Roberto Rene Vega Vega
Expediente 566/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 566/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Roberto Rene Vega Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho emitido en el juicio de amparo número 566/2018-7B,con el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente acuerdo sin necesidad de nuevo acuerdo y previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se precisa que este asunto es susceptible de destrucción dado que por auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho se desechó la demanda de garantías; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Del análisis del presente asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido el quejoso, y no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente expediente con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
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ES NOTIFICACION PERSONAL PARA EL QUEJOSO.
- Principal
se notifica por medio de lista de acuerdos al quejoso Roberto Rene Vega Vega el proveído dictado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho que dice: Visto el escrito firmado por Roberto René Vega Vega, mediante el cual refiere dar cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de diecisiete de octubre del año en curso; agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales que corresponda, téngase por cumplida la prevención de mérito y provéase lo conducente. Analizado el escrito de prevención, así como la demanda presentados y suscritos por Roberto René Vega Vega contra actos del gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Fuerte, Sinaloa, debe decirse, en principio, que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto, resulta preciso citar la jurisprudencia identificada con el número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil, Novena Época, que literalmente dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo, faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura del escrito de aclaración de la demanda de amparo, así como del escrito de demanda, se advierte que el solicitante del amparo señaló como acto reclamado la omisión por parte de la responsable, al no efectuar contestación alguna a su solicitud. De igual manera, el propio Roberto René Vega Vega en el apartado relativo a antecedentes de su escrito de demanda, indicó que la responsable ya dio contestación a su solicitud, contestando que no podía atenderla por los motivos que indicaba; circunstancia que se corrobora con la documental exhibida por el citado promovente, consistente en copia simple del oficio número JAPAF/257/2018 de nueve de agosto de dos mil dieciocho dirigido al mencionado Roberto René Vega Vega; determinación en contra de la cual, refirió dicho promovente, interpuso recurso de revisión en la misma fecha, el cual se encuentra pendiente de resolución. Por tanto, se concluye que la demanda de amparo que nos ocupa debe desecharse de plano, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61, en relación con el numeral 62, ambos de la Ley de Amparo. Los citados numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;.". "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De lo anterior, claramente se infiere que la omisión de la responsable que reclama el quejoso de mérito puede ser nulificada con motivo de la resolución que recaiga al recurso de revisión interpuesto contra la respuesta que había recaído a su petición, por lo que dicho medio de defensa no puede coexistir con la acción constitucional con la cual se combate el acto negativo (que se traducen en uno mismo) ya que se pueden producir efectos iguales o incluso contradictorios; lo cual pretende evitar el principio de definitividad; por lo que la omisión aquí reclamada será subsanada en caso de obtener un fallo a su favor, aun cuando el recurso haya sido interpuesto contra la contestación; sin embargo, están estrechamente relacionados y una (respuesta) no puede desvincularse de la otra (omisión de otorgarle copias con la información), pues no se trata de una omisión total sino de una omisión sustentada en una causa legal asentada en la contestación respectiva que es objeto de un medio de defensa en trámite. Es de citar al caso, por analogía, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en la tesis identificada con el número (I Región)4o.11 A, localizable en la página 1162 del Libro 8, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que textualmente dispone: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL QUEJOSO, EN EL JUICIO DE NULIDAD, OPTÓ POR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL Y ÉSTE AÚN NO CONCLUYE. De la naturaleza jurídica y de las facultades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establecidas, en términos generales, en los artículos 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y 1o. de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que tiene plena autonomía para dictar sus fallos, así como para hacer efectivas sus determinaciones, con las atribuciones que la ley establece, a fin de dar cumplimiento al artículo 17 constitucional. En estas condiciones, el artículo 133 de la ley orgánica mencionada regula el procedimiento para cuando se considere que una resolución no ha quedado debidamente cumplida, en los casos de exceso o defecto, repetición de la resolución anulada, o bien, omisión en su cumplimiento, a lo cual, una vez sustanciado el recurso de queja, la Sala resolverá si la autoridad cumplió o no la sentencia y, si no lo hizo, la requerirá nuevamente para que la acate en un plazo de cinco días, también la amonestará y prevendrá y, en el supuesto de incumplimiento, le impondrá una multa. Por tanto, es improcedente el juicio de amparo que se promueva cuando el quejoso, en el juicio de nulidad, haya optado por el procedimiento anterior y éste aún no concluya, en términos del artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, ya que será hasta el momento en que se dicte la resolución en la cual se determine cumplida la resolución del juicio contencioso administrativo, o bien la imposibilidad jurídica o material para ello, que podrá promoverse la acción constitucional, pues el recurso ordinario establecido en el citado artículo 133 puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.". En consecuencia, al actualizarse la nombrada causal notoria e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61 fracción XIX, de la Ley de Amparo, se impone a desechar de plano la demanda de garantías que se intenta. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.".
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ES NOTIFICACION PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA.
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