Roberto Nuñez Rivera
Expediente 602/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Roberto Nuñez Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 602/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales ofrecidas por la parte quejosa. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas a razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes formuló alegatos. Con relación a lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para presentar alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de julio de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, Roberto Núñez Rivera, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director General del Organismo Público Descentralizado Comisión Forestal del Estado y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, órgano jurisdiccional que la registró con el número de expediente 602/2021; en auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, la admitió; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Requerimiento al Director General de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán. El dos de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió al Director General de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, para que aclarara si había rendido el informe justificado únicamente por él o también por las autoridades denominadas "Subdirector de Planeación y Desarrollo Forestal" y "Jefe de Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal", ambos adscritos a la citada comisión; apercibido que de no hacerlo se haría acreedor a una multa. Mediante escrito recibido por este órgano jurisdiccional el seis de septiembre de dos mil veintiuno, el apoderado jurídico del Director General del Organismo Público Descentralizado Comisión Forestal del Estado, solicitó que el informe fuera considerado también por lo que respecta al "Subdirector de Planeación y Desarrollo Forestal" y "Jefe de Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal", ambos adscritos a la citada comisión; lo que se acordó de conformidad el ocho siguiente. Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados se reclaman a autoridades con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados, el acto reclamado por el quejoso al Director, al Subdirector de Planeación y Desarrollo Forestal y al Jefe de Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal, todos adscritos a la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, consiste en: "El intento de ejecución sobre suspensión temporal y/o permanente de mis bienes, de forma específica el centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales de nombre Roberto Núñez Rivera o de cualquier auto que atente contra las posesiones del suscrito". Auto que se fija de esa manera, porque si bien el quejoso en el antecedente "CUARTO" de su demanda de amparo señala que el veinte de mayo de dos mil veintiuno presentó solicitud sobre revalidación de certificado de inscripción al padrón forestal del Estado y que a la fecha no le ha sido entregado, no adjuntó prueba alguna con la que acreditara tal petición, ni se advierte que su falta de tramitación o respuesta en sus conceptos de violación. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Director, al Subdirector de Planeación y Desarrollo Forestal y al Jefe de Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal, todos adscritos a la Comisión Forestal del Estado de Michoacán. Ello, porque dichas autoridades al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos atribuidos por el quejoso. Además, derivado de dicha negativa, le correspondía a la parte quejosa la carga probatoria, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implican una actividad desplegada por las autoridades responsables, los cuales dejan huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara medio de convicción idóneo para desvirtuar tal negativa. Lo anterior es así, porque si bien a su escrito de demanda adjuntó copias certificadas de los documentos siguientes: Revalidación de certificado de inscripción del centro de transformación y/o almacenamiento de materias primas forestales, datada el ocho de enero de dos mil veinte. Solicitud de revalidación de certificado de inscripción al padrón forestal del Estado, presentada el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Solicitud de inscripción en el padrón forestal del Estado para centros de transformación y/o almacenamiento de materias primas forestales, presentada en la Comisión Forestal del Estado el nueve de enero de dos mil once. Oficio MICH/GA/04/6922/2010, de veinticinco de noviembre de dos mil diez, mediante el cual se hizo del conocimiento del quejoso la autorización del funcionamiento del centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales. Sin embargo, con dichos documentos no acredita que las responsables intenten suspender temporal y/o permanentemente sus bienes, en específico el centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales de nombre Roberto Núñez Rivera, sino únicamente lo siguiente: Que el ocho de enero de dos mil veinte, la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, le otorgó la revalidación de certificado de inscripción del centro de transformación y/o almacenamiento de materias primas forestales [con la documental identificada por este juzgado como "1"]. Que el uno de noviembre de dos mil diecinueve solicitó la revalidación de la certificación de inscripción al padrón forestal del Estado, de aserradero-astilladora denominado "Roberto Núñez Rivera" [con la documental identificada por este juzgado como "2"]. Que el nueve de enero de dos mil once, presentó la "solicitud de inscripción en el padrón forestal del Estado para centros de transformación y/o almacenamiento de materias primas forestales, presentada en la Comisión Forestal del Estado [Con la documental identificada por este juzgado como "3"]. Que el veinticinco de noviembre de dos mil diez, mediante oficio MICH/GA/04/6922/2010, se hizo del conocimiento del quejoso la autorización del funcionamiento del centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales [Con la documental identificada por este juzgado como "4"]. En tales condiciones, procede sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los actos reclamados al Director, al Subdirector de Planeación y Desarrollo Forestal y al Jefe de Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal, todos adscritos a la Comisión Forestal del Estado de Michoacán. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Roberto Núñez Rivera, por los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el diverso tercero. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio suscrito Cristian Vallejo Ibarra, apoderado jurídico de la autoridad responsable, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de dos de los corrientes, al manifestar que el informe justificado presentado el treinta y uno de agosto del año en curso, sea tomado en consideración del resto de las responsables. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rindió, mediante auto de dos del mes y año en curso, el Apoderado Jurídico en favor del Director General Subdirector de Planeación y Desarrollo Forestal y al Jefe de Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal, adscritos a la Comisión Forestal Estatal de Michoacán. del Organismo Público Descentralizado Comisión Forestal del Estado de Michoacán. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio por el cual rinde informe justificado el Apoderado Jurídico del Director General del Organismo Público Descentralizado Comisión Forestal del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales ofertadas por la última autoridad mencionada. Con lo anterior, hágase nueva relación del informe justificado en la audiencia constitucional respectiva. Es importante destacar que del escrito de demanda de amparo, la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Director General, Subdirector de Planeación y Desarrollo Forestal y al Jefe de Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal, adscritos a la Comisión Forestal Estatal de Michoacán. Ahora bien, del informe de cuenta se aprecia al final de éste que el apoderado jurídico señala "Único.- Tenerme por rindiendo el informe justificado, a favor del Organismo Público Descentralizado Comisión Forestal del Estado de Michoacán." Ello siembra una duda sobre si el apoderado jurídico rinde el informe justificado únicamente en favor de su Director General, o bien, en favor de los otros dos funcionarios. En consecuencia, requiérase al Director General de la Comisión Forestal Estatal de Michoacán, a efecto de que aclare si rinde el informe previo por sí solo, o en su caso, también por sus subalternos. Únicamente en caso de rendir su informe previo por sí solo, se le requiere para que conmine al Subdirector de Planeación y Desarrollo Forestal y al Jefe de Departamento de Abastecimiento e Industria Forestal, adscritos a la Comisión Forestal Estatal de Michoacán, a efecto de que rinda su informe previo Bajo apercibimiento que de ser omisa o no informar la imposibilidad jurídica que tenga para ello, se hará acreedora a una multa por $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe. Comuníquese a la citada autoridad, que podrá rendir su informe previo antes solicitado, por vía postal o telegráfica al domicilio de este juzgado el cual es calle Lacas de Uruapan, número 31, colonia Vasco de Quiroga, Morelia, Michoacán; por vía fax al número 01 44 33 21 54 41 o al correo electrónico 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad requerida. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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