Roberto Sánchez Urbina

Expediente 552/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
552/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Roberto Sánchez Urbina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. ANÁLISIS IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la licenciada Ana Luisa Gómez Ibarra autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, informando el fallecimiento del aquí quejoso Roberto Sánchez Urbina. Asimismo, mediante proveído de diez de agosto de la presente anualidad, se tuvo a la autorizada de mérito exhibiendo copia del acta de defunción del quejoso de mérito; por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente, los datos aportados por la autoridad responsable, así como por la licenciada Ana Luisa Gómez Ibarra, autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, si existe o no imposibilidad manifestada en relación al cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado. Así, de las constancias se advierte que el veintinueve de abril de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Resolución que fue declarada firme mediante proveído de veinticuatro de mayo de la presente anualidad, por lo que en esa misma fecha se requirió el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en autos. Ahora bien, los efectos de la sentencia amparadora, fueron los siguientes: 1 Las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias y en cuanto superiores jerárquicos del Hospital General de Apatzingán "Dr. Ramón Ponce Álvarez", así como a este último, establezcan de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del quejoso Roberto Sánchez Urbina, enfocada al tratamiento de insuficiencia renal crónica que padece, para lo cual deben hacer su diagnóstico médico de salud, proporcionarle la atención médica y medicamentos que requiere; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, en la actualidad, debiendo, para ello, tomar en cuenta: I. En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia del quejoso, en la localidad de Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, a efecto de que sea la más cercana a su domicilio; II. Se adopten las medidas sanitarias debidas, a efecto de que el tratamiento definitivo al quejoso al padecimiento que presenta, en el lugar donde se le deba suministrar, contrarreste el riesgo a la salud ante los efectos de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. III. Ordenen que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, al menos dos veces por año, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. IV. Para efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General de Apatzingán, Michoacán de Ocampo "Dr. Ramón Ponce Álvarez" para que sea valorado medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto, al menos dos veces por año. V. En caso de que el servicio de hemodiálisis para su enfermedad de insuficiencia renal crónica, se siga prestando en instituciones privadas, como la que actualmente lo presta "Calidad en Hemodiálisis", bajo el pago de la autoridad responsable, ésta se encontrará obligada a estar reportando mensualmente a la autoridad responsable que le hace el pago, si el quejoso ha recibido, cuántas veces y cuándo, las sesiones de hemodiálisis contratadas. VI. Por lo que, deberán dictar cuanta medida administrativa, económica y de prestación de servicios se requiera, a fin de seguir brindando la atención médica necesaria tanto en cantidad como en calidad, necesarios para preservar la vida y salud del directo quejoso. VII. Respecto a los efectos de la reparación del derecho a la salud, es preciso disponer que la atención médica adecuada obliga a las autoridades responsables de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, al tratamiento médico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requiera, tomando en consideración sus padecimientos y necesidades. En el caso de que las autoridades responsables carecieran de ellas deberán recurrir a instituciones públicas privadas o de la sociedad civil especializada. VIII. Finalmente, las autoridades responsables deberán cubrir los gastos necesarios para el restablecimiento de su salud. En ese sentido, corresponderá -en su momento- a las autoridades responsables acreditar ante este Juzgado la culminación o restablecimiento íntegro del derecho a la salud, para el cese de los efectos del amparo." Luego, mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la licenciada Ana Luisa Gómez Ibarra, autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, informando el fallecimiento del aquí quejoso Roberto Sánchez Urbina; circunstancia que se tuvo por acreditada mediante proveído de diez de agosto de la presente anualidad, en el que se tuvo a la autorizada de mérito exhibiendo copia del acta de defunción del aquí quejoso. Por lo tanto, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, no existe materia para la ejecución de la sentencia que concedió la protección constitucional. Lo anterior, porque el efecto protector consistente en que las responsables establezcan de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del quejoso Roberto Sánchez Urbina, enfocada al tratamiento de insuficiencia renal crónica que padece, para lo cual deben hacer su diagnóstico médico de salud, proporcionarle la atención médica y medicamentos que requiere; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, en la actualidad, no puede realizarse materialmente, toda vez que como se advierte en fecha veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se suscitó el fallecimiento de la parte quejosa, lo que se acredita con copia del acta de defunción con número de folio 1495866, expedida por el oficial del Registro Civil del Estado de Michoacán. De ahí que esta autoridad se encuentra con una imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin que pase inadvertida la obligación que impone el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en el sentido de que cuando una sentencia no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, se deberán remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el diverso numeral 193, de la legislación en consulta. No obstante, este Juzgado de Distrito advierte que la imposibilidad que tiene la autoridad responsable no deviene de alguna de las circunstancias previstas en el mencionado artículo 193, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, o bien, que se actualice alguna conducta que demuestre su omisión o evasiva en el debido cumplimiento; por tanto, no está justificado legalmente proceder conforme a lo establecido en las porciones normativas invocadas. Tampoco resulta razonable volver a requerir el debido cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable, puesto que a ningún fin práctico conduciría, habida cuenta que, se reitera, existe imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, ajena a la potestad reglamentaria de la autoridad en cuestión. Tiene apoyo a lo anterior en lo conducente, la Tesis: XXIV.2o.2 P (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2019, página 2612, registro 2019824, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EL ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CONSIDERACIONES CON BASE EN LAS CUALES SE DECRETÓ LA IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIR CON EL FALLO PROTECTOR, AUN CUANDO DICHO RECURSO LO INTERPONGA LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA IMPUGNAR EXCLUSIVAMENTE LAS MULTAS IMPUESTAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN RESPECTIVO." Así como la diversa 1a./J. 42/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Mayo de 2014, página 476, registro 2006470, cuyo contenido es el siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. CUANDO LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR EL PROMOVENTE DE DICHO RECURSO RESULTEN INOPERANTES EN SU TOTALIDAD, PROCEDE EL ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO." ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 18 del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ********************autorizada en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual cumple con lo requerido por este Juzgado Federal mediante proveído de veintiocho de julio de dos mil veintidós, anexando en el escrito de cuenta el acta de defunción del quejoso ******************** Por lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda debido a que este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno resolverá lo que conforme a derecho corresponda. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de julio de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de veintiocho de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se tuvo a Ana Luisa Gómez Ibarra, autorizada en amplios términos de la parte quejosa, informando que hasta el día de la fecha de presentación de su escrito, los familiares del quejoso le informaron que aún no había podido levantar el acta de defunción correspondiente del finado Roberto Sánchez Urbina. REQUERIMIENTO. En ese contexto, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al autorizado de mérito a fin de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de su legal notificación informe a este Juzgado Federal si fue posible realizar el trámite correspondiente para levantar el acta de defunción que nos ocupa o bien si cuentan con algún indicio del que se acredite la defunción del aquí quejoso, a fin de estar en aptitud de proveer lo correspondiente respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en los autos del presente expediente. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad que de hacer caso omiso al requerimiento en cuestión, se hará acreedora a la imposición de multa de CIENTO CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 259 de la Ley de la materia en vigor. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA AUTORIZADA DE LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de julio de dos mil veintidós. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el oficio firmado por el Director del Registro Civil del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, por medio del cual, en atención al requerimiento de veintiocho de junio de dos mil veintidós, informa de nueva que no existe registro dentro de su base de datos estatal, del acta defunción del aquí quejoso, asimismo, comunica los requisitos a cumplir para poder llevar acabo el registro correspondiente. En tales condiciones, requiérase al autorizado de la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, informe a este órgano jurisdiccional, si al día de la fecha ya fue registrada la defunción correspondiente o bien el impedimento legal para ello. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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