Rocío Nayeli Moral Chávez
Expediente 629/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 34 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rocío Nayeli Moral Chávez
- Juez Primero de primera Instancia en materia Civil, del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. 1. Llegada de autos. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta los autos del juicio de amparo 629/2021, un tomo de pruebas y copia autorizada de la ejecutoria dictada el nueve de febrero de dos mil veintitrés, que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rocío Nayeli Moral Chávez, contra el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito judicial de Zamora, Michoacán, en relación a todo lo actuado en el juicio ordinario civil 490/2018". Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes; las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes y acúsese recibo. Asimismo del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la substanciación del recurso de referencia, extráiganse únicamente las constancias originales a fin de que sean glosadas a este sumario y el resto destrúyase por ser copias simples. 2. Archivo. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. Con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se confirmó el sobreseimiento dictado en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. 3. Incidente de suspensión. En los autos del cuaderno incidental se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Devolución de constancias. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que fue remitido por el juez responsable como complemento de su informe, se ordena su devolución; en el entendido de que servirá como acuse del mismo, la constancia que al efecto genere este juzgado. 5. Billete de depósito. Dado que resulta innecesaria la retención del billete de depósito N 905778, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI), por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), que exhibió la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida el cinco de julio de dos mil veintiuno; déjese a disposición de la parte quejosa para que comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlo. Apercibida que de no acudir a recogerlo dentro del plazo de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación y 31 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se hará efectivo a favor del Erario Federal. 6. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Se remite expediente al Tribunal de Alzada. Del estado de autos se advierte que se ha logrado la integración del presente expediente; por tanto, en cumplimiento a lo acordado con motivo del recurso de revisión interpuesto, se ordena remitir el presente cuaderno, un tomo de pruebas y el escrito de agravios con una copia al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda, audiencia constitucional, sentencia y el escrito de agravios; lo anterior en atención a que la totalidad de las constancias que integran el expediente principal obran en el expediente electrónico. Medida que se adopta para eficientar el uso de los recursos humanos y materiales para un buen funcionamiento de los órganos jurisdicciones. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 629/2021. RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el uno de julio de dos mil veintiuno, Rocío Nayeli Moral Chávez y/o Rocío Nayeli Mora Chávez solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por razón de turno correspondió a este juzgado el conocimiento de la demanda, el que por auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, la admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclaman actos a autoridades sobre las cuales este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. -Todo lo actuado, resuelto y que se pretenda ejecutar por la autoridad responsable, dentro y fuera del juicio ordinario civil 490/2018 sobre terminación de contrato de arrendamiento verbal, promovido por Gustavo Barajas Vargas en contra de Rafael Castañeda Ramírez. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El acto reclamado es cierto por así haberlo manifestado expresamente la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado. Lo anterior queda corroborado con las constancias que fueron remitidas por el Juez responsable, consistente en las copias certificadas del expediente 490/2018, agregadas en un cuaderno de pruebas por separado, las cuales adquieren pleno valor en términos del artículo 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según prevé su numeral 2º. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso; [.]". En ese sentido, el interés jurídico consiste en la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico objetivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional y demandar la reparación de dicha trasgresión. En este tenor, el interés jurídico para ejercer la acción constitucional, se encuentra íntimamente relacionado con el artículo 6° de la propia Ley de Amparo, cuyo texto prevé: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley [...]". El precepto transcrito acoge el principio de agravio personal y directo, el cual estatuye que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, entendida por ésta la que resiente en forma directa una lesión en su esfera de derechos, como lo dispone el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a demostrar la titularidad del derecho que estima violado, esto es, que las prerrogativas que en su caso pudieran verse afectadas a través de los actos reclamados, le corresponden. Por otro lado, el interés jurídico es una cuestión atinente a la legitimación en la causa del promovente del amparo; de modo tal que, si no se demuestra ésta, ello imposibilita al juzgador a realizar cualquier análisis respecto de los derechos fundamentales que aduce la quejosa se violentan en su perjuicio. En esa medida, el interés jurídico para acudir al juicio de amparo, se concibe como la existencia de un derecho legítimamente tutelado por la Constitución o por la ley; y, la existencia de un acto de autoridad que lo vulnere o restrinja. Lo anterior encuentra sustento en la tesis: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material"." Ahora bien, de las constancias que remitió el juez responsable con su informe, a las que se otorgó valor probatorio en párrafos precedentes, se desprende lo siguiente: Antecedentes del asunto. 1. Por escrito presentado el doce de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficialía de Partes y Turno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Zamora, Michoacán, Gustavo Barajas Vargas demandó en la vía ordinaria civil a Rafael Castañeda Ramírez, la terminación del contrato verbal de arrendamiento celebrado el dieciocho de marzo de dos mil catorce, entre Ramiro Reyes Vivas y el demandante, respecto del bien inmueble ubicado en la calle Virrey de Mendoza número ochocientos cuarenta y seis, colonia Las Fuentes, de la ciudad de Zamora, Michoacán. 2. Por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, donde se registró bajo el número 1418/2017, se admitió a trámite y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada; diligencia que se practicó el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete. 3. Durante la secuela procesal, por recusación se turnaron los autos al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, el que se avocó al conocimiento del asunto el veinte de marzo de dos mil dieciocho, registrándose en el libro de gobierno con el número de expediente 490/2018. 4. El siete de enero de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva que declaró la terminación del contrato verbal de arrendamiento por tiempo indeterminado materia de controversia y como consecuencia, condenó al demandado Rafael Castañeda Ramírez a desocupar y entregar el inmueble ubicado en la avenida Virrey de Mendoza número ochocientos cuarenta y seis, colonia Las Fuentes, de la ciudad de Zamora, Michoacán, en un plazo de tres días contados a partir de su legal notificación, además del pago de rentas vencidas e intereses moratorios. 5. El accionado interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en la que por ejecutoria de veintitrés de junio de dos mil veinte, dictada dentro del toca de apelación civil I-118/2020, se modificó el fallo apelado en su resolutivo tercero -únicamente en lo atinente al pago de las rentas vencidas e intereses moratorios-. 6. El trece de abril de dos mil veintiuno, la autoridad responsable concedió al demandado el plazo de tres días para que cumpliera voluntariamente con la ejecutoria con apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa. 7. Al tomar en consideración que la parte demandada no cumplió de manera voluntaria con la ejecutoria dentro del plazo que se le concedió, el Juez responsable, por auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, señaló fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento, autorizando desde ese momento de ser necesario el uso de la fuerza pública y el auxilio de cerrajero. 8. En cumplimiento a dicho proveído, con fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, el actuario de la adscripción del órgano jurisdiccional responsable, notificó a Rafael Castañeda Ramírez, el contenido de dicho proveído mediante instructivo que dejó en poder de la aquí quejosa Rocío Nayeli Mora Chávez. En razón de esto último, la quejosa promueve el presente juicio de amparo, pues aduce que se le pretende lanzar de un inmueble del que es poseedora por haber celebrado respecto del mismo un contrato verbal de arrendamiento con Ramiro Reyes Vivas, sin haber sido llamada a juicio. Ahora, teniendo en cuenta que el acto reclamado se relaciona con el derecho de posesión de un bien inmueble, debe decirse que para que dicha posesión sea objeto de la protección constitucional cuando una persona se ostenta tercero ajeno, es necesario acreditar su derecho a poseer con un título sustentado en alguna de las figuras jurídicas o preceptos de las legislaciones secundarias relativas. Apoya lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Al respecto, la quejosa aduce que el diez de noviembre de dos mil trece, celebró un contrato de comodato por tiempo indefinido con Ramiro Reyes Rivas, quien afirma, es el propietario del bien arrendado, esto es, del inmueble ubicado en la calle Virrey de Mendoza, número ochocientos cuarenta y seis de la colonia Las Fuentes de la ciudad de Zamora, Michoacán. Ahora bien, el interés jurídico a que alude el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito: "INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Asimismo, el interés jurídico a que alude ese artículo se identifica como la afectación de un bien jurídico que determinado gobernado sufre, por virtud de un acto de autoridad que viola o desconoce cualquier derecho incorporado a su patrimonio jurídico. Así, no cualquier derecho es susceptible de ser tutelado a través del juicio constitucional, sino solamente aquellos que se encuentran sustentados en una institución del derecho; pues aquél no tiene por objeto constituir derechos, sino salvaguardar los existentes incorporados al patrimonio jurídico del gobernado. En ese contexto, es necesario que en la demanda de amparo se especifique la causa generadora de la posesión, demostrando fehacientemente dicha circunstancia durante la tramitación del juicio de amparo. En el particular, la parte quejosa ofreció como prueba de su parte: 1. Licencia Municipal número "B003119" expedida el nueve de diciembre de dos mil veinte a favor de Rocío Nayeli Mora Chávez. 2. Cuatro avisos de recibo de pago de energía eléctrica respecto del servicio número "172 081 003 373" a nombre de Hernández Jiménez Orlando, respecto del domicilio "V de Mendoza 846, Primera y Av del Bosque, Las Fuentes, Zamora, Michoacán". 3. Copia al carbón de un contrato de "Megacable" con número de folio 989285 de once de diciembre de dos mil catorce a nombre de Rocío Nayeli Mora Chávez, respecto del domicilio Virrey de Mendoza número ochocientos cuarenta y seis, colonia Las Fuentes. 4. Constancia de situación fiscal de la quejosa de doce de febrero de dos mil veintiuno, con datos de ubicación Virrey de Mendoza, número ochocientos cuarenta y seis, colonia Las Fuentes, en Zamora, Michoacán. 5. Testimonial a cargo de Ramiro Reyes Rivas. Las anteriores pruebas documentales y testimonial adquieren valor probatorio en términos de los artículos 186, 187, 188, 197, 202, 207, 210-A y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°; en cuanto a las documentales identificadas con los números uno y cuatro porque fueron expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones por lo que hacen prueba plena respecto de su contenido; mientras que los documentos privados tienen valor probatorio indiciario porque no fueron objetadas por las partes. Sin embargo, las mismas resultan ineficaces para demostrar el interés jurídico de la quejosa para acudir a esta instancia constitucional; es así, pues lo único que demuestra la licencia municipal es que la quejosa cuenta con un permiso por parte del ayuntamiento de la ciudad de Zamora, Michoacán, para ejercer el giro de "bazar" con autorización y vigencia por los años dos mil veinte y dos mil veintiuno; mientras que con la constancia de situación fiscal acredita que se encuentra registrada en el Servicio de Administración Tributaria con actividades económicas de "comercio al por menor de artículos usados de muebles, enseres domésticos , libros, revistas, ropa, calzado y juguetes", con datos de ubicación en calle Virrey de Mendoza, número ochocientos cuarenta y seis, colonia Las Fuentes, en Zamora, Michoacán. Por su parte, los recibos de energía eléctrica y contrato de servicio de televisión por cable que exhibió, solamente demuestran que en el domicilio asentado en esos documentos se instalaron dichos servicios; empero ni con éstos y tampoco con los documentos públicos antes descritos se acredita que la quejosa cuente con interés jurídico para promover el juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que dichas documentales son ineficaces para acreditar la posesión del inmueble materia del juicio de origen, que considera tener la quejosa. Lo mismo sucede con la prueba testimonial que ofreció a cargo del ateste Ramiro Reyes Vivas, pues aún y cuando la misma cuenta con valor probatorio como se estableció en párrafos anteriores, nada abona a acreditar el derecho a poseer el inmueble de que se trata con un título sustentado en alguna de las figuras jurídicas o preceptos de las legislaciones secundarias relativas; por el contrario, la información proporcionada por el ateste al dar respuesta a las preguntas que le formuló evidencian que no existe el contrato de comodato que dice haber celebrado desde el diez de noviembre de dos mil trece con el citado Reyes Vivas, pues éste refirió que con quien celebró ese acuerdo de voluntades de manera verbal fue con una persona de nombre Rafael. De ahí que la misma resulte insuficiente para acreditar su interés jurídico en el amparo. Máxime que, para la protección constitucional, se requiere que la posesión se funde en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer, de manera que la promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate; lo cual en el presente no se actualiza, por el contrario -como ya se dijo-, de la prueba testimonial que ofreció a cargo del ateste Ramiro Reyes Vivas, se desprende que éste nunca le rentó a la peticionaria de amparo sino a diversa persona, lo que se encuentra corroborado con las constancias del juicio de origen, de las que se observa que con quien celebró contrato de arrendamiento verbal el citado arrendador fue con Rafael Castañeda Ramírez, quien tiene el carácter de demandado en el juicio que sobre terminación de contrato de arrendamiento inició Gustavo Barajas Vargas, este último en su calidad de nuevo propietario del inmueble de que se trata, según se advierte de las constancias que integran el juicio de origen. Circunstancias que colocan a la impetrante como una simple detentadora del inmueble, bajo la cual no tiene reconocido derecho alguno a título personal sobre el inmueble reclamado, y por ende, resulta carente de interés jurídico, pues no es poseedora del bien con sustento en alguna figura jurídica. Lo expuesto permite concluir que la orden de desalojo emitida en el juicio de origen no causa perjuicio alguno a la quejosa, ya que para ello es necesario que tenga el carácter de parte formal y material en el citado juicio; en consecuencia, tal circunstancia le impide ejercer la facultad de exigencia oponible a las autoridades. Además, como en el caso, la quejosa se ostenta como tercero extraño al juicio de origen y dice poseer el inmueble litigioso, porque lo ocupa en calidad de poseedora, sin que lo haya demostrado, es claro, que su sola manifestación no genera derechos, y la ubica como simple ocupante, al no contar con un título que sustente la figura jurídica o precepto legal que le genere el derecho a poseer, máxime, que de los documentos que se acompañan a la demanda, no se advierte que el bien inmueble en controversia esté en su posesión, bajo algún título jurídico ni, por ende, que tenga derecho un derecho público subjetivo sobre el inmueble materia del juicio de origen. Consecuentemente, como la simple detentación material no está protegida por el artículo 14 Constitucional, la quejosa carece de interés jurídico para solicitar la protección constitucional; por lo tanto, en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior, la tesis aislada 2a. LIII/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre; por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es propietario su hijo, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley". Así como la diversa tesis I.3o.C.710 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, CARECEN DE, LOS OCUPANTES DE UN INMUEBLE, FAMILIARES DEL POSEEDOR TITULAR. No es de aceptarse que los familiares del titular de un derecho de posesión, que únicamente viven en el inmueble por ese parentesco, tengan también el carácter de poseedores, por lo que si en juicio se demanda a quien ostenta el derecho y con motivo de la ejecución de esa resolución se ordena que desocupe y entregue el inmueble al actor, es evidente que tales actos tienen que pararles perjuicios materiales a sus parientes, pero de ahí no se sigue la existencia de algún interés jurídico, para que puedan reclamarlo en la vía constitucional, debido a que son simples ocupantes, que no detentan sobre él ningún derecho propio". Dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que los mismos constituyen el problema de fondo, atento a la jurisprudencia número V.2º. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 115, del Tomo IX, enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales (aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de doce de noviembre de dos mil catorce); se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Rocío Nayeli Moral Chávez y/o Rocío Nayeli Mora Chávez, contra el acto precisado en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista que se publique en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, con quien actúa y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Autoridad cumple requerimiento y remite constancias. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, mediante el cual, remite debidamente diligenciado el despacho 77/2022 (número de orden 151/2022) del índice de este órgano jurisdiccional, lo que acredita con las constancias anexas al mismo, de las que se advierte que el dieciséis de junio del año en curso, llevó a cabo el desahogo de la prueba testimonial a cargo del ateste Ramiro Reyes Rivas; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Dese de baja la comunicación oficial de que se trata y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese a las partes mediante lista que se publique en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
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