Roberto Raul Saralegui Pérez
Expediente 167/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 167/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Roberto Raul Saralegui Pérez
- Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable las documentales que allegó al presente asunto, mismos que obran en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 167/2022, promovido por Roberto Raúl Saralegui Pérez, contra actos del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Roberto Raúl Saralegui Pérez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite. Por razón de turno el conocimiento del asunto correspondió a este juzgado, registrándose con el número 167/2022 y en auto de diecisiete de febrero del año en curso (foja 8), se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado a las responsables y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Seguido el juicio por su cauce legal, el veinticinco de marzo de este año (foja 39) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó a las diez horas con treinta minutos del veinticinco de abril actual, al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracciones I, inciso d), y II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que la parte quejosa reclama omisiones que surtieron sus consecuencias legales dentro del territorio en el que el suscrito ejerce su jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar los actos reclamados. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además a lo señalado por el quejoso en su escrito de demanda, los actos y autoridades responsables son: Autoridades responsables: Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán; y, Congreso del Estado de Michoacán. Las dos autoridades con sede en esta ciudad. Actos reclamados: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se presentó denuncia de juicio político a diversos servidores públicos, en términos del artículo 8° Constitucional; y, La omisión de dar trámite a la referida denuncia de juicio político, en términos de la Ley de Juicio Político del Estado de Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, de acuerdo a lo manifestado por las responsables en el informe justificado que rindieron en forma conjunta (foja 21), así como a las consideraciones que se expresarán a continuación. Primero, con relación al acto reclamado por el quejoso consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual presentó denuncia de juicio político a diversos servidores públicos, en términos del artículo 8 Constitucional; es inexistente, por dos cuestiones. Primero, porque de acuerdo a las constancias que remitieron las responsables como soporte de su informe justificado, se advierte que el escrito del quejoso fue atendido en la misma fecha en la que se presentó, esto es, el siete de diciembre de dos mil veintiuno (antes de la presentación de la demanda de amparo); fecha en la que se emitió acuerdo a través del cual se tuvo por recibido el escrito de denuncia y se ordenó requerir al quejoso para que en el término de tres días compareciera a ratificar su contenido. Como segundo y más importante aspecto, se tiene que el escrito mediante el cual presentó la denuncia de juicio político ante las responsables, no se rige por la garantía sustantiva consagrada en el derecho de petición, sino por las disposiciones que prevén el procedimiento del juicio político, el cual está contemplado en la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, según se advierte: "CAPÍTULO III Juicio Político Artículo 29. Sujetos de Juicio Político. Podrán ser sujetos de Juicio Político el Gobernador, los diputados, los integrantes y funcionarios de los ayuntamientos que señala la Ley Orgánica Municipal, sea cual fuere el origen de su encargo, el Auditor Superior, los magistrados y consejeros del Poder Judicial, los jueces de primera instancia, jueces menores, los titulares de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración pública estatal así como de organismos autónomos. Artículo 30. Procedencia. Procede el Juicio Político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o del buen despacho de sus funciones, esto es, cuando: I. Atenten contra las instituciones democráticas o la forma de gobierno republicano, democrático, representativo y popular de conformidad con el pacto federal; II. Violen, de manera sistemática, derechos humanos; III. Interfieran indebidamente a favor de partido político o candidato durante los procesos electorales o violenten la libertad de sufragio; IV. Impliquen usurpación de atribuciones; V. Violenten la Constitución del Estado o las leyes que de ella emanen; y, VI. Violenten, de manera sistemática, los planes, programas y presupuestos o las leyes que regulan el manejo de los recursos públicos. El Congreso del Estado valorará los actos u omisiones a que se refiere este artículo. No procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas. El Juicio Político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. Artículo 31. Denuncia. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia escrita ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado por las conductas señaladas en este capítulo. Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto. Artículo 32. Procedimiento. Presentada la denuncia y ratificada dentro de los tres días naturales siguientes ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se hará del conocimiento del Pleno del Congreso en la sesión inmediata siguiente y se turnarai (sic) con la documentación que la acompaña a las comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales para que determinen la procedencia de la denuncia en un plazo de veinte días naturales, esto es, si el denunciado está comprendido dentro de los servidores públicos sujetos de Juicio Político y si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas para proceder. Las comisiones elaborarán el dictamen respectivo y lo someterán a votación del Pleno del Congreso. En caso de que la denuncie (sic) sea notoriamente improcedente o el denunciado no sea sujeto de Juicio Político, el Pleno resolverá su archivo. En caso de que la denuncia resulte procedente se turnará el expediente a la Comisión Jurisdiccional, misma que notificará por escrito al denunciado sobre la acusación dentro de los cinco días naturales siguientes, haciéndole saber que deberá comparecer o informar por escrito sus excepciones y pruebas dentro de los siete días naturales siguientes a la notificación. Transcurridos los siete días a que se refiere el artículo anterior, la Comisión Jurisdiccional abrirá un período de treinta días naturales dentro del cual valorará las pruebas que ofrezcan el denunciante, el servidor público o su defensor. Si al concluir el plazo señalado no hubiere sido posible valorar las pruebas ofrecidas oportunamente, o es preciso allegarse otras, la Comisión podrá ampliar el plazo en la medida que resulte necesario. Artículo 33. Diligencias. La Comisión Jurisdiccional practicarai (sic) todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de la denuncia y tendrá facultades para solicitar por escrito a todas las dependencias y oficinas de los otros poderes del Estado, los ayuntamientos y organismos públicos autónomos, informes y documentos que juzgue necesarios para el debido esclarecimiento de los hechos que se investiguen. En ningún caso pueden negarse los informes y documentos que se les pidieren, sin importar el estado de clasificación que guarden. Artículo 34. Alegatos. Terminado el desahogo de pruebas, se pondrá el expediente a la vista del denunciante y del servidor público, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos, presentándolos por escrito dentro de los siete días naturales siguientes. Artículo 35. Conclusiones. Transcurrido el plazo de alegatos, se hayan o no formulado, la Comisión Jurisdiccional dictaminará sus conclusiones dentro de los quince días naturales siguientes. Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del encausado, el dictamen de la Comisión propondrá al Pleno que se declare dicha situación. Si de las constancias se concluye la responsabilidad del servidor público, el dictamen propondrá la aprobación de lo siguiente: I. Que estai (sic) comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia; II. Que existe responsabilidad del denunciado; y, III. La sanción de destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público hasta por diez años. La sanción se motivará y fundamentará de manera individualizada. Artículo 36. Jurado de Sentencia. El Presidente del Congreso citarai (sic) al Pleno a erigirse en Jurado de Sentencia y notificará al denunciante y al denunciado dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere presentado el dictamen ante la Mesa Directiva por parte de la Comisión Jurisdiccional. El Jurado de Sentencia se conducirá de conformidad con el siguiente procedimiento: I. La Primera Secretaría dará lectura al dictamen formulado por la Comisión Jurisdiccional; II. Se concederá la palabra al denunciante o representante legal y en seguida al servidor público o a su defensor, o a ambos si alguno de éstos lo solicitare, para que aleguen lo que convenga a sus derechos, hasta por treinta minutos. En caso de que lo soliciten, se dará la palabra a los integrantes de la Comisión Jurisdiccional; III. Una vez hecho lo anterior, se mandarai (sic) desalojar la Sala, permaneciendo únicamente los diputados en la Sesión y se procederá a la discusión y votación del dictamen. Cuando se trate del Gobernador tendrá que ser votado por las dos terceras partes de los diputados presentes y por mayoría cuando se trate de otros servidores públicos; y, IV. El Presidente del Congreso hará la declaratoria correspondiente, misma que en caso de resultar condenatoria deberá hacerse del conocimiento de todas las autoridades garantes, de todos los gobiernos de las entidades federativas y de los tres poderes del Gobierno Federal, para los efectos legales y administrativos correspondientes. En caso de resultar absolutoria, el Pleno determinarai (sic) su archivo." Además de la inserción de los numerales transcritos, para dar sustento a la inexistencia del acto que se estudia en este apartado, conviene traer a cuenta lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, en la que determinó si es posible reclamar de manera autónoma e independiente la violación al artículo 8o. constitucional, cuando el particular se encuentra dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio. De manera preliminar, estableció que no es factible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición, dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales, el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe atenderse al que regula de manera integral su situación. Precisó que el derecho de petición regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del particular, con la finalidad de obtener una respuesta, pero de forma específica los artículos 14 y 17 constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos, seguidos en forma de juicio, regulan el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, por lo que indicó, son estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ya que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad. Estableció también que el derecho como género previsto en el artículo 8o. constitucional pretende que a la petición hecha ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término; en cambio, que el artículo 14, así como el 17 constitucionales, prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado. Señaló que los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, así como de todos aquellos seguidos ante autoridades administrativas que (como en el caso) -al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones- realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la construcción de los derechos y obligaciones inmersos en ese derecho, están encaminadas a cumplir con dicha finalidad; tal como también lo dispone el artículo 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho de acceso efectivo a la justicia). Lo anterior, dado que el debido proceso y el derecho de acción como facultad de provocar la actividad estatal, abren la posibilidad legal de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que le es sometida a su conocimiento de forma congruente y completa, la que constituye, señaló, el objeto del proceso o dicho de otra manera, si dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional se ejerce el derecho de acción, el desarrollo de dicho proceso se sujeta a los plazos y términos que rigen el mismo, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones. Por ello, determinó que si el gobernado dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una petición sometida a su consideración, su proceder debe regirse por los derechos al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues atendiendo a dichos derechos es que el particular puede obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas de forma íntegra, es decir, el que la conducta se rija por dichos artículos, permite al particular obtener una mejor respuesta a sus pretensiones y, por ende, una mayor protección, puesto que el derecho de petición sólo obliga a la obtención de una respuesta básica. Finalmente, en la propia ejecutoria consideró que no puede asumirse que lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la respuesta completa a las solicitudes de los particulares, sólo es aplicable para los procedimientos formalmente jurisdiccionales, ya que la propia Suprema Corte ha sido consistente al considerar que los derechos que conforman la tutela jurisdiccional efectiva alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales pertenecientes al Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, debiéndose atender a la naturaleza del asunto que se resuelva. De dicha ejecutoria, derivó la jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia Administrativa, Página 478, Décima Época, Registro 2008883, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." Bajo las anteriores consideraciones, ya que está demostrado, por un lado, que las responsables se pronunciaron con relación al escrito de denuncia de juicio político que el quejoso presentó el siete de diciembre del año pasado, en la propia fecha, es decir, antes de la fecha en la que se presentó la demanda de amparo (quince de febrero de dos mil veintidós); y por otro, que en el caso el quejoso se encuentra dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, entonces, debe considerarse inexistente el acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual presentó denuncia de juicio político a diversos servidores públicos, en términos del artículo 8 Constitucional. De la misma forma, se impone considerar inexistente el diverso acto reclamado consistente en la omisión de dar trámite a la referida denuncia de juicio político, en términos de la Ley de Juicio Político del Estado de Michoacán; ya que como quedó asentado en líneas precedentes, en autos está acreditado que desde la fecha en la que se presentó la denuncia de juicio político, las responsables emitieron el acuerdo de siete de diciembre del año pasado, en la que requirieron al quejoso para que dentro del término de tres días compareciera a ratificar ese escrito. Además de lo anterior, también está acreditado que mediante oficios SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/169/21 y SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/169-A/21, de quince de diciembre de dos mil veintiuno, el diputado Baltazar Gaona García, en su calidad de tercer secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, les remitió a la Presidenta de la Comisión de Gobernación y a la Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, a quienes se turnó la denuncia en forma coordinada, copia del escrito de denuncia a efecto que determinaran lo que procediera de conformidad con el artículo 291 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Bajo esas consideraciones, tampoco es cierto que exista el acto reclamado consistente en la falta u omisión de dar trámite a la denuncia de juicio político que el quejoso presentó, pues como se aprecia la misma fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación. De la misma forma, debe precisarse que en el caso este juzgador está impedido para verificar la actualización de diversa omisión o dilación en el procedimiento de juicio político que nos ocupa, ya que el quejoso incumplió con su deber de otorgar un parámetro legal correcto y aplicable conforme al cual considera se ha incurrido en las dilaciones que señala, pues al respecto solo señaló que en ese procedimiento existe una abierta dilación del procedimiento o que incluso, debe considerarse que está paralizado totalmente, en términos de la Ley de Juicio Político del Estado de Michoacán. Sin embargo, el ordenamiento legal que él refiere, no está positivizado en la legislación de esta Entidad Federativa y tampoco indicó un solo artículo aplicable al procedimiento concreto, que en el caso es la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán; por ello, ya que no estableció el marco normativo correcto que dé sustento a sus argumentos, debe considerarse inexistente la omisión de dar trámite a la referida denuncia de juicio político. Sustenta lo expuesto la tesis asilada 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Pag. 53, Novena Época, registro 196080, de texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos precisados en esta consideración, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se impone sobreseer en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarta. Publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se RESUELVE; Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Roberto Raúl Saralegui Pérez, respecto de los actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del veinticinco de abril de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 167/2022. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por el quejoso y con las exhibidas por la autoridad responsable. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 27/10/23 13:34:52 Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. Armando Díaz López Maestro en Derecho Procesal Constitucional (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) Secretaria de Juzgado Licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) ISELA ESTEFANIA
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Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables el catorce de marzo del presente año. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las diez horas con treinta minutos del veinticinco de abril de dos mil veintidós. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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