Roberto Sauno Inocencio
Expediente 1022/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Roberto Sauno Inocencio
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir el auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se desechó la demanda de amparo, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que para el caso de que haya exhibido documentos originales que obren en el expediente, contará con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibida de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 4. Constancia. Como lo establece el artículo 34, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por licencia del titular, que le fue autorizada a éste en el punto cuarto del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se determina la lista de las y los aspirantes aceptados al Segundo Concurso Interno de Oposición para la designación de Magistradas y Magistrados de Circuito conforme a la Reforma Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés dando fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. 1. Razón actuarial imposibilidad para notificar. Vista la razón elaborada por el actuario judicial adscrito, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso ********************, el auto de tres de agosto del presente año, debido a que no señaló domicilio en esta ciudad para recibirlas. 2. Se ordena notificar por lista. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 27, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, notifíquese el presente proveído y el auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, a la parte quejosa, mediante lista de acuerdos que se publique en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto precise domicilio en esta Ciudad de Morelia, Michoacán, para recibirlas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LOS PROVEIDOS DE TRES Y OCHO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO: Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintitrés. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda promovida por Roberto Sauno Inocencio, por su propio derecho, contra actos de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 1.1. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1022/2023. 2. Precisión de los actos reclamados. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que los actos reclamados se hacen consistir en: La negativa de autorizar al quejoso, por parte de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el consumo personal de Cannabis Sativa, así como del psicotrópico THC, los isómeros A6a (10ª), A6(7), A7, A8, A9(11) y sus variantes estereoquímicas, así como la adquisición, posesión y transporte. 3. Desechamiento de la demanda. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracciones VIII y XXIII, en relación con el diverso 210, ambos de la Ley de Amparo, que establecen que es improcedente el amparo contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así, pues cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado la declaratoria general de inconstitucionalidad de una determinada norma, el gobernado en contra de ese acto de aplicación tiene a su alcance la Denuncia prevista en el artículo 210 de la Ley de Amparo, lo que excluye la procedencia del juicio de amparo. El trámite a que se refiere el numeral citado, establece que es competente el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, y en caso de que ésta no requiera ejecución material, se tramitará ante el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante. Dicho órgano jurisdiccional dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga, fenecido dicho plazo, dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Misma que podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad; El procedimiento citado será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, el acto reclamado consiste en el oficio de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se aplican entre otros los artículos 204, 235, 368, 369 y 371 de la Ley General de Salud, y por ende, se niega al quejoso el consumo personal de Cannabis Sativa, así como del psicotrópico THC, los isómeros A6a (10ª), A6(7), A7, A8, A9(11) y sus variantes estereoquímicas, así como la adquisición, posesión y transporte. En esa medida, es que el presente juicio de amparo debe desecharse por notoriamente improcedente, puesto que el quejoso tiene a su alcance la denuncia prevista en el artículo 210 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis aislada con registro digital 2024834, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, en la Unidécima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Junio de 2022, Tomo VII, página 6248, con rubro y texto siguiente: "DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO A UNA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE AMPARO, QUE ES EL IDÓNEO, EXCLUYE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES EXPULSADAS DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en contra de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud y de su acto de aplicación, con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expulsó del orden jurídico nacional dichas normas generales. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones VIII y XXIII, en relación con el diverso 210, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen la inejercitabilidad de la acción constitucional en contra de actos en los que se hubieran aplicado normas generales, respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI del título cuarto de la Ley de Amparo, o en términos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación: Lo anterior, porque el vocablo "podrá" contenido en el primer párrafo del artículo 210 de la Ley de Amparo, no implica la posibilidad de elegir entre denunciar la aplicación de las normas de observancia general objeto de la declaratoria general de inconstitucionalidad, o promover el juicio de amparo indirecto en contra de tal aplicación, sino que solamente significa la opción de conformarse o no con la aplicación de las normas expulsadas del orden jurídico nacional, pero de inconformarse sólo podrá hacerlo a través del procedimiento idóneo para ello, que es el especial previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo. De ahí que al existir una causal de improcedencia expresa prevista en el artículo 61, fracciones VIII y XXIII, en relación con el precepto 210, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la impugnación de normas declaradas inconstitucionales con efectos generales, y prever el legislador un procedimiento especial para el caso de que con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria respectiva se apliquen las normas invalidadas, dicho procedimiento especial sí es excluyente del juicio de amparo indirecto. Ello, porque las disposiciones objeto de la declaratoria general de inconstitucionalidad pierden su validez por su expulsión del orden jurídico nacional, es decir, la decisión en estos casos tiene efectos derogatorios y, por tanto, resulta congruente que en atención a la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, el legislador previera en beneficio de las personas afectadas un diverso procedimiento especial y de mayor agilidad, para denunciar, sin límite de tiempo para promover ante un Juez de Distrito, a la autoridad que aplique normas que fueron materia de una declaratoria general de inconstitucionalidad, por lo que esa denuncia es el único medio para reclamar la violación a una declaratoria general de inconstitucionalidad, no así un nuevo juicio de amparo indirecto." Así, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61, fracciones VIII y XXIII, en relación con el dispositivo 210 de la Ley Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Finalmente, no obsta el contenido de la jurisprudencia de rubro 2022453, con el rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE FUNDA EN NORMAS GENERALES RESPECTO DE LAS CUALES LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HAYA EMITIDO DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO CUARTO DE LA LEY REFERIDA, O EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"; sin embargo, tal criterio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no es obligatorio para este Juzgado Federal. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, por así solicitarlo expresamente. 5. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6. Uso de medios electrónicos. Por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: a) solicitarlo por escrito o por comparecencia; y, b) señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos. En el entendido que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López. Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. 1. Razón actuarial imposibilidad para notificar. Vista la razón elaborada por el actuario judicial adscrito, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso ********************, el auto de tres de agosto del presente año, debido a que no señaló domicilio en esta ciudad para recibirlas. 2. Se ordena notificar por lista. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 27, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, notifíquese el presente proveído y el auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, a la parte quejosa, mediante lista de acuerdos que se publique en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto precise domicilio en esta Ciudad de Morelia, Michoacán, para recibirlas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintitrés. 1. Manifestaciones de tercero interesado. Agréguese a los autos el escrito signado por el Comisariado Ejidal del poblado de San Andrés Coru, en cuanto tercero interesado en el presente juicio, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto al recurso de inconformidad presentado por la parte quejosa; las cuales se ordena sean remitidas al Tribunal de alzada para su conocimiento. 2. Estado de autos. Ahora, del estado que guardan los autos se desprende que en proveído de veinticuatro de julio del año en curso, se tuvo a la parte quejosa, Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Turícuaro, Municipio de Nahuatzen, Michoacán, interponiendo recurso de inconformidad en contra del proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, para lo cual, se ordenó remitir las constancias correspondientes al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, en turno, para su ulterior trámite; sin embargo, se omitió generar el oficio mediante el cual serían envidas dichas constancias. 3. Remisión. En consecuencia, remítanse los autos originales del juicio de amparo número 741/2020 consistente en un tomo, así como el original y una copia del escrito de agravios, de ambas partes, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, para su substanciación, a quien desde este momento se le hace saber que se pone a su disposición el expediente electrónico, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
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