Roberto Rodríguez Ruiz
Expediente 690/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 690/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Roberto Rodríguez Ruiz y Otros.
- Roberto Rodríguez Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de treinta de octubre de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXX, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXX. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto para resolver el juicio de amparo 690/2017-VI, promovido por ******* y *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el siete de agosto de dos mil diecisiete, turnado a este Juzgado el mismo día, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, a quienes reclamó lo siguiente: La ilegal privación de la libertad en la que nos encontramos sometidos por parte de las autoridades precitadas, toda vez que a la fecha, no se ha presentado formal acusación en nuestra contra, habiendo ya sobre pasado el plazo en exceso para que la fiscalía presentará su formal acusación, lo anterior de conformidad con los artículos 322, 323, 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así también la autoridad ha sido omisa en su actuar, toda vez que en fecha veintiséis de julio del año en cuso solicite al juez de control se nos fijara fecha para resolver lo conducente en términos del artículo 327 del precitado código, sin que a la fecha hubiere recaído acuerdo alguno sobre dicha solicitud, actos que generan un total violación al debido proceso y a los derechos fundamentales de los que somos merecedores, tendiéndonos privados de nuestra libertad en contra a las reglas establecidas en el sistema de justicia. Segundo. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señaló como derecho vulnerado, el previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En proveído de ocho de agosto de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo de referencia, quedó registrada bajo el expediente 690/2017-VI, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se emplazo a la tercera interesada, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a una omisión cuyos efectos tienen lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama: 1. A la Fiscalía de Persecución del Delito Zona Norte, en esta localidad, lo siguiente: La omisión de presentar el escrito de acusación en la causa penal ******* ante la autoridad judicial correspondiente. 2. Al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de proveer respecto al escrito presentado el veintiséis de julio del año en curso, en el cual solicitó el sobreseimiento del referido proceso penal. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia del acto reclamado.- La Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinacion Regional, en ausencia del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Contra la Vida, manifestó que no es cierto el acto que se le reclama; argumentando que mediante escrito presentado el uno de agosto de la presente anualidad, se formuló acusación en contra de ******* y *******, por el delito de homicidio calificado; adjuntando para tal efecto, copia certificada del escrito de acusación relativo a la carpeta *******, que dio origen a la causa penal *******, sellado de recibido por el Juzgado de Garantía Distrito Bravos, en la referida data. (fojas 22-53) Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa toda vez que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (siete de agosto del año en curso), dicha acusación no había sido notificada a la parte quejosa en términos del artículo 336 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, al rendir informe justificado expresó que es cierto el acto reclamado, remitiendo para tal efecto copia certificada de diversas constancias que integran la causa penal ******* de su índice. Documentos a los cuales se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. Cuarto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, que establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la parte quejosa, en esencia, reclama a la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, en esta localidad, la omisión de presentar el escrito de acusación en la causa penal ******* ante la autoridad judicial correspondiente. Sin embargo, de las copias certificadas que remitió la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinacion Regional, en ausencia del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida adscrita a la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, anexas al informe justificado, se desprende que la responsable, el uno de agosto de la presente anualidad, ante el Juez de Garantía del Distrito Bravos, en la causa penal *******, presentó el escrito de acusación en contra de ******* y *******, por el delito de homicidio calificado. (fojas 22-53) Asimismo, los quejosos reclaman al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, la omisión de proveer respecto al escrito presentado el veintiséis de julio del año en curso, en el cual solicitaron el sobreseimiento del referido proceso penal. Sin embargo, de la copias certificadas de las constancias que integran la causa penal *******, se advierte que la responsable, mediante proveído de treinta y uno de julio del año en curso, atendiendo al citado escrito presentado el veintiséis de julio de la presente anualidad, hizo efectiva la sanción pecuniaria decretada a la representación social, asimismo, puso en conocimiento del Fiscal General del Estado de Chihuahua, así como del Fiscal Especializado en la Investigación y Persecución del Delito de la Zona Norte, que contaban con el termino de quince días, para pronunciarse en términos del artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(foja 65) Además, el juez responsable, a través del proveído de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, tuvo por recibido el multicitado escrito de acusación, señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia; ordenó entregar copia de dicho ocurso a las partes, y les dio vista en términos de lo dispuesto por los artículos 337, 338,339, 340 y 341 del Código Nacional de Procedimiento Penales. De manera que, si el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, el uno de agosto de la presente anualidad, ante el Juez de Garantía del Distrito Bravos, en la causa penal 1896/2016, presentó el escrito de acusación en contra de ******* y *******, por el delito de homicidio calificado (fojas 22-53); y el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, atendiendo al escrito presentado el veintiséis de julio de la presente anualidad, proveyó lo conducente el treinta y uno de julio del año en curso; asimismo, este juzgado, a través de los acuerdos de dieciséis, dieciocho y veinticinco de agosto del presente año, y dio vista con su contenido a los directamente agraviados, es indudable que cesaron los efectos de los actos reclamados al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo a los quejosos en el goce del derecho vulnerado, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concediera la protección constitucional tendría por efecto precisamente el obligar a las responsables en términos de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a observar el contenido de los numerales 322, 323, 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y exigirle notificar a los agraviados dicha circunstancia, que como ya se dijo, finalmente ocurrió debido a la actuación tanto de las propias responsables, como de este órgano. Es aplicable al caso, la tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el juicio de garantías, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 65, 73, 74, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ******* y *******, en relación a las autoridades responsables y los actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos se advierte que se encuentra señalada para esta fecha la audiencia constitucional, sin embargo, toda vez que el titular de éste órgano jurisdiccional se encuentra de licencia por un término menor a quince días, el secretario encargado del despacho se encuentra imposibilitado para resolver en definitiva, tal como lo dispone el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que a la letra dice: 43. Cuando un juez de distrito falte por un término menor a quince días al despacho del juzgado, el secretario respectivo practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. [.] Por tanto, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las once horas con diez minutos del treinta de octubre de dos mil diecisiete para que se lleve a cabo la audiencia constitucional relativa al presente asunto. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado XXXX, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria XXXX, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como los informes rendidos por las autoridades responsables, se advierte que los actos que se reclaman en esta instancia, emanan de un juicio del orden penal; por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 5º inciso c) de la Ley de Amparo, pudieran tener el carácter de terceros interesados los ofendidos del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en perjuicio de *******. En consecuencia, requiérase al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, computados legalmente, proporcione a este Juzgado, el domicilio en el cual pueden ser emplazados a este juicio, los ofendidos de la causa penal *******, instruida en contra de ******* y otro, o en su caso, informe el impedimento legal que tuviere para ello. Apercibido que de no dar cumplimiento al auto inserto, se hará acreedor a una multa por la cantidad de $*******, equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, conforme lo establecen los numerales 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Por ende, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su desahogo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis IX.1º.26 C emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 580 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Noviembre de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO. La necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a observar la garantía de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto. De igual forma, por identidad de razón, sirve de sustento jurídico la jurisprudencia XV.2º.J/9, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, visible en la página 78, del Semanario Judicial de la Federación, 83, Noviembre de 1994, Octava Época, del siguiente tenor: REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. Si los demandados en el juicio natural, ahora tercero perjudicados, no fueron emplazados oportunamente en el juicio constitucional y, consecuentemente, tampoco fueron oídos, ello se traduce en una violación al procedimiento que amerita su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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