Roberto Sola Gonzalez
Expediente 469/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 469/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Roberto Sola Gonzalez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 469/2021. Puebla, Puebla, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Causa estado. se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, ..., SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Devolución de documentos. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 469/2021-IX. Puebla, Puebla, doce de mayo de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe *, por propio derecho, contra actos de los Magistrados de la Segunda Sala Penal Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Empero, de lo anterior se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, De los anteriores preceptos, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación se entiende como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Ahora, en el caso particular, se desprende de la exposición realizada en el capítulo de acto reclamado de su demanda, así como de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad y de los conceptos de violación enderezados en contra del acto reclamado, que la omisión atribuida a la sala no constituye, en este momento, un acto de imposible reparación que afecte de manera directa sus derechos fundamentales. Para sustentar lo anterior, se hace referencia de los antecedentes señalados: ".Es así que con fecha diez de marzo del presente año que transcurre, se presentó escrito suscrito por el quejoso para nombrar defensora particular en segunda instancia, misma que se presentó a protestar el cargo conferido, y es así que el suscrito manifiesta que hasta el día de hoy no se me ha notificado acuerdo a mi defensora particular dentro del toca * del índice de la segunda sala penal, razón por la que le pedí a un familiar acudiera a la segunda sala en materia penal en el Estado el día 07 de mayo del presente año para que se informara dl estado procesal del toca penal * y personal de dicha sala le informo a mi familiar que aún no se tenía ninguna notificación, razón por la que me veo en la necesidad de acudir ante esta potestad federal." De ahí que, la dilación reclamada, en este momento, no le produce una afectación directa e inminente a sus derechos fundamentales, pues, en este momento, aún falta que se desahoguen diversas etapas del procedimiento ante el tribunal de alzada. Pues como lo indicó el quejoso el nueve de marzo del actual fue radicado ante la Segunda Sala en Materia Penal el toca de apelación, por lo que dentro de los tres días a que tomó conocimiento de dicho recurso señaló defensor ante el tribunal de alzada, tal y como lo previene el artículo 278, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social. Luego, si bien es cierto que se carecen de elementos para advertir el trámite que se le ha dado con posterioridad a la radicación, lo cierto es que de la fecha en que el quejoso nombró un defensor hasta este momento, e incluso la falta de respuesta de ese nombramiento y la subsecuente continuación con las etapas procesales de la apelación, no puede considerarse que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En efecto, el quejoso reclama la emisión de una sentencia; sin embargo, previo a la emisión de esa resolución deben sucederse diversos actos procesales -como el señalamiento del defensor-, que indudablemente prolongan la emisión de la sentencia de segunda instancia. Para ello, basta con atender lo dispuesto por los artículos 287, 294, 295, 296 y 297 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla Por lo tanto, se estima actualizada en forma indudable y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo presentada por * Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido a la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, que ha generado una contingencia sanitaria en todo el país, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Toma de fotografías. Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia, pero bajo los lineamientos para el ingreso a los órganos Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Domicilio procesal y autorizado del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso el ubicado en la ciudad de Puebla. Como autorizado en términos amplios a Michel Aragon Aguilar, porque así lo solicita el quejoso y la cédula profesional de este se encuentra dadas de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. Notifíquese; en forma personal al quejoso -a través del usuario ** y, cúmplase.
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