés social y orden público, lo cual se corrobora, en lo conducente, con el contenido de las tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente: ALIMENTOS, CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LOS CONCEDE ES IMPROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSIÓN. Uno de los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de Amparo para decretar la suspensión, es el de que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y enuncia casos en que se sigue perjuicio o se realizan tales contravenciones. El artículo 175 de esa propia ley dice, que cuando la ejecución o la inejecución del acto reclamado puede ocasionar perjuicios al interés general, la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios. La Tercera Sala de la Suprema Corte, ha estimado que con los alimentos se protege la subsistencia del acreedor alimentario y por ello, de concederse la suspensión contra la resolución que los concede, se atacaría el orden público y se afectaría el interés social; de donde resulta que, es improcedente otorgar la suspensión contra la resolución que concede alimentos, porque equivaldría a dejar sin efecto la pensión alimenticia, y los perjuicios que con tal resolución se ocasionaran al acreedor alimentista, serían irreparables, además de que los alimentos son de orden público porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario, y constituyen un derecho establecido por la ley, que nace del estado matrimonial, como una obligación del marido respecto de la esposa y de los hijos, dentro de la existencia de aquel vínculo, por lo que de concederse la suspensión, se atacaría ese orden público y el interés social; así como el artículo 175 de la Ley de Amparo ordena, que cuando la ejecución o inejecución del acto reclamado puede ocasionar perjuicios al interés general la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios, de donde se concluye, que para no originar daños de tal naturaleza, lo procedente es negar la suspensión. ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE LOS. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos, porque los perjuicios que tal suspensión causaría al acreedor alimentista serían irreparables. No obsta que se alegue que la pensión se determinó incorrectamente; que el Juez de determinado lugar la fijó en una cantidad menor; que el deudor alimentista ya haya estado consignando oportunamente, y que la acreedora la haya recogido en forma retardada, si no hay pruebas que así lo acrediten. Tampoco importa que no se haya tenido en cuenta las circunstancias que deban observarse para fijar el monto de la pensión de que se trate, porque parte de esas cuestiones, por la naturaleza del recurso de queja, no son de su materia, y en todo caso corresponderían al fondo del amparo, y además porque ni aun teniendo por cierto que la acreedora alimentista dejó acumular las pensiones alimenticias, podría concluirse que no tenía necesidad de percibir los alimentos. Por ello, se entiende que el legislador hubiese dispuesto en el artículo 298 del Código Civil del Estado de Chihuahua, lo siguiente: 298. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. Dado que al nacer esta obligación, como ya se dijo, del estado de necesidad del deudor alimentista y ser de orden público e interés general, e implicar todo convenio de transacción el que las partes tengan que otorgarse mutuas concesiones para llegar a un entendimiento, no es dable arriesgar esa situación autorizando la celebración de esta clase de acuerdo de voluntades, puesto que por su conducto podría llegar a aceptarse por el acreedor alimentista condiciones inferiores a las mínimas contenidas en la legislación como un derecho adquirido, o bien, dar concesiones sobre el monto y exigibilidad de la deuda derivada de esta clase de relación, renunciando en forma parcial a ese derecho, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el legislador en este articulado. Y ello no puede ser de otra forma, dado a que en esta clase de relación jurídica predomina ese orden público e interés social de que la persona necesitada esté auxiliada en su sustento. De ahí que también se comprenda el porqué, el legislador ordinario reguló a los alimentos de una persona como un derecho protegido, incluso en contra de la voluntad del propio titular, y les hubiese otorgado las características de ser personalísimos, irrenunciables, imprescriptibles e intransferibles. En esa tesitura, el artículo 285 del Código Civil del Estado de Chihuahua, establece: 285. Los Alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, embarazo y parto. Respecto de las personas menores de edad, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria y secundaria o su equivalente y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales. Tratándose de personas con discapacidad o declarados en estado de interdicción, en los términos de la Ley de la materia, lo indispensable para lograr en lo posible su rehabilitación, tratamiento y desarrollo. Por consiguiente, en esta obligación alimentaria derivada de la ley, deben imperar los principios de equidad y justicia, por ende, en su fijación se deberá de atender a las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo familiar de la que surge este derecho de alimentos. Esto es, en su fijación además de atender a estos dos principios fundamentales a que hemos aludido: estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del obligado, también deberán de ser consideradas y evaluadas las circunstancias o características particulares que prevalecen o representa esa relación familiar, como sin duda lo constituyen: el medio social en que se desenvuelven tanto el acreedor como el deudor alimentario, las costumbres y las circunstancias propias en que se desenvuelve cada familia, desde luego, comprendiendo en ésta al cónyuge y a los hijos y demás que resulten beneficiarios conforme lo señala la ley sustantiva aplicable al caso en concreto. Pues es con base a estas particularidades y a los requerimientos cotidianos surgidos de la vida moderna, que el legislador ordinario con el fin de establecer formas prácticas de poder cumplir con efectividad esa obligación alimenticia, autoriza al deudor para que pueda cumplirla mediante la asignación de una pensión suficiente al acreedor, o bien, incorporándolo a su familia; y sólo ante la eventualidad de que exista oposición a esta incorporación, corresponde entonces al juzgador, tomando en cuenta esas particularidades, fijar la forma en que deberán suministrarse dichos alimentos. Ahora bien, a fin de dar respuesta a los conceptos de violación primero y segundo esgrimidos por la parte quejosa, es necesario citar el artículo 294 del Código Civil del Estado de Chihuahua, del tenor literal siguiente: 294. El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza o depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos. Durante la tramitación del juicio correspondiente, el juez podrá decretar provisionalmente el pago de una pensión alimenticia a favor del acreedor alimentario, determinándola conforme a las necesidades de éste y a las posibilidades de quien debe otorgarla y establecer así mismo los medios que estime conducentes para el debido cumplimiento de tal medida. Toda persona a quien por su cargo, corresponda proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos exactos que le solicite el Juez; de no hacerlo, además de las sanciones que les sean aplicables de acuerdo con la Ley, responderá solidariamente con los obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor alimentista por sus omisiones o informes falsos. La pensión alimenticia provisional podrá ser modificada durante la tramitación del juicio, en la vía incidental, con base en el informe de la trabajadora social dependiente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que de oficio se designará desde el auto que admita la demanda y mediante los elementos de prueba que al efecto aporten las partes. Del dispositivo legal anotado, se plasma el carácter proporcional que debe reunir una obligación alimenticia; de ahí que el juzgador al determinar el monto de una pensión alimenticia debe estar a cada caso en particular y sustentarse en los dos principios fundamentales que lo rigen, esto es: -la posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos-, basados principalmente en los principios éticos y humanos a que se hizo referencia en líneas anteriores, pues en toda determinación que se asuma al respecto, observando que se tratan de disposiciones de orden público e interés social, debe procurar se eviten situaciones injustas y perjudiciales para cualesquiera de las partes contendientes. En ese contexto, deviene infundado el concepto de violación respecto a que la Magistrada en su sentencia, violentó el principio de debido proceso, toda vez que la quejosa refiere que modificó el monto de la pensión alimenticia, sin recabar medios de convicción suficientes para ello. Lo anterior se asevera, pues contrariamente a lo asegurado por la quejosa, la Magistrada responsable, refiere en su resolución que el principio de proporcionalidad que rige la materia de alimentos debe atenderse siempre que vaya a fijarse una pensión alimenticia provisional o definitiva; sin embargo, en dicho caso, el monto de la pensión ya fue fijado mediante el acuerdo voluntario de las partes, sobre un monto específico de los ingresos del deudor alimentario, por lo que ya no se está en el supuesto de fijar la pensión alimenticia, y por lo tanto, no es factible atender a dicho criterio en la etapa de ejecución de sentencia, pues, en dicha etapa únicamente se analiza el cumplimiento o no de lo resuelto en la sentencia definitiva; en caso de promoverse la modificación de los términos del convenio que analizó la Sala responsable, será ahí donde se atienda respecto de dicho análisis. Por tanto, el deudor alimentario, aquí tercero interesado, lo que solicitó a la Sala fue el análisis del incidente de ejecución de pensiones alimenticias adeudas y no pagadas, para lo cual se procedió a revisar la misma, así como las documentales aportadas por el tercero. En este orden de ideas, en el asunto que nos ocupa se tiene que el Juez natural, efectivamente de forma incorrecta determinó la cantidad a pagar a la aquí quejosa basándose en el aumento del salario mínimo general vigente para esta zona económica; sin embargo, tal y como lo precisó la Sala responsable, el salario mínimo se encuentra regulado en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, que señala que, la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo, la cual deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de las y los hijos. De igual forma en el numeral 91 de la citada Ley establece: Artículo 91.- Los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación, que pueden extenderse a una o más entidades federativas o profesionales, para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias áreas geográficas. Aunado a que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es la responsable de su fijación y de determinar la división de la República en áreas geográficas en las que debe regir un mismo salario mínimo general, conforme a lo dispuesto por los artículos 94 y 96 de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 94.- Los salarios mínimos se fijarán por una Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. Artículo 96.- La Comisión Nacional determinará la división de la República en áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo general, sin que necesariamente exista continuidad territorial entre dichos municipios. Por lo que, como lo precisa la Sala responsable antes del uno de octubre de dos mil quince, el municipio de Juárez, Chihuahua, se encontraba dentro del área geográfica identificada como -A-, posterior a esa fecha, se determinó la creación de un área geográfica única para toda la república, la cual estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, dado que el uno de enero de dos mil diecinueve, se estableció una -Zona Libre de la Frontera Norte- y un -área de Salarios Mínimos Generales-, estableciéndose este municipio en la primera; por lo que, para el cálculo del adeudo se debió tomar en cuenta el salario mínimo para la Zona Libre de la Frontera Norte, tal y como realizó el cálculo la Magistrada en su determinación. Ahora bien, debido a que la creación de la Zona Libre de la Frontera Norte, se debe a cuestiones económicas completamente ajenas a la materia de alimentos, es por lo que, el aumento no puede utilizarse como un parámetro para la actualización de la pensión alimenticia, ello no obstante, que al momento de realizarse el convenio de divorcio se estableció en la cláusula segunda que: -debiendo incrementar dicha cantidad conforme incremente el salario mínimo vigente para esta zona-, refiriéndose a la pensión alimenticia, lo anterior, en términos de lo que establecen los numerales 1691 b y 1691 c, del Código Civil del Estado de Chihuahua, cuyo contenido es el siguiente: ARTÍCULO 1691-b. Cuando en cualquier momento de la ejecución de los contratos a que se refiere el artículo anterior, varíen las condiciones generales del medio en que debería tener cumplimiento, por acontecimientos extraordinarios que no pudieron razonablemente preverse por las partes al momento de su celebración y que de llevar adelante los términos aparentes en la convención resultaría una prestación que denote una falta de equidad que no corresponde a la causa del contrato celebrado, podrá el interesado solicitar la rescisión del contrato o una modificación equitativa en la forma y modalidades de ejecución. ARTÍCULO 1691-c. Si el interesado opta por la modificación equitativa en la forma y modalidades de la ejecución del contrato, solo serán materia de ello las prestaciones que deban ser cubiertas con posterioridad al acontecimiento extraordinario que motivó la alteración que tornó difícil o imposible el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes. Las modificaciones también serán procedentes en aquellos casos en que la indexación de prestaciones acordadas por las partes y el cambio de circunstancias a que se ha hecho alusión, originen que la obligación a cargo de una de ellas se tome inequitativa por su excesiva onerosidad. (lo subrayado es propio) De dichos preceptos se puede destacar que las modificaciones a los contratos que hagan las partes serán procedentes con motivo de la compensación por pérdidas en el valor generadas por la devaluación de la moneda o la inflación, permitiendo ajustar los montos utilizando un índice de referencia, de manera que se mantenga el poder adquisitivo, en este caso, que la pensión alimenticia aumente año con año, pero sin que esto signifique un detrimento en la economía del tercero interesado, ello pues como se advierte de la resolución emitida por la Sala ya que tiene una nueva acreedora que es su esposa, ello a partir del dieciséis de octubre de dos mil veinte, fecha en que contrajo matrimonio. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis II.4º. C.27, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, junio de 2018, Tomo IV, página 3107, Décima Época, con número de registro 2017262, cuyo rubro y texto son: PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA SU REDUCCIÓN, CUANDO LA PETICIÓN SE FUNDA EN LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACREEDOR, ES INDISPENSABLE EFECTUAR UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN EN CADA CASO ESPECÍFICO, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y DE PROPORCIONALIDAD (MODIFICACIÓN DE LA TESIS II.4o.C.47 C). Este órgano colegiado ha sostenido el criterio de que basta demostrar la existencia de un nuevo acreedor, para que proceda la reducción de la pensión alimenticia, sin que sea necesario evidenciar que ha demandado su pago; esa postura encontró sustento en la premisa de que era evidente que variaron las circunstancias bajo las cuales se condenó al obligado a proporcionar alimentos a sus acreedores, pues su capacidad económica necesariamente disminuye a consecuencia de la obligación alimentaria que surge con motivo de un nuevo acreedor. Lo anterior dio origen a la tesis aislada II.4o.C.47 C, de rubro: -PENSIÓN ALIMENTICIA. PARA SU REDUCCIÓN BASTA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACREEDOR SIN QUE SEA NECESARIO EVIDENCIAR QUE HA DEMANDADO SU PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).-. Ahora bien, una nueva reflexión del tema lleva a considerar que no es posible establecer factores automáticos o aritméticos para determinar el monto de las pensiones alimenticias, ya que esto es contrario a los principios de interés superior del menor y de proporcionalidad que exige ponderar las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor. En consecuencia, dicho criterio debe modificarse, pues cuando la petición de reducción de la pensión alimenticia, se funda en la existencia de un nuevo acreedor, a efecto de garantizar en forma eficaz los principios referidos, es indispensable efectuar un análisis exhaustivo de las circunstancias que se presentan en cada caso específico, pues el nacimiento o surgimiento de un nuevo acreedor no necesariamente incide en la real capacidad económica del obligado, ya que pudiera contar con recursos suficientes para hacer frente a todas sus obligaciones y, en consecuencia, no debe disminuirse la pensión que reciben sus acreedores, quienes regularmente son ajenos a las nuevas responsabilidades que asume el obligado alimentario. Lo anterior, además, es acorde con la postura que se ha asumido en cuanto a que la capacidad del deudor para suministrar los alimentos no tiene una connotación estrictamente económica, sino que también deriva de la edad, aptitud, talento, cualidades y capacidades que tiene para seguir generando recursos económicos y cubrir los alimentos de sus acreedores. Por otra parte, la Sala fundamenta su dicho con lo dispuesto por el artículo 21 de Código Civil del Estado de Chihuahua, que establece: ARTÍCULO 21. Cuando en las leyes se aluda al salario mínimo y su uso o referencia resulte aplicable, se tendrá como tal el salario mínimo diario general vigente en la Capital del Estado, salvo disposición en contrario. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Por lo que, para hacer la cuantificación de la pensión alimenticia correspondiente al lapso de enero de dos mil diecinueve a mayo de dos mil veintidós, el Juez de origen no debió tomar como base el salario mínimo diario general vigente en la Capital del Estado, aunado a que a partir de enero de dos mil diecinueve, entró en vigor el Monto Independiente de Recuperación (MIR), conforme a la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, lo que introdujo, que es la causa del aumento en el salario, debido a que es una cantidad absoluta en pesos, su único objetivo es contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general y no debe ser utilizado como referente para fijar incrementos en los demás salarios vigentes en el mercado laboral. En atención a todo lo anterior, la Sala procedió a hacer el cálculo de cada año, añadiendo el Monto Independiente de Recuperación, luego a la cantidad correspondiente le aplicó el incremento porcentual del cinco por ciento, dando como resultado el salario mínimo incrementado en esta zona fronteriza, dando como resultado que en el año dos mil diecinueve, el monto actual de pensión alimenticia ascendió a $37,800.00 (treinta y siete mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional); en el año dos mil veinte, a $39,690.00 (treinta y nueve mil seiscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional); en el año dos mil veintiuno, a $42,071.40 (cuarenta y dos mil setenta y un pesos 40/100 moneda nacional), y de enero a mayo de dos mil veintidós -fecha en que se emitió la resolución recurrida ante la Sala-, corresponde la cantidad de $19,107.40 (diecinueve mil ciento siete pesos 40/100 moneda nacional), dando como suma total la cantidad de $138,668.80 (ciento treinta y ocho mil seiscientos sesenta y ocho pesos 80/100 moneda nacional), y no la cantidad establecida por el Juez natural en la interlocutoria recurrida. La quejosa manifestó en su demanda que la autoridad responsable transgredió en perjuicio de los menores el artículo 4, Constitucional el cual estipula lo siguiente: Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza. Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad. El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos. (Lo subrayado es propio) Del citado precepto, se desprende que el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando sus derechos, los niños tienen derechos a que se satisfagan todas sus necesidades, esto es, alimentación, salud, educación y un sano esparcimiento para su desarrollo integral, el cual sus tutores tienen la obligación de brindarles. La quejosa refiere que la Sala al emitir su resolución concluye fundando y acreditando la modificación de la forma de entrega de la pensión alimenticia, así como el supuesto convenio en los términos pactados del convenio de divorcio de manera informal y del cual se tomaría como pago una parte de la cantidad fijada como pensión alimenticia, el descuento que se realiza por el pago de hipoteca ante el ******** hace hincapié en que la Sala fue omisa en estudiar el elemento consistente en -intransigible- con relación a la pensión alimenticia, ello al ignorar el convenio principal realizado con el aquí tercero interesado, esto en la cláusula tercera. En contestación a dicho argumento, esta juzgadora estima que la Sala al emitir su resolución no transgredió los derechos de los menores, contrario a ello, la emitió tomando en consideración el interés superior de éstos, de igual forma analizó el convenio de divorcio mismo que fue aprobado en definitiva, del cual se desprende que se pactó lo siguiente: -TERCERA.- Manifiestan las partes que adquirieron un bien inmueble ubicado en -******* de esta ciudad-, a través de un crédito ante el *******, mismo que sirviera de domicilio conyugal, por lo que ambas partes son conformes en que dicho crédito sea liquidado en forma total por la señora -*******-, por lo que desde este momento el señor -*******-, cede los derechos que le pudieran corresponder respecto de dicho bien inmueble en favor de la señora antes indicada, para que quede como única propietaria de dicho bien inmueble-. De lo anterior, se desprende que la aquí quejosa *******, fue quien voluntariamente se obligó a liquidar el crédito hipotecario, del inmueble que adquirieron durante su matrimonio, y quedando como única propietaria del bien inmueble; sin embargo, para que esto sucediera era necesario el consentimiento tácito o expreso del acreedor (*******), tal y como lo dispone el numeral 1934 del Código Civil del Estado de Chihuahua, que dice: ARTÍCULO 1934. Para que haya sustitución de deudor es necesario que el acreedor consienta expresa o tácitamente. Por lo que, si dicho consentimiento no fue otorgado por el Instituto, la sustitución que pretendían las partes que se realizara, no surtió efectos ante el mismo, y como resultado únicamente surte efectos entre la parte actora y demandada, y, como consecuencia de ello se le siguió descontando el pago respectivo al tercero interesado respecto de dicho crédito, tal y como lo acreditó con los recibos de nómina que exhibió ante la Sala responsable, por lo tanto, si la quejosa quería ser quien pagara el crédito hipotecario debió hacerlo del conocimiento del ******* y realizar el trámite correspondiente para que aquello sucediera. Aunado a lo antes precisado de la resolución emitida por la Sala, la quejosa y el tercero interesado acordaron que la cantidad que a él se le retenía por dicho Instituto, se tomaría a cuenta como parte del pago de la pensión alimenticia, de lo cual la quejosa se beneficia pues en el convenio ella se obligó a hacer el pago completo del multicitado crédito, y si bien dicho pacto lo hicieron de manera verbal, no es necesario que exista un documento con el que se acredite el mismo, tal y como lo estableció la Sala, y, si la quejosa no estaba conforme con ello, se encuentra en posibilidad de interponer por la vía incidental o mediante un juicio autónomo la modificación de la pensión alimenticia fijada en el convenio de divorcio. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis I.3º.C.493, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, página 1368, Novena Época, con número de registro 178079, cuyo contenido es el siguiente: ALIMENTOS. LA BASE SALARIAL QUE INTEGRA LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR NO INCLUYE LAS CANTIDADES POR DEDUCCIONES AL SALARIO PARA EL PAGO DE CRÉDITOS QUE SATISFACEN NECESIDADES DEL ACREEDOR ALIMENTARIO O DEL PROPIO DEUDOR. La base salarial que sirve para el cálculo del porcentaje decretado como pensión alimenticia, está conformada por la cantidad neta resultante con posterioridad a los descuentos que legalmente deben hacerse a la suma bruta devengada por el deudor alimentario, y, por regla general, sólo pueden formar parte de las deducciones excluidas de esa base salarial alimentaria, aquellas que se realizan por imperativo legal, como las fiscales, no así las contraídas personal y voluntariamente por el deudor alimentario, como son las provenientes del pago de préstamos de vivienda o mutuos de algún otro tipo, incluyendo los otorgados por el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pues de no haberse adquirido esas obligaciones libremente, el numerario retenido ingresaría directamente en su patrimonio, aunque, de hecho, ya entró previamente al haberse obtenido el préstamo, es decir, obtuvo dinero sobre el cual ningún descuento por concepto de alimentos se practicó. Sin embargo, deben considerarse como excepción a esta regla general los casos en que los préstamos están destinados a satisfacer necesidades ingentes del propio deudor o de los acreedores alimentarios, porque en esos supuestos debe atenderse a la causa que originó la solicitud de cantidades a terceros por parte del deudor, a fin de establecer si deben o no quedar excluidas de la base alimentaria las sumas correspondientes a tales préstamos. Por ende, y atendiendo, además, al principio de que los alimentos deben ser proporcionados conforme a la capacidad económica del deudor, cuando el deudor alimentario está cubriendo un préstamo que le fue otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para adquirir la vivienda en donde habitan los acreedores alimentarios, de tal suerte que el deudor con ese inmueble cumple con uno de los elementos de los alimentos, como la habitación, debe estimarse que dicho préstamo queda excluido de la base salarial alimentaria, hasta en tanto se cubra en su totalidad. (lo subrayado es propio) En relación a lo plasmado por la quejosa en su demanda que no debe tenerse por acreditado el pago al tercero interesado por la cantidad de $******* (*******), ya que fue realizado a favor de una institución hipotecaria la cual se cedió a la quejosa como ya se precisó en párrafos anteriores, y no como parte de la pensión alimenticia, lo que refiere tiene sustento en el artículo 27, fracción II, de la Convención sobre los Derechos de los Niños, el cual se transcribe: Artículo 27 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Del citado precepto, no se desprende que tenga relación a lo manifestado por la quejosa, si bien es cierto que habla del nivel de vida al que tiene derecho un menor; sin embargo, no se le ha dejado de dar una pensión alimenticia para sus hijos, lo cual se analizara más adelante. Ahora bien, en cuanto a que la Sala ordenó una modificación respecto al monto total de la pensión alimenticia, cabe precisar que lo que realizó, fue analizar los agravios expuestos por el aquí tercero interesado, si bien, la quejosa aduce que al momento de realizarse el convenio de divorcio se estableció en la cláusula segunda que -debiendo incrementar dicha cantidad conforme incremente el salario mínimo vigente para esta zona-, refiriéndose al monto a pagar con motivo de la pensión alimenticia, ello conforme al incremento salarial por año, como ya se analizó al inicio de este considerando. En relación a este punto, como se hizo referencia en párrafos anteriores, para establecer la pensión alimenticia se realizó un convenio judicial entre las partes, el cual fue aprobado en sentencia ejecutoria dictada el once de diciembre de dos mil dieciocho, en el que el tercero interesado se obligó a pagar por concepto de pensión alimenticia a favor de sus menores hijos de iniciales *******, ******* y *******, la cantidad de $******* (*******). De lo plasmado en la resolución pronunciada por la Sala Familiar se advierte que el tercero interesado no ha omitido hacer el pago por la pensión alimenticia a sus menores hijos, ello al exhibir como pruebas de su parte, los recibos de nómina expedidos a su nombre correspondientes a los meses de octubre y noviembre de dos mil veintiuno, el historial de movimientos de la tarjeta -*******- expedida a su nombre -*******-, de cuyo historial se advierten compras realizadas en la tienda ******* en la ciudad de Querétaro, ciudad donde vive la quejosa, así como algunas transacciones hechas a la garante, y el estado de cuenta histórico expedido por el *******, documentos que si bien no fueron exhibidos en la contestación del incidente, se dio vista a la aquí quejosa, sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto u objetado su contenido, otorgándoles el Juez del orden Familiar, valor pleno en la resolución que se impugnó ante la Sala, sin embargo, lo anterior, no fue considerado por el A-quo. Tal y como lo contemplo la Sala, es importante precisar que por tratarse de la materia de alimentos y al estar involucrados los derechos de los menores *******, *******, y *******, deben ser cuantificadas también las mensualidades que se hubieren generado hasta la emisión de la resolución recurrida, dado que el cumplimiento de la obligación alimentaria es de tracto sucesivo, y la condena puede ampliarse al lapso transcurrido durante la tramitación de la incidencia, incluyendo, las que se sigan generando hasta que se dé cumplimiento total a la obligación. Por lo que, la Sala contempló lo siguiente al emitir su determinación que de enero de dos mil diecinueve a mayo de dos mil veintidós, transcurrieron cuarenta y un meses que multiplicados por $******* (*******), da un total de $******* (*******), siendo esta cantidad la que se le descontó con motivo del crédito hipotecario con el Instituto del Fondo Nacional para los Trabajadores. De la tarjeta número *******, a nombre del tercero interesado, con movimientos hechos en la tienda *******, en la ciudad de Querétaro, los cuales ascienden a la cantidad de $******* (*******). Las cantidades precisadas en los dos párrafos que preceden tal y como lo estableció la Sala debieron ser sumadas la que se tuvo por acreditada en la interlocutoria recurrida, esto es, $******* (*******), lo que da un total de $******* (*******), y esta cantidad debe ser restada de la diversa $******* (*******), condenando al aquí tercero únicamente al pago de $******* (*******), por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas correspondientes al período de enero de dos mil diecinueve a mayo de dos mil veintidós. Lo anterior es acorde con el contenido normativo contenido en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que interpretado con los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los progenitores o, en su caso, las personas encargadas de su cuidado, tienen la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los menores en el núcleo familiar y que, en concomitancia con ello, prevé de forma puntual las acciones positivas a cargo de los Estados Parte para brindar apoyo a los responsables primarios a fin de lograr el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, lo que incluye proporcionar asistencia material y desarrollar programas, así como la obligación del Estado de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera. En este sentido, en un grado mayor de especificidad que aquel utilizado en el texto constitucional, el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño dota de significado al derecho de alimentos de los niños elevando a la máxima jerarquía no sólo su contenido esencial y la determinación de los sujetos obligados, sino también las condiciones de la obligación alimenticia y la posición del Estado como garante. Todo ello, además, a la luz del interés superior del niño como principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño o niña en un caso concreto; de ahí que, a partir de las premisas anteriores, se encuentra justificada la viabilidad del aumento de la pensión provisional de alimentos, ello acorde a lo estipulado por la Sala, es decir, conforme al cálculo elaborado en la resolución que en esta vía se impugna. Apoya las anteriores consideraciones, en lo conducente, la tesis 1a. CLVII/2018 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, de diciembre de 2018, Tomo I, materia constitucional, página 300, del siguiente tenor: DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO. OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN ALIMENTARIA, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 27 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. El artículo citado, en relación con los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los progenitores o, en su caso, las personas encargadas de su cuidado, tienen la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los menores en el núcleo familiar. En ese sentido, utiliza el lenguaje de los derechos para reconocer aquél de todo niño a un nivel de vida adecuado, con las correlativas obligaciones de sus cuidadores. Sin embargo, esta formulación no exime ni desplaza al Estado de sus respectivas obligaciones en materia de protección a la niñez, pues lejos de ello, dicho precepto prevé de forma puntual las acciones positivas a cargo de los Estados Parte para brindar apoyo a los responsables primarios a fin de lograr el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños, lo que incluye proporcionar asistencia material y desarrollar programas. Asimismo, el citado precepto determina que el Estado debe tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera, incluso si éstos viven en el extranjero. En este sentido, en un grado mayor de especificidad que aquel utilizado en el texto constitucional, el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño dota de significado al derecho de alimentos de los niños elevando a la máxima jerarquía no sólo su contenido esencial y la determinación de los sujetos obligados, sino también las condiciones de la obligación alimenticia y la posición del Estado como garante. Todo ello, además, a la luz del interés superior del niño como principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño o niña en un caso concreto. Máxime que, los alimentos suelen ser clasificados con base en lo establecido en estos ordenamientos civiles en provisionales y ordinarios, debiendo entenderse que ni los unos ni los otros son fijos o definitivos, pues pueden modificarse en su cuantía, atendiendo a las circunstancias en que originalmente fueron otorgados o en las que se encuentren los acreedores alimenticios o el deudor al momento de resolver. De lo anterior, se advierte que correctamente la Magistrada responsable, en su resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en el toca *******, se llevó a cabo la modificación de la cuantía a pagar por concepto de pensiones de alimentos que debe otorgar el tercero interesado a sus acreedores alimentarios. Lo anterior, lo resolvió tomando como base para determinar dicha cantidad como ya se expuso, las documentales exhibidas en la incidencia planteada por la quejosa, así como que realizando el cálculo sin que se tome como base el salario mínimo vigente en el Estado ya que al ser zona fronteriza se hace conforme a la Zona Libre de la Frontera Norte, sin que con lo anterior, queden en circunstancia de vulnerabilidad los menores ya que si no paga la cantidad que se le fue impuesta por la Sala, se procederá a embargar bienes propiedad del tercero interesado para cubrir la misma. Por lo que, esta juzgadora una vez revisada la resolución emitida por la Sala Familiar, considera que está debidamente fundada y motivada, ya que detalló cada uno de los puntos que la llevaron a modificar la cantidad determinada en el incidente de pensiones alimenticias, emitido por el Juez Familiar. Resulta aplicable la jurisprudencia número 204, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 166, del Apéndice 200 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Séptima Época, Materia Común, (registro digital: 917738), de rubro y texto siguientes: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Consideraciones similares informa la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, que resolvió la Contradicción de Tesis 133/2004-PS, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, Materia Común, (registro: 176546), que dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En mérito de lo expuesto, al resultar infundados los conceptos de violación examinados, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa respecto de la resolución emitida el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en el toca *******, por la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, dado que los conceptos de violación resultaron infundados. En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, fracción XXI, 74 y 75, de la Ley de Amparo, así como 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo promovido por *******, contra la autoridad y acto precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes, a través de juicio en línea a la licenciada *******, asesora jurídica del menor de iniciales ******* y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se desprende que en proveído de dieciocho de noviembre del año en curso, la licenciada ********************, acepto el cargo conferido de representante de los menores de iniciales ********************, ******************** y ********************; por lo que se encuentran transcurriendo los ocho días para que esté en aptitud de imponerse de los autos, de conformidad con lo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas del quince de diciembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista electrónica a las partes, en línea a la representante especial ******************** y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Informa adscripción de titular En este sentido, es necesario acotar que a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, se recibió el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, que suscribe la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informa que se acordó la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior se hace del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Aceptación y protestad de encargo Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por la Asesora Jurídica Federal del Instituto Federal de Defensoría Público, licenciada *******, a través del cual protesta y acepta el cargo conferido de representante especial de los menores de nombre cuyas iniciales son *******, ******* y *******. Autorizados y domicilio Por así haberlo solicitado el representante especial de referencia, se le tiene autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a ******* y *******, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Amparo. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el ubicado en *******, en esta ciudad. Autorización de notificación y consulta electrónicas En atención a que la promovente, aparece registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el usuario *******, dada su solicitud expresa y toda vez que cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, así como ordinales 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta a la autorizada para que las promociones que presenten en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicar las notificaciones en este asunto vía electrónica, incluso las de carácter personal. Asimismo, hágasele del conocimiento, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, en atención a lo solicitado por la referida parte procesal, se le hace del conocimiento que en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Notifíquese a las partes, en línea a la representante especial ******* y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Rocío Hernández Aveytia729/2015
- Rocío Hernández Terán520/2022
- Rocio Jeaneth Calderon Villezcas227/2015
- Rocío Osollo Rubio533/2016
- Rocío Osollo Rubio389/2021
- Rocío Osollo Rubio813/2022
- Rocío Rivas Alverdi155/2023
- Rodolfo Alberto Benavides Cruz486/2018
- Rodolfo Arenas Rodríguez695/2018
- Rodolfo Arenas Rodriguez226/2015
- Rodolfo Betancourt Monarrez308/2017
- Rodolfo Betancourt Monarrez244/2017