Rocio Alma Anguiano Cancino

Expediente 869/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
869/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
12/11/2018

Partes del expediente

  • Rocio Alma Anguiano Cancino

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridades responsable. Documental. Agréguense los anexos remitidos por el Presidente de la Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada de las notificaciones del laudo de tres de septiembre de dos mil dieciocho, realizadas el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral 958/2017. Sobreseimiento fuera de audiencia. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones: La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecido los efectos de dicho acto de autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento, debiendo tomarse en consideración que en el caso, de un análisis a la demanda, el quejoso reclamó de la autoridad responsable la paralización total procesal del expediente número 958/2017, al omitir realizar las notificaciones que señala el artículo 890 de la Ley Federal del Trabajo, en relación al laudo emitido con fecha tres de septiembre de la presente anualidad. Mas cierto es que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que con posterioridad a la interposición de la demanda de garantías -diecisiete de octubre de dos mil dieciocho-, el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable, a través de su actuario realizó las notificaciones del laudo de tres de septiembre de dos mil dieciocho, a AFORE SURA, IMSS E INFONAVIT dentro del juicio laboral 958/2017; en ese orden de ideas, es inconcuso que en el particular, han cesado los efectos del acto que en esta vía se reclama pues éste quedó implícitamente sin efectos, al haberse notificado el laudo de que se trata, por lo que dejó de existir la afectación inicialmente reclamada. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO LA DETERMINACIÓN DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO QUE DICE: Morelia, Michoacán, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridades responsable. Documental. Agréguense los anexos remitidos por el Presidente de la Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada de las notificaciones del laudo de tres de septiembre de dos mil dieciocho, realizadas el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral 958/2017. Sobreseimiento fuera de audiencia. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones: La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecido los efectos de dicho acto de autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento, debiendo tomarse en consideración que en el caso, de un análisis a la demanda, el quejoso reclamó de la autoridad responsable la paralización total procesal del expediente número 958/2017, al omitir realizar las notificaciones que señala el artículo 890 de la Ley Federal del Trabajo, en relación al laudo emitido con fecha tres de septiembre de la presente anualidad. Mas cierto es que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que con posterioridad a la interposición de la demanda de garantías -diecisiete de octubre de dos mil dieciocho-, el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable, a través de su actuario realizó las notificaciones del laudo de tres de septiembre de dos mil dieciocho, a AFORE SURA, IMSS E INFONAVIT dentro del juicio laboral 958/2017; en ese orden de ideas, es inconcuso que en el particular, han cesado los efectos del acto que en esta vía se reclama pues éste quedó implícitamente sin efectos, al haberse notificado el laudo de que se trata, por lo que dejó de existir la afectación inicialmente reclamada. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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