Roberto Preciado Zavala
Expediente 305/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 305/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Roberto Preciado Zavala
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto por la ley para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión, contra la resolución veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en autos no se encuentre agregado el acuse de recibo de la autoridad responsable foránea, con el cual se haga constar que fue debidamente notificada de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, virtud a que resulta innecesario, pues carece de legitimación para en un momento dado, interponer el recurso de revisión, toda vez que la sentencia no le perjudica; en efecto, el sobreseimiento del amparo decretado en el presente asunto sólo podría, en su caso, agraviar a la parte quejosa, a quien ya le transcurrió el término para interponer el medio de impugnación correspondiente. Es aplicable la jurisprudencia XX. J/74, visible en la página 84 del tomo 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra la sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguna a la citada autoridad recurrente.". Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como la fracción II, del numeral Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que, por resolución veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Por tal motivo, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese este expediente al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del numeral noveno, Capítulo Tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto 1/2009. Por otra parte, del análisis de este asunto se advierte que no obra documento original, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental dado que ingresó en este juzgado federal el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. Por último, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual rinde informe justificado; en atención a lo anterior, agréguese únicamente para que obre como legalmente corresponda, en virtud de que el presente juicio de amparo fue sobreseído el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.
- Principal
PRIMERO. SE SOBRESEE el juicio promovido por Roberto Preciado Zavala, contra actos reclamados a las autoridades responsables Delegado Federal en Sinaloa de la Secretaría de Desarrollo Social, con sede en Culiacán, Sinaloa, por los motivos plasmados en el considerando TERCERO de esta resolución.
- Principal
Visto el escrito de demanda y anexos, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 125 y demás relativos de la Ley de Amparo por reunir los requisitos necesarios se admite a trámite la demanda promovida por Roberto Preciado Zavala, contra actos del Delegado Federal en Sinaloa de la Secretaría de Desarrollo Social, con sede en Culiacán; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 305/2019-4A. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión relativo, toda vez que no fue solicitado; pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable quien deberá rendirlo por escrito, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, en vía fax al número 01 668 815 32 08 o al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del término de los quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibida que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, se le impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo. Se señalan las nueve horas del veintisiete de junio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV, de la ley de la materia se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia se tienen por presentadas las documentales que la parte quejosa anexó a su demanda sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional y tenerlas como recibidas en ese acto aunque no exista gestión expresa del interesado. En relación a las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofrece, téngase por ofrecidas las mismas. Y, como lo solicita se le permite la reproducción de autos, proveídos o sentencia emitida por este Juzgado de Distrito, mediante el uso de aparatos electrónicos y tecnológicos como cámaras fotográficas o lectores ópticos, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos; en la inteligencia que no podrá reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Orienta el criterio, la Tesis I.3o.C.725 C., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847 del Tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época, del siguiente rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Asimismo, solicita se le permita la consulta del expediente electrónico, así como la promoción vía electrónica a los autorizados quienes cuentan con los usuarios siguientes JENNYE78 y LuisJimenez. Por lo anterior, con fundamento en los artículos del 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se concede al promovente con usuarios JENNYE78 y LuisJimenez, permiso para consultar el presente juicio por la vía electrónica, no así para que se le realicen las notificaciones electrónicas. Por otra parte, hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la quejosa está obligada a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2º.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES, SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Se tiene como domicilio del impetrante de amparo para oír y recibir notificaciones el ubicado en Bulevar Adolfo López Mateos, número 2213, Norte, esquina con Fuente de Artemisa, planta baja, fraccionamiento Las Fuentes, en esta ciudad y como sus autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados Luis Javier Jiménez González, Jenny Elizabeth Medina Guzmán, José Luis Delgado Vega, José Manuel Arredondo Lara, Ramón Alberto Zavala, Venancio Baltazar Pérez España, Jesús Manuel Sicairos Galindo, Luis Manuel Oceguera de la Torre y Mario Nicolás Rojo Sañudo, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Blanca Alicia Álvarez Montiel, Adán Alberto Valdez León, Daisy Janitzia Aboyte Zazueta, Ana Pascasia Martínez Madero, Francisco Ernesto Vega Salcido, Karla Patricia Morales Aramburo, María Inés González Torres, Zuni Areli Castillo López, Yolanda María Osuna Bogarín y Norma Angélica López González. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8°, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Tribunal, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.
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