Roberto Magdaleno Borja Zepeda

Expediente 477/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
477/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
04/07/2016

Partes del expediente

  • Roberto Magdaleno Borja Zepeda

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por ******, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo vigente; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías. Por otro lado, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger las documentales que exhibió en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, éstas podrán ser destruidas junto con el expediente.

  2. Principal

    CONSTANCIA. En cumplimiento al aviso de cinco de julio de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el auto dictado el cuatro de julio del año en curso, en atención a que no compareció los días seis o siete de julio del año que transcurre, el cual en lo conducente dice: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por ******, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo vigente; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías. Por otro lado, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger las documentales que exhibió en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, éstas podrán ser destruidas junto con el expediente.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  4. Principal

    CONSTANCIA. En cumplimiento al AVISO de veinte de junio de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el auto dictado el diecisiete de junio del año en curso, en atención a que no compareció los días veintiuno ó veintidós dell citado mes y año, el cual en lo conducente dice: Téngase por recibido el oficio signado por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante el cual anexa el escrito de demanda signada por el quejoso **********, contra actos del Juez en Materia Familiar de esta ciudad y otras autoridades; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 477/2016-IV, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgador examinará el escrito de demanda, a fin de corroborar si existe o no causa manifiesta e indudable de improcedencia, que motive su desechamiento. La causa de improcedencia es manifiesta, cuando al analizar en su integridad el escrito y anexos, se advierte en forma patente y absolutamente clara; asimismo, es indudable, cuando aún de admitirse la demanda y substanciar el procedimiento, no sería factible formarse un criterio diverso. En la especie, de la demanda de cuenta, se advierte de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV , de la ley de la materia, que establece que el amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, los que se describen en el propio numeral, como aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, que en el caso que nos ocupa, es el que señala el artículo 17 de la ley de la materia (quince días), salvo las excepciones que en el mismo se prevén. Ese plazo, conforme al numeral 18 de la ley de la materia, debe contarse a partir de que se surta alguno de los supuestos siguientes: a) A partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama o de sus actos de ejecución; o, c) A partir del día posterior al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. De los preceptos en mención, se evidencia la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por el propio promovente, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en la ejecución de la orden realizada por la responsable relativas al pago y aseguramiento de alimentos y al pago y aseguramiento de una pensión alimenticia provisional y definitiva, dictadas en el expediente ***** del índice del Juzgado oficiante. En efecto, el quejoso refiere que tuvo conocimiento de los actos reclamados el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, manifestando: "... Que tuve conocimientos de los actos señalados como reclamados el día 16 dieciséis de Mayo del 2016 dos mil dieciséis, una vez que se presentaron en el domicilio particular señalado como el del tercero perjudicado, el ya citado en el prefacio de mi demanda, y me di cuenta por él que una persona se ostentó como Licenciado en Derecho, mismo que manifestó ser Actuario del Poder Judicial del Estado, mismo que se hacía acompañar de dos personas más quienes manifestaron ser el Abogado Particular (...) para lo cual una vez que iba a correr traslado de documentos que en estos momentos portaba, se percató que el abogado no tenía personalidad en el presente Juicio, motivo por el cual actuario, así como el abogado particular optaron por retirarse...."; por ende, el plazo a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, comenzó al día siguiente a aquél en que el quejoso tuvo conocimiento del juicio de origen, que según dice le ocasiona perjuicio, por privársele de ser oído y vencido en el mismo; esto es, el diecisiete de mayo del año que transcurre y feneció el seis de junio de dos mil dieciséis, sin incluir los sábados y domingos que mediaron entre ambas fechas, por ser inhábiles. Por tal motivo, es incuestionable que en el caso concreto, el acto reclamado fue consentido tácitamente, pues desde la referida fecha la parte quejosa estuvo en posibilidad de interponer el juicio de amparo, lo que no hizo, pues al haberse recibido la demanda de amparo, hasta el quince de junio de dos mil dieciséis, es evidente que se encuentra fuera del plazo de quince días que dispuso el legislador para instar el juicio de amparo; por ende, los actos que pretende impugnar el quejoso en la demanda de cuenta -se insiste-, deben considerarse consentidos tácitamente, y por ende el juicio de amparo es improcedente. No es óbice a lo anterior que la demanda se presentara ante la autoridad responsable, desde el catorce de junio del año en curso, en virtud de que ello no interrumpe el plazo previsto por el artículo 17 de la Ley de la Materia. Se sustenta lo anterior, en virtud de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 266/2013, que dio origen a la Jurisprudencia 1a./J. 13/2014 (10a.), bajo el rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO.", en la ejecutoria respectiva señaló en la parte conducente lo siguiente: "[. .] En efecto, si la demanda de garantías se redacta en términos del artículo 116 de la Ley de Amparo y se dirige al Juez de Distrito, no queda la menor duda de que la intención del quejoso fue la de promover el juicio de amparo en la vía indirecta; y siendo esto así, de no presentarse la demanda en la Oficialía de Partes del Juzgado de Distrito correspondiente en el plazo previsto para ello, la demanda resultará extemporánea. En cambio, si el escrito de demanda está dirigido al Tribunal Colegiado y se presenta ante la autoridad responsable, quien la remite a la oficialía de partes de dicho tribunal, no puede considerarse que por la simple mención en la demanda de garantías de datos que se refieran al artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se pueda desentrañar la intención del quejoso de presentarla como amparo indirecto, toda vez que la expresión de tales requisitos sólo demuestra que existió una equivocación de vía, que debe ser enmendada por el Tribunal Colegiado mediante la declaración de incompetencia en favor del Juez de Distrito. En tal supuesto, aun cuando por la declaración de incompetencia del Tribunal Colegiado, la demanda llegara a la Oficialía de Partes del Juez de Distrito fuera de los plazos que establece la Ley de Amparo para su promoción, no es dable estimar que la demanda respectiva resulta extemporánea, y por esa razón, que el amparo indirecto resulta improcedente; pues no debe perderse de vista que las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones, como lo ha establecido de manera reiterada esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis de jurisprudencia." De la transcripción anterior se advierte que para los casos en que no exista duda de que la intención del quejoso es promover amparo indirecto, debe presentar su demanda dentro del plazo previsto para ello, ante la Oficina correspondiente a los Juzgados de Distrito y de no ser así, resultará extemporánea. Hipótesis que se actualiza en el caso que nos ocupa, pues no existe duda de que el quejoso conocía que la vía de amparo procedente para impugnar el acto reclamado, es la biinstancial, lo que puede corroborarse del escrito de demanda, específicamente antes de los puntos petitorios señaló "Por lo expuesto a usted H. JUEZ DE DISTRITO, atentamente pido se sirva."; y, fundamenta también, su escrito de demanda en los artículos 114, fracción V y 116 de la Ley de Amparo (anterior a la reforma), que prevén lo relativo al juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito así como los requisitos del escrito de demanda; por ende, ello demuestra en forma patente la intención del promovente de acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal, ante los Juzgados de Distrito, por lo que debió sujetarse a las formalidades previstas en la ley de la materia, sin que así lo hiciera, pues fue su voluntad presentarla ante la autoridad responsable. Por ende, al no existir precepto legal que permita que las demandas de amparo indirecto se presenten por medio de la autoridad responsable, la fecha de presentación que se debe tomar en cuenta para determinar la oportunidad de la demanda, es la que se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, por lo que nada le impedía acudir en forma directa a dicha Oficina de Correspondencia, o bien, presentarla en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, como establece el artículo 23 de la Ley de Amparo. Máxime que a la fecha en que el quejoso presentó su escrito de demanda ante la autoridad responsable (catorce de junio de dos mil dieciséis), de igual manera resultaba extemporánea. Por las consideraciones y fundamentos contenidos en este acuerdo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, con apoyo en lo establecido por el diverso 113, se desecha la demanda de amparo, por ser notoriamente improcedente. Por otra parte, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y se autoriza en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que indica, por así haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado el seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

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