Rocío Flores Cruz y Otros.
Expediente 165/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 35 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 165/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 21/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Juez Tercero Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca
- Rocío Flores Cruz y Otros.
- Rocío Flores Cruz
- Nicolás Dion Alevizos Flores y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
PRAL.165/2018-7B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. ...Notifíquese personalmente. ...
- Incidental
INC.165/2018-7B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. 1.- Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que con fecha nueve de abril del año en curso (fojas 51 a 56), se dictó la interlocutoria correspondiente en la que se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en los términos ahí indicados. Ahora, toda vez que en la fecha en que se actúa se tiene por cumplida la sentencia dictada en el juicio principal ordenándose, además, el archivo del expediente 165/2018, del cual deriva esta pieza incidental. Archivo. Por tanto, como no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Carece de relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Comuníquese a las partes que, por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva el original de este expediente será depurable una vez que transcurran cinco años; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno impreso y electrónico respectivo siempre y cuando así proceda. Notifíquese. Así lo acordó Fermín Santiago Santiago, secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa y terceros interesados, en proveído de siete de agosto del año en curso (fojas 293 y 294), para que manifestaran lo que a sus derechos conviniera, respecto del cumplimiento emitido por la autoridad responsable; por tanto, este órgano jurisdiccional procede de oficio a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 243, del tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, registro IUS 192174, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA, APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA." Consideraciones previas. A fin de determinar si el fallo protector se encuentra cumplido, resulta oportuno precisar que: I.- En sentencia engrosada el veintinueve de junio del año en curso (fojas 247 a 262) se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que a) la autoridad responsable ordenadora 1) juez Tercero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, efectuara lo siguiente (foja 147): "[.] ". Deje insubsistente el arresto de cuatro horas impuesto a Roció Flores Cruz, decretado en audiencia de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho dentro del expediente familiar 380/2015 y dicte un proveído, en el que, con libertad de jurisdicción, determine si atendiendo al estado procesal que guarda el citado juicio familiar, es necesario que subsista el arresto de cuatro horas decretado a la parte quejosa mediante audiencia de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Lo anterior se justifica, porque mediante audiencia de doce de marzo de dos mil dieciocho (fojas 221 a 225), se advierte que lo ordenado en proveído de dieciséis de enero de dos mil dieciocho (origen del arresto que se reclama), ya se logró, pues en dicha audiencia se escuchó al menor N.D.A.F y se valoró a la menor M.A.F. Ahora, en el caso de determinar que, según constancias de autos, es necesario que subsista el arresto de cuatro horas decretado a la parte quejosa mediante audiencia de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, dicho medio de apremio deberá: Cumplir con los principios de motivación previstos en el artículo 16 constitucional, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos que tenga para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate (cuatro horas), tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales de la infractora. Asimismo, deberá adoptar las medidas pertinentes para la protección de los menores involucrados a fin de no poner en riesgo su integridad, seguridad y salud previendo en todo momento, cuál será la situación que guarden los menores durante la ejecución de dicha medida. [.]" Y b) la autoridad responsable ejecutora 2) comisionado de la Policía Estatal del Estado de Oaxaca, acatara lo siguiente (foja 147 vuelta): "[.] ". La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al comisionado de la Policía Estatal de Estado de Oaxaca, al ser consecuencia de la determinación que se declaró inconstitucional; y, conforme a la jurisprudencia "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS" [.]" II.- Por auto de diecinueve de julio de este año (fojas 283 a 285) causó ejecutoria la citada sentencia y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables 1) juez Tercero de lo Familiar del distrito judicial del Centro y 2) comisionado de la Policía Estatal del Estado de Oaxaca. III.- Por oficio número SSP/PE/DJ/TAC/3192/2018, la jefa de Departamento de Sector adscrita a la Dirección Jurídica de la Policía Estatal, con sede en Santa María Coyotepec, Oaxaca, informó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo (foja 288); pues, al efecto, informó a las divisiones con las que cuenta dicha Institución a fin de que dieran cumplimiento con lo ordenado por este Juzgado. IV.- Por oficio número 2088/2018, la juez Tercero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, con sede en la ciudad de Oaxaca, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del auto de dos de agosto de este año, dictado en el expediente 380/2015, de su índice (fojas 291 y 292). Documentales con las cuales, en proveído de siete de agosto de esta anualidad (fojas 293 y 294), se dio vista a la parte quejosa así como al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, manifestaran lo que a sus derechos conviniera. Ahora, es importante mencionar que cuando se otorga plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable a fin de que cumpla con una sentencia de amparo, como es el caso, tal circunstancia no implica que su actuar deba concretarse a dejar insubsistente la resolución declarada inconstitucional, sino que debe atender a las consideraciones específicas indicadas en el cuerpo de la determinación en la cual se otorgó la protección de la Justicia Federal. En relación con lo anterior, es aplicable la tesis 1a. CX/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional. Por tanto, atendiendo los lineamientos en que se pronunció la sentencia de amparo, que subsiste en sus términos, ya que no se interpuso recurso de revisión en su contra, se establece que la autoridad responsable juez Tercero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, con sede en la ciudad de Oaxaca: a). Dejó insubsistente la orden de arresto de cuatro horas, decretada en audiencia de treinta y uno de enero de este año, impuesta a Roció Flores Cruz, en el expediente 380/2015, de su índice (foja 292). b). Con libertad de jurisdicción, determinó innecesario imponer el arresto a la aquí quejosa Roció Flores Cruz (foja 292 in fine); ello, en virtud que en audiencia de doce de marzo de este año, en presencia de la agente de la Ministerio Público correspondiente, la juez Familiar responsable escuchó a los menores de edad N. D. A. F. y M. A. F. , con lo que se satisfizo lo ordenado en proveído de dieciséis de enero pasado, en el expediente expediente 380/2015; en el cual se apercibió a la citada quejosa que de no comparecer con los citados menores en la fecha determinada por la autoridad responsable, se le impondría un arresto de cuatro horas (foja 174 vuelta y 173). c). Finalmente, se precisa que la 2) la jefa de Departamento de Sector adscrita a la Dirección Jurídica de la Policía Estatal, con sede en Santa María Coyotepec, Oaxaca, en representación de la autoridad ejecutora comisionado de la Policía Estatal, informó lo conducente respecto de las medidas adoptadas para dejar sin efectos la orden de arresto decretada en el expediente familiar 380/2015 (foja 288). De modo que con las citadas actuaciones se revela que se restituyó a la parte quejosa en sus derechos fundamentales, pues las autoridades responsables cumplieron en sus términos la sentencia dictada en este juicio de amparo indirecto. Se declara cumplida la sentencia de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, al no existir defecto o exceso en el cumplimiento, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Apoya a lo anteriormente expresado por las razones que la informan la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007914, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Así como, a contrario sensu, la tesis aislada 1a. CVIII/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el quince de abril de dos mil dieciséis en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011433, que a la letra dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SU RATIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. Cuando una ejecutoria de amparo no es cumplida en su totalidad, ya sea porque la autoridad responsable incurre en exceso o en defecto respecto de lo ordenado por la autoridad de amparo, se menoscaba el mandato constitucional y convencional según el cual el juicio de amparo debe constituir un medio judicial eficaz para la protección de los derechos que la propia Constitución reconoce. El derecho humano a contar con una protección judicial eficaz de todos los derechos constituye uno de los pilares básicos del estado de derecho en México y, por ende, desde una interpretación sistemática de los artículos 1o., 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conexión con los artículos 1.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, implica la obligación del Estado mexicano en su conjunto de establecer e implementar los medios procesales adecuados para que las ejecutorias de amparo sean cumplidas de manera que se protejan eficazmente los derechos declarados o reconocidos en la correspondiente ejecutoria; siendo así, el Estado está obligado a garantizar el debido cumplimiento de la ejecutoria de las sentencias protectoras por parte de las autoridades responsables. De esta manera, la principal ratio constitucional y convencional del recurso de inconformidad es garantizar que el juicio de amparo sea un medio judicial eficaz para la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales." Archivo del expediente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo y toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar; con fundamento en los puntos segundo, fracción VI, cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Con apoyo en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Conforme a los puntos Noveno, fracción I, Décimo, fracción I, y Vigésimo Primero, fracción IV, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente permanecerá en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno impreso y electrónico correspondiente, siempre y cuando así proceda. Devolución de copias certificadas. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en este expediente obra copia certificada de diversas documentales derivadas del expediente 380/2015, del índice del Juzgado Tercero Familiar del distrito judicial del centro, con sede en la ciudad de Oaxaca (fojas 90 a 179 y 220 a 236); por tanto, se ordena devolver dichas documentales a la citada autoridad, previa foja de sustitución que obre en autos. Destino del incidente. Finalmente, del auto admisorio se advierte que se ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión; por tanto, como en esta fecha se está ordenando el archivo de este expediente principal, acuérdese lo conducente en la pieza incidental, si resulta procedente. Notifíquese personalmente.
- Principal
PRAL.165/2018-San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de agosto de dos mil dieciocho. ...Notifíquese personalmente. ...
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