Roberto Próspero Estrada Velásquez
Expediente 827/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 827/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Roberto Próspero Estrada Velásquez
- Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ROBERTO PRÓSPERO ESTRADA VELASQUEZ; visto su contenido, como lo solicita devuélvansele las documentales que acompañó a la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, previa foja de substitución que de las mismas se deje en autos, teniéndose por autorizada para recibirlas a la persona que indica, previa identificación y razón que de su recibo se deje en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de diecisiete de agosto de dos mi diecisiete, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Finalmente, tomando en consideración que a foja siete existe glosado un documento con sello original que exhibió la parte quejosa con su demanda de amparo; por tanto, requiérasele para que en el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en días y horas hábiles ante este Tribunal, a recoger dichos documentos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos con el presente expediente. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de diecisiete de agosto de dos mi diecisiete, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Finalmente, tomando en consideración que a foja siete existe glosado un documento con sello original que exhibió la parte quejosa con su demanda de amparo; por tanto, requiérasele para que en el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en días y horas hábiles ante este Tribunal, a recoger dichos documentos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos con el presente expediente. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ROBERTO PRÓSPERO ESTRADA VELÁSQUEZ, contra actos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 827/2017. La demanda debe desecharse de plano, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De conformidad con el normativo invocado, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desechar el asunto sin suspender el acto. En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la misma Ley; que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; ." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la documental que anexa el promovente ROBERTO PRÓSPERO ESTRADA VELÁSQUEZ, a su escrito de demanda, se desprende es empleado del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con categoría de oficial administrativo 04 de confianza, adscrito al Departamento de Causas, Ejecución de Penas, perteneciente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca , con antigüedad al tres de junio del año en curso, de cinco años, un mes y cinco días. Asimismo, que reclama de las autoridades responsables, la orden verbal o escrita que se ha dado para su cambio de adscripción, como oficial administrativo nivel 4, adscrito al Juzgado de Ejecución de Penas del Estado de Oaxaca al Juzgado de Control de Puerto Escondido, Oaxaca, así como la ejecución de dicha orden. Sin embargo, derivado de lo reseñado en párrafos que anteceden, se evidencia que las autoridades señaladas como responsables actuaron en su calidad de unidad del ente patronal frente a la relación obrero-burocrática, dando lugar a una controversia en la que no actúan provistos de imperio. Lo que hace improcedente el amparo, en la medida que no actúan con potestad pública al formular el cambio de adscripción del ahora quejoso, es decir, como autoridad para efectos del juicio de amparo, sino como Estado-patrón. Cierto, en el caso, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y a quienes señala como autoridades responsables, no proviene de una genuina relación de supra a subordinación, entre gobernante-gobernado cuando lo combatido por el agraviado constituye la determinación relativa a su cambio de adscripción, sin involucrar potestades públicas administrativas; pues tal hecho no modifica por sí y ante sí, la naturaleza obrera-burocrática del nexo que subyace con la dependencia pública patronal y, por ende, no transforma en un acto de autoridad, el cambio de adscripción combatida, desplegada desde el propio marco de relaciones de coordinación (obrero-burocráticas). Consecuentemente, dicho cambio de adscripción como oficial administrativo nivel 4, adscrito al Juzgado de Ejecución de Penas del Estado de Oaxaca al Juzgado de Control de Puerto Escondido, Oaxaca, no involucra una relación de supra a subordinación con un particular; es decir, en el que esté de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública, sino como su contenido lo denota, alude a un acto desplegado por la dependencia pública patronal, cuya justificación o injustificación de dicha determinación compete a los órganos de justicia laboral. Ello, derivado de que en tales conflictos patronales la dependencia no decide en definitiva sobre el acto que reclama ni despliega una potestad pública administrativa, pues para emitir esos actos queda aún la decisión de los órganos jurisdiccionales ordinarios ante quien pueda controvertirse el proceder de la dependencia patronal, si siguió o no las medidas de estabilidad laboral que la normatividad reconoce. Empero, esta última cuestión son aspectos de fondo de la jurisdicción ordinaria y no propios de la justicia constitucional, vía amparo. En este sentido es aplicable la jurisprudencia 651, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 529, Tomo V, materia de trabajo, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1917- 2000, que dice: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse." Es aplicable por analogía, la jurisprudencia P./J. 9/90, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, que aparece publicada en la página 91 del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE. La contradicción entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala ( Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", debe resolverse en favor de la primera, fundamentalmente, porque la fracción XII del apartado B del artículo 123 constitucional, erige al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Departamento del Distrito Federal, por una parte, y sus servidores por otra. De conformidad con la fracción XIII se exceptúan de esta regla general los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, que se rigen por sus propias leyes y, de acuerdo con el último párrafo de la fracción XII, se exceptúan también los servidores del Poder Judicial Federal, cuyos conflictos son resueltos por este Alto Tribunal. No estando comprendidos los servidores de confianza en ninguna de estas excepciones, deben considerarse regidos por la norma general, sin que sea obstáculo para esta conclusión que dichos trabajadores carezcan de acción para demandar su reinstalación, pues una cosa es la competencia del aludido órgano jurisdiccional y otra los derechos que el apartado B les otorga. En efecto, los trabajadores de confianza al servicio del Estado, de conformidad con la fracción XIV, sólo tienen derecho a las medidas protectoras del salario y a los beneficios de la seguridad social, pero no gozan de los otros derechos que tienen los trabajadores de base como el de la inamovilidad en el empleo. De ahí que puede suceder que en caso de inconformidad del empleado de confianza con el cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se declare competente, aunque resulte desestimada su demanda porque carezca de acción. Por tales razones y porque el cese de esta clase de servidores no es un acto de autoridad, toda vez que la relación que los une con el Estado se equipara a la laboral, la vía impugnativa no es el amparo, sino el juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta opinión se confirma porque resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos salariales o de seguridad social de los trabajadores de confianza, sea competente este órgano jurisdiccional por considerarse laboral la relación y al Estado como patrón, pero cuando dichos trabajadores se inconformaran con el cese, dicha relación perdiera su carácter laboral y el cese se convirtiera en un acto de autoridad, por lo que tuviera que impugnarse en la vía de amparo." En ese tenor, es indudable que los actos reclamados, quedan comprendidos dentro de aquéllos que no pueden ser considerados como emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que emanan de la relación laboral que une al agraviado con las responsables. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, conlleva DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, y como autorizado para esos efectos, a las personas que designan. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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