Roberto Pablo Cruz Partida
Expediente 512/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Roberto Pablo Cruz Partida
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo, establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Requiere cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca y al Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que queden notificadas del presente acuerdo, cumplan con la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias con las que acredite lo anterior. Apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con los numerales 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Efectivo apercibimiento a la tercera interesada. Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el plazo de tres días concedido en proveído de treinta de mayo del año en curso, a la tercera interesada ********************, en representación de sus menores hijos de iniciales ********************y ******************** a fin de que señalara domicilio en la ciudad de Oaxaca de Juárez o zona conurbada, para oír y recibir notificaciones, sin que lo haya hecho, como se advierte de la certificación de cuenta; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que las subsecuentes notificaciones de carácter personal se realicen mediante la lista de acuerdos, hasta en tanto subsane esa omisión. Además, con motivo de lo ordenado en el párrafo que antecede, se ordena notificar mediante lista de acuerdos, a la citada tercera interesada, la sentencia emitida en el presente juicio, el diez de octubre del año en curso. NOTIFÍQUESE.----- EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO QUE ANTECEDE, NOTIFICO A LA TERCERA INTERESADA LA SENTENCIA DICTADA EL 10/10/2023.----Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 512/2023; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. ********************, por derecho propio, mediante demanda de amparo presentada el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca y Ejecutor adscrito a dicho Juzgado, con sede en Oaxaca de Juárez, los cuales estimó violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14, 16 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en el considerando segundo se precisarán. SEGUNDO. Admisión y trámite. A este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno le correspondió conocer de la referida demanda, que se registró con el número de juicio 512/2023; y en proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés (fojas 13 - 18), este órgano jurisdiccional determinó admitirla a trámite, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, ordenó emplazar a la tercera interesada María del Carmen Hernández Gómez, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo como se encuentra asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado y a la autoridad responsable que se advierte del escrito de demanda: Del Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. * El auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de controversias del orden familiar 175/2021. Del Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. * El oficio que fue girado al Departamento de Personal y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad, División del Sureste, Zona Huajuapan, para que se realice el descuento del cuarenta por ciento sobre el total del sueldo y demás prestaciones que percibe. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, y Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, al rendir su informe justificado convinieron la existencia de los actos reclamados; lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de controversias del orden familiar 175/2021, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo al diverso numeral 2° de la Ley de Amparo. . CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este órgano jurisdiccional advierta de oficio, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito no advierte causa de improcedencia del juicio de control constitucional que deba analizarse de oficio o haya sido invocada por las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa se tienen por reproducidos en sus términos, siendo innecesaria su transcripción, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición constitucional o legal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo VXXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio. El quejoso en sus conceptos de violación, refiere: 1. Que en el juicio familiar 15/2016, mediante sentencia de cinco de abril de dos mil dieciséis, la Jueza Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, aprobó el convenio, en que entre otras cosas, se fijó la cantidad que debería de pagar, por concepto de pensión alimenticia para sus menores hijos de iniciales D. C.H. y D.C.H. (menores de edad de quienes se omiten su nombres y apellidos, en atención al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación). 2. Continúa argumentando que mediante auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio 175/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, se ordenó hacer el descuento del cuarenta por ciento de sus sueldo y demás prestaciones en concepto de pensión alimenticia a favor de sus menores hijos de iniciales D. C.H. y D.C.H. 3. Refiere que con lo anterior se le pretende juzgar por segunda ocasión por la misma acción. Los sintetizados conceptos de violación resultan suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal; además que resulta procedente la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en favor del deudor alimentista; lo que en el caso acontece, ya que el quejoso tiene dicho carácter en el juicio de controversias del orden familiar 175/2021, de donde derivan los actos reclamados. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la página 316 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, con número de registro digital 2022087, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas. Ahora bien, a efecto de realizar el análisis del asunto, conviene tener presente los antecedentes del acto reclamado, que derivan de las actuaciones que obran en los juicios 175/2021 y 15/2016, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, de los que se advierte: 1. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, el Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, admitió la demanda promovida por ******************** y María del Carmen Hernández Gómez, en la que entre otras cosas, solicitaron la disolución del vínculo matrimonial, al que anexaron un convenio suscrito por los promoventes; por lo que dicho juicio se registró con el número 15/2016 (fojas 1 y 11 del tomo I de pruebas). 2. Mediante sentencia dictada el cinco de abril de dos mil dieciséis (fojas 18 - 20 ídem), el juez responsable declaró disuelto el vínculo matrimonial que celebraron ******************** y María del Carmen Hernández Gómez, así como la sociedad conyugal legal; además, se aprobó en forma definitiva el convenio de once de febrero de dos mil dieciséis, a que llegaron los interesados (fojas 4 - 5 del tomo I de pruebas), ordenándoseles estar y pasar por él como cosa juzgada; convenio en que se abordó la temática relativa al pago de una pensión alimenticia, cuyas cláusulas cuarta, quinta y sexta, dicen: "CUARTA. Ambos cónyuges manifiesta que por lo que respecta a la pensión alimenticia para los menores D. y D. de apellidos C.H., será la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, misma cantidad que le será entregada a la cónyuge mujer cada catorcena, misma que irá aumentando conforme aumente el salario mínimo, previo recibo le otorgue del mismo al cónyuge varón. QUINTA. Ambos cónyuges manifiestan que por lo que respecta a la compra de útiles escolares, inscripciones, uniformes escolares así como calzado escolar pactan que cada uno cubrirá el cincuenta por ciento de dichos gastos. SEXTA. Ambos cónyuges manifiestan que por lo que respecta a los alimentos de la cónyuge mujer, el cónyuge varón se compromete a proporcionar la cantidad de SEISCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, misma cantidad que le será entregada a la cónyuge mujer cada catorcena, previo recibo le otorgue del mismo al cónyuge varón. [.]" 3. La sentencia de cinco de abril de dos mil dieciséis, que elevó a categoría de cosa juzgada el referido convenio, causó ejecutoria el tres de agosto de dos mil dieciséis (foja 41 vuelta ibídem). 4. Por auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, el juez responsable admitió la demanda promovida por María del Carmen Hernández Gómez, en contra del hoy quejoso, respecto del pago de una pensión alimenticia tanto provisional como definitiva en favor de sus menores hijos de iniciales D.C.H. y D.C.H, radicándose al efecto el expediente familiar número 175/2021. 5. En proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés (fojas 596 y 603 - 609 del tomo II de pruebas), en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 450/2022, del índice de este Juzgado Federal, promovido por ********************, fijó la cantidad del cuarenta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el demandado ********************, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor del niño y adolescente de iniciales D.C.H. y D.C.H., correspondiéndole el veinte a favor de cada uno de los acreedores alimentarios. Además, ordenó girar oficio al jefe o Encargado del Departamento de Personal y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad, División del Sureste, Zona Huajuapan, para que dejara sin efecto el descuento ordenado mediante oficio 52/2022, de cuatro de febrero de dos mil veintidós, y ordenara a quien corresponda se efectuara un nuevo descuento del cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado, como empleado de dicha dependencia, con número de empleado J363M. Auto que constituye el acto reclamado en este juicio. Ahora bien, los artículos 962, 964 y 965 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, prevén lo relativo a los juicios sobre alimentos, los que disponen: "Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad." "Artículo 964.- No se requieren formalidades especiales, para acudir ante el Juez competente cuando se trate de investigación de la paternidad a que se refiere el artículo 396 del Código Civil del Estado, así como cuando se solicite la declaración, preservación o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio, oposición de maridos, padres y tutores o de las diferencias que surjan entre cónyuges sobre administración de bienes comunes, todo lo relacionado a la educación de hijos y en general todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial." "Artículo 965.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. El juez que conozca de un juicio en materia de alimentos para un niño, niña o adolescente, dictará la pensión alimenticia provisional, dentro del plazo de cinco días hábiles, una vez que haga la petición la parte promovente. En los casos de investigación de la paternidad, por su especial naturaleza, se dará al Ministerio Público la intervención que a su representación corresponda. El Juez deberá proveer lo necesario para el perfeccionamiento de la prueba pericial genética o cualquiera otra que resulte necesaria o idónea." De los preceptos insertos se advierte que todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad; por lo que el juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. También disponen que no se requieren formalidades especiales, para acudir ante el Juez competente cuando se trate de investigación de la paternidad a que se refiere el artículo 396 del Código Civil del Estado, así como cuando se solicite la declaración, preservación o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio, oposición de maridos, padres y tutores o de las diferencias que surjan entre cónyuges sobre administración de bienes comunes, todo lo relacionado a la educación de hijos y en general todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial. Además, que podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes antes indicados, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. Circunstancias que se vieron reflejadas en el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de controversias del orden familiar 175/2021, por el Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, ya que solamente fueron tomadas en consideración las manifestaciones realizadas por la actora en su escrito inicial de demanda y las pruebas aportadas, sin otorgar derecho de audiencia y defensa al hoy quejoso. No obstante lo anterior, en el caso se actualiza el supuesto de excepción que prevé el artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, que ante la imposibilidad legal que prevé la ley local de otorgar el derecho de audiencia y defensa al momento de fijarse de manera provisional el pago de una pensión alimenticia, la parte quejosa se encuentra facultada para ofrecer pruebas en el juicio de amparo mismas que habrán de considerarse para determinar la constitucionalidad del acto reclamado. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis 2a. XLIII/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, que aparece en la página 1396 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, con número de registro digital 2013966, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA. El primer párrafo del precepto indicado contiene una regla que brinda equilibrio y seguridad a los sujetos involucrados en el acto de autoridad, al exigir que, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto se aprecie tal y como aparezca probado ante la responsable, por lo que no se admitirán ni se tomarán en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Por otra parte, su segundo párrafo prevé una excepción a esa regla general, pues permite que en el amparo indirecto el quejoso ofrezca pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, supuesto normativo que debe interpretarse en el sentido de que esa posibilidad procesal opera, como la frase lo anuncia, "cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable", lo que podría ocurrir, por ejemplo, cuando se trate de una persona ajena al procedimiento de creación del acto reclamado, o cuando la ley que lo rija no establezca la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas. En consecuencia, lo dispuesto en el segundo párrafo referido no sería aplicable si el gobernado fue parte en el procedimiento de formación del acto de autoridad, como podría ser un acto derivado de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el que se entiende que las partes involucradas tienen la posibilidad procesal de probar a su favor." También se invoca la tesis IV.1o.C.12 C (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la página 2564, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, con número de registro digital 2019022, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CUANDO EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN CAUTELAR QUE LA FIJA, SIN OTORGAR DERECHO DE AUDIENCIA, SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO. El segundo párrafo del artículo 75 de Ley de Amparo prevé una excepción a la regla general prevista en su primer párrafo, pues permite que en el amparo indirecto el quejoso ofrezca pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. En este contexto, la excepción mencionada se actualiza cuando se reclama la determinación cautelar que, sin otorgarle garantía de audiencia, fija una pensión alimenticia provisional, ya que la ley que rige este acto no establece la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, por lo que, en esa hipótesis, es posible ofrecer las tendientes a demostrar la ilegalidad de dicha determinación; cuestión que no desnaturaliza la providencia precautoria que dio origen al procedimiento constitucional, pues atender la excepción a la regla señalada no tendría como consecuencia que el quejoso fuera llamado al trámite provisional, previo a la emisión de la resolución correspondiente, sino únicamente que, mediante el juicio de amparo indirecto, se verifique la legalidad de la resolución respectiva, con base en más pruebas que las aportadas originalmente. Además, se toma en cuenta que el Juez responsable ya resolvió sobre la medida cautelar solicitada con base en la normativa aplicable, es decir, sin que se le haya otorgado el derecho de previa audiencia, por lo que aquélla no pierde su característica sumaria." Así como, en lo conducente, la jurisprudencia PC.III.C. J/14 K (10a.), del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 1795 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, con número de registro digital 2011405, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SON ADMISIBLES, DE ACUERDO A LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA RESOLUCIÓN QUE DECRETE UNA MEDIDA CAUTELAR. Conforme al artículo 75 de la Ley de Amparo, en las sentencias dictadas en los juicios de amparo, el acto reclamado debe apreciarse, tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y, en consecuencia, no pueden tomarse en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad, hecha excepción del amparo indirecto cuando se trate de pruebas que el quejoso no hubiere tenido oportunidad de rendir ante la autoridad responsable. Ahora, la circunstancia de que no se otorgue previa audiencia al solicitante del amparo, como sería en los casos en que se reclame la resolución que decrete una medida provisional (la custodia de menores, la fijación de alimentos, o la separación de personas), no resulta razón suficiente para inaplicar la excepción contenida en el numeral en comento, ya que la ley de la materia no hace distingo alguno al respecto, por lo que debe aplicarse en cualquier caso en que se surta el supuesto jurídico ahí comprendido, en exacta aplicación del aforismo jurídico que señala: "donde la ley no distingue no es lícito al intérprete distinguir"; además, considerar lo contrario, implicaría interpretar de manera restrictiva el numeral relativo en perjuicio del quejoso, lo cual no resulta acorde con el principio de progresividad que rige a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011." En el caso, el quejoso ********************, en la presente instancia constitucional hace valer como argumento el hecho de que la autoridad responsable no ha considerado la existencia de un diverso juicio en el que también se ventiló el tópico de la pensión alimenticia, derivado del juicio de divorcio por muto consentimiento 15/2026, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, promovido por el quejoso y por María del Carmen Hernández Gómez. Lo que se corrobora con las constancias recabadas del juicio de divorcio por mutuo consentimiento 15/2016, del inventario del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, del que se desprende que mediante sentencia dictada el cinco de abril de dos mil dieciséis, el juez responsable declaró disuelto el vínculo matrimonial que celebraron ******************** y María del Carmen Hernández Gómez, así como la sociedad conyugal legal; además, se aprobó en forma definitiva el convenio de once de febrero de dos mil dieciséis (fojas 4 - 5 del tomo II de pruebas), a que llegaron los interesados, ordenándoseles estar y pasar por él como cosa juzgada; convenio en que se abordó la temática relativa al pago de una pensión alimenticia, cuyas cláusulas cuarta y quinta establecen: "CUARTA. Ambos cónyuges manifiestan que por lo que respecta a la pensión alimenticia para los menores D. y D. de apellidos C.H., será la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, misma cantidad que le será entregada a la cónyuge mujer cada catorcena, misma que irá aumentando conforme aumente el salario mínimo, previo recibo le otorgue del mismo al cónyuge varón. QUINTA. Ambos cónyuges manifiestan que por lo que respecta a la compra de útiles escolares, inscripciones, uniformes escolares así como calzado escolar pactan que cada uno cubrirá el cincuenta por ciento de dichos gastos." La sentencia de cinco de abril de dos mil dieciséis, que elevó a categoría de cosa juzgada el referido convenio, causó ejecutoria el tres de agosto de dos mil dieciséis; por tanto, dicha medida precautoria de alimentos se encuentra vigente. En virtud de lo anterior, si bien el actuar de la autoridad responsable se encontró ajustado al procedimiento establecido por la codificación que lo obliga, al no preverse el derecho de audiencia y defensa del quejoso, previo a la emisión de la pensión alimenticia provisional; también es verdad, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, se advierte la violación a sus derechos fundamentales, pues como se encuentra acreditado en autos, existe un diverso juicio, promovido por el propio quejoso y la tercera interesada, en el que se dirimió la fijación de una pensión alimenticia. Luego, ante la existencia de dos diversos juicios que atienden el pago de la pensión de alimentos, es que la autoridad responsable se encuentre obligada a tomar en consideración el diverso juicio en que se fijó el pago de una pensión a favor de sus menores hijos y determinar lo que corresponda, a fin de no decretar un doble pago por el mismo concepto, lo que evidentemente va en detrimento de los derechos fundamentales del quejoso, pues no procede la devolución de las cantidades descontadas al deudor. Como fundamento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 42/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro digital 161140, consultable en la página 33, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, de rubro y texto: "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS. Los alimentos decretados de manera provisional participan de las características de orden público e interés social de la pensión alimenticia definitiva, por lo que no deben ser reintegrados al deudor alimenticio aun cuando en el juicio el acreedor no haya probado la necesidad de recibirlos o se haya disminuido el monto de la pensión alimenticia. Lo anterior se robustece si consideramos que las cantidades entregadas han sido consumidas de manera irreparable en satisfacer las necesidades del acreedor. Por mayoría de razón, no deben ser reintegrados los alimentos decretados de manera provisional, si se reclama su devolución a través de la acción de enriquecimiento ilegítimo pues para que éste se configure es imprescindible que no exista una causa jurídica, contractual o extracontractual que lo justifique. Por lo que, si los alimentos fueron entregados en virtud de una determinación judicial, la cual tiene como fundamento un deber legal, es innegable que existe una causa jurídica que justifica dicho desplazamiento patrimonial." Por tanto, ante la inobservancia de tal dato mismo que resulta trascedente al poder modificar lo determinado en el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés que se reclama, es que se concede el amparo y protección de la justicia federal. En consecuencia, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos constitucionalmente violados, el amparo y protección de la Justicia Federal se concede para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de controversias del orden familiar 175/2021, únicamente en la parte relativa en que se fijó el pago de la pensión alimenticia y sus consecuencias. II. Tome como hecho notorio la existencia del diverso juicio de controversias del orden familiar 15/2016, del inventario del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, del que se desprende que mediante sentencia dictada el cinco de abril de dos mil dieciséis, el juez responsable declaró disuelto el vínculo matrimonial que celebraron ******************** y María del Carmen Hernández Gómez, así como la sociedad conyugal legal; además, se aprobó en forma definitiva el convenio de once de febrero de dos mil dieciséis, a que llegaron los interesados, en que se abordó la temática relativa al pago de una pensión alimenticia a favor de los hijos del quejoso. III. Emita un nuevo auto, con libertad de jurisdicción, en que atienda a lo considerado en esta sentencia, y se pronuncie respecto a la pensión alimenticia provisional los menores, evitando que se incida en un doble pago de la pensión alimenticia. Resulta aplicable la tesis I.4o.C.164 C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, publicada en la página 1175 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, con número de registro digital 169002, que dice: "ALIMENTOS. ES INDEBIDA LA DOBLE CONDENA A FAVOR DE UNA PERSONA. Aunque un cónyuge quede comprendido en diversas hipótesis que lo obliguen a pagar alimentos a otro, con motivo del juicio de divorcio, sólo procede condenarlo al pago de la suma de dinero suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de la parte acreedora, conforme al principio de que los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos, pero no al doble pago del importe de esas necesidades, habida cuenta que el objeto único de pagar alimentos a una persona, consiste en satisfacer sus necesidades comprendidas en este concepto, como las de alimentos propiamente dichos, la habitación, el vestido, la recreación adecuada a cada quien en su edad y circunstancias, los servicios domésticos y de transporte, entre otras, y estas necesidades son unas solas, y no se duplican por el hecho de que el deudor se encuentre inmerso en una o varias hipótesis legales que lo obligan a su pago, por lo cual, aunque por una de las causas que la originan, la condena se considerara como sanción, la imposición de doble pago a favor de una persona, desnaturalizaría y pervertiría a la institución jurídica, para convertirla en una fuente de lucro para el acreedor, y en un castigo para el deudor, lo que es totalmente ajeno a sus finalidades y, por consiguiente, inadmisible jurídicamente." Anterior concesión del amparo y protección de la justicia federal, que se hace extensivo al acto de ejecución, atribuido al Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, a efecto de que se ordene dejar insubsistente el oficio que se ordenó girar al Departamento de Personal y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad, División del Sureste, Zona Huajuapan, para que se realice el descuento del cuarenta por ciento sobre el total del sueldo y demás prestaciones que percibe; lo anterior, al no reclamarse por vicios propios sino como consecuencia de los analizados en la presente sentencia Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso ********************, contra los actos reclamados del Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca y Actuario adscrito, que quedaron precisados en el segundo considerando segundo de la presente resolución; para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 512/2023; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. ********************, por derecho propio, mediante demanda de amparo presentada el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca y Ejecutor adscrito a dicho Juzgado, con sede en Oaxaca de Juárez, los cuales estimó violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14, 16 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en el considerando segundo se precisarán. SEGUNDO. Admisión y trámite. A este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno le correspondió conocer de la referida demanda, que se registró con el número de juicio 512/2023; y en proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés (fojas 13 - 18), este órgano jurisdiccional determinó admitirla a trámite, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, ordenó emplazar a la tercera interesada María del Carmen Hernández Gómez, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo como se encuentra asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado y a la autoridad responsable que se advierte del escrito de demanda: Del Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. * El auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de controversias del orden familiar 175/2021. Del Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. * El oficio que fue girado al Departamento de Personal y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad, División del Sureste, Zona Huajuapan, para que se realice el descuento del cuarenta por ciento sobre el total del sueldo y demás prestaciones que percibe. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, y Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, al rendir su informe justificado convinieron la existencia de los actos reclamados; lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de controversias del orden familiar 175/2021, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo al diverso numeral 2° de la Ley de Amparo. . CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este órgano jurisdiccional advierta de oficio, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito no advierte causa de improcedencia del juicio de control constitucional que deba analizarse de oficio o haya sido invocada por las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa se tienen por reproducidos en sus términos, siendo innecesaria su transcripción, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición constitucional o legal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo VXXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio. El quejoso en sus conceptos de violación, refiere: 1. Que en el juicio familiar 15/2016, mediante sentencia de cinco de abril de dos mil dieciséis, la Jueza Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, aprobó el convenio, en que entre otras cosas, se fijó la cantidad que debería de pagar, por concepto de pensión alimenticia para sus menores hijos de iniciales D. C.H. y D.C.H. (menores de edad de quienes se omiten su nombres y apellidos, en atención al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación). 2. Continúa argumentando que mediante auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio 175/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, se ordenó hacer el descuento del cuarenta por ciento de sus sueldo y demás prestaciones en concepto de pensión alimenticia a favor de sus menores hijos de iniciales D. C.H. y D.C.H. 3. Refiere que con lo anterior se le pretende juzgar por segunda ocasión por la misma acción. Los sintetizados conceptos de violación resultan suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal; además que resulta procedente la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en favor del deudor alimentista; lo que en el caso acontece, ya que el quejoso tiene dicho carácter en el juicio de controversias del orden familiar 175/2021, de donde derivan los actos reclamados. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la página 316 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, con número de registro digital 2022087, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas. Ahora bien, a efecto de realizar el análisis del asunto, conviene tener presente los antecedentes del acto reclamado, que derivan de las actuaciones que obran en los juicios 175/2021 y 15/2016, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, de los que se advierte: 1. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, el Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, admitió la demanda promovida por ******************** y María del Carmen Hernández Gómez, en la que entre otras cosas, solicitaron la disolución del vínculo matrimonial, al que anexaron un convenio suscrito por los promoventes; por lo que dicho juicio se registró con el número 15/2016 (fojas 1 y 11 del tomo I de pruebas). 2. Mediante sentencia dictada el cinco de abril de dos mil dieciséis (fojas 18 - 20 ídem), el juez responsable declaró disuelto el vínculo matrimonial que celebraron ******************** y María del Carmen Hernández Gómez, así como la sociedad conyugal legal; además, se aprobó en forma definitiva el convenio de once de febrero de dos mil dieciséis, a que llegaron los interesados (fojas 4 - 5 del tomo I de pruebas), ordenándoseles estar y pasar por él como cosa juzgada; convenio en que se abordó la temática relativa al pago de una pensión alimenticia, cuyas cláusulas cuarta, quinta y sexta, dicen: "CUARTA. Ambos cónyuges manifiesta que por lo que respecta a la pensión alimenticia para los menores D. y D. de apellidos C.H., será la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, misma cantidad que le será entregada a la cónyuge mujer cada catorcena, misma que irá aumentando conforme aumente el salario mínimo, previo recibo le otorgue del mismo al cónyuge varón. QUINTA. Ambos cónyuges manifiestan que por lo que respecta a la compra de útiles escolares, inscripciones, uniformes escolares así como calzado escolar pactan que cada uno cubrirá el cincuenta por ciento de dichos gastos. SEXTA. Ambos cónyuges manifiestan que por lo que respecta a los alimentos de la cónyuge mujer, el cónyuge varón se compromete a proporcionar la cantidad de SEISCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, misma cantidad que le será entregada a la cónyuge mujer cada catorcena, previo recibo le otorgue del mismo al cónyuge varón. [.]" 3. La sentencia de cinco de abril de dos mil dieciséis, que elevó a categoría de cosa juzgada el referido convenio, causó ejecutoria el tres de agosto de dos mil dieciséis (foja 41 vuelta ibídem). 4. Por auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, el juez responsable admitió la demanda promovida por María del Carmen Hernández Gómez, en contra del hoy quejoso, respecto del pago de una pensión alimenticia tanto provisional como definitiva en favor de sus menores hijos de iniciales D.C.H. y D.C.H, radicándose al efecto el expediente familiar número 175/2021. 5. En proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés (fojas 596 y 603 - 609 del tomo II de pruebas), en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 450/2022, del índice de este Juzgado Federal, promovido por ********************, fijó la cantidad del cuarenta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el demandado ********************, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor del niño y adolescente de iniciales D.C.H. y D.C.H., correspondiéndole el veinte a favor de cada uno de los acreedores alimentarios. Además, ordenó girar oficio al jefe o Encargado del Departamento de Personal y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad, División del Sureste, Zona Huajuapan, para que dejara sin efecto el descuento ordenado mediante oficio 52/2022, de cuatro de febrero de dos mil veintidós, y ordenara a quien corresponda se efectuara un nuevo descuento del cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado, como empleado de dicha dependencia, con número de empleado J363M. Auto que constituye el acto reclamado en este juicio. Ahora bien, los artículos 962, 964 y 965 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, prevén lo relativo a los juicios sobre alimentos, los que disponen: "Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad." "Artículo 964.- No se requieren formalidades especiales, para acudir ante el Juez competente cuando se trate de investigación de la paternidad a que se refiere el artículo 396 del Código Civil del Estado, así como cuando se solicite la declaración, preservación o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio, oposición de maridos, padres y tutores o de las diferencias que surjan entre cónyuges sobre administración de bienes comunes, todo lo relacionado a la educación de hijos y en general todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial." "Artículo 965.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. El juez que conozca de un juicio en materia de alimentos para un niño, niña o adolescente, dictará la pensión alimenticia provisional, dentro del plazo de cinco días hábiles, una vez que haga la petición la parte promovente. En los casos de investigación de la paternidad, por su especial naturaleza, se dará al Ministerio Público la intervención que a su representación corresponda. El Juez deberá proveer lo necesario para el perfeccionamiento de la prueba pericial genética o cualquiera otra que resulte necesaria o idónea." De los preceptos insertos se advierte que todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad; por lo que el juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. También disponen que no se requieren formalidades especiales, para acudir ante el Juez competente cuando se trate de investigación de la paternidad a que se refiere el artículo 396 del Código Civil del Estado, así como cuando se solicite la declaración, preservación o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio, oposición de maridos, padres y tutores o de las diferencias que surjan entre cónyuges sobre administración de bienes comunes, todo lo relacionado a la educación de hijos y en general todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial. Además, que podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes antes indicados, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. Circunstancias que se vieron reflejadas en el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de controversias del orden familiar 175/2021, por el Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, ya que solamente fueron tomadas en consideración las manifestaciones realizadas por la actora en su escrito inicial de demanda y las pruebas aportadas, sin otorgar derecho de audiencia y defensa al hoy quejoso. No obstante lo anterior, en el caso se actualiza el supuesto de excepción que prevé el artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, que ante la imposibilidad legal que prevé la ley local de otorgar el derecho de audiencia y defensa al momento de fijarse de manera provisional el pago de una pensión alimenticia, la parte quejosa se encuentra facultada para ofrecer pruebas en el juicio de amparo mismas que habrán de considerarse para determinar la constitucionalidad del acto reclamado. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis 2a. XLIII/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, que aparece en la página 1396 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, con número de registro digital 2013966, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA. El primer párrafo del precepto indicado contiene una regla que brinda equilibrio y seguridad a los sujetos involucrados en el acto de autoridad, al exigir que, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto se aprecie tal y como aparezca probado ante la responsable, por lo que no se admitirán ni se tomarán en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Por otra parte, su segundo párrafo prevé una excepción a esa regla general, pues permite que en el amparo indirecto el quejoso ofrezca pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, supuesto normativo que debe interpretarse en el sentido de que esa posibilidad procesal opera, como la frase lo anuncia, "cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable", lo que podría ocurrir, por ejemplo, cuando se trate de una persona ajena al procedimiento de creación del acto reclamado, o cuando la ley que lo rija no establezca la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas. En consecuencia, lo dispuesto en el segundo párrafo referido no sería aplicable si el gobernado fue parte en el procedimiento de formación del acto de autoridad, como podría ser un acto derivado de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el que se entiende que las partes involucradas tienen la posibilidad procesal de probar a su favor." También se invoca la tesis IV.1o.C.12 C (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la página 2564, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, con número de registro digital 2019022, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CUANDO EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN CAUTELAR QUE LA FIJA, SIN OTORGAR DERECHO DE AUDIENCIA, SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO. El segundo párrafo del artículo 75 de Ley de Amparo prevé una excepción a la regla general prevista en su primer párrafo, pues permite que en el amparo indirecto el quejoso ofrezca pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. En este contexto, la excepción mencionada se actualiza cuando se reclama la determinación cautelar que, sin otorgarle garantía de audiencia, fija una pensión alimenticia provisional, ya que la ley que rige este acto no establece la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, por lo que, en esa hipótesis, es posible ofrecer las tendientes a demostrar la ilegalidad de dicha determinación; cuestión que no desnaturaliza la providencia precautoria que dio origen al procedimiento constitucional, pues atender la excepción a la regla señalada no tendría como consecuencia que el quejoso fuera llamado al trámite provisional, previo a la emisión de la resolución correspondiente, sino únicamente que, mediante el juicio de amparo indirecto, se verifique la legalidad de la resolución respectiva, con base en más pruebas que las aportadas originalmente. Además, se toma en cuenta que el Juez responsable ya resolvió sobre la medida cautelar solicitada con base en la normativa aplicable, es decir, sin que se le haya otorgado el derecho de previa audiencia, por lo que aquélla no pierde su característica sumaria." Así como, en lo conducente, la jurisprudencia PC.III.C. J/14 K (10a.), del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 1795 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, con número de registro digital 2011405, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SON ADMISIBLES, DE ACUERDO A LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA RESOLUCIÓN QUE DECRETE UNA MEDIDA CAUTELAR. Conforme al artículo 75 de la Ley de Amparo, en las sentencias dictadas en los juicios de amparo, el acto reclamado debe apreciarse, tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y, en consecuencia, no pueden tomarse en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad, hecha excepción del amparo indirecto cuando se trate de pruebas que el quejoso no hubiere tenido oportunidad de rendir ante la autoridad responsable. Ahora, la circunstancia de que no se otorgue previa audiencia al solicitante del amparo, como sería en los casos en que se reclame la resolución que decrete una medida provisional (la custodia de menores, la fijación de alimentos, o la separación de personas), no resulta razón suficiente para inaplicar la excepción contenida en el numeral en comento, ya que la ley de la materia no hace distingo alguno al respecto, por lo que debe aplicarse en cualquier caso en que se surta el supuesto jurídico ahí comprendido, en exacta aplicación del aforismo jurídico que señala: "donde la ley no distingue no es lícito al intérprete distinguir"; además, considerar lo contrario, implicaría interpretar de manera restrictiva el numeral relativo en perjuicio del quejoso, lo cual no resulta acorde con el principio de progresividad que rige a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011." En el caso, el quejoso ********************, en la presente instancia constitucional hace valer como argumento el hecho de que la autoridad responsable no ha considerado la existencia de un diverso juicio en el que también se ventiló el tópico de la pensión alimenticia, derivado del juicio de divorcio por muto consentimiento 15/2026, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, promovido por el quejoso y por María del Carmen Hernández Gómez. Lo que se corrobora con las constancias recabadas del juicio de divorcio por mutuo consentimiento 15/2016, del inventario del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, del que se desprende que mediante sentencia dictada el cinco de abril de dos mil dieciséis, el juez responsable declaró disuelto el vínculo matrimonial que celebraron ******************** y María del Carmen Hernández Gómez, así como la sociedad conyugal legal; además, se aprobó en forma definitiva el convenio de once de febrero de dos mil dieciséis (fojas 4 - 5 del tomo II de pruebas), a que llegaron los interesados, ordenándoseles estar y pasar por él como cosa juzgada; convenio en que se abordó la temática relativa al pago de una pensión alimenticia, cuyas cláusulas cuarta y quinta establecen: "CUARTA. Ambos cónyuges manifiestan que por lo que respecta a la pensión alimenticia para los menores D. y D. de apellidos C.H., será la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, misma cantidad que le será entregada a la cónyuge mujer cada catorcena, misma que irá aumentando conforme aumente el salario mínimo, previo recibo le otorgue del mismo al cónyuge varón. QUINTA. Ambos cónyuges manifiestan que por lo que respecta a la compra de útiles escolares, inscripciones, uniformes escolares así como calzado escolar pactan que cada uno cubrirá el cincuenta por ciento de dichos gastos." La sentencia de cinco de abril de dos mil dieciséis, que elevó a categoría de cosa juzgada el referido convenio, causó ejecutoria el tres de agosto de dos mil dieciséis; por tanto, dicha medida precautoria de alimentos se encuentra vigente. En virtud de lo anterior, si bien el actuar de la autoridad responsable se encontró ajustado al procedimiento establecido por la codificación que lo obliga, al no preverse el derecho de audiencia y defensa del quejoso, previo a la emisión de la pensión alimenticia provisional; también es verdad, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, se advierte la violación a sus derechos fundamentales, pues como se encuentra acreditado en autos, existe un diverso juicio, promovido por el propio quejoso y la tercera interesada, en el que se dirimió la fijación de una pensión alimenticia. Luego, ante la existencia de dos diversos juicios que atienden el pago de la pensión de alimentos, es que la autoridad responsable se encuentre obligada a tomar en consideración el diverso juicio en que se fijó el pago de una pensión a favor de sus menores hijos y determinar lo que corresponda, a fin de no decretar un doble pago por el mismo concepto, lo que evidentemente va en detrimento de los derechos fundamentales del quejoso, pues no procede la devolución de las cantidades descontadas al deudor. Como fundamento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 42/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro digital 161140, consultable en la página 33, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, de rubro y texto: "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS. Los alimentos decretados de manera provisional participan de las características de orden público e interés social de la pensión alimenticia definitiva, por lo que no deben ser reintegrados al deudor alimenticio aun cuando en el juicio el acreedor no haya probado la necesidad de recibirlos o se haya disminuido el monto de la pensión alimenticia. Lo anterior se robustece si consideramos que las cantidades entregadas han sido consumidas de manera irreparable en satisfacer las necesidades del acreedor. Por mayoría de razón, no deben ser reintegrados los alimentos decretados de manera provisional, si se reclama su devolución a través de la acción de enriquecimiento ilegítimo pues para que éste se configure es imprescindible que no exista una causa jurídica, contractual o extracontractual que lo justifique. Por lo que, si los alimentos fueron entregados en virtud de una determinación judicial, la cual tiene como fundamento un deber legal, es innegable que existe una causa jurídica que justifica dicho desplazamiento patrimonial." Por tanto, ante la inobservancia de tal dato mismo que resulta trascedente al poder modificar lo determinado en el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés que se reclama, es que se concede el amparo y protección de la justicia federal. En consecuencia, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos constitucionalmente violados, el amparo y protección de la Justicia Federal se concede para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de controversias del orden familiar 175/2021, únicamente en la parte relativa en que se fijó el pago de la pensión alimenticia y sus consecuencias. II. Tome como hecho notorio la existencia del diverso juicio de controversias del orden familiar 15/2016, del inventario del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, del que se desprende que mediante sentencia dictada el cinco de abril de dos mil dieciséis, el juez responsable declaró disuelto el vínculo matrimonial que celebraron ******************** y María del Carmen Hernández Gómez, así como la sociedad conyugal legal; además, se aprobó en forma definitiva el convenio de once de febrero de dos mil dieciséis, a que llegaron los interesados, en que se abordó la temática relativa al pago de una pensión alimenticia a favor de los hijos del quejoso. III. Emita un nuevo auto, con libertad de jurisdicción, en que atienda a lo considerado en esta sentencia, y se pronuncie respecto a la pensión alimenticia provisional los menores, evitando que se incida en un doble pago de la pensión alimenticia. Resulta aplicable la tesis I.4o.C.164 C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, publicada en la página 1175 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, con número de registro digital 169002, que dice: "ALIMENTOS. ES INDEBIDA LA DOBLE CONDENA A FAVOR DE UNA PERSONA. Aunque un cónyuge quede comprendido en diversas hipótesis que lo obliguen a pagar alimentos a otro, con motivo del juicio de divorcio, sólo procede condenarlo al pago de la suma de dinero suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de la parte acreedora, conforme al principio de que los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos, pero no al doble pago del importe de esas necesidades, habida cuenta que el objeto único de pagar alimentos a una persona, consiste en satisfacer sus necesidades comprendidas en este concepto, como las de alimentos propiamente dichos, la habitación, el vestido, la recreación adecuada a cada quien en su edad y circunstancias, los servicios domésticos y de transporte, entre otras, y estas necesidades son unas solas, y no se duplican por el hecho de que el deudor se encuentre inmerso en una o varias hipótesis legales que lo obligan a su pago, por lo cual, aunque por una de las causas que la originan, la condena se considerara como sanción, la imposición de doble pago a favor de una persona, desnaturalizaría y pervertiría a la institución jurídica, para convertirla en una fuente de lucro para el acreedor, y en un castigo para el deudor, lo que es totalmente ajeno a sus finalidades y, por consiguiente, inadmisible jurídicamente." Anterior concesión del amparo y protección de la justicia federal, que se hace extensivo al acto de ejecución, atribuido al Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, a efecto de que se ordene dejar insubsistente el oficio que se ordenó girar al Departamento de Personal y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad, División del Sureste, Zona Huajuapan, para que se realice el descuento del cuarenta por ciento sobre el total del sueldo y demás prestaciones que percibe; lo anterior, al no reclamarse por vicios propios sino como consecuencia de los analizados en la presente sentencia Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso ********************, contra los actos reclamados del Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca y Actuario adscrito, que quedaron precisados en el segundo considerando segundo de la presente resolución; para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA.----- Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 512/2023; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. ********************, por derecho propio, mediante demanda de amparo presentada el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca y Ejecutor adscrito a dicho Juzgado, con sede en Oaxaca de Juárez, los cuales estimó violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14, 16 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en el considerando segundo se precisarán. SEGUNDO. Admisión y trámite. A este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno le correspondió conocer de la referida demanda, que se registró con el número de juicio 512/2023; y en proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés (fojas 13 - 18), este órgano jurisdiccional determinó admitirla a trámite, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, ordenó emplazar a la tercera interesada María del Carmen Hernández Gómez, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo como se encuentra asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado y a la autoridad responsable que se advierte del escrito de demanda: Del Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. * El auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de controversias del orden familiar 175/2021. Del Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca. * El oficio que fue girado al Departamento de Personal y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad, División del Sureste, Zona Huajuapan, para que se realice el descuento del cuarenta por ciento sobre el total del sueldo y demás prestaciones que percibe. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, y Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, al rendir su informe justificado convinieron la existencia de los actos reclamados; lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de controversias del orden familiar 175/2021, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo al diverso numeral 2° de la Ley de Amparo. . CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este órgano jurisdiccional advierta de oficio, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito no advierte causa de improcedencia del juicio de control constitucional que deba analizarse de oficio o haya sido invocada por las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa se tienen por reproducidos en sus términos, siendo innecesaria su transcripción, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición constitucional o legal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo VXXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio. El quejoso en sus conceptos de violación, refiere: 1. Que en el juicio familiar 15/2016, mediante sentencia de cinco de abril de dos mil dieciséis, la Jueza Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, aprobó el convenio, en que entre otras cosas, se fijó la cantidad que debería de pagar, por concepto de pensión alimenticia para sus menores hijos de iniciales D. C.H. y D.C.H. (menores de edad de quienes se omiten su nombres y apellidos, en atención al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación). 2. Continúa argumentando que mediante auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio 175/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, se ordenó hacer el descuento del cuarenta por ciento de sus sueldo y demás prestaciones en concepto de pensión alimenticia a favor de sus menores hijos de iniciales D. C.H. y D.C.H. 3. Refiere que con lo anterior se le pretende juzgar por segunda ocasión por la misma acción. Los sintetizados conceptos de violación resultan suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal; además que resulta procedente la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en favor del deudor alimentista; lo que en el caso acontece, ya que el quejoso tiene dicho carácter en el juicio de controversias del orden familiar 175/2021, de donde derivan los actos reclamados. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la página 316 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, con número de registro digital 2022087, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas. Ahora bien, a efecto de realizar el análisis del asunto, conviene tener presente los antecedentes del acto reclamado, que derivan de las actuaciones que obran en los juicios 175/2021 y 15/2016, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, de los que se advierte: 1. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, el Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, admitió la demanda promovida por ******************** y María del Carmen Hernández Gómez, en la que entre otras cosas, solicitaron la disolución del vínculo matrimonial, al que anexaron un convenio suscrito por los promoventes; por lo que dicho juicio se registró con el número 15/2016 (fojas 1 y 11 del tomo I de pruebas). 2. Mediante sentencia dictada el cinco de abril de dos mil dieciséis (fojas 18 - 20 ídem), el juez responsable declaró disuelto el vínculo matrimonial que celebraron ******************** y María del Carmen Hernández Gómez, así como la sociedad conyugal legal; además, se aprobó en forma definitiva el convenio de once de febrero de dos mil dieciséis, a que llegaron los interesados (fojas 4 - 5 del tomo I de pruebas), ordenándoseles estar y pasar por él como cosa juzgada; convenio en que se abordó la temática relativa al pago de una pensión alimenticia, cuyas cláusulas cuarta, quinta y sexta, dicen: "CUARTA. Ambos cónyuges manifiesta que por lo que respecta a la pensión alimenticia para los menores D. y D. de apellidos C.H., será la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, misma cantidad que le será entregada a la cónyuge mujer cada catorcena, misma que irá aumentando conforme aumente el salario mínimo, previo recibo le otorgue del mismo al cónyuge varón. QUINTA. Ambos cónyuges manifiestan que por lo que respecta a la compra de útiles escolares, inscripciones, uniformes escolares así como calzado escolar pactan que cada uno cubrirá el cincuenta por ciento de dichos gastos. SEXTA. Ambos cónyuges manifiestan que por lo que respecta a los alimentos de la cónyuge mujer, el cónyuge varón se compromete a proporcionar la cantidad de SEISCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, misma cantidad que le será entregada a la cónyuge mujer cada catorcena, previo recibo le otorgue del mismo al cónyuge varón. [.]" 3. La sentencia de cinco de abril de dos mil dieciséis, que elevó a categoría de cosa juzgada el referido convenio, causó ejecutoria el tres de agosto de dos mil dieciséis (foja 41 vuelta ibídem). 4. Por auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, el juez responsable admitió la demanda promovida por María del Carmen Hernández Gómez, en contra del hoy quejoso, respecto del pago de una pensión alimenticia tanto provisional como definitiva en favor de sus menores hijos de iniciales D.C.H. y D.C.H, radicándose al efecto el expediente familiar número 175/2021. 5. En proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés (fojas 596 y 603 - 609 del tomo II de pruebas), en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 450/2022, del índice de este Juzgado Federal, promovido por ********************, fijó la cantidad del cuarenta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el demandado ********************, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor del niño y adolescente de iniciales D.C.H. y D.C.H., correspondiéndole el veinte a favor de cada uno de los acreedores alimentarios. Además, ordenó girar oficio al jefe o Encargado del Departamento de Personal y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad, División del Sureste, Zona Huajuapan, para que dejara sin efecto el descuento ordenado mediante oficio 52/2022, de cuatro de febrero de dos mil veintidós, y ordenara a quien corresponda se efectuara un nuevo descuento del cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado, como empleado de dicha dependencia, con número de empleado J363M. Auto que constituye el acto reclamado en este juicio. Ahora bien, los artículos 962, 964 y 965 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, prevén lo relativo a los juicios sobre alimentos, los que disponen: "Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad." "Artículo 964.- No se requieren formalidades especiales, para acudir ante el Juez competente cuando se trate de investigación de la paternidad a que se refiere el artículo 396 del Código Civil del Estado, así como cuando se solicite la declaración, preservación o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio, oposición de maridos, padres y tutores o de las diferencias que surjan entre cónyuges sobre administración de bienes comunes, todo lo relacionado a la educación de hijos y en general todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial." "Artículo 965.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. El juez que conozca de un juicio en materia de alimentos para un niño, niña o adolescente, dictará la pensión alimenticia provisional, dentro del plazo de cinco días hábiles, una vez que haga la petición la parte promovente. En los casos de investigación de la paternidad, por su especial naturaleza, se dará al Ministerio Público la intervención que a su representación corresponda. El Juez deberá proveer lo necesario para el perfeccionamiento de la prueba pericial genética o cualquiera otra que resulte necesaria o idónea." De los preceptos insertos se advierte que todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad; por lo que el juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. También disponen que no se requieren formalidades especiales, para acudir ante el Juez competente cuando se trate de investigación de la paternidad a que se refiere el artículo 396 del Código Civil del Estado, así como cuando se solicite la declaración, preservación o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio, oposición de maridos, padres y tutores o de las diferencias que surjan entre cónyuges sobre administración de bienes comunes, todo lo relacionado a la educación de hijos y en general todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial. Además, que podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes antes indicados, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. Circunstancias que se vieron reflejadas en el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de controversias del orden familiar 175/2021, por el Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, ya que solamente fueron tomadas en consideración las manifestaciones realizadas por la actora en su escrito inicial de demanda y las pruebas aportadas, sin otorgar derecho de audiencia y defensa al hoy quejoso. No obstante lo anterior, en el caso se actualiza el supuesto de excepción que prevé el artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, que ante la imposibilidad legal que prevé la ley local de otorgar el derecho de audiencia y defensa al momento de fijarse de manera provisional el pago de una pensión alimenticia, la parte quejosa se encuentra facultada para ofrecer pruebas en el juicio de amparo mismas que habrán de considerarse para determinar la constitucionalidad del acto reclamado. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis 2a. XLIII/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, que aparece en la página 1396 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, con número de registro digital 2013966, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA. El primer párrafo del precepto indicado contiene una regla que brinda equilibrio y seguridad a los sujetos involucrados en el acto de autoridad, al exigir que, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto se aprecie tal y como aparezca probado ante la responsable, por lo que no se admitirán ni se tomarán en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Por otra parte, su segundo párrafo prevé una excepción a esa regla general, pues permite que en el amparo indirecto el quejoso ofrezca pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, supuesto normativo que debe interpretarse en el sentido de que esa posibilidad procesal opera, como la frase lo anuncia, "cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable", lo que podría ocurrir, por ejemplo, cuando se trate de una persona ajena al procedimiento de creación del acto reclamado, o cuando la ley que lo rija no establezca la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas. En consecuencia, lo dispuesto en el segundo párrafo referido no sería aplicable si el gobernado fue parte en el procedimiento de formación del acto de autoridad, como podría ser un acto derivado de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el que se entiende que las partes involucradas tienen la posibilidad procesal de probar a su favor." También se invoca la tesis IV.1o.C.12 C (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la página 2564, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, con número de registro digital 2019022, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CUANDO EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN CAUTELAR QUE LA FIJA, SIN OTORGAR DERECHO DE AUDIENCIA, SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO. El segundo párrafo del artículo 75 de Ley de Amparo prevé una excepción a la regla general prevista en su primer párrafo, pues permite que en el amparo indirecto el quejoso ofrezca pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. En este contexto, la excepción mencionada se actualiza cuando se reclama la determinación cautelar que, sin otorgarle garantía de audiencia, fija una pensión alimenticia provisional, ya que la ley que rige este acto no establece la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, por lo que, en esa hipótesis, es posible ofrecer las tendientes a demostrar la ilegalidad de dicha determinación; cuestión que no desnaturaliza la providencia precautoria que dio origen al procedimiento constitucional, pues atender la excepción a la regla señalada no tendría como consecuencia que el quejoso fuera llamado al trámite provisional, previo a la emisión de la resolución correspondiente, sino únicamente que, mediante el juicio de amparo indirecto, se verifique la legalidad de la resolución respectiva, con base en más pruebas que las aportadas originalmente. Además, se toma en cuenta que el Juez responsable ya resolvió sobre la medida cautelar solicitada con base en la normativa aplicable, es decir, sin que se le haya otorgado el derecho de previa audiencia, por lo que aquélla no pierde su característica sumaria." Así como, en lo conducente, la jurisprudencia PC.III.C. J/14 K (10a.), del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 1795 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, con número de registro digital 2011405, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SON ADMISIBLES, DE ACUERDO A LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA RESOLUCIÓN QUE DECRETE UNA MEDIDA CAUTELAR. Conforme al artículo 75 de la Ley de Amparo, en las sentencias dictadas en los juicios de amparo, el acto reclamado debe apreciarse, tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y, en consecuencia, no pueden tomarse en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad, hecha excepción del amparo indirecto cuando se trate de pruebas que el quejoso no hubiere tenido oportunidad de rendir ante la autoridad responsable. Ahora, la circunstancia de que no se otorgue previa audiencia al solicitante del amparo, como sería en los casos en que se reclame la resolución que decrete una medida provisional (la custodia de menores, la fijación de alimentos, o la separación de personas), no resulta razón suficiente para inaplicar la excepción contenida en el numeral en comento, ya que la ley de la materia no hace distingo alguno al respecto, por lo que debe aplicarse en cualquier caso en que se surta el supuesto jurídico ahí comprendido, en exacta aplicación del aforismo jurídico que señala: "donde la ley no distingue no es lícito al intérprete distinguir"; además, considerar lo contrario, implicaría interpretar de manera restrictiva el numeral relativo en perjuicio del quejoso, lo cual no resulta acorde con el principio de progresividad que rige a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011." En el caso, el quejoso ********************, en la presente instancia constitucional hace valer como argumento el hecho de que la autoridad responsable no ha considerado la existencia de un diverso juicio en el que también se ventiló el tópico de la pensión alimenticia, derivado del juicio de divorcio por muto consentimiento 15/2026, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, promovido por el quejoso y por María del Carmen Hernández Gómez. Lo que se corrobora con las constancias recabadas del juicio de divorcio por mutuo consentimiento 15/2016, del inventario del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, del que se desprende que mediante sentencia dictada el cinco de abril de dos mil dieciséis, el juez responsable declaró disuelto el vínculo matrimonial que celebraron ******************** y María del Carmen Hernández Gómez, así como la sociedad conyugal legal; además, se aprobó en forma definitiva el convenio de once de febrero de dos mil dieciséis (fojas 4 - 5 del tomo II de pruebas), a que llegaron los interesados, ordenándoseles estar y pasar por él como cosa juzgada; convenio en que se abordó la temática relativa al pago de una pensión alimenticia, cuyas cláusulas cuarta y quinta establecen: "CUARTA. Ambos cónyuges manifiestan que por lo que respecta a la pensión alimenticia para los menores D. y D. de apellidos C.H., será la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, misma cantidad que le será entregada a la cónyuge mujer cada catorcena, misma que irá aumentando conforme aumente el salario mínimo, previo recibo le otorgue del mismo al cónyuge varón. QUINTA. Ambos cónyuges manifiestan que por lo que respecta a la compra de útiles escolares, inscripciones, uniformes escolares así como calzado escolar pactan que cada uno cubrirá el cincuenta por ciento de dichos gastos." La sentencia de cinco de abril de dos mil dieciséis, que elevó a categoría de cosa juzgada el referido convenio, causó ejecutoria el tres de agosto de dos mil dieciséis; por tanto, dicha medida precautoria de alimentos se encuentra vigente. En virtud de lo anterior, si bien el actuar de la autoridad responsable se encontró ajustado al procedimiento establecido por la codificación que lo obliga, al no preverse el derecho de audiencia y defensa del quejoso, previo a la emisión de la pensión alimenticia provisional; también es verdad, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, se advierte la violación a sus derechos fundamentales, pues como se encuentra acreditado en autos, existe un diverso juicio, promovido por el propio quejoso y la tercera interesada, en el que se dirimió la fijación de una pensión alimenticia. Luego, ante la existencia de dos diversos juicios que atienden el pago de la pensión de alimentos, es que la autoridad responsable se encuentre obligada a tomar en consideración el diverso juicio en que se fijó el pago de una pensión a favor de sus menores hijos y determinar lo que corresponda, a fin de no decretar un doble pago por el mismo concepto, lo que evidentemente va en detrimento de los derechos fundamentales del quejoso, pues no procede la devolución de las cantidades descontadas al deudor. Como fundamento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 42/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro digital 161140, consultable en la página 33, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, de rubro y texto: "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS. Los alimentos decretados de manera provisional participan de las características de orden público e interés social de la pensión alimenticia definitiva, por lo que no deben ser reintegrados al deudor alimenticio aun cuando en el juicio el acreedor no haya probado la necesidad de recibirlos o se haya disminuido el monto de la pensión alimenticia. Lo anterior se robustece si consideramos que las cantidades entregadas han sido consumidas de manera irreparable en satisfacer las necesidades del acreedor. Por mayoría de razón, no deben ser reintegrados los alimentos decretados de manera provisional, si se reclama su devolución a través de la acción de enriquecimiento ilegítimo pues para que éste se configure es imprescindible que no exista una causa jurídica, contractual o extracontractual que lo justifique. Por lo que, si los alimentos fueron entregados en virtud de una determinación judicial, la cual tiene como fundamento un deber legal, es innegable que existe una causa jurídica que justifica dicho desplazamiento patrimonial." Por tanto, ante la inobservancia de tal dato mismo que resulta trascedente al poder modificar lo determinado en el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés que se reclama, es que se concede el amparo y protección de la justicia federal. En consecuencia, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos constitucionalmente violados, el amparo y protección de la Justicia Federal se concede para el efecto de que el Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de controversias del orden familiar 175/2021, únicamente en la parte relativa en que se fijó el pago de la pensión alimenticia y sus consecuencias. II. Tome como hecho notorio la existencia del diverso juicio de controversias del orden familiar 15/2016, del inventario del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, del que se desprende que mediante sentencia dictada el cinco de abril de dos mil dieciséis, el juez responsable declaró disuelto el vínculo matrimonial que celebraron ******************** y María del Carmen Hernández Gómez, así como la sociedad conyugal legal; además, se aprobó en forma definitiva el convenio de once de febrero de dos mil dieciséis, a que llegaron los interesados, en que se abordó la temática relativa al pago de una pensión alimenticia a favor de los hijos del quejoso. III. Emita un nuevo auto, con libertad de jurisdicción, en que atienda a lo considerado en esta sentencia, y se pronuncie respecto a la pensión alimenticia provisional los menores, evitando que se incida en un doble pago de la pensión alimenticia. Resulta aplicable la tesis I.4o.C.164 C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, publicada en la página 1175 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, con número de registro digital 169002, que dice: "ALIMENTOS. ES INDEBIDA LA DOBLE CONDENA A FAVOR DE UNA PERSONA. Aunque un cónyuge quede comprendido en diversas hipótesis que lo obliguen a pagar alimentos a otro, con motivo del juicio de divorcio, sólo procede condenarlo al pago de la suma de dinero suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de la parte acreedora, conforme al principio de que los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos, pero no al doble pago del importe de esas necesidades, habida cuenta que el objeto único de pagar alimentos a una persona, consiste en satisfacer sus necesidades comprendidas en este concepto, como las de alimentos propiamente dichos, la habitación, el vestido, la recreación adecuada a cada quien en su edad y circunstancias, los servicios domésticos y de transporte, entre otras, y estas necesidades son unas solas, y no se duplican por el hecho de que el deudor se encuentre inmerso en una o varias hipótesis legales que lo obligan a su pago, por lo cual, aunque por una de las causas que la originan, la condena se considerara como sanción, la imposición de doble pago a favor de una persona, desnaturalizaría y pervertiría a la institución jurídica, para convertirla en una fuente de lucro para el acreedor, y en un castigo para el deudor, lo que es totalmente ajeno a sus finalidades y, por consiguiente, inadmisible jurídicamente." Anterior concesión del amparo y protección de la justicia federal, que se hace extensivo al acto de ejecución, atribuido al Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, a efecto de que se ordene dejar insubsistente el oficio que se ordenó girar al Departamento de Personal y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad, División del Sureste, Zona Huajuapan, para que se realice el descuento del cuarenta por ciento sobre el total del sueldo y demás prestaciones que percibe; lo anterior, al no reclamarse por vicios propios sino como consecuencia de los analizados en la presente sentencia Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso ********************, contra los actos reclamados del Juez Mixto de Primera Instancia de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca y Actuario adscrito, que quedaron precisados en el segundo considerando segundo de la presente resolución; para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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