Roberto Lopez Aguirre
Expediente 534/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 11/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Roberto Lopez Aguirre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, once de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que la resolución por la que se sobreseyó en el juicio no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término legal; por tanto, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo respecto de las diversas, en atención a que el sentido de la citada resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental, carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna. DESTINO: -Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. -Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. -Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte promovente allegó documentos catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12 y 15, interpretados a contrario sentido; 18, fracción I, inciso a), 20, primer párrafo, fracción II, inciso a); y, 21, inciso a), todos del Acuerdo en cita. Como se precisó en la certificación de cuenta, los documentos exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce treinta a las dieciocho treinta horas, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Por otro lado, devuélvase al Juez Primero Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, las constancias que allegó como complemento a su informe de ley, las cuales consisten en copia certificada de las constancias que integran el expediente ***** de su índice, en un tomo. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, vía electrónica a la fiscal adscrita.
- Principal
SE DICTÓ RESOLUCIÓN EN LA QUE SE DETERMINÓ: ...TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En esa tesitura, se tiene que no es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables: -Juez Tercero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato; -Juez Segundo Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato; -Juez Segundo Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato; -Juez de Partido Primero Civil de Salamanca, Guanajuato. Lo anterior es así, ya que al rendir su informe justificado negaron el acto que se les atribuye (fojas 47, 49, 57 y 97 de autos). En congruencia con lo anterior, es obvio que no le asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, menos aún se hace necesaria la remisión de las otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". constancias a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis VI.2o.32K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página setecientos sesenta y tres cuyo rubro es "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE." Por ende, conforme a los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, ante la negativa del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad del mismo, lo que en la especie no acontece, pues con las pruebas ofrecidas no se logró advertir la existencia del acto reclamado respecto a tales autoridades. Esto es así, pues la parte quejosa ofreció como pruebas: 1.- Recibo de pago expedido a su favor por el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato, con el que solo demuestra que tiene contratado ese servicio respecto del domicilio ubicado en calle, de aquella ciudad, pero no así, la existencia del acto que reclama a las referidas autoridades. 2.- Copia certificada de la escritura pública ***** pasada ante la fe del notario público 12, con ejercicio en Salamanca, Guanajuato, relativa al contrato de compraventa celebrado entre (vendedor) y el quejoso (comprador), respecto de inmueble indicado en el punto anterior; con el que, en todo caso, solo acredita la existencia de ese acuerdo de voluntades, pero no la emisión de un auto de mandamiento en forma a fin de que se requiera de pago o embargo, emitido por las ahora responsables. De ahí que, el acto reclamado a los referidos jueces no existe. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo II Procesal Constitucional 1 Común Primera Parte, apéndice 1917- septiembre 2011, sexta época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página trescientos cinco, cuyo rubro es "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." En tal tesitura, procede sobreseer el juicio respecto al acto reclamado a las autoridades responsables que nos ocupan en esta parte considerativa, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". CUARTO.- Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Primero Menor Mixto, Directora de la Central de Actuarios y al Actuario adscrito a dicha Central, todos de Salamanca, Guanajuato, pues al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado6 (fojas 46 y 95). Además, su existencia se corrobora con las constancias que el Juez responsable acompañó en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil *****; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto no se analizará la litis constitucional, debido a que este juzgado estima que se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. El numeral invocado, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; El numeral reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. A fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada, es menester hacer una relación de las constancias más importantes que integran la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil *****, a la que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, en los siguientes términos: 1. ***** por medio de endosatario en procuración *****, demandó en la vía ejecutiva mercantil a ***** en su carácter de deudor principal la suma de $94,000.00 (noventa y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) como suerte principal (fojas 1 a 5, cuaderno de pruebas). 2. En proveído de ocho de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable admitió la demanda a trámite y emitió auto con efecto de mandamiento de ejecución en forma en contra del demandado y ordenó su emplazamiento (fojas 21 a 24, cuaderno de pruebas). 3. El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, a fin de cumplimentar el auto indicado en el punto anterior, se dejó citatorio en el domicilio del demandado, debido a que acudió una persona de sexo masculino quien refirió ser el buscado, pero, ingresó a su domicilio sin salir nuevamente; y, el veintiocho de junio siguiente, el actuario se abstuvo de llevar a cabo la diligencia, debido a que nadie acudió a su llamado (fojas 26 a 28, cuaderno de pruebas). 4. Por otra parte, mediante oficio recibido en este Juzgado el uno de septiembre del año en curso, el juez responsable remitió copia de la resolución de veintitrés de agosto de dos mil veinte, que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por el demandado natural (quejoso) contra la diligencia de trece de julio de dos mil veintiuno; resolución de la que se aprecia que en esta última data se materializó el auto con efecto de mandamiento de ejecución en forma en contra del demandado y se le emplazó a juicio. Asimismo, en dicha determinación se declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones, sin embargo, se determinó que debido a que dicha ya había dado contestación a la demanda entablada en su contra, expuso excepciones y ofreció pruebas y, por tanto, se hizo sabedor de la demanda, entonces, dicho acto -de la contestación de demanda- debía subsistir y continuarse con la secuela procesal (fojas 75 a 82 de autos). En ese sentido, a fin de determinar la actualización de causa de improcedencia en comento, es menester precisar que si bien se materializó el auto de exequendo que es materia de reclamo constitucional; lo cierto es que por virtud del incidente de nulidad antes descrito, la diligencia respectiva se convalidó solo respecto del llamamiento a juicio -dado que el demandado ya contestó la demanda- lo cual deriva en que el auto de mandamiento en forma subsiste respecto de la orden de requerimiento de pago y embargo, que es lo que da pauta al estudio de la procedencia o no del amparo en su contra. Al efecto, es menester determinar si en contra de ese auto la ley que rige el procedimiento prevé algún recurso o medio de defensa ordinario por el cual esa determinación pueda modificarse, revocarse o anularse. Sobre esta base se obtiene que, en efecto, en contra del auto de ocho de junio de dos mil veintiuno, con efectos de mandamiento de ejecución con autorización de fuerza pública y cerrajero, a fin de requerir de pago o embargar al quejoso, emitido en el juicio ejecutivo mercantil *****, por el Juzgado Primero Menor Mixto, con sede en Salamanca, Guanajuato, procede el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, el cual dispone: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio. [.]" Dicho precepto legal establece el medio de impugnación ordinario contra aquellos autos que no fueren apelables, esto, atendiendo al criterio del monto del negocio. Esto es, que todos los autos o decretos dictados en un juicio mercantil que no admitan el recurso de apelación, son impugnables mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. Sustenta lo anterior la jurisprudencia1a./J. 70/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005047, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Civil, Página: 401, de rubro y texto siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). De ahí que, en la especie, el quejoso pudo y debió interponer dicho medio de impugnación, tomando en cuenta de la narrativa de los antecedentes es parte demandada en el juicio natural, que tuvo conocimiento del juicio entablado en su contra antes de acudir al amparo y que incluso se integró a ese procedimiento haciendo valer lo que a su interés consideró oportuno, tanto así que se inconformó en contra de la diligencia que materializó o pretendió materializar ese mandamiento en forma. De ahí que habiéndose integrado al procedimiento a hacer valer sus derechos, si estimaba que ese acuerdo en sí mismo le producía alguna afectación a sus derechos, estuvo en aptitud de impugnarlo a través del citado medio ordinario de defensa, pues no existe duda de que quedó entrado de su existencia y contenido, tanto así que impugnó la diligencia a través de la cual se materializó esa actuación, que consideró ilegal por vicios propios de esa actuación. Lo que adquiere especial relevancia puesto que es parte en el juicio de origen y como tal se integró al mismo, así que estuvo en condiciones de acudir a defender sus derechos, mediante el recurso de revocación, el cual tiene como efecto, modificar o revocar el acuerdo tildado de inconstitucional. Pero al no hacerlo así, es claro que omitió agotar el principio de definitividad, presupuesto que es indispensable para la procedencia del juicio de amparo, ya que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. En tanto que no se advierte que la parte quejosa esté en alguno de los supuestos de excepción que el citado precepto de la Ley de Amparo prevé, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, tampoco alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, ni en un auto que establezca providencia precautoria o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, ni en una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, o una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, ni se trata de una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, y tampoco se trata de sentencia definitiva en algún proceso penal ni de un auto de vinculación a proceso. Además, el solicitante del amparo, no puede considerarse como persona extraña al procedimiento en sentido estricto dado que tiene el carácter de parte demandada en el juic io de origen y tampoco puede estimarse integrarse al juicio a hacer valer sus derechos, perdió ese carácter, así que incluso desde esa perspectiva el juicio de amparo indirecto es improcedente -justo porque al integrarse al juicio estuvo en aptitud de hacer valer el medio ordinario de defensa que procede en contra del acto que reclama- a la luz de la jurisprudencia P./J. 39/2001, que aplica al caso por identidad jurídica, de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PRE VISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Debiendo precisar que la procedencia del recurso en comento en contra del auto reclamado, se confirma porque de las constancias que integran el juicio de origen se advierte que el monto reclamado es inferior a la suma prevista en el artículo 1339 del Código de Comercio; motivo por el cual, el acto que aquí se combate era impugnable a través dicho recurso, al ser irrecurrible mediante el recurso de apelación. En las relatadas condiciones, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento, lo procedente es sobreseer el presente juicio de garantías. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras, por no combatirse por vicios propios; acorde a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 50, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". En la inteligencia que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional el estudio de los conceptos de violación, como lo indica la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO."8 Finalmente, no se inadvierte que mediante pedimento 205/2021, la Agente del Ministerio Público de la adscripción haya formulado alegatos, sin embargo, al no formar parte de la litis, no conlleva como obligación dar respuesta a los mismos. SEXTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Na ción y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. SE INFORMA CAMBIO DE TITULAR Vista la cuenta, hágase saber a las partes que mediante oficio SEADS/1115/2021 signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó a este juzgado que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la licenciada Cristina Guzmán Ornelas, funge como Juez de Distrito de este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. Realícese la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes. Notifíquese.
- Principal
...INFORMES JUSTIFICADOS Téngase por recibidos los oficios de cuenta, remitidos por las siguientes autoridades: Juez de Partido Primero Civil de Salamanca, Guanajuato; y, La Directora de la Central de Actuarios, así como el Actuario adscrito, el cual rindió informe en el mismo oficio. Misivas mediante las cuales rinden sus informes justificados; en ese sentido, se tienen por rendidos los informes de mérito. Esta última adhiriéndose a las constancias envidas por el juez primero menor mixto de Salamanca, Guanajuato. VISTA A LAS PARTES Dese vista a las partes para que se impongan del contenido de los informes y las documentales en mención, sin perjuicio de hacer relación de estos en la audiencia respectiva. SE DIFIERE AUDIENCIA En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo, la que se fija atendiendo a la carga de trabajo con que cuenta este juzgado.
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