Rocío de Paz Torres

Expediente 1395/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1395/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Rocío de Paz Torres
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, en la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 4. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa; por tanto, no le depara perjuicio alguno a ésta. 5. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 6. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable, como complemento a su informe justificado; se ordena su devolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  2. Principal

    VISTOS, los autos para resolver, el juicio de amparo indirecto 1395/2022, promovido por ********************, por derecho propio y en representación de ********************, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que los quejosos reclaman: La sentencia dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dentro de los autos que integran el juicio ejecutivo mercantil 258/2022, que en ejercicio de la acción cambiaria directa promovió ******************** a través de sus endosatarios en procuración frente a Ángel Oseguera Hernández; determinación en la cual, se declaró la nulidad de todo lo actuado en el citado juicio, a partir de la diligencia de citatorio de ocho de junio de dos mil diecinueve, ordenándose la reposición del procedimiento para el efecto de que se lleve a cabo de nueva cuenta el emplazamiento al demandado con las formalidades exigidas por la ley, y luego proseguir la contienda por sus etapas correspondientes, hasta el dictado de la sentencia que ponga fin al juicio. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos cuya ejecución material tendrá verificativo en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, lugar donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. TERCERA. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, en tanto que así lo manifestó expresamente en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las documentales que remitió junto con su informe, consistentes en el expediente original relativo al juicio ejecutivo mercantil 258/2022, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas por separado, con valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTA. Procedencia del juicio de amparo indirecto. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar las causales de improcedencia, sea las que hagan valer las partes, o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme a lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia II.1o. J/5, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sobre ese tópico, este órgano de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción I y 6º, todos de las Ley de Amparo, en relación con el quejoso ********************, pues éste carece de legitimación para instaurar el presente juicio de amparo por derecho propio. Los referidos numerales disponen en lo conducente, lo que se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." (.) "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". El primer numeral señala que el juicio de amparo es improcedente cuando se advierta de alguna disposición de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los numerales 5o y 6o refieren que para poder instaurar el juicio de amparo, se debe resentir una afectación personal y directa, más aun tratándose de resoluciones provenientes de tribunales judiciales, en donde se reclame un derecho subjetivo del que se estima es titular. En ese tenor, es pertinente destacar que la legitimación, en general, es la situación en que está una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Luego, debe distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; en cambio, la legitimación en la causa consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Así, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el objeto mismo, es decir, con la protección a los derechos y su consiguiente restitución; sin embargo, tal aspecto también se rige por otras normas y principios íntimamente relacionados con el tema, como son el principio de instancia de parte y el diverso principio de agravio personal y directo. Por lo que hace al principio de instancia de parte, debe señalarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, esto es, se promueve por vía de acción. Lo anterior significa que el juicio de amparo sólo puede iniciarse, tramitarse y resolverse, en virtud de que la parte que se dice agraviada por un acto de autoridad, su apoderado o represente legal, lo acciona ante los tribunales competentes. Por lo tanto, los titulares de los derechos constitucionales y en su defecto su apoderado o representante legal, que consideran se ha violado en su perjuicio pueden hacer valer la acción de amparo. En cambio, de acuerdo con el principio de agravio personal y directo no sólo basta que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte, sino que ésta tiene que haber resentido un agravio personal y directo; dicho principio se encuentra contenido en el artículo 6 de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Por consiguiente, es dable sostener que de conformidad con lo establecido en los artículos 1o y 5o, fracción I, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio (daño o perjuicio) actual o inminente de forma directa e inmediata, con motivo de un acto de autoridad, en sus derechos legítimamente tutelados por la Ley Fundamental o en su caso a quienes los representen legalmente. Así, a fin de justificar la causa de improcedencia invocada se estima pertinente señalar que de las constancias que acompañó la autoridad responsable junto con su informe, las cuales ya fueron valoradas en el considerando tercero de esta sentencia, se obtiene que ********************, tiene el carácter de endosatario en procuración de ******************** parte actora dentro del juicio ejecutivo mercantil 258/2022 iniciado frente a Ángel Oseguera Hernández; por lo que resulta inconcuso que si en la presente instancia constitucional se reclama la resolución dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, emitida dentro del referido juicio mercantil, entonces, quien es el titular del derecho ejercitado en tal procedimiento es ******************** y no el promovente como lo pretende hacer valer por derecho propio. Lo anterior, en razón de que el acto aquí reclamado no le irroga un agravio personal, no obstante, de contar con el carácter de endosatario en procuración, pues no lo faculta para promover el juicio de amparo por su propio derecho; en todo caso, sí para representar en esta instancia a su endosante en términos del artículo 6º de la Ley de Amparo. De ahí la imposibilidad para instar la controversia constitucional por propio derecho, al no resultarle un derecho jurídicamente tutelado. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o, fracción I, y 6o, todos de la Ley de Amparo; lo procedente es sobreseer en el juicio, acorde con lo estipulado en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Ahora, respecto del acto reclamado por la diversa quejosa ********************, a través de su representante ********************, este órgano de control constitucional, advierte de oficio una diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, toda vez que el acto que se reclama fue emitido dentro de juicio, sin embargo, no es de aquéllos cuyos efectos son de imposible reparación, por las razones que enseguida se explican. Para sustentar la conclusión anterior, se transcriben las fracciones y numerales antes invocadas. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De lo transcrito se tiene que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en el juicio, únicamente cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, el juicio de amparo indirecto no puede promoverse contra cualquier resolución o actuación que se dicte en un procedimiento, sino sólo contra aquéllas cuyos efectos causen un gravamen irreparable al peticionario del amparo, definido este por la propia ley, como aquél que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y, reparables, si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se impugne la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Debe entenderse como derechos adjetivos aquellos que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal dentro del procedimiento; por lo que si la parte que se dice afectada con el acto intraprocesal obtiene sentencia favorable, aquellas eventuales violaciones procesales se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 38/2007-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. En el caso en particular, la quejosa Rocío de Paz Torres, reclama del Juez Mixto de Primera Instancia de Zitácuaro, Michoacán, la determinación tomada en resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente 258/2022, en el que procedió a analizar de manera oficiosa el emplazamiento de la parte demandada, al considerar que es de orden público y por ello de estudio oficioso en cualquier etapa del juicio. En dicha determinación, el Juez responsable, concluyó que el demandado no fue debidamente emplazado al juicio ejecutivo mercantil 258/2022, por lo que ordenó reponer el procedimiento, declarando la nulidad de todo lo actuado en el referido procedimiento mercantil, desde la diligencia de citatorio practicado el ocho de junio de dos mil diecinueve, así como todas y cada una de las actuaciones judiciales llevadas a cabo con posterioridad. Lo anterior, permite sostener -como se adelantó- que el acto reclamado no es de aquéllos considerados de imposible reparación, ya que la violación reclamada no afecta derechos sustantivos, como la vida, la propiedad, la libertad, etcétera. Ello es así porque lo resuelto en la determinación reclamada tiene como consecuencia la afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal y no sustantiva, por lo que será hasta en tanto se dicte sentencia que resuelva el fondo del asunto cuando podrá advertirse con certidumbre la trascendencia o no de tal determinación reclamada, y será hasta entonces cuando la quejosa, conforme con las reglas que rigen el juicio de amparo, podrá combatir tal cuestión. Se considera entonces que el acto reclamado tiene un efecto meramente procesal; por tanto, dada su propia naturaleza, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, ya que la decisión del juez responsable no implica la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste continuará su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó, una vez reparada la violación procesal mencionada. Sin que obste para concluir lo anterior el eventual retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Máxime que no se está en el supuesto de ejecución irreparable a que refieren las jurisprudencias que respectivamente han emitido la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo biinstancial, respecto de actos intraprocesales, concretamente en lo tocante a la admisión, desahogo o desechamiento de pruebas, cuyos rubros son: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA"; "PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO"; y, "PRUEBA PERICIAL CONTABLE. LA INDEBIDA ADMISIÓN DE LA OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL CUYA NATURALEZA SUI GENERIS PRODUCE EFECTOS LEGALES Y MATERIALES, QUE YA NO PUEDEN SER REPARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA Y, POR TANTO, RESULTA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA". En las anotadas condiciones se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en su interpretación inversa, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción V de la misma legislación, se sobresee en el presente juicio de amparo. En el entendido de que la anterior determinación no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales de la parte quejosa, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Por último, no se soslaya que la Agente del Ministerio Público Federal formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por derecho propio y en representación de ********************, por las razones expuestas en la consideración cuarta de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. 1. Se da cuenta con auto De la certificación de cuenta, se desprende que al rastrear la pieza de correspondencia acelerada "ESTAFETA" que contiene el despacho 25/2023, orden 35/2023, dirigido al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán, a través de la página https://www.estafeta.com/Herramientas/ Rastreo, la cual cuenta con número de rastreo 1496995819, aparece en veintiséis de enero de dos mil veintitrés lo siguiente: "Empresa/persona está de vacaciones o día oficial no laborado". Sin que a la fecha haya devuelto la citada pieza postal; por tanto, a efecto de evitar mayor dilación dentro de este juicio, la Actuaria adscrita a este Juzgado realizó el reenvió del citado comunicado con sus constancias respectivas, vía correo electrónico. En virtud a lo anterior, el personal de esta Juzgado se comunicó al número telefónico 7151531535, correspondiente al Juzgado Mixto de Zitácuaro, Michoacán, siendo que ******************** quien dijo ser Actuaria adscrita al citado Juzgado, manifestó haber recibido vía correo electrónico el despacho 25/2023, orden 35/2023, por lo que ordenaría su inmediata diligenciación. 3. Diferimiento. En mérito a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de enero de dos mil veintitrés. 1. Se recibe despacho sin diligenciar. Agréguese a los autos el oficio y anexos que remite el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro Michoacán mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 415/2022, número de orden 822/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se remitió con la finalidad de emplazar a juicio a la parte tercera interesada XXXXXXXXXXX Dese de baja la comunicación y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. 2. Se advierte diverso domicilio tercero. Del estado de autos, se advierte como diverso domicilio del tercero interesado XXXXXXXXXXXXel ubicado en calle XXXXXXXXXXX número XXXXXXXXXXXXX Colonia Centro, en la población de XXXXXXXXXXXXXXX En mérito a lo anterior, toda vez que el tercero interesado tiene su domicilio ubicado fuera de la residencia de este juzgado, con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este juzgado y en el ámbito de su jurisdicción, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio mencionado en párrafos precedentes, y una vez cerciorado de que es el domicilio correcto en el cual puede ser emplazado el tercero interesado, con copia de la demanda y del auto admisorio, lo emplace al presente juicio de amparo y le comunique el derecho que tiene para apersonarse, así como la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional, levantando el acta correspondiente. En la inteligencia de que además deberá requerirlo para que al momento de la diligencia o dentro de los tres días siguientes al en que quede legalmente notificado del presente proveído, proporcione domicilio en Morelia, Michoacán, donde recibir notificaciones de carácter personal; con el apercibimiento que, de no hacerlo así, sin previo acuerdo, las subsecuentes que sean de esa naturaleza, se le practicarán por lista de acuerdos que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, como lo establecen los dispositivos 26, fracción III, y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, con apoyo en el precepto 21 de la ley de la materia, se autoriza al juez que conozca de la comunicación oficial para que, de estimarlo necesario, habilite días y horas inhábiles para que el actuario lleve a cabo la diligencia encomendada, o cualquier otra diligencia relacionada con el emplazamiento de mérito; asimismo, para que, en caso de que la presente comunicación se remita a un órgano diferente al que deba prestar auxilio, lo envíe directamente al que corresponda. En el entendido de que si no fuera posible el emplazamiento en el domicilio indicado, y al momento de la diligencia le fuere proporcionado diverso domicilio del referido tercero interesado o de la persona que lo identificó; y, se encontrare dentro de su jurisdicción, proceda a realizar la diligencia de emplazamiento, sin previo acuerdo; lo anterior, a fin de evitar mayores dilaciones procesales. De igual manera, dígasele que deberá diligenciar la comunicación oficial, no obstante de que la audiencia constitucional haya llegado a su fecha, ya que en ese supuesto, este juzgado proveerá lo que en derecho corresponda. Hecho lo anterior, deberá devolver la encomienda con las constancias que acrediten su cumplimiento, o bien, manifestar el impedimento que tuvo para ello. 3. Diferimiento anticipado. En mérito a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, se difiere anticipadamente y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, y emplácese por despacho al tercero interesado y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

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