Roberto Ruiz Diaz
Expediente 668/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 31 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 668/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 27/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Roberto Ruiz Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio de la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad, al que acompaña el original del incidente de suspensión 668/2020, de la estadística de este juzgado; así como el testimonio de la ejecutoria de quince de octubre actual, dictada en el incidente de revisión 173/2021, interpuesto por el Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en contra de la resolución interlocutoria dictada en el presente asunto, mediante la cual declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento; acúsese recibo. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que el dos de junio del año en curso, se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se concedió la medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con fundamento en el artículo 35 (Orden de archivo), esta juzgadora determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación Cuaderno Incidental. Es depurable cuando se concede la suspensión definitiva o la definitiva y provisional y destruible cuando se concede sólo la suspensión provisional, por tanto: a) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. b) Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente cuaderno y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). De conformidad con lo establecido en el artículo 18 del citado Acuerdo, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, depúrese el expediente, conservando la demanda y las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o violación de la misma, y el presente proveído. Haciendo constar el acuerdo desincorporación. Hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que se ordene devolver documentos originales toda vez que no fueron exhibidos por las partes. Atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras se prorrogue la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada en autos, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos, el oficio de cuenta suscrito por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta localidad; en su atención, téngase informando que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el Jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, en representación del Director del Hospital General de Zona Número Tres en Oaxaca, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en contra de la interlocutoria de veintitrés de marzo del año en curso, dictada por este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como lo solicita, se ordena al analista jurídico SISE habilitar los permisos correspondientes del expediente electrónico de este incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 668/2020, a efecto de que sea vinculado con el amparo en revisión número 173/2021, del control del Tribunal oficiante; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 668/2020; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta localidad, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, Roberto Ruiz Díaz por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Titular/Director del Hospital General de Zona Número 03 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede de la Ciudad de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, que hizo consistir: "1. LA OMISIÓN O NEGATIVA DE RECIBIR, INGRESAR Y OTORGAR BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD AL QUEJOSO DE NOMBRE ROBERTO RUIZ DIAZ LOS SERVICOS MÉDICOS NECESARIOS Y DE CONSULTA, PARA TRATAR MI PADECIMIENTO MÉDICO DE HIPÉRTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS Y ASÍ OTORGARME EL TRATAMIENTO RESPECTIVO QUE REQUIERE EL SUSCRITO Y QUEJOSO, A LOS CUALES TIENE DERECHO COMO AFILIADO Y DERECHOHABIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4 CONSTITUCIONAL. 2. SE EXIMA DE TODA COSTA, PAGO O CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA AL PRESENTE QUEJOSO POR TODAS Y CADA UNA DE LAS CIRUGÍAS PROCEDIMIENTOS MÉDICOS, TRATAMIENTOS, MEDICAMENTOS, MATERIALES QUIRÚRICOS Y TODA ACCIÓN QUE GENERE GASTO ECONÓMICO AL PRESENTE DISCONFORME POR LOS SERVICIOS Y TRATAMIENTOS MEDICOS QUE SE LLEGAREN A DAR AL QUEJOSO.". Actos que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda de garantías, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, finalmente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se opongan a alguna disposición vigente. TERCERO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral del escrito de demanda y constancias obrantes en autos, se advierte que el quejoso Roberto Ruiz Díaz reclama lo siguiente: La negativa en el Hospital General de Zona 3 en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, de otorgarle atención médica y suministrarle los medicamentos que requiere para la hipertensión y diabetes que padece, y sin que dicho servicio le genere gastos. CUARTO. El Encargado de la Dirección del Hospital General de Zona 3 en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su informe justificado, negó los actos que se le atribuyen; sin embargo, de su contenido y constancias que remitió al respecto, a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende la certeza de los actos controvertidos. QUINTO. No se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la Ley de Amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Los conceptos de violación expresados por el quejoso, devienen jurídicamente ineficaces. El aquí quejoso Roberto Ruiz Díaz, manifiesta toralmente en sus conceptos de violación, que la responsable viola en su perjuicio la garantía tutelada en el artículo 4°, de la Constitución Federal, pues vulnera su derecho a la salud al no recibir los servicios médicos que necesita al ser beneficiario del Instituto del Seguro Social con número de seguridad social 78806100125 y clave CURP RUDR401115HOCZZB07. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima puntualizar lo siguiente. El artículo 4°, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución". Por su parte, la Ley General de Salud en sus numerales 1°, 1° Bis, 5°, 6°, fracción I, 32, primer párrafo, 34, 35 y 36 disponen: "Artículo 1o. La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social". "Artículo 1o. Bis. Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". "Artículo 5o. El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud". "Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas." "Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud". "Artículo 34. Para los efectos de esta Ley, los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: I. Servicios públicos a la población en general; II. Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social o los que con sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo Federal, presten las mismas instituciones a otros grupos de usuarios; III. Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se contraten, y IV. Otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria". "Artículo 35. Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universidad y de gratitud en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. Los derechohabientes de las instituciones de seguridad social podrán acceder a los servicios a que se refiere el párrafo anterior en los términos de los convenios que al efecto se suscriban con dichas instituciones, de conformidad con las disposiciones aplicables". "Artículo 36. Las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud, se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas. Para la determinación de las cuotas de recuperación se tomará en cuenta el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario. Las cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud. (.) Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud". De lo anterior, se desprende el Estado Mexicano debe garantizar el derecho a la salud y adoptar las medidas para le realización y progresividad de ese derecho, para lo cual ha emitido la legislación correspondiente, esto es, la Ley General de Salud, que define a la salud como un estado de bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; derecho humano entendido como la posibilidad de las personas a disfrutar de bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel de salud. Por su parte, los servicios a la salud son todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar a la salud de la persona. De ahí, el sistema nacional de salud se clasifica de acuerdo a las prestadoras de servicios de salud; a saber, en servicios públicos a la población en general, servicios a derechohabientes de instituciones de seguridad social, servicios sociales y privados y otros. En relación con las instituciones de seguridad social, éstas podrán recaudar las cuotas de recuperación por la prestación de servicios de salud, los cuales se ajustarán a las leyes fiscales y convenios que se celebren con el ejecutivo federal, dichas cuotas se determinarán tomando como base el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas del usuario; se exime del pago de cuotas por concepto de atención médica y medicamentos a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud, exigiendo como requisito que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud. En ese sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra dentro de las instituciones de seguridad social que brinda atención médica a los sujetos de aseguramiento, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social, y tiene por objeto organizar y administrar el seguro social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para garantizar el derecho a la salud y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo de los trabajadores en términos del artículo 123 apartado A de la Carta Magna, que para gozar de esos beneficios, los sujetos obligados deberán cumplir con los requisitos establecidos por el numeral 8 de la mencionada ley del instituto, que dispone: "Artículo 8. Los derechohabientes para recibir o, en su caso, seguir disfrutando de las prestaciones que esta Ley otorga, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos". Sentado lo anterior, y de las constancias enviadas por el Encargado de la Dirección del Hospital General de Zona 3 en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, del Instituto Mexicano del Seguro Social, se desprende que el inconforme Roberto Ruiz Díaz, era beneficiario como padre de Humberto Ruiz Méndez, trabajador de la empresa denominada COMPAÑÑÍA CERVECERA DEL TRÓPICO S DE RL DE CV., con registro patronal D761077410-1, hasta el día veintiuno de abril de dos mil veinte, empresa que dio de baja al empleado del régimen obligatorio del seguro social. Por tanto, el trabajador Humberto Ruiz Méndez, al no encontrarse dado de alta en el régimen ordinario del seguro social, ya no goza de las prestaciones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social; y por consiguiente, tampoco lo está el aquí quejoso Roberto Ruiz Díaz, como beneficiario en su oportunidad de aquél. Ahora bien, conforme al artículo 109, primer párrafo de la Ley del Seguro Social, el asegurado y beneficiarios que hayan sido dados de baja, por haber quedado privado de trabajo remunerado, pero haya cubierto antes de tal privación ocho semanas cotizadas, conservará durante las ocho semanas posteriores, el derecho de recibir ciertas prestaciones, ordinal que establece: "Artículo 109. El asegurado que quede privado de trabajo remunerado, pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas, conservará durante las ocho semanas posteriores a la desocupación, el derecho a recibir, exclusivamente la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. Del mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios". Luego, de la baja del trabajador y beneficiario aquí quejoso Roberto Ruiz Díaz (veintiuno de abril de dos mil veinte), conservaron sus derechos por ocho semanas más, concluyendo éstos definitivamente el dieciséis de junio de dos mil veinte, en términos del citado precepto legal. Tiene aplicación en lo conducente y por las razones que la informan, la Tesis III.4o.(III Región) 22 A (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en Guadalajara, Jalisco, que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, Materia Constitucional, Administrativa, página 1385, que dice: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. LA DETERMINACIÓN DE SEPARAR DE SU CARGO A UN SERVIDOR PÚBLICO Y, COMO CONSECUENCIA, DESINCORPORARLO DEL INSTITUTO DE SALUD AL CUAL SE ENCONTRABA AFILIADO, NO VULNERA ESE DERECHO HUMANO. Entre los servicios de salud que el Estado Mexicano otorga a los gobernados, existen aquellos que bajo ciertas normas y condiciones se prestan a los trabajadores, tanto a los del Estado, cuya relación se encuentra prevista por el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a quienes su nexo laboral se rige por el apartado A del citado artículo, pero también se cuenta con diversas instituciones de salud, dependientes de los tres niveles de gobierno, que prestan sus servicios a personas que no se encuentran en alguno de los supuestos de previsión social referidos, los cuales, incluso, pueden estar exentos del pago de contribución alguna. En ese contexto, la determinación de separar de su cargo a un servidor público y, como consecuencia, desincorporarlo del instituto de salud al cual se encontraba afiliado, no vulnera el derecho humano de protección a la salud que la Constitución Federal y diversos tratados internacionales tutelan en su favor de conformidad con el artículo 1o. constitucional, ya que, con independencia de que el instituto de salud ya no le otorgue sus servicios, existen otras instituciones públicas, de los tres niveles de gobierno, que pueden brindárselos". En ese contexto, para que el aquí quejoso Roberto Ruiz Díaz, pueda gozar de las prestaciones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, debe de estar dado de alta como asegurado, beneficiario o pensionado, calidad que como se ha visto en líneas precedentes, no reúne el inconforme. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación expresados, lo procedente es negar a Roberto Ruiz Díaz, la protección federal solicitada contra los actos reclamados al Encargado de la Dirección del Hospital General de Zona 3 en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistentes en la negativa de otorgarle atención médica y suministrarle los medicamentos que requiere para la hipertensión y diabetes que padece, y sin que dicho servicio le genere gastos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 76, 77, 78 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Roberto Ruiz Díaz, contra los actos reclamados al Encargado de la Dirección del Hospital General de Zona 3 en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistentes en la negativa de otorgarle atención médica y suministrarle los medicamentos que requiere para la hipertensión y diabetes que padece, y sin que dicho servicio le genere gastos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo resolvió y firma el licenciado Amado Chiñas Fuentes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con el Secretario licenciado José Alberto García Torres, que autoriza y da fe, hasta hoy treinta de abril de dos mil veintiuno, en que se terminó de engrosar la presente resolución.
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