Roberto López López
Expediente 784/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 784/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Roberto López López
Actuaciones
- Principal
En catorce de julio de dos mil dieciséis, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintinueve de junio al cinco de julio de dos mil dieciséis, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintiuno de junio del año en curso, dentro del juicio de amparo 784/2016-2.- DOY FE. En la misma fecha el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta a la Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintiuno de julio de dos mil dieciséis, que desechó la demanda de derechos fundamentales promovida por ROBERTO LÓPEZ LÓPEZ, por conducto de su abogado patrono Álvaro Rodríguez Báez, la cual fue remitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, en virtud de carecer de competencia para conocer de esa demanda; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, remítanse las constancias a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, que envió al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en vía de informe justificado, consistentes en el original del toca 627/2015 del índice de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; el cuaderno correspondiente al incidente de nulidad deducido de los autos del juicio civil ordinario de recisión de contrato 761/2015, el mencionado expediente y un cuaderno de pruebas, del índice del Juzgado de Primero Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas; asimismo, los autos del proceso civil de jurisdicción voluntaria 654/2014, del último órgano judicial citado. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. /manuelcc.
- Principal
En veintiuno de junio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta a la Juez con la demanda de amparo registrada con folio 11604, y anexos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de junio de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo directo civil 127/2016 de su índice, el original del toca 627/2015 del índice de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; el cuaderno correspondiente al incidente de nulidad deducido de los autos del juicio civil ordinario de recisión de contrato 761/2015, el mencionado expediente y un cuaderno de pruebas, del índice del Juzgado de Primero Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas; asimismo, los autos del proceso civil de jurisdicción voluntaria 654/2014, del último órgano judicial citado; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, de la resolución dictada el nueve de junio de dos mil dieciséis, en los autos del citado juicio de amparo directo civil 127/2016, se advierte que el Tribunal Colegiado oficiante, consideró -respecto al acto reclamado, consistente en la resolución de treinta de noviembre de dos mil quince, dictada en los autos del toca civil 627/2015- carecer de competencia legal, en razón de lo siguiente: [.] PRIMERO. Este tribunal se declara legalmente incompetente para conocer en la vía directa de la demanda de amparo promovida por Roberto López López, por conducto del licenciado Álvaro Rodríguez Báez, en su carácter de abogado patrono, contra el acto y la autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. SEGUNDO.- Con testimonio de la presente ejecutoria, remítanse los autos al juzgado de Distrito, con residencia en el Estado de Zacatecas, en turno, para que provea lo que en derecho corresponda." En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, SE ABOCA al conocimiento de la demanda de garantías, promovida por Roberto López López, por conducto de su abogado patrono Álvaro Rodríguez Báez, contra actos de la Primera Sala de lo Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; por lo que, hágase la anterior circunstancia del conocimiento del Tribunal Colegiado de mérito para los efectos legales procedentes; asimismo, se ordena registrar la demanda respectiva en el libro de gobierno con el número 784/2016-2, que por su orden le corresponde. En tales condiciones, se provee: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda, sin suspender el acto reclamado, consistente en la sentencia dictada dentro del toca de apelación civil 627/2015 el treinta de noviembre de dos mil quince, por los integrantes de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Artículo 61 .- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". Por su parte el artículo 107, de la Ley de la Materia, en su fracción V señala: El amparo indirecto procede: ... V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; En tanto que el dispositivo 172, fracción V, consigna lo siguiente: Art. 172. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso: V.- Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;". Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, como de las constancias enviadas por la autoridad responsable en vía de informe justificado, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. Por escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil doce, se tuvo a Ma. de los Ángeles Tapia Colunga, promoviendo juicio civil ordinario de recisión de contrato en contra de Roberto López López, mismo que fue admitido en fecha veintisiete de noviembre de ese mes y año, ordenándose su emplazamiento, y concediéndose a la parte demandada, un plazo de diez días para contestar la demanda. 2. Mediante ocurso presentado el trece de abril de dos mil quince, la parte aquí quejosa, interpuso incidente de interrupción o suspensión y nulidad de actuaciones, mismo que fue admitido el quince de ese mismo mes y año. 3. Luego, mediante interlocutoria de treinta y uno de agosto de dos mil quine, el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, declaró la nulidad del emplazamiento realizado al aquí quejoso Roberto López López. 4. Ante tal determinación judicial, la parte actora en el juicio civil de origen, Ma. Guadalupe Bernal Martínez, promovió recurso de apelación contra la interlocutoria mencionada en el párrafo antecedente, el que se admitió en efecto suspensivo, y se ordenó dar vista a las partes para que hicieran valer sus agravios; recurso de alzada que conoció la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, correspondiéndole el número de toca 627/2015. 5. Por otro lado, a través de sentencia de treinta de noviembre de dos mil quince, la Sala responsable revocó la interlocutoria de treinta y uno de agosto de dos mil quince, dictada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, que declaró la nulidad del emplazamiento efectuado a Roberto López López y en su lugar decretó la interrupción del procedimiento, hasta en tanto se notificara personalmente a Martín López Sánchez, en su calidad de tutor definitivo de la parte demandada Roberto López, López, a quien se concedió un término de tres días hábiles, a efecto de que se apersonara en el procedimiento civil de primera instancia y manifestara lo que a su interes conviniera. Determinación esta última que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Previamente se estima pertinente establecer que los actos procesales (sucedidos dentro de un procedimiento jurisdiccional, hasta antes de emitirse la resolución en definitiva), tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado tutelados por la Constitución General de la República, como la vida, la integridad personal, la libertad, en sus diversas manifestaciones, la propiedad, ya que tal afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de obtener una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos procesales de ejecución reparable, o bien, de efectos intraprocesales, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia; asimismo, es preciso destacar que dichos actos inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra ese objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. A manera de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el arraigo, la prueba pericial en genética, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedad y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de tránsito y en el séptimo el derecho a la intimidad del ser humano, al obtenerse características genéticas inherentes a la persona que se somete a ese estudio. Así pues, en los citados casos, ninguna de esas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que en el supuesto de embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia ya no podrá volver a su secreto; y, finalmente, la violación al derecho a la intimidad, ya no se podrá restituir. Así las cosas, atendiendo a la naturaleza, contenido y momento procesal en que se emitió la determinación impugnada, es inconcuso que tal acto no es de ejecución irreparable, en la medida de que con el mismo sólo se afectan derechos adjetivos, es decir, la determinación mediante la cual la Sala Civil responsable revocó la decisión de primera instancia que declaró la nulidad, para el efecto de que se decretara la interrupción del procedimiento y se practicara de nueva cuenta la diligencia de emplazamiento a Roberto López López, de ningún modo afecta derechos sustantivos, pues no limita los derechos fundamentales del individuo, considerados como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios para salvaguardar las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público; en consecuencia, resulta evidente que tal violación procesal, podría quedar reparada al obtener sentencia favorable a sus pretensiones, sin haberle originado ninguna lesión en su esfera jurídica y, de no ser así, las afectaciones procesales cometidas en su perjuicio, podrían ser impugnadas a través del medio ordinario de defensa legal que se haga valer en contra fallo de primer grado, sí procediere y de serle adversa la resolución respectiva, las violaciones procesales en comento, serían reparables mediante el juicio de amparo directo que en su contra se promueva, pudiendo reclamar entonces las infracciones que estime se originaron durante la secuela procesal. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias de rubros y textos siguientes: NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO.- La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B, CONSTITUCIONAL).- En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva." En tales condiciones, y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado de que se trata no es de aquéllos que tengan sobre los derechos procesales de la parte quejosa, una ejecución de imposible reparación, es de considerarse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto que se interpone es notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, y en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por ROBERTO LÓPEZ LÓPEZ, por conducto de su abogado patrono Álvaro Rodríguez Báez. Finalmente, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en la avenida Dos de Marzo, número 802-1, de la colonia Frente Popular, en esta ciudad. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica por medio de lista al quejoso Roberto López López, el auto de veintiuno de junio del dos mil dieciséis, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, el cual es del contenido siguiente: [... ] Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de junio de dos mil dieciséis. En tales condiciones, y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado de que se trata no es de aquéllos que tengan sobre los derechos procesales de la parte quejosa, una ejecución de imposible reparación, es de considerarse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto que se interpone es notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, y en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por ROBERTO LÓPEZ LÓPEZ, por conducto de su abogado patrono Álvaro Rodríguez Báez. Finalmente, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en la avenida Dos de Marzo, número 802-1, de la colonia Frente Popular, en esta ciudad. Notifíquese personalmente. [...[
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