Roberto Martinez Gonzalez

Expediente 529/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
529/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
07/10/2019

Partes del expediente

  • Roberto Martinez Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio 121/2019, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, con el cual informa que giro oficio correspondiente en el que anexo el diverso oficio 1949-5A, resolución de treinta de agosto de este año, y legajo de copias certificadas del juicio en que se actúa, para os efectos legales que en derecho procedan.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos de los que se advierte, que el quejoso Roberto Martínez González, solicito copias, en diligencia de tres de septiembre de este año, realizada por la actuaria adscrita a este Juzgado; en consecuencia, de conformidad con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, expídase las copias solicitadas por el quejoso. Por otra parte, vista la certificación secretarial con que se da cuenta y en atención al estado procesal de los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior de que en autos no se encuentren agregados los acuses de recibo dirigidos a las autoridades responsables, en los que se haga constar que fueron debidamente notificados de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en virtud de que resulta innecesario lo anterior porque carecen de legitimación para en un momento dado interpongan el recurso de revisión; toda vez que dicha sentencia no perjudica a las citadas autoridades, pues el sobreseimiento del amparo decretado en el presente asunto sólo podría, en su caso, agraviar a la parte quejosa a la que ya le transcurrió el término para interponer el medio de impugnación correspondiente. Es aplicable la Jurisprudencia XX. J/74, visible en la página 84 del Tomo 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra la sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguna a la citada autoridad recurrente.". Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. En ese contexto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto está definitivamente concluido, que es susceptible de depuración, en razón de que por auto de uno de octubre de dos mil dieciocho, se decretó la suspensión de oficio y de plano. De acuerdo a lo anterior, deberán conservarse la demanda y el auto en el que se decretó la suspensión de oficio y de plano, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por otra parte, del análisis de este asunto se advierte que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha uno de octubre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y del auto en el que se decretó la suspensión de plano, que obran en el expediente principal de esta juicio de amparo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, teniendo en consideración que el quejoso Roberto Martínez González, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 8 Norponiente, con sede en Guasave, Sinaloa, se encomienda notificarle personalmente el presente acuerdo, y le haga entrega de las copias que solicita, a la actuaria adscrita a este Juzgado de Distrito, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto sus labores se lo permitan, en el entendido que deberá identificar plenamente al mismo, y en caso de que carezca de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario, en que se encuentra interno el quejoso de mérito, para que proceda a la plena identificación del mismo; por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL PARA LAS PARTES

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el escrito firmado por María Magdalena Guzmán Mexia, en su carácter de Defensora Pública Federal de la parte quejosa, mediante el cual solicita, autorización para consultar a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para realizar la consulta del expediente electrónico que se integró del presente juicio, manifestando que el nombre de usuario con el que ingresó al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y al que deberá asociarse el otorgamiento de acceso es: MAGDALENAGUZMAN, así como también, que las notificaciones sigan siendo de manera personal. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos del 75 y 77 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se concede a la Defensora Pública Federal María Magdalena Guzmán Mexia, con usuario "MAGDALENAGUZMAN", permiso para consultar el presente juicio por la vía electrónica. Finalmente, visto el estado procesal de los autos de lo que se advierte que el quejoso Roberto Martínez González, ya fue notificado de la resolución de seis de junio de este año, dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, por tanto, envíese copia certificada de dicha constancia al mencionado Tribunal.

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