Roberto Victoriano Becerra
Expediente 708/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Roberto Victoriano Becerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto por el que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismo Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que las partes no las ofrecieron. Al respecto, el Juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes formularon alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado el doce de agosto del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia Roberto Victoriano Becerra, por propio derecho solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1.- Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; 2.- Juez de Control del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; 3.- Tribunal de Enjuiciamiento Oral de Zamora, Michoacán; 4.- Fiscal Regional de Zamora, Michoacán; 5.- Director de la Policía Investigadora de Zamora, Michoacán; 6. Director de la Policía Municipal de Zamora, Michoacán; 7. Director de la Policía Municipal de Tarecuato, Michoacán; 8. Síndico de Santiago Tangamandapio, Michoacán; 9. Comisariado de Bienes Comunales Comunidad Indígena de Tarecuato, Michoacán; 10. Fiscal Regional del Estado de Michoacán; Actos reclamados: La orden de privación de la libertad, presentación o localización, así como su ejecución. Segundo. Por auto de diecisiete de agosto del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 708/2021; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues los actos reclamados se pretenden ejecutar dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segunda. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, el acto reclamado consiste en: La orden de privación de la libertad, presentación o localización, así como su ejecución. Tercera. Las autoridades judiciales responsables, así como el Fiscal General referidos, al momento de rendir sus informes justificados manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de la orden reclamada, así como su ejecución, es un acto positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las citadas autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Asimismo, del estado de autos se advierte que no obra el informe justificado de las autoridades responsables ejecutoras Director de la Policía Municipal de Tarecuato, Michoacán, Síndico de Santiago Tangamandapio, Michoacán, y Comisariado de Bienes Comunales Comunidad Indígena de Tarecuato, Michoacán, por lo que la inexistencia se hace extensiva en atención a que les reviste el carácter de autoridades ejecutoras, por lo que no pueden ejecutar un mandato de captura que no fue librado por las autoridades ordenadoras, máxime que los actos no se les atribuyen por vicios propios. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en la consideración tercera de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Roberto Victoriano Becerra, contra los actos reclamados a las autoridades responsables referidas en el resultando primero. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas con treinta minutos del ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 708/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta con el escrito registrado con el número 11612 y hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva, en términos del artículo 141 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe previo que rinden el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; asimismo se tiene por hecha la relación anterior para los efectos legales correspondientes. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos se hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Ya que las partes no formularon alegatos precluye su derecho para hacerlo y se declara cerrado dicho periodo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este Oscar Hernández García 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.34.e4 06/10/23 12:59:13 incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: ? Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; ? Juez de Control del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; ? Tribunal de Enjuiciamiento Oral de Zamora, Michoacán; ? Fiscal Regional de Zamora, Michoacán; ? Director de la Policía Investigadora de Zamora, Michoacán; ? Director de la Policía Municipal de Zamora, Michoacán; ? Director de la Policía Municipal de Tarecuato, Michoacán; ? Síndico de Santiago Tangamandapio, Michoacán; ? Comisariado de bienes comunales comunidad indígena de Tarecuato, Michoacán; ? Fiscal General del Estado de Michoacán, en su denominación correcta, residencia en Morelia. Y como acto reclamado: "A).- En la posible orden de privación de la libertad fuera o dentro de procedimiento dictada en mi contra por las responsables, o presentación o localización o presentación cualquier forma de privación de la libertad fuera o dentro de procedimiento.". Segunda. Las autoridades responsables señaladas como Juez Primero de Primera Instancia, Juez de Control y Enjuiciamiento Oral, Fiscal Regional, Director de la Policía Investigadora, Director de la Policía Municipal, todos pertenecientes al Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; así como el Fiscal General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir sus informes previos manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión definitiva de los actos precisados con anterioridad reclamados a las autoridades responsables, por falta de materia sobre la cual decretarla. Oscar Hernández García 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.34.e4 06/10/23 12:59:13 Apoya lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/19, visible en la página ciento treinta y tres del Tomo II, Julio de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, materia común, novena época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.". Tercero. Por lo que ve a las autoridades responsables denominadas como "Director de la Policía Municipal de Tarécuaro, Síndico de Santiago Tangamandapio, y Comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena de Tarécuaro, Michoacán", la presente determinación se hace extensiva, a pesar de que dichas autoridades no han rendido su informe previo, toda vez que éstas no pueden realizar ninguna acción o cumplimentar alguna orden si ninguna autoridad ordenadora se lo encomienda. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se resuelve: Único. Se niega a Roberto Victoriano Becerra, la suspensión definitiva en términos de las consideraciones segunda y tercera de esta interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe. Monse
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Con lo anterior, hágase nueva relación de dicho informe justificado en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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