Roberto Octavio Rodriguez Villalobos

Expediente 164/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
164/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/03/2022

Partes del expediente

  • Roberto Octavio Rodriguez Villalobos

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 164/2022-IV. Puebla, Puebla, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Por lo que habrá de ordenarse en acápites posteriores el archivo del presente juicio. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 164/2022-IV. Puebla, Puebla, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso **** Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende los actos siguientes: ".la ejecución de una orden de aprehensión o detención.". Actos que únicamente atribuyó a las responsables que denominó como: Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla y Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. En otras palabras, el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades responsables; y tampoco manifestó en su demanda, la existencia de alguna causa penal instruida en su contra. Más aún, el señalamiento de las autoridades responsables, Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla y Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, fue con un doble carácter: autoridad ordenadora y al mismo tiempo autoridad ejecutora. Sobre todo porque ninguna distinción obra en la demanda, con la que se hubiera pretendido atribuir únicamente el carácter de ejecutoras, a las responsables citadas. Entonces, si el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades ordenadoras y tampoco manifestó la existencia de alguna causa penal instruida en su contra, es válido deducir que la orden reclamada a los mencionados directores con el doble carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, sólo puede corresponder a una orden de presentación con fines de investigación. Máxime que el Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla y el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, no tienen facultades para librar órdenes de aprehensión, motivo por el cual puede afirmarse que su doble carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, implica el reclamo de una orden de presentación con fines de investigación, en alguna carpeta donde el quejoso tiene el carácter de imputado. De modo que el reclamo planteado por el quejoso, está circunscrito a una orden de detención con fines de investigación, porque dichas autoridades únicamente podrían intervenir en la detención de aquél para que fuera presentado a un agente del Ministerio Público, con el propósito de que le sea recabada su entrevista en una carpeta de investigación. En efecto, los directores señalados en la demanda como responsables ordenadoras y ejecutoras, sólo pueden intentar la detención del quejoso para que le sea recabada declaración en una carpeta de investigación; y al tratarse de autoridades relacionadas con una institución ministerial, no puede visualizarse una orden de aprehensión porque esta corresponde en forma exclusiva a autoridades judiciales, y como se dijo, ninguna fue señalada en la demanda. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen a la figura de la orden de presentación atribuida a autoridades relacionadas con una institución ministerial, que actúan bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando vaya dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se libra para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo anterior resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden reclamada por el quejoso, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contempla las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la carpeta, incluso ante un juez, donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del gobernado, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de presentación afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, los actos reclamados en la demanda consistentes en la orden de presentación y la ejecución de la misma, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo Solo resta agregar que aun cuando la pretensión del quejoso hubiera sido combatir la ejecución de una orden de aprehensión, de cualquier forma se tendría que desechar la solicitud de amparo. De entrada, porque la ejecución de una orden de aprehensión depende de la resolución de un juez penal, en la que hubiera decretado la captura de una persona imputada, como se desprende del artículo 16 de la constitución federal. Sin embargo, el contenido íntegro de la demanda de tutela refleja que el quejoso nunca tuvo la intención de señalar autoridades judiciales y tampoco causas penales, pues únicamente involucró a autoridades ministeriales y delimitó el acto a la supuesta ejecución de una orden de aprehensión o detención -que en realidad correspondió a una orden de presentación con fines de investigación-. Entonces, de cualquier forma hubiera sido improcedente el reclamo de la ejecución de una orden de aprehensión, pues la falta de señalamiento contra jueces penales determina la imposibilidad de combatir la mera ejecución. Sobre todo porque el reclamo acotado a la ejecución de una orden de aprehensión, sólo puede generar el escenario de actos futuros e inciertos, respecto de los cuales resulta improcedente el juicio de tutela constitucional. Por tanto, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo del quejoso Roberto Octavio Rodríguez Villalobos, porque los actos que reclama conforme a la esfera de competencia legal de las autoridades responsables -orden de presentación con fines de investigación-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Domicilio procesal, acceso a expediente electrónico y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que designó para ese propósito en su demanda (ubicado en Boulevard Atlixcayotl de la ciudad de Puebla). Además, se detectó la solicitud expresa que formuló para tener acceso al expediente electrónico, con los nombres de usuarios *** . Esos nombres fueron encontrados registrados desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, se instruye al secretario encargado del presente asunto, que habilite al quejoso el acceso al expediente electrónico, con los citados nombres de usuario. Por otro lado, quedan autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas nombrados en el proemio de la demanda, porque el quejoso les otorgó facultades amplias y éstos tienen registrada su cédula profesional, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Ahora, el quejoso señaló como medios de notificación un correo electrónico y un número telefónico. Empero, esos medios electrónicos no se encuentran establecidos como herramientas para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Entonces, se hace saber al quejoso que puede optar por las notificaciones vía electrónica (a través de uno de los usuarios señalados) como medio para recibir notificaciones personales, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le hace saber Sólo que de ser su deseo optar por la notificación electrónica, deberá solicitarlo expresamente por escrito. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.- JUICIO DE AMPARO 164/2022-IV. Puebla, Puebla, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por el quejoso **** Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende los actos siguientes: ".la ejecución de una orden de aprehensión o detención.". Actos que únicamente atribuyó a las responsables que denominó como: Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla y Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. En otras palabras, el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades responsables; y tampoco manifestó en su demanda, la existencia de alguna causa penal instruida en su contra. Más aún, el señalamiento de las autoridades responsables, Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla y Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, fue con un doble carácter: autoridad ordenadora y al mismo tiempo autoridad ejecutora. Sobre todo porque ninguna distinción obra en la demanda, con la que se hubiera pretendido atribuir únicamente el carácter de ejecutoras, a las responsables citadas. Entonces, si el quejoso no señaló a jueces penales como autoridades ordenadoras y tampoco manifestó la existencia de alguna causa penal instruida en su contra, es válido deducir que la orden reclamada a los mencionados directores con el doble carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, sólo puede corresponder a una orden de presentación con fines de investigación. Máxime que el Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla y el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, no tienen facultades para librar órdenes de aprehensión, motivo por el cual puede afirmarse que su doble carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, implica el reclamo de una orden de presentación con fines de investigación, en alguna carpeta donde el quejoso tiene el carácter de imputado. De modo que el reclamo planteado por el quejoso, está circunscrito a una orden de detención con fines de investigación, porque dichas autoridades únicamente podrían intervenir en la detención de aquél para que fuera presentado a un agente del Ministerio Público, con el propósito de que le sea recabada su entrevista en una carpeta de investigación. En efecto, los directores señalados en la demanda como responsables ordenadoras y ejecutoras, sólo pueden intentar la detención del quejoso para que le sea recabada declaración en una carpeta de investigación; y al tratarse de autoridades relacionadas con una institución ministerial, no puede visualizarse una orden de aprehensión porque esta corresponde en forma exclusiva a autoridades judiciales, y como se dijo, ninguna fue señalada en la demanda. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen a la figura de la orden de presentación atribuida a autoridades relacionadas con una institución ministerial, que actúan bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial, no implica la restricción de la libertad para el quejoso aun cuando vaya dirigida a este, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Asimismo, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un imputado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación solamente se libra para el imputado con el propósito de que comparezca ante el fiscal investigador. En otras palabras, la orden de presentación jamás genera la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede el imputado manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo anterior resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden reclamada por el quejoso, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contempla las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la carpeta, incluso ante un juez, donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del gobernado, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de presentación afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, los actos reclamados en la demanda consistentes en la orden de presentación y la ejecución de la misma, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo Solo resta agregar que aun cuando la pretensión del quejoso hubiera sido combatir la ejecución de una orden de aprehensión, de cualquier forma se tendría que desechar la solicitud de amparo. De entrada, porque la ejecución de una orden de aprehensión depende de la resolución de un juez penal, en la que hubiera decretado la captura de una persona imputada, como se desprende del artículo 16 de la constitución federal. Sin embargo, el contenido íntegro de la demanda de tutela refleja que el quejoso nunca tuvo la intención de señalar autoridades judiciales y tampoco causas penales, pues únicamente involucró a autoridades ministeriales y delimitó el acto a la supuesta ejecución de una orden de aprehensión o detención -que en realidad correspondió a una orden de presentación con fines de investigación-. Entonces, de cualquier forma hubiera sido improcedente el reclamo de la ejecución de una orden de aprehensión, pues la falta de señalamiento contra jueces penales determina la imposibilidad de combatir la mera ejecución. Sobre todo porque el reclamo acotado a la ejecución de una orden de aprehensión, sólo puede generar el escenario de actos futuros e inciertos, respecto de los cuales resulta improcedente el juicio de tutela constitucional. Por tanto, de conformidad con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu, 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo del quejoso Roberto Octavio Rodríguez Villalobos, porque los actos que reclama conforme a la esfera de competencia legal de las autoridades responsables -orden de presentación con fines de investigación-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Domicilio procesal, acceso a expediente electrónico y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que designó para ese propósito en su demanda (ubicado en Boulevard Atlixcayotl de la ciudad de Puebla). Además, se detectó la solicitud expresa que formuló para tener acceso al expediente electrónico, con los nombres de usuarios *** . Esos nombres fueron encontrados registrados desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, se instruye al secretario encargado del presente asunto, que habilite al quejoso el acceso al expediente electrónico, con los citados nombres de usuario. Por otro lado, quedan autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas nombrados en el proemio de la demanda, porque el quejoso les otorgó facultades amplias y éstos tienen registrada su cédula profesional, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Ahora, el quejoso señaló como medios de notificación un correo electrónico y un número telefónico. Empero, esos medios electrónicos no se encuentran establecidos como herramientas para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Entonces, se hace saber al quejoso que puede optar por las notificaciones vía electrónica (a través de uno de los usuarios señalados) como medio para recibir notificaciones personales, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le hace saber Sólo que de ser su deseo optar por la notificación electrónica, deberá solicitarlo expresamente por escrito. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

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