Roberto Rodrigo Gutierrez Lemus
Expediente 179/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 179/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Roberto Rodrigo Gutierrez Lemus
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 179/2023-IX. Puebla, Puebla, trece de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 179/2023-VII. Puebla, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Se recibe escrito aclaratorio. Se recibe el escrito signado por, por propio derecho, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, y señala como único acto reclamado: ".la orden de realizar actos de investigación relacionados con mi domicilio y la ejecución de los mismos." En tal virtud, se provee: Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . En el caso, se advierte que en el presente asunto se tiene como acto reclamado el siguiente: ".la orden de realizar actos de investigación relacionados con mi domicilio y la ejecución de los mismos." En el caso, relativo al acto precisado con antelación, permite visualizar la actualización de una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción V del diverso 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo3 Lo anterior resulta así, pues la "orden de realizar actos de investigación" consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables. Entonces, como dentro del procedimiento de investigación se desconoce de antemano cuál será su resultado, el inicio o trámite en nada propicia afectación reparable por los medios de control constitucional; tal como acontece en la especie donde se reclama la "realización de diversos actos de investigación". Sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una indagatoria o carpeta sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control constitucional. Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por la parte quejosa respecto a que, el veinte de febrero del año dos mil veintitrés, aproximadamente a las veinte horas, se presentaron en el inmueble de su propiedad, personas que dijeron ser elementos ministeriales de investigación, los cuales ingresaron a su propiedad, entrevistándolo e identificándose con uno de ellos, quien le manifestó estar adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, lo anterior, en razón de que se estaban realizado actos de investigación dentro de una carpeta de investigación, se puede advertir que el acto reclamado no se trata de alguno de los actos de investigación de los previstos en el artículo 2524 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales si requieren de autorización previa del Juez de control y sí podrían afectar derechos establecidos en la Constitución, pues incluso ninguno de dichos actos fueron señalados de manera expresa dentro del apartado de acto reclamado del escrito de demanda. Además, el artículo 21 de la constitución impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas en la integración de una carpeta de investigación y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en contra de la "orden de realizar actos de investigación" a fin de integrar investigación probablemente llevada en contra del quejoso, pues tal acto deja de irrogarle perjuicio alguno; aunado a que la "orden de realizar" reclamada, por sí misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Pues la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación en su contra e integración de dicha carpeta de investigación, se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente la denuncia o querella basada en los hechos materia de la investigación en cuestión y por los cuales se ejerciera (en su caso) acción penal en su contra. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Tiene aplicación por analogía la siguiente tesis aislada de la Novena Época (9ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2004, tomo XX, visible a página 351, registro 180028, de rubro: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Luego, de una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se entiende que la acepción "juicio" a la cual alude dicho numeral, se refiere al procedimiento, que se desenvuelve a través de una secuencia ordenada de actos y en nada resulta ser sólo el seguido ante una autoridad judicial (como se comprendería en sentido restringido de la palabra); por lo que el procedimiento penal con todas sus etapas, encuadra en el supuesto contemplado por ese precepto legal. Máxime que esa etapa tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Además, de que en la orden de investigación e integración de una carpeta de investigación, el Ministerio Público debe hacer un análisis valorativo de las pruebas con la finalidad de decidir sobre el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, para ejercer -en su caso- acción penal, como en forma similar lo lleva a cabo el juez al resolver en el proceso penal, lo que refleja la secuencia lógica y necesaria existente entre esas etapas en cuanto a las pruebas se refiere. Atento a lo anterior, debe considerarse a la apertura o inicio de una carpeta de investigación, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el juez, de tal forma que debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de protección. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda planteada por la parte quejosa, pues se actualizó la referida causa de improcedencia de manera manifiesta e indudablemente. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notificaciones electrónicas. Ahora, del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que, el citado promovente solicitó en forma expresa la modalidad de juicio en línea (notificación electrónica) y proporcionó un nombre de usuario para que fuera habilitado -también el acceso al expediente electrónico-. Además, el nombre de usuario proporcionado por aquel, fue encontrado desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que pase inadvertido para esta juzgadora que, en diverso proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se habilito al quejoso únicamente el acceso al expediente electrónico bajo diverso usuario (). En consecuencia, se instruye al secretario encargado del presente acuerdo, que habilite al promovente tanto la modalidad de notificación electrónica como el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario "". Notifíquese, de manera electrónica -a través del nombre de usuario ""- a la parte quejosa.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 179/2023-VII. Puebla, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Radicación. Se integra al expediente electrónico el escrito de demanda, signada con evidencia criptográfica de Roberto Rodrigo Gutiérrez Lemus, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales1 , se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Prevención. La lectura integral2 de la demanda de protección, llevó a encontrar diversas irregularidades en torno al acto reclamado. De inicio, es importante destacar el señalamiento del quejoso, a saber: Ahora, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se desprende que, el veinte de febrero de dos mil veintitrés, aproximadamente a las once horas veintiocho minutos, se presentaron en la caseta de vigilancia del fraccionamiento , lugar en donde se encuentra su propiedad, dos personas del sexo masculino a bordo de una combi, quienes manifestaron llamarse, Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicitica. Así, por instrucciones del Agente del Ministerio Público, querían ingresar al fraccionamiento a poner unos sellos de aseguramiento al inmueble de su propiedad, el cual se encontraba relacionado con la capeta de investigación. Al respecto, esta operadora jurídica estima que el acto reclamado no constituye un acto de investigación, sino que, en su caso, se trata de una consecuencia directa de un aseguramiento decretado por el Ministerio Público. Sin embargo, es incongruente en la narrativa del quejoso que los elementos de seguridad no pudieran llevara a cabo la colocación de los sellos -al parecer de aseguramiento-; pues, en términos del artículo 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los elementos de policía tenían la obligación de tomar las providencias necesarias para la debida preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas, o vestigios del hecho delictivo, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito asegurados. Entonces, no es de dable lógica que estos tuvieran la indicación por parte del Ministerio Público de "colocar los sellos de aseguramiento" en la propiedad del aquí quejoso y, ello, haya sido impedido por no permitírseles el acceso al fraccionamiento. En efecto, en caso de existir una orden de aseguramiento o cateo relacionada con dicho inmueble, los elementos de seguridad no hubieran limitado su actuar por la negativa de acceso al fraccionamiento; pues, precisamente, la emisión de esas ordene implica la autorización para tomar las medidas necesarias para ejecutarlas. Por ello, si los elementos de policía acudieron al fraccionamiento y, al no permitírseles el acceso, se retiraron del lugar al no permitírseles el acceso -según la narrativa del quejoso-, es evidente que dichos elementos desplegaban actos de investigación, acorde al artículo 132, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, toda vez que estos no pudieron ingresar al lugar, porque esa circunstancia constituiría una afectación a los derechos fundamentales de , se colige que esos actos de investigación no se ubican en los supuestos que prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, aquéllos que requieran de la autorización del Juez de Control. Además, es forma de actuar es coincidente con los actos de investigación que prevé el numeral 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la inspección del lugar de los hechos o un lugar distinto. Tanto es así, que el propio quejoso hace referencia a diversos actos de molestia que se desarrollan fuera del fraccionamiento donde se ubica el inmueble de su propiedad. Sin embargo, como ya se dijo, el planteamiento que realiza el quejoso no constituye un acto de investigación, sino que, en su caso, es una consecuencia directa de estos, lo cual únicamente pudiera analizarse por vicios propios. No obstante, el quejoso señala que los elementos de policía no colocaron los sellos que reclama, es decir, no hubo acto de ejecución, lo cual torna el acto reclamado futuro e incierto; pues, al no poderse analizar el acto de investigación ordenado -por no haberse reclamado-, esta autoridad únicamente puede analizar si su ejecución se encuentra apegada al marco constitucional. Por ello, es indispensable que el quejoso precise si lo que en realidad pretende reclamar es: la orden de realizar actos de investigación relacionados con el domicilio -al parecer de su propiedad- y, la ejecución de estos actos. En otro orden de ideas, el escrito de demanda fue presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se acompañó una documental pública ofrecida como prueba, según se advierte del capítulo respectivo. Sin embargo, la parte quejosa fue omisa en cumplir con lo establecido en la fracción VI del artículo 3 3 , del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, esto es, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado exhibido, es copia íntegra e inalterada del documento impreso. De ahí que, resulte necesario requerir la aclaración de la demanda de amparo respecto de los puntos señalados con antelación. Bajo este contexto, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, III, y IV, y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días hábiles, siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúe las siguientes aclaraciones: 1) Precise si, en realidad, su deseo es señalar como acto reclamado la orden de aseguramiento del inmueble ubicado en así como su ejecución; 2) Indique si insiste en señalar como único acto reclamado la orden de colocación de sellos de aseguramiento, así como su ejecución y la realización de diversos actos de molestia o, en realidad, es su deseo señalar como acto reclamado: la orden de realizar actos de investigación relacionados con el domicilio ubicado en, así como la ejecución de estos actos de investigación; 3) Manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado exhibido en el escrito de demanda, es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Se le informa que al desahogar el requerimiento formulado a manera de prevención, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como una para cada autoridad responsable, otra para cada tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III de la ley de la materia y otra para el incidente de suspensión. Además, se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: en caso de no cumplir con todos los requerimientos anteriores, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados Por otro lado, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa fue omisa en señalar algún domicilio para oír y recibir notificaciones. Pues, si bien es cierto que refiere que las notificaciones se realicen a través del correo electrónico, en realidad, no es un medio procesal de notificación que prevea la Ley de Amparo. En efecto, 55 del Acuerdo General 12/2020, establece la posibilidad de realizar notificaciones electrónicas a través de los nombres de usuario registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Y, si bien es cierto que el quejoso señaló como nombre de usuario: , en realidad se limitó a precisar: ".se autorice la consulta vía internet del expediente electrónico.", esto es, no solicitó expresamente que las notificaciones electrónicas se realicen a través de dicho usuario. Por tanto, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 209 y 209 Bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa, las listas de acuerdos publicadas electrónicamente, mismas que están disponibles para su consulta en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal y los estrados de este órgano jurisdiccional. Consulta de expediente electrónico. En otro orden, se tiene a la parte quejosa solicitado la consulta electrónica del expediente electrónico a través del usuario. Por consiguiente, se instruye al secretario encargado del presente asunto, habilite al quejoso únicamente el acceso al expediente electrónico, con el referido nombre de usuario. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si no hacen manifestación al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese; personalmente -por lista- a la parte quejosa.
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