Roberto Villalana Castillejos

Expediente 590/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
590/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Roberto Villalana Castillejos
  • Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    PRAL.590/2020.MESA-4.W San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno. 1. Se agrega ejecutoria. Agréguese el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en este Municipio, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria de nueve de abril de dos mil veintiuno dictada en el recurso de queja 269/2020, de su índice, se provee: 1.1. Se acusa recibo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y acúsese el recibo correspondiente. 1.2. Se ordena notificar ejecutoria. Ahora, toda vez que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en la ejecutoria dictada en la queja 269/2020, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Roberto Villalana Castillejos, contra el acuerdo dictado el treinta de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó su demanda de amparo; hágase del conocimiento de la parte quejosa, para los efectos procedentes. 2. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso d) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 5. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. 8. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    pral 590/2020 mesa 4º San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Alzada admite recurso de queja. Agréguese el oficio de la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en este municipio, mediante el cual transcribe el proveído de siete de diciembre de dos mil veinte dictado en el recurso de queja 269/2020, de su índice, en el que, entre otras cuestiones, 1) acusa recibo de la remisión del recurso e 2) informa que admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa contra el proveído de treinta de octubre del mismo año dictado en este juicio; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    pral.590/2020 mesa 4 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Remisión de constancias. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la parte quejosa quedó notificada el veinticinco de noviembre del año en curso, del acuerdo de diecinueve de noviembre del año en curso, por el que se tuvo por interpuesto el recurso de queja. En esas condiciones, en cumplimiento con lo ordenado en proveído de diecinueve de noviembre del año en curso, se remite al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito, para la substanciación de ese medio de impugnación: a) copia certificada de todas las constancias que integran este expediente, b) el original del escrito por el que se interpuso ese recurso, así como el c) informe sobre la materia de la queja; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  4. Principal

    pral590/2020 mesa 4 a $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veinte. I. Se agrega escrito. Agréguese el escrito firmando por *** mediante el cual cumple con la prevención que se le realizó el quince de octubre de dos mil veinte y manifesta lo siguiente: "todos los acuerdos que se hayan emitido como consecuencia de la orden de aseguramiento, inmovilización y transferencia de fondos de cuenta bancaría *** que también reclamó en el apartado correspondiente del propio escrito de demanda." (Imagen escaneada) II. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; lo anterior, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda de amparo, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Caso concreto. Del análisis de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. - - -- (.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Los artículos transcritos refieren, en esencia, que el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueva dentro del término de quince días (regla general) que debe computarse a partir del siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; y, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17 prevén las excepciones a la regla general, entre las que se encuentran: a) Se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) El amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) El acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama en este juicio lo siguiente: Autoridades ordenadoras. a) Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1", perteneciente al Servicio de Administración Tributaria. b) Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1", perteneciente al Servicio de Administración Tributaria, ambos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Autoridad ejecutora. c) Banco Nacional de México, sociedad anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex. Acto reclamado. "ACTO RECLAMADOS. La orden y acuerdo tomado y ejecutado por cada una de las autoridades responsables, para ordenar y realizar el aseguramiento, inmovilización y trasferencia de fondos de mi cuenta bancaria 903540573 aperturada a mi nombre con la referida institución bancaria responsable, por la cantidad de $682,133.00 pesos, que tenía en dicha cuenta a mi nombre, para ser entregada o transferida indebidamente a la Tesorería de la Federación, por instrucción de la autoridad responsable ordenadora. Es decir, reclamo la orden emitida por la autoridad responsable ordenadora, para instruir a la autoridad responsable ejecutora, la inmovilización de mi cuenta bancaria 903540573 del aquí quejoso y aperturada a mi nombre en la referida institución bancaria para disponer de la cantidad de $****pesos, que había y tenía en dicha cuenta, y enseguida ordenarle a dicha ejecutora transfiriera ese dinero a la Tesorería de la Federación, lo que fue hecho; así como reclamo a la autoridad responsable ejecutora Banco Nacional de México S.A. Integrantes del Grupo Financiero Banamex, el haber realizado la inmovilización de mi cuenta bancaria *** del aquí quejoso y aperturada a mi nombre en la referida institución bancaria y haber transferido el dinero que en ella yo tenía por la cantidad de $*** pesos, en favor de la Tesorería de la Federación. Y a ambos reclamo la orden de ejecución que cada una de ellas hicieron en perjuicio del aquí quejoso y por los hechos que narró. Asimismo, reclamo cualquier acuerdo que emitan o emitieron y todas aquellas constancias y diligencias administrativas que haya realizado o se encuentren por realizar por parte de todas las autoridades señaladas, por si y/o a través de cualquiera de las unidades administrativas de dichas responsables, respecto de la misma casusa que reclamo, en contra de mi persona, bienes y posesiones, máxime que no he sido oído ni vencido en juicio o procedimiento jurisdiccional alguno, bajo los hechos y abstenciones que narro enseguida.". (LO RESALTADO ES PROPIO) En relación a este último párrafo, en auto de quince de octubre de dos mil veinte se realizó prevención al quejoso para que aclarara dichos actos. En cumplimiento, mediante escrito aclaratorio el quejoso indicó que respecto a ese párrafo, lo que reclamaba es: "todos los acuerdos que se hayan emitido como consecuencia de la orden de aseguramiento, inmovilización y transferencia de fondos de cuenta bancaría ***que también reclamó en el apartado correspondiente del propio escrito de demanda." En la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, el quejoso manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, como se observa de la transcripción siguiente: "En el caso, sostengo que los actos reclamados fueron de mi conocimiento el día 18 de septiembre de 2020, cuando me impuse de la vista de los informes de las aquí responsables rendidos en el juicio de amparo 851/2019 MII-A del Juzgado Décimo de Distrito en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, que hacen por medio de oficios, a manera de rectificación o ratificación de informes justificados, la ordenadora mediante oficio ** de fecha 12 de agosto de 2020 que le fue recibido el día siguiente a su fecha, así como de la ejecutora mediante oficio 10414/2020 de 17 de agosto de 2020, recibido el día siguiente a su fecha, con los que se me daba vista ordenada en auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte." Sin embargo, contrario a lo manifestado, el quejoso no tuvo conocimiento de dichos actos reclamados en esa fecha, sino en diversa, como a continuación, se precisará. Como se indicó, en este juzgado se tramita el diverso juicio de amparo 851/2019, promovido por el propio quejoso, mismo que se invoca como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, por tratarse de un asunto que se tramita en este juzgado; de las constancias de este expediente se advierte lo siguiente: 1° El quejoso ***promovió demanda de amparo, por propio derecho, en el que reclamó las órdenes de aseguramiento, congelación, embargo, retención, sustracción o inmovilización de la cuenta bancaria número *** de la institución bancaria denominada Banco Nacional de México Citibanamex, Grupo Financiero Banamex o Banamex, sociedad anónima de capital variable. Actos que atribuyó al titular de la Administración Local de los Servicios del Contribuyente en Oaxaca, del Servicio de Administración Tributaria. Así como su ejecución, por el Banco Nacional de México, sociedad anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex (denominación correcta). 2° Por acuerdo dictado el dos de octubre de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ******. 3º En proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se acordó lo siguiente: a) Se agregó un oficio en el que la administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca 1, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, residente en la ciudad de Oaxaca, en el que rectificó el informe justificado que rindió en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca y manifestó que la cuenta inmovilizada por el Banco Nacional de México, a efecto de hacer efectivos los créditos fiscales 0022/2018 y CONALEP11125/OIC/AR/202/2019, es la cuenta bancaria 903540573 (diversa a la cuenta de la que derivan los actos reclamados en ese juicio de amparo -cuenta 70092060134-), por la cantidad de $***N), cuyo importe transfirió a la Tesorería de la Federación; y, b) Se glosó un diverso oficio, en el que el apoderado legal de la Institución denominada Banco Nacional de México S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex, señaló que la cuenta bancaria número ***4, perteneciente al aquí quejoso, se encuentra activa, sin restricción y que únicamente ratifica el informe que rindió, en el sentido de que llevó a cabo la inmovilización de la cuenta bancaria ****, del aquí quejoso *** en acato, dijo, a lo ordenado por el Servicio de Administración Tributaria, Administración Central, de Cobro Coactivo, Administración Desconcentrada de Recaudación Oaxaca "1". c) Se ordenó dar vista personalmente al quejoso con dichos oficios. Dicho auto fue notificado al quejoso Robe***** el veintisiete de agosto de dos mil veinte, previo citatorio que se dejó en el domicilio que señaló para tal efecto. De lo anterior se concluye que, contrario a lo manifestado por el quejoso, al haber tenido conocimiento de los actos reclamados que se ha hecho mención desde el veintisiete de agosto de dos mil veinte, es inconcuso que hasta la data en la que presentó la demanda de amparo, a saber, trece de octubre de dos mil veinte (foja 1), transcurrió en exceso el plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda que dio origen a este juicio; ya que dicho plazo comprendía del treinta y uno de agosto al veintitrés de septiembre de dos mil veinte (con exclusión sábados y domingos, así como el catorce y dieciséis de septiembre de dos mil veinte, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; asimismo, el quince del mismo mes, de conformidad con la circular 13/2020, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de agosto del actual). Por lo anterior, la presentación de la demanda, resulta extemporánea, al haberse promovido fuera del plazo que establece la Ley de Amparo; por tanto, debe considerarse que los citados actos reclamados, para efectos de este juicio de amparo, fueron consentidos tácitamente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". (Jurisprudencia P./J. 115/2010, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, Novena Época). En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo promovida por **** ante un motivo manifiesto e indudable de su improcedencia. III. Acceso a la justicia. Debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo". Resulta también aplicable, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". IV. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en este asunto, correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. V. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. VI. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Debido a la situación de contingencia sanitaria que atraviesa el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). VII. Notificación personal. Se instruye al (a la) actuario (a) que al llevar a cabo la notificación de este acuerdo, deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de las partes, como lo determina el primer párrafo de la fracción I del artículo 23 del acuerdo general 21/2020 de que se trata. VIII. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. IX. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente.

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