Roberto Valencia Arzate
Expediente 413/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 413/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Roberto Valencia Arzate
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de junio de dos mil veintitrés. INFORMA ACEPTA COMPETENCIA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso oficio número 10857/2023, derivado del auto de dos de junio de dos mil veintitrés, a través del cual se remitieron los autos del juicio de amparo 675/2023, de su índice; asimismo, informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del citado juicio; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que este órgano jurisdiccional no acepto la competencia declinada para conocer de la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de junio de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DEL OFICIO DE INCOMPETENCIA. Agréguese el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, al que acompaña el juicio de amparo ********************, de su índice de registro, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de quien se ostenta su defensor particular ********************. Lo anterior, toda vez que mediante proveído de ******************** de los actuales, la titular del referido órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal, por cuestión de territorio, para resolver el juicio de amparo de que se trata. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 413/2023-II, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA. De las constancias que integran el cuaderno de incompetencia en cuestión, se advierte que el titular del juzgado declinante, mediante resolución de ******************** de los actuales, declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, al determinar que el acto reclamado tendrá ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción; es decir, en la localidad de Buenavista Tomatlán, Michoacán. Por lo que, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno, con sede en esta ciudad; al respecto, respetuosamente, la suscrita no comparte el criterio en el que se sustenta la declinación de la competencia, por las razones que a continuación se expondrán. El promovente señaló como actos reclamados en su escrito inicial de demanda y autoridades responsables, los siguientes: Como autoridad ordenadora al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, en función de Juez de Control, con sede en Morelia y, como ejecutoras, al Director del Centro Penitenciario y Reinserción "Lic. David Franco Rodríguez", así como al Subinspector de la Policía Procesal y Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en el Estado de Michoacán, en su carácter de Policía Procesal y al Jefe de Vigilancia del centro Preventivo y de Readaptación Social Lic. David Franco Rodríguez. Autoridades de las cuales reclama: a) El haber librado una ORDEN DE TRASLADO en contra de ********************; b) El haber ordenado cambiar de la estancia en la cual actualmente se encuentra, al Centro Penal Federal Número 17, con residencia en Buenavista Tomatlán del Estado de Michoacán; c) El haber ordenado cambiar al C. ******************** de su celda de reclusión; y d) De las ejecutoras, el querer cambiar al C. ******************** de reclusorio. Demanda de amparo que se presentó vía PSL en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, correspondiendo conocer de la misma, al Juzgado declinante. Consecuentemente, la Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, el ******************** de dos mil veintitrés, declinó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de quien se ostenta su defensor particular ********************, en virtud de que consideró que el acto reclamado tendrá ejecución material en el lugar donde al parecer se ordenó el traslado del quejoso ********************, es decir, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS MICHOACÁN", ubicado en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, sitio en el cual ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Sin embargo, como ya se dijo y no obstante lo expuesto con anterioridad, esta juzgadora no comparte el criterio emitido por la autoridad declinante, en virtud de que si bien, los artículos 107, fracción VII Constitucional y 37 de la Ley de Amparo establecen los criterios para conocer, en su caso, de una demanda de amparo. En efecto, los numerales mencionados con antelación establecen lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute, trate de ejecutarse y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". En ese tenor, del referido numeral 37 de la Ley de Amparo, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que, en un principio debe calificarse precisamente la naturaleza del acto que se reclame y determinar si éste conlleva o no un principio de ejecución material o, en su caso, si se trata de un acto de aquellos considerados como declarativos y con base en ello analizar las características de su ejecución. Por tanto, atendiendo a lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales son: a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión requieren ejecución material por parte de una autoridad distinta a la ordenadora; b) La segunda, consiste en que la competencia del Juez de Distrito se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro distinto, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y c) La tercera deriva del último párrafo del artículo en mención, la cual establece que cuando la resolución reclamada no requiera ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, ha sido criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tal texto debe interpretarse de manera literal, sin emplear algún método sistemático, teleológico o algún otro para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte esa posibilidad. Motivo por el cual estableció lo anterior a efecto de evitar la existencia de conflictos competenciales y lograr una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17, de la Constitución Federal y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve. Por tanto, resulta pertinente atender a los antecedentes de los actos reclamados, ya que si bien, acorde a lo plasmado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda no se advierte con certeza el lugar en que actualmente se encuentra recluido, pues por una parte refiere que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Reinserción Social Lic. David Franco Rodríguez, Charo, Morelia, Michoacán y, por otro lado, manifiesta que se encuentra en el Centro Penitenciario y Reinserción Social Santiaguito, Estado de México. Sin embargo, dicha circunstancia no puede ser tomada en consideración para fincar, hasta esta instancia procesal, la competencia para conocer del asunto, pues al no ser específico el lugar donde se encuentre recluido el quejoso, no es razón suficiente para declinar la competencia de que se trata. Máxime que el quejoso refiere que al parecer se libró la orden de traslado del lugar donde se encuentra recluido al diverso Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista, Tomatlán, Michoacán de Ocampo, sin que dicha circunstancia se encuentre acreditada, pues manifiesta que las autoridades que señaló como ejecutoras quieren cambiarlo de reclusorio. Aunado a lo anterior, el quejoso también se duele de que las autoridades responsables ordenaron su cambio de celda dentro del lugar en que se encuentra recluido, lo que lleva a concluir que aún no se realiza el traslado reclamado. De ahí que se considere que el acto reclamado aún no se ha ejecutado y por ende, el principio de ejecución que conlleva el traslado materia de reclamo en la presente instancia constitucional ha iniciado, bien en el municipio de Morelia o, en su caso, en el Estado de México y no en la localidad de Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, a donde supuestamente se ordenó trasladar al aquí quejoso, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro distinto, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Por tanto, ante las circunstancias antes descritas, es dable sostener que, con independencia del lugar al que se pretende trasladar al aquí quejoso, la ejecución del acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en el lugar donde se encuentra recluido, es decir, en el municipio de Charo, Michoacán, o bien, en el Estado de México y no en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, pues se insiste, hasta este momento procesal y de las constancias del sumario, no se advierte que el quejoso ya haya sido trasladado. Por lo anteriormente expuesto conforme a la segunda regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo y de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de quien se ostenta su defensor particular ********************. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En consecuencia, devuélvanse al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, el juicio de amparo ******************** de su índice de registro, pues se considera que es la autoridad competente para resolver de dicho juicio, pues a él correspondió, por razón de turno, conocer de dicha demanda; además, conforme a la segunda regla del artículo 37 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, y se le solicita comisione a quien corresponda a efecto de que acuse el recibo de estilo correspondiente. ANOTACIONES. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integran de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; por oficio a la jueza declinante.
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