Rodolfo Aboytes López
Expediente 90/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Rodolfo Aboytes López
Actuaciones
- Principal
pral.90/2022 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintidós. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, ha fenecido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso *** interpusiera recurso de queja contra la determinación de quince de febrero de este año, por la que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha resolución. 1.1 Precisión. No pasa desapercibido que el uno de este mes fue el último día que tuvo el quejoso para la interposición del recurso de que se trata; sin embargo, la firmeza de la resolución por la que se desechó la demanda se provee en esta fecha debido a que el promovente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS- OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por lo que se dio oportunidad a la posible recepción del medio de impugnación vía postal, cuya remisión demora varios días. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo. Considerando que en la determinación de quince de febrero de este año se desechó la demanda de amparo, y en esta fecha queda firme esa resolución, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 6. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, 1º para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, 2º que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Notifíquese.
- Principal
pral.90/2022 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintidós. Desahogo de prevención. Vista la diligencia de notificación de doce de este mes, se advierte que el quejoso ****z cumple con la prevención formulada en acuerdo de veinte de enero de este año, en el que se le requirió en los siguientes términos: ". 1) Indique la fecha de la resolución emitida por el juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, en la que calificó de legal su traslado. 2) Señale el número del expediente en que fue emitida dicha resolución. 3) Diga la fecha en la que le fue notificada esa determinación que calificó de legal su traslado. 4) Diga si contra esa determinación ya interpuso el recurso de apelación previsto en el artículo 52, penúltimo párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En caso de haber interpuesto el recurso de apelación, dirá: 5) Si ya se dictó resolución en dicho recurso y el sentido de la misma". Al respecto, refiere: "bajo protesta de decir verdad manifiesto: 1.- 28 de abril del 2021 2.- 881/2018 carpeta de ejecución 3.- 4 de mayo del 2021 4.- No me dieron la oportunidad de aserlo (sic) porque la resolución me la entregó el Jurídico del centro". Por tanto, ante el cumplimiento de la prevención formulada en este asunto, es procedente emitir la determinación correspondiente a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, en los términos siguientes: Precisión de actos reclamados. Del análisis integral del escrito de demanda y de la diligencia de notificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: Comité Técnico del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec en el Estado de México. Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. La orden de traslado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec en el Estado de México al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS- OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, contenida en el acta CPRS/ECA/ORD/XIV/02/2021 de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno; ejecutada el veintiséis de abril del mismo año. Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México. La resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta de ejecución 881/2018, en la que se calificó de legal su traslado. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; es decir, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". 3.1 Orden administrativa de traslado. Del análisis de la demanda de amparo y de la diligencia de notificación de doce del mes en curso se advierte que, respecto a la orden administrativa de traslado reclamada a las autoridades siguientes: Comité Técnico del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec en el Estado de México. Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. .." Dicha causal establece la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo. En ese sentido, es necesario precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos; a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica La segunda hipótesis (sustitución procesal) se actualiza cuando los efectos del acto cesan por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Así, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan cuando contra éste recae una nueva resolución que viene a sustituir procesalmente a la anterior, ya que será esa nueva determinación, y no la anterior, la que, en su caso, podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo. En el caso, la parte quejosa refiere, bajo protesta de decir verdad, que su traslado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec en el Estado de México al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS- OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, fue ordenado mediante el acta CPRS/ECA/ORD/XIV/02/2021 de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, y ejecutado el veintiséis de abril del mismo año. Asimismo, que dicho traslado fue calificado de legal por el juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, mediante resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, emitida en la carpeta de ejecución 881/2018. En esas condiciones, es evidente que la determinación dictada por el juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, sustituyó procesalmente la orden administrativa de traslado contenida en el acta CPRS/ECA/ORD/XIV/02/2021 de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, lo que impide analizar la constitucionalidad de tal orden, dado que sus efectos cesaron el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, y lo que ahora rige la situación del quejoso es la determinación de la autoridad jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.9o.P.167 P (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 2507, Libro 47, octubre de 2017, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2015278, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EMITIDA POR RAZONES DE SEGURIDAD POR EL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EXISTE PRONUNCIAMIENTO POSTERIOR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, YA SEA CONVALIDÁNDOLA O REVOCÁNDOLA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO". 3.2 Convalidación del traslado. Ahora, respecto a la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual el juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, calificó de legal el traslado del quejoso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal de la parte quejosa de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación que regula el acto reclamado, que pueden conducir a su revocación, modificación o anulación. El referido principio encuentra justificación en que este juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, más no una segunda o ulterior instancia de impugnación del acto reclamado; por lo que es necesario que la parte quejosa acuda a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le origina afectación. En ese sentido, el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, norma aplicable tratándose de la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según disposición expresa del artículo 2º, establece la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones que se pronuncien sobre traslados. Dichos preceptos establecen: "Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales". "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: . VII. Traslados;.". En relación al medio de defensa señalado, es necesario destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, en sesión de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, resolvió mediante jurisprudencia que contra la orden de traslado ordenada por autoridades administrativas de manera urgente y excepcional procede la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al ser medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa; asimismo, que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento. Y precisó que contra la decisión judicial emitida por el Juez de Control o de Ejecución en la referida controversia procede el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que dicha decisión pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada, al tratarse de un traslado. Así, se puede concluir que a cualquier orden de traslado que se emita, tanto sin control judicial previo, como aquella que se dicte por autoridad judicial, se le puede considerar como un acto emitido dentro del procedimiento, dada la facultad para que la revisión judicial se realice con posterioridad al traslado, a través de la controversia judicial o el recurso de apelación, según corresponda; de ahí que la persona privada de la libertad dispone de un recurso que puede intentar con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de la actuación de las autoridades tanto administrativa como judicial. En la especie, se reitera que la parte quejosa reclama del juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, emitida en la carpeta de ejecución 881/2018, mediante la cual se calificó de legal su traslado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec en el Estado de México al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS- OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; ejecutado el veintiséis de abril del mismo año. Acto contra el cual procede el recurso de apelación previsto en el artículo 132 de la Ley de Ejecución Penal, por lo que previo a acudir a esta instancia constitucional, el quejoso tenía la obligación de agotar el citado medio de defensa; sin embargo, en la diligencia de notificación de doce de este mes el promovente precisó, bajo protesta de decir verdad, que no promovió tal recurso. En consecuencia, al no haberse agotado el citado recurso antes de promover el presente juicio de amparo, se concluye que el quejoso incumplió con el principio de definitividad, pues por mérito de éste se obliga al afectado a agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley de la que deriva el acto reclamado cuando, como en el caso, los tiene a su alcance, además que así lo dispone la ley aplicable. Lo anterior implica que, en la especie, se actualice la causa de improcedencia antes invocada, pues el recurso de apelación es eficaz para logar la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, por lo que tendría que agotarse previo a acudir al amparo. Apoya a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Es oportuno precisar que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su penúltimo párrafo, respecto de la excepción de traslados voluntarios, en su redacción señala que "se podrá interponer el recurso de apelación", utilizando el vocablo "podrá"; sin embargo, ello no implica que se trate de una situación potestativa para el quejoso en relación a agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, pues dicha locución no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino a la posibilidad que tiene de recurrir o no la resolución reclamada; de ahí la exigencia de agotar tal medio de impugnación previo al ejercicio de la acción de amparo. En ese tenor, resulta aplicable la tesis aislada 1a./J.148/2007 sustentada por la Primera Sala del Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO." Además, debe precisarse que en el caso concreto no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad que contempla el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de la cual pudiera considerarse que el quejoso está exento de agotar el medio de impugnación aludido en párrafos precedentes. Ello es así porque el acto reclamado no se encuentra dentro del catálogo de los establecidos en los artículos 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo; no se trata de alguno que implique una afectación a la libertad fuera de procedimiento, en virtud de que precisamente existe la calificación por parte del juez responsable; tampoco se trata de un auto de vinculación; y, finalmente, al solicitante del amparo no le reviste el carácter de tercero extraño al procedimiento. Por todo lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por Rodolfo Aboytes López. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.
- Principal
pral.90/2022 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de febrero de dos mil veintidós. Desahogo de requerimiento. Agréguese el oficio recibido por correo electrónico institucional, signado por el director jurídico del Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en representación del director General de dicha institución, mediante el cual atiende el requerimiento formulado en auto de veinte de enero de este año, pues informa que el quejoso *** tiene la calidad de sentenciado del fuero común en la carpeta judicial 2/2012 del Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de Otumba, Estado de México, por su responsabilidad en la comisión del delito de secuestro; y se le impuso, en primera instancia, una pena de cincuenta y dos años seis meses de prisión, la cual fue modificada en segunda instancia a cuarenta años de prisión. Además, que el promovente se encuentra actualmente a disposición del Juzgado de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México -expediente de ejecución 45/2017-, y tiene una sentencia pendiente de compurgar, de seis años, nueve meses, tres días de prisión, dictada en la carpeta judicial 99/2011 del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por su responsabilidad en la comisión de los delitos de: portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 1.1 Precisión sobre información reservada. Se toma nota de que la información contenida en el informe de la autoridad penitenciaria se encuentra clasificada como reservada y confidencial, en términos de lo establecido en el artículo 110, fracción V y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Reserva. Ahora, vistos los autos, se advierte que mediante acuerdo de veinte de enero de este año, entre otros aspectos, se previno al quejoso para que aclarara diversas irregularidades advertidas en la demanda de amparo; proveído que se encuentra en vías de notificación. Por tanto, se reserva proveer lo relativo a la búsqueda de un defensor para el quejoso, hasta en tanto obre en este expediente la constancia de notificación del auto de veinte de enero del año en curso y, en su caso, se estime necesaria la intervención del defensor para la atención de la prevención formulada. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Rocío Escarraga Silvia181/2019
- Rocío Flores Cruz y Otros.165/2018
- Rocío Martha Martínez Tello325/2018
- Rocío Minerva Miguel Sánchez438/2022
- Rocío Reyes Ruiz413/2018
- Rocío Soledad Santiago Pérez72/2018
- Rodolfo Antonio Fernández Luengas470/2022
- Rodolfo Bautista Cruz1069/2017
- Rodolfo Castillo Hernández1058/2017
- Rodolfo Daniel Luna García1266/2022
- Rodolfo Daniel Luna Reza1209/2022
- Rodolfo Huerta Martínez765/2017