Roberto Núñez Magallón
Expediente 41/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 41/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Roberto Núñez Magallón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. AUTORIDAD INFORMA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo, en atención a su contenido, téngase a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento que le fuera formulado mediante proveído de once de octubre del año que transcurre, y al efecto informa las gestiones que se encuentra realizando para que se restablezca el servicio de Hemodiálisis en la Clínica Occidente, que es la que otorga dicho servicio, informando así que el veinte de octubre de dos mil veintitrés fue restablecido el mencionado servicio en favor de la parte quejosa. Del mismo modo, informa que el personal de la clínica encargada del brindar de manera subrogada la Terapia Sustitutiva Renal Extracorpórea - Hemodiálisis, hacen del conocimiento que a partir del lunes veintitrés de octubre del año en curso, se comenzará con el reembolso de las sesiones pagadas por los quejosos mientras el servicio se encontraba suspendido en los municipios de Apatzingán, Buena Vista y Cuatro caminos; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. VISTA. Asimismo, con el oficio de que se trata y anexos correspondientes dése vista a la parte quejosa, para que en referido término manifieste lo que a su derecho convenga. ESCRITO PARTE QUEJOSA. Por otro lado, intégrese el escrito firmado electrónicamente por Ana Luisa Gómez Ibarra, representante de la parte quejosa Roberto Núñez Margallón, en atención a su contenido, téngase informando que el veintiséis de octubre del año en curso, se restableció el servicio de hemodiálisis subrogado, por lo que la parte quejosa comenzó a recibir nuevamente su tratamiento. Asimismo, manifiesta que es su deseo desistirse del incidente de repetición del acto reclamado promovido; por lo tanto, ante el desistimiento de la acción planteada dentro de la presente incidencia, se declara sin materia el referido incidente de repetición del acto reclamado; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis jurisprudencial con registro digital 2026767, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo V, Página 4417, Materia Común del rubro siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PROCEDE ENVÍO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUANDO DEJA DE EXISTIR LA MATERIA DEL CUMPLIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN Y/O POR CONVENIO DE LAS PARTES." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. SE ADMITE DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta firmado en forma electrónica por la licenciada Ana Luisa Gómez Ibarra, en su calidad de autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa ********************; atento a su contenido, con apoyo en el artículo 199 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la denuncia de repetición del acto reclamado. En mérito de lo anterior, córrase traslado a las autoridades responsables con copia del escrito de cuenta y requiéraseles para que dentro del término de TRES DÍAS, computado legalmente, rindan su informe relativo a tal denuncia; asimismo, transcurrido que sea el lapso, dentro de los tres días siguientes, pronúnciese la resolución correspondiente. Por otro lado, téngase a la promovente de mérito, solicitando se requiera a la persona moral denominada "********************, para que cumpla con el contrato de licitación y realice el pago del adeudo contraído con la clínica que prestaba el servicio de hemodiálisis a la parte quejosa; en ese contexto, dígase a la promovente de mérito que no ha lugar acordar de conformidad a lo solicitado, toda vez que como la misma promovente lo señala la obligación médica deriva de una licitación pública, en la que dicha empresa obtuvo el contrato de prestación de servicios, por medio del cual se obligó a proporcionar sesiones de hemodiálisis a los pacientes con insuficiencia renal que la Secretaría de Salud les indique. Lo anterior, es así porque la actuación de dicha empresa, en el caso concreto, no deriva de una relación de supra a subordinación para con los gobernados, como las que se deben suscitar entre la autoridad responsable y un particular, sino que actúa en un plano de carácter contractual, derivado del contrato celebrado con la autoridad responsable Secretaria de Salud, lo que significa que se está en un plano de coordinación y no de supra a subordinación, con las características que esta última implica, es decir, que actué de manera unilateral, coercitiva e imperativa; de ahí que se sostenga no vincularla como responsable. Asimismo, dígase a la promovente de mérito que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud respecto su manifestación relativa a que este órgano jurisdiccional "envíe a un actuario para que de fe de la suspensión del servicio por parte de las responsables", toda vez que de dicha solicitud no se advierte con claridad la pretensión de la solicitante, es decir, si lo que pretende es ofrecer un medio de convicción dentro de la presente incidencia en favor de la quejosa, o bien si pretende hacer valer algún medio de defensa de carácter colectivo, máxime que dentro del presente juicio de garantías únicamente fue concedido el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí quejoso ********************. Finalmente, por cuanto ve a las documentales exhibidas se hace de su conocimiento que las mismas se tienen por enunciadas, las cuales serán valoradas al momento de resolver la presente incidencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio, con base en los elementos que aparecen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria emitida por este Juzgado, sin exceso, ni defecto. Así, de las constancias se advierte que el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia, en la que, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal en el juicio de amparo, resolución que causó ejecutoria el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Seguido el trámite de ejecución, las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado de Michoacán con residencia en la ciudad de Morelia y Director del Hospital "Dr. Ramón Ponce Álvarez", con sede en esta Apatzingán, Michoacán, informaron el cumplimiento a la sentencia de amparo, como se verá a continuación. Ahora, del análisis de los efectos de la sentencia amparadora y los actos desplegados por las autoridades responsables, se tiene: EFECTOS DE LA SENTENCIA ANÁLISIS DE LA RESPONSABLE La autoridad responsable Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en el ámbito de su respectiva competencia y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General "Dr. Ramón Ponce Álvarez", con residencia en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, así como a este último, establezcan de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del quejoso Roberto Núñez Magallón, enfocada al tratamiento de insuficiencia renal crónica que padece, para lo cual deben hacer su diagnóstico médico de salud, proporcionarle la atención médica y medicamentos que requiere; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, en la actualidad, debiendo, para ello, tomar en cuenta: I. En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia del quejoso (Apatzingán, Michoacán de Ocampo), a efecto de que sea la más cercana a su domicilio. II. Ordenen que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, al menos dos veces por año, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. III. Para efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Director del Hospital General "Dr. Ramón Ponce Álvarez", con residencia en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, para que sea valorada medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto, al menos dos veces por año. IV. En caso de que el servicio de hemodiálisis para su enfermedad de insuficiencia renal crónica, se siga prestando en instituciones privadas, como la que actualmente lo presta; esto es, la clínica denominada CLÍNICA CALIDAD EN HEMODIÁLISIS, ubicada en avenida 22 de Octubre, número 833, colonia El Varillero, en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, bajo el pago de la autoridad responsable, ésta se encontrará obligada a estar reportando mensualmente a la autoridad responsable que le hace el pago, si el quejoso ha recibido, cuántas veces y cuándo, las sesiones de hemodiálisis contratadas. V. Por lo que, deberán dictar cuanta medida administrativa, económica y de prestación de servicios se requiera, a fin de seguir brindando la atención médica necesaria tanto en cantidad como en calidad, necesarios para preservar la vida y salud del quejoso. VI. Respecto a los efectos de la reparación del derecho a la salud, es preciso disponer que la atención médica adecuada obliga a las autoridades responsables de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, al tratamiento médico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requiera, tomando en consideración sus padecimientos y necesidades. En el caso de que las autoridades responsables carecieran de ellas deberán recurrir a instituciones públicas privadas o de la sociedad civil especializada. VII. Finalmente, las autoridades responsables deberán cubrir los gastos necesarios para el restablecimiento de su salud. En ese sentido, corresponderá -en su momento- a las autoridades responsables acreditar ante este Juzgado la culminación o restablecimiento íntegro del derecho a la salud, para el cese de los efectos del amparo. Las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado de Michoacán con residencia en la ciudad de Morelia y Directora del Hospital "Dr. Ramón Ponce Álvarez", con sede en Apatzingán, Michoacán,", para cumplir con la sentencia de amparo, realizaron lo siguiente: a) Mediante promoción registrada bajo el número de control interno 8044, recibido en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el doce de mayo de dos mil veintitrés, con el que se hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se encuentran suministrando la atención médica correspondiente a la parte quejosa, así como el número de sesiones de hemodiálisis que requiere para vivir, el cual le es brindado de forma subrogada. b) De igual manera, informó del conocimiento que a efecto de garantizar la atención médica requerida por la aquí quejosa celebraron contrato abierto de compraventa y prestación de servicios por licitación pública por medios de identificación electrónica, con la empresa denominada IGSA Medical Services, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que la aquí quejosa continuará recibiendo dicha atención médica en la clínica particular Unidad Renal Ambulatoria, ubicada en esta ciudad. c) Asimismo, se tuvo a las autoridades responsables de referencia reiterando su compromiso a efecto de seguir suministrando el número de sesiones que requiere la parte quejosa para vivir, por lo que no sufrirá afectaciones en su tratamiento. Así, del análisis de la comparativa hecha en el recuadro que antecede, se advierte que se ha restituido a la parte quejosa en el derecho fundamental que le fue vulnerado, pues la autoridad responsable ha seguido con su actuar los lineamientos descritos en el fallo protector dictado en este asunto, tal como quedó reseñado. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." Lo anterior, sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional que el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo es de tracto sucesivo; sin embargo, es importante destacar que el fallo protector del cual ahora se declara su cumplimiento, no debe entenderse como una medida sin limitación material o temporal alguna, pues además de la incertidumbre que con ello se generaría tanto a la parte quejosa, como a las autoridades responsables y a la misma población en la que radica el aquí quejoso, implicaría ejercer sobre las autoridades responsables una vigilancia permanente de sus actividades por parte de este órgano jurisdiccional, lo cual no está previsto expresamente en la norma constitucional, convencional o legal alguna, ya que de procederse así se estaría dejando de lado la propia actividad jurisdiccional de este Juzgado Federal y en su caso el cumplimiento de la prestación de atención médica por parte de las citadas autoridades responsables. Reiterándose que el vigilar de manera permanente la actividad propia de las autoridades responsables, no encuentra justificación alguna e implicaría una invasión desmedida a las actividades propias de las autoridades responsables. SE EXHORTA A LAS PARTES. Sin embargo, no obstante el cumplimiento decretado en párrafos precedentes, se exhorta a las autoridades a) Secretario de Salud del Estado de Michoacán, concede en Morelia y b) Director del Hospital Regional "Doctor Ramón Ponce Álvarez", con sede en Apatzingán, Michoacán, para que continúen girando las instrucciones necesarias para que se le sigan proporcionando con la periodicidad requerida las sesiones hemodialíticas o dialíticas al quejoso relativo al padecimiento de insuficiencia renal crónica, ya por conducto de la institución en cualquiera de sus unidades hospitalarias o de forma subrogada, ya en lo público, ya en lo particular, sin que sea obstáculo el presupuesto; en el entendido que deberá asentarse en el expediente clínico de la parte quejosa que le tratamiento brindado lo es con motivo de la concesión del amparo y protección de la justicia federal, dentro del presente juicio de garantías. SUBSISTEN APERCIBIMIENTOS. Se hace del conocimiento que quedan subsistentes los apercibimientos con los que se les conminó en autos, esto es, para el caso de no realizar las gestiones necesarias con la finalidad de observar el fallo protector, se harán acreedoras a una multa de manera individual equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, toda vez que los actos reclamados dentro del presente juicio de garantías constituyen omisiones por parte de las autoridades responsables relacionadas con el derecho a la salud que, por su naturaleza, CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LA VIDA DEL QUEJOSO, lo que impone obligar a las autoridades responsables a respetar el referido derecho humano, consagrado en el artículo 4° Constitucional, se exhorta a la parte quejosa para que en caso de que exista negativa de la atención médica materia de la Litis dentro del presente expediente, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional a efecto de que se provea lo que en derecho corresponda. ARCHIVO. Atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de los artículos 15 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de TRES AÑOS, conservando en según sea el caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente acuerdo por el que se ordena el archivo como asunto totalmente concluido. Hágase la anotación en la carátula. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé párrafo segundo del artículo 18 del propio Acuerdo General, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de mayo de dos mil veintitrés. AUTORIDAD INFORMA CUMPLIMIENTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el correo electrónico de cuenta, mismo que contiene el oficio sin número, signado por el licenciado José Eduardo Márquez Campos, en su carácter de apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Servicios de Salud Michoacán, por si y en cuanto a superior jerárquico del Director del Hospital General de Apatzingán, a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, anexando para tal efecto las constancias respectivas. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente en que surta efectos su legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./j. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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